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Desatención a damnificados

La rendición de cuentas precisa de los recursos económicos que se han asignado desde 2017 en los diferentes órganos de gobierno aún es incierta.

Por Daniel Salín, Nosotrxs CDMX

A casi nueve meses de los sismos que sacudieron violentamente cuando menos a ocho estados de la República mexicana, en septiembre de 2017, muchos damnificados no han recibido los apoyos que les han ofrecidos los diferentes órdenes de gobierno, y quienes los han obtenido, ha sido a cuentagotas. Pareciera que sólo han realizado compromisos a mediano y largo plazo, como parte de una estrategia o táctica dilatoria para aprovechar los cambios de gobierno y desentenderse de sus compromisos, en un ambiente que muestra su ineficiencia e ineficacia en el servicio público para atender las demandas de la población que, por cierto, fue quien los eligió como sus representantes de gobierno.

En la Ciudad de México, a pesar de contar con una plataforma que aglutina la información, aún no puede rendir cuenta precisa de la asignación de 11,591 millones de pesos para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 2017 y 2018 (que incluye tan solo 25 millones de pesos por donativos). La información genérica presenta reportes agregados sobre apoyos destinados a alquiler temporal y reparaciones parciales de viviendas o para asignaciones presupuestarias a dependencias del Gobierno de la Ciudad, mientras que damnificados exigen -en las calles- respuestas a su situación; no pidiendo más que ello.
Los sismos llegaron en medio de una coyuntura electoral que demandaba la atención de nuestras autoridades, sin embargo muchas de ellas dejaron sus posiciones para aspirar a nuevos cargos políticos o, al menos, para concentrarse en el proceso electoral. La desatención sobre las necesidades de los damnificados no fue la única consecuencia, sino que hasta hoy no puede asegurarse que los recursos destinados para la reconstrucción no hayan sido utilizados para fines político electorales.

Estas acciones sólo han contribuido a diluir la solidaridad de la ciudadanía en favor de los damnificados y minar los avances para la reconstrucción, que incluye la de nuestro tejido social. La petición no es descabellada: exigimos transparencia y rendición de cuentas de nuestros recursos económicos; demandamos que nuestros representantes estén a la altura para diseñar e implementar soluciones ante catástrofes naturales; requerimos certeza jurídica para los damnificados y respuestas para recuperar la seguridad, tranquilidad y confianza.

Hoy nos cuestionamos qué medidas tomarán nuestros representantes para evitar que los cientos de edificios dañados -y que deben de ser demolidos- no sigan poniendo en riesgo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Queremos saber qué planes se establecerán para amortiguar las condiciones de indefensión y pánico que estos fenómenos naturales producen entre los pobladores de zonas sísmicas. Aspiramos conocer qué programas, logística o tácticas del servicio público asistirán la reconstrucción y ansiamos entender el diseño y establecimiento de planes integrales preventivos y correctivos, para la atención expedita de “desastres naturales”, que interrumpan la continuidad a los programas improvisados utilizados hasta hoy por nuestras autoridades. La desinformación es tan dañina como el sismo; sin información la incertidumbre seguirá siendo la constante de miles de damnificados.

Nosotrxs no quita el dedo del renglón: exigimos transparencia, priorización en el ejercicio del gasto y certeza jurídica para cada damnificado. Mucha, mucha, difusión sigue siendo necesaria. El censo sigue pendiente, para la Ciudad y para las entidades afectadas. Que las elecciones no acaben de nublar -aún más- la óptica de nuestras autoridades.

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Ocho meses después del sismo

El 19 de mayo habrán transcurrido 8 meses del sismo que cimbró la tierra.

Por: Vania Salgado, publicado originalmente en El Sol de México

Este conteo sólo lo llevan los damnificados, porque la gran mayoría sigue viviendo donde puede. La mayoría no tiene claridad sobre el destino de sus inmuebles; algunos ni siquiera un diagnóstico definitivo del daño; y peor aún, se desconocen los riesgos del subsuelo, vulnerándose el derecho a una vivienda digna y al de una ciudad segura.

El único programa al que los damnificados han podido acceder de manera homogénea es al de los apoyos para la renta; sin embargo, temporal e insuficiente. Los esquemas de reconstrucción, por el cuestionamiento al principio de redensificación y la vía del endeudamiento (propuesto a la gran mayoría), pero también por su complejidad en trámites y estudios, así como por el menester de un consenso vecinal, no han brindado soluciones a casi nadie. Sólo donde se han aportado recursos privados se ha logrado un inicio de reconstrucción, en un puñado de lugares.

La visión de política pública para atender un desastre natural y a una población vulnerable ha sido limitada. Por un lado, pareciera que ha habido un intento deliberado por minimizar el tamaño del problema, pues a la fecha no hay certidumbre sobre el número total de damnificados y el número total de inmuebles dañados, y se desconoce públicamente la información sobre los polígonos de riesgo en la ciudad. Por el otro lado, con la creación de una Ley, un Fondo Único y una Comisión para la Reconstrucción no se ha logrado, o no se ha querido, implementar una política con prioridades públicas, con base en las verdaderas necesidades de damnificados y de la ciudad; sino que más bien se está permitiendo el acceso discrecional a recursos públicos.

Quizá los intentos de implementación de una buena política pública fueron fallidos por encontrarnos en tiempos electorales y la voracidad de algunos políticos, que la opinión pública calificó de cleptocracia. Un equipo honesto en la Comisión para la Reconstrucción, que promovía un fideicomiso para lograr una mejor transparencia, tuvo que renunciar para que la ciudadanía escrutara el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción, dejando a los damnificados con mayores incertidumbres. Hoy desconocemos si los recursos públicos de 2017 y los aprobados para el 2018 están siendo realmente destinados a tareas de reconstrucción y atención a damnificados, o con objetivos clientelares.

Todo lo anterior indigna a los damnificados, pero posiblemente también esté contribuyendo a que la clase media se organice, exija y haga de contrapeso al poder gubernamental. La ciudadanía está exigiendo la rendición de cuentas sobre los recursos para la reconstrucción, y Nosotrxs va a ser fundamental en este movimiento.

Nosotrxs promovió el fondo único para mayor visibilidad de los recursos, y puso a disposición pública información relevante sobre su manejo (http://nosotrxs.org/?p=6977). Con ello, esperamos que autoridades informen de manera detallada cada actividad destinada a la reconstrucción. Fomentaremos la participación de la ciudadanía, centrada en la protección de los de los derechos de los damnificados. En conjunto con damnificados, vigilaremos el correcto uso, justificación y priorización de los recursos para la reconstrucción.

@NosotrxsMX

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El dinero de los damnificados del sismo puede ser usado para las campañas

El movimiento Nosotrxs y damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 temen que el dinero de la reconstrucción de la Ciudad de México se esté utilizando con fines político electorales.

 

La mayoría de los delegados de las demarcaciones que pidieron dinero destinado a la reconstrucción para comprar tabletas, uniformes escolares, llantas, papelería o mantenimiento de áreas verdes, pidieron licencia y hoy van por una diputación local o se unieron a una campaña presidencial.

En delegaciones como Benito Juárez, damnificados de Petén 915, Colonia Del Valle, y Zapata 56, en Portales Sur, aseguran que las autoridades delegaciones les dijeron que no recibirán ayuda porque únicamente es para los pobres y que en trabajos de demolición la demarcación se llevó cocinas integrales, paneles solares y clósets para cubrir parte del costo de la demolición.

 

Publicado originalmente en Sin Embargo, el 14 de mayo del 2018

El uso de los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México debe transparentarse, pues podrían utilizarse con fines electorales, dijo Vania Salgado Hernández, damnificada del sismo del 19 de septiembre de 2017 y activista de la iniciativa Nosotrxs.

“Hay mucha incertidumbre sobre cómo se han utilizado estos recursos. Todos tenemos que exigir transparencia. Es dinero público, dinero de todos los mexicanos que pagan impuestos. Hay una probabilidad de que los recursos se utilicen con fines político electorales”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El jueves el movimiento Nosotrxs dio a conocer que a través de solicitudes de acceso a la información pública obtuvo 47 oficios de autorización presupuestaria del ejercicio del 2018 para diversas unidades de gasto del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones, en los cuales identificó la asignación de millones destinados a todo, menos a la reconstrucción.

Derivado de los oficios se identificó la asignación de 5 mil 301 millones de pesos para las delegaciones, adicionales a su gasto anual, entre las cuales destacan gastos que no tienen que ver con los damnificados como en Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez gastó casi 200 millones de pesos en un proyecto de poda, mantenimiento y restitución de áreas verdes, así como en la adquisición de pintura; material eléctrico; aceite, anticongelante, baterías y vara de perlilla, pero ninguna solicitud fue para los damnificados.

“La mayoría de los damnificados estamos en la calle, en campamentos no reconocidos, otros en casas de familiares, encima de nuestros amigos, pagando renta mientras todo esto sucede y se utiliza la causa delos damnificados para apoyar tareas que son inútiles. Es bastante indignante”, dijo Vania Salgado.

De las delegaciones que usaron dinero para gastos que nada tienen que ver con la reconstrucción,  Álvaro Obregón –donde se pidieron 150 millones para imagen urbana, 150 para ayudas sociales, 90 millones para papelería, toners, utensilios de cocina, fertilizantes, medicinas–conserva a su Delegada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) María Antonieta Hidalgo.

Lo mismo sucede en la Delegación Iztapalapa con Dioné Anguiano Flores como Delegada también del PRD.

De acuerdo con el movimiento Nosotrxs la demarcación solicitó 100 millones para juguetes para el día del niño y obsequios para el día de las madres de los recursos para la reconstrucción.

El resto de los delegados pidieron licencia para ir por un puesto de elección popular o sumarse a una campaña política.

Por ejemplo, el Delegado panista de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, pidió licencia y busca una diputación local.

Mientras que el perredista Valentín Maldonado Salgado pidió licencia en Coyoacán–donde se solicitaron 159.27 millones para la adquisición de tabletas electrónicas para estudiantes de nivel básico y otros 100 millones para útiles escolares– para buscar diputación local por el distrito 32.

En Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien gobernaba bajo las siglas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solicitó licencia para sumarse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República.

La delegación que gobernaba el morenista al momento en el que se solicitaron los recursos  pidió 45 millones de pesos para el equipamiento de diversas áreas de la delegación y fortalecimiento de su operatividad.

“En mi grupo de damnificados conozco a personas que les han ofrecido vajillas u otros regalos, como materiales de construcción, que son inútiles para las necesidades verdaderas. Es más importante que hacerse los dictámenes, antes que cualquier otro tipo de dádiva que se da de manera clientelar, para que la gente pueda votar por cualquier partido político”, dijo Salgado.

La activista enfatizó que la razón de Nosotrxs de publicar la información que obtuvo a través de transparencia sobre el uso de los recursos, es para visibilizar lo que está sucediendo con los fondos para la reconstrucción y que cada grupo de damnificados tome las medidas que crea conveniente.

 “En Benito Juárez vamos a pedir explicaciones a nuestro Delegado en un oficio. Le vamos a preguntar cómo se han utilizado todos los fondos para la reconstrucción en 2017 y 2018”, explicó.

NO TIENEN ACCESO A FONDOS PORQUE NO SON POBRES

María Ugalde, damnificada de Petén 915 en Colonia Del Valle, afirmó que el “director jurídico”  de la Delegación Benito Juárez les dijo a los vecinos del edifico en donde murieron 10 personas y que colapsó por completo, que ellos no recibirían apoyo del fondo para la reconstrucción porque no eran pobres.

“La delegación siempre nos dijo que no tenía recursos. Estamos muy preocupados porque la única opción que nos han dejado es que reconstruyamos buscando un constructor o que vendamos. El director jurídico de la delegación nos dijo que que nosotros no éramos sujetos de esos recursos, porque no éramos pobres, sino de un nivel medio. Que aunque nos hubiésemos quedado en la calle, sin vivienda, no calificábamos porque no somos pobres”, dijo a este medio.

Ugalde precisó  que con los 200 millones que pidió Benito Juárez, de acuerdo con la información de Nosotrxs, se podría reconstruir la totalidad de los edificios colapsados o dañados de la demarcación.

“Reconstruir un edificio como el nuestro desde cero cuesta 25 millones. Hay edificios que con 2 millones se pueden reconstruir”, agregó.

Eliud González López, damnificada de Zapata 56, en Portales Sur, Delegación Benito Juárez, dijo a SinEmbargo que su edificio ni siquiera se terminó de demoler y que durante la demolición la demarcación se llevó paneles solares, cocinas integrales intactas y clósets.

“Yo vi cómo lo iban desmantelando. Era un edificio nuevo; se llevaron los paneles solares, se llevaron todo lo que quedó en pie. Quedaban cocinas integrales, closets, todo se lo llevaron. Cuando preguntamos, uno que trabaja con el jurídico de la delegación no dijo que nuestra demolición había costado 3 millones de pesos y que habían tomado las cosas para pagar la demolición”, narró.

La damnificada consideró que todos los delegados de las demarcaciones que gastaron dinero de la reconstrucción para otros rubros, deben ser llamados a rendir cuentas.

La reconstrucción y la desconfianza ciudadana en las autoridades

Publicado originalmente en: Proceso

La desconfianza ciudadana hacia las autoridades crece a medida que se acerca el proceso de reconstrucción de las viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Aun cuando el gobierno federal y los estatales, así como empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras y partidos políticos prometieron sumas millonarias para esa tarea, el problema es cómo aplicarlas sin que se cuele la corrupción, advierte a Proceso Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aún no termina la atención humanitaria a los más de 250 mil damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre y la sociedad civil ya comenzó a organizar estrategias de reconstrucción para evitar la corrupción, pues son muchos los ciudadanos que desconfían de las autoridades.

En vísperas del arranque del proceso electoral 2018 –que se anuncia muy disputado–, la apuesta ciudadana está en vigilar los fondos multimillonarios destinados a la reconstrucción para evitar la compra de votos, así como el clientelismo político y empresarial.

La ecuación no resulta sencilla, ya que el gobierno federal y los estatales, empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras, organizaciones de la sociedad civil e incluso partidos políticos prometieron sumas millonarias a las labores de reconstrucción.

Pero la desconfianza impera entre estos actores, pues “cada quien quiere mantener el control sobre sus propios recursos”, señala Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En entrevista con Proceso, la socióloga advierte: sin coordinación y transparencia máxima en la asignación de los recursos y sin la participación de los propios damnificados en la planeación habrá muchos espacios para la corrupción.

“Lo que nos preocupa es que se cuele la corrupción en esto. Sería el peor de los mundos que todo ese esfuerzo, todo ese deseo ciudadano de participar, apoyar y trabajar para los otros termine beneficiando a no sabemos quién y por esto le tenemos que poner un dique.”

El 27 de septiembre, el Comité de Participación Ciudadana propuso la formación de una comisión integrada por organismos de la sociedad civil, empresarios y autoridades, que se encargue de monitorear el uso de los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción y dé seguimiento a las investigaciones de presuntos casos de corrupción.

La idea, recalca Peschard, consiste en “articular los distintos fondos” y exigir que se transparenten sus reglas de operación y objetivos –de los fideicomisos también–, con el afán de evitar su dispersión y manejo discrecional.

Recuerda que existe una propuesta más radical: desde la semana antepasada el movimiento Nosotrxs subió a las redes un mensaje para proponer que todo el dinero se reúna en un “fondo único de reconstrucción nacional”, desde el cual se manejarían los recursos con “la más absoluta transparencia en tiempo real”.

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Obras públicas con un sobre costo de 36%: Nosotrxs

Publicado originalmente en: El Universal

La corrupción del Gobierno tanto estatal como federal se refleja en el sobre costo de las obras públicas, el cual en promedio es de 36 por ciento más de su costo real, aseguró recientemente el director ejecutivo de Nosotrxs, Luis Fernández.

Al sobre precio en la construcción, dijo, se suma el tiempo en que tardan en llevarlas a cabo y cómo está estipulado en los contratos entre los distintos niveles de gobierno y las empresas a las que se asignan a las obras. En promedio, precisó, se tarda 121 por ciento más del tiempo acordado en los términos contractuales.

“En la evaluación de 80 proyectos de construcción realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que los proyectos de construcción de las dependencias en México cuestan 36.6 por ciento más de lo que realmente costarían”, dijo.

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Obras públicas con un sobre costo de 36%: Nosotrxs

Publicado originalmente en: El Universal Oaxaca

La ENCRIGE 2017, señala que el 64.6%de las unidades económicas en México considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites

La corrupción del Gobierno tanto estatal como federal se refleja en el sobre costo de las obras públicas, el cual en promedio es de 36 por ciento más de su costo real, aseguró recientemente el director ejecutivo de Nosotrxs, Luis Fernández.

Al sobre precio en la construcción, dijo, se suma el tiempo en que tardan en llevarlas a cabo y cómo está estipulado en los contratos entre los distintos niveles de gobierno y las empresas a las que se asignan a las obras. En promedio, precisó, se tarda 121 por ciento más del tiempo acordado en los términos contractuales.

“En la evaluación de 80 proyectos de construcción realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que los proyectos de construcción de las dependencias en México cuestan 36.6 por ciento más de lo que realmente costarían”, dijo.

Además, mencionó que la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2017, señala que el 64.6% de las unidades económicas en México considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4% de los casos se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos.

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Corrupción representa 4% de costo de vivienda: Colegio de Arquitectos

Publicado originalmente en: Grupo en Concreto

Hoy en día la corrupción representa de un 3% a 4% del costo de venta de la vivienda, por ello queremos ser un bastión importante en esta batalla para modificar la Ley de Obra Pública, señaló el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

En 2016, las empresas del sector construcción registraron una pérdida de mil 600 millones de pesos, cifra equivalente a 0.56 % del PIB que generó repercusiones como la disminución en la competitividad y el aumento de la desigualdad, indicó Arq. Laura Peña Ordoñez, directora ejecutiva de Demo.Lab.

Es por ello que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México junto con la asociación Laboratorio Democrático (Demo.Lab) y el movimiento “Nosotrxs”, lanzaron la campaña “Construcción sin corrupción” para crear una actualización y transparencia en el proceso de construcción respecto del marco constitucional, manifestó el maestro Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs.

Sobre este tema, recientemente, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, elaborada por el INEGI señaló que 64% de las constructoras indica que los actos de corrupción se realizan para agilizar trámites; 34%, para evitar multas y 30.7 % para obtener licencias.

Alistan campaña para combatir corrupción en sector de la construcción

Publicado originalmente en: 20minutos

La asociación no gubernamental Demo.Lab (Laboratorio Democrático) alista la campaña “Construcción sin
corrupción” para combatir los actos de corrupción en el sector de la construcción. De acuerdo…

La asociación no gubernamental Demo.Lab (Laboratorio Democrático) alista la campaña “Construcción sin  corrupción” para combatir los actos de corrupción en el sector de la construcción.

De acuerdo con la organización, el año pasado este problema costó a las empresas de construcción aproximadamente mil 600 millones de pesos y generó repercusiones como la disminución en la competitividad y aumento de la
desigualdad, entre otros.

En conjunto con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el movimiento “Nosotrxs”, busca crear una ciudad libre de corrupción en el sector de la construcción, industria altamente vulnerable, debido a las múltiples
variables que rodean a las licencias que se otorgan.

Mencionó que según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las empresas mexicanas perdieron mil 600 millones de pesos por actos de corrupción, cifra equivalente a 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto.

Entre las empresas encuestadas, 64 por ciento señaló que los actos de corrupción se realizan para agilizar trámites; 34 por ciento, para evitar multas y 30.7 por ciento para obtener licencias.

Esto se traduce en repercusiones como la disminución en la inversión extranjera; el aumento de las desigualdades; la caída en la competitividad y la creación de oligopolios, entre otras.

Al diagnosticar el problema, Demo.Lab encontró una relación directa de estos actos con hechos como la desconfianza e incertidumbre de los compradores en la legalidad que rodea a la compra de un inmueble y el alza desmesurada de los precios de venta.

Igualmente, este fenómeno se traduce en la saturación de la infraestructura,  además del escaso control en la calidad de las construcciones.

En ese sentido, la propuesta que se presentará mañana viernes incluye, entre otros temas, la revisión a normas y leyes en la materia; la mejora regulatoria, la capacitación a los profesionales de la construcción, para evitar  ilegalidades y a la ciudadanía para la compra o renta segura de inmuebles.

La intención es crear alianzas estratégicas y plurales para presionar a las autoridades de manera eficaz, que redunde en un combate serio a este problema.

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Corrupción en construcciones de vivienda dificulta pagar su costo final

La corrupción en las construcciones de la capital impacta en el precio final de las viviendas, ya que genera un costo inflacionario que las hace difícil de pagar, aseguró Félix Villaseñor Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM-SAM).

Al presentar en la Casa del Arquitecto el proyecto “Construcción sin corrupción”, en el que participan la organización Laboratorio Democrático, el movimiento Nosotrxs y el Colegio de Urbanistas de México, explicó que la industria de la construcción a nivel nacional ocupa los primeros lugares en la comisión de actos de corrupción, mismos que también acontecen en la capital.

Detalló que las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, que dirigen los perredistas María Antonieta Hidalgo y Miguel Ángel Salazar, son las que registran la mayor comisión de este delito.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre las empresas que participan y los funcionarios responsables, refirió que es información con la que aún no cuentan y esperan recabar en la plataforma digital que lanzó el proyecto.

 Durante el encuentro, los impulsores de “Construcción sin corrupción” también identificaron tres áreas en las que se debe actuar para atacar esta problemática.

“Que se transparenten los procesos de construcción, que se impulse la profesionalización de la industria y que se actualicen la normatividad vigente”, refirió Martha Peña Ordoñez, directora ejecutiva de Laboratorio Democrático.

En el último punto, María Dolores Franco, presidenta del Colegio de Urbanistas de México, coincidió en que la legislación en la materia es excesiva, a tal grado que se contrapone y es difícil entender para los arquitectos, ingenieros y demás miembros del gremio de la construcción. Además, hizo un llamado repensar la ciudad como un bien común.