huachicol de medicinas

Desabasto de medicamentos: podría ser cualquiera

Las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatir la corrupción, pero tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales, menos cuando se trata de la salud de las personas.

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Publicado originalmente en Animal Político

Imagina que para vivir y tener salud necesitaras de un medicamento, pero por su alto costo te resultara imposible pagarlo. Probablemente ése no sea tu caso y en este momento te encuentres sano, pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros, podría enfermar. Si desafortunadamente pasara, entonces nuestra preocupación debería ser, iniciar el tratamiento, no preguntarnos si acaso podemos acceder a él.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018 se presentaron 18.1 millones de casos de cáncer y 9.6 millones de muertes por esta causa en el mundo (1). En México, el cáncer representa la tercera causa de muerte y cada año se estiman 148 mil nuevos casos (2). Respecto a VIH y Sida, actualmente en México hay poco más de 141 mil personas en tratamiento y una de cada tres personas desconoce su diagnóstico (3).

Afortunadamente, debido a los adelantos científicos, quienes padecen estas enfermedades pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos no podríamos costear estos tratamientos por el elevado costo que representan, por lo que el diagnóstico se convertiría en una sentencia de muerte para la mayoría de la población del país, considerando que, de las 52.9 millones de personas ocupadas en la economía mexicana, 43.3 millones ganan de 0 a 5 salarios mínimos (4).

 

Si el Estado no les proporciona el medicamento, la inversión individual sería hasta de 178 mil pesos al año (5)(el precio al que los adquiere el gobierno es mucho menor por los convenios con distribuidores) (6), y algunos de ellos ni siquiera están disponibles al público en general por el nivel de especialidad de los fármacos.

Las leyes nacionales e internacionales que ha suscrito México establecen que es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a la salud y, por ende, el acceso a los tratamientos para las personas que viven con alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las leyes internacionales, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo décimo que toda persona tiene derecho a la salud. Este instrumento, define a la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” y la considera un bien público y un derecho humano interdependiente e indivisible, ya que resulta requisito para el ejercicio de otros derechos (7). Asimismo, el artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud (8).

No obstante, la vulneración del derecho a la salud en nuestro país es una realidad, al tal grado que en las últimas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado diversos pronunciamientos a partir de las quejas que ciudadanos han interpuesto ante este organismo en materia de salud, hasta ubicarse entre las primeras causas de denuncia de violación de derechos (9).

En una de las últimas solicitudes de medidas cautelares emitidas por este organismo autónomo, se reiteró el llamado a la Secretaría de Salud federal para garantizar el suministro de tratamientos antirretrovirales en todo el país y, con ello, asegurar el derecho a la salud.

El problema de desabasto afecta especialmente los derechos de las personas con VIH afiliadas al Seguro Popular que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAI); es decir, personas sin acceso a ningún otro servicio de seguridad social. Sin embargo, se prevé que la afectación alcance eventualmente a los demás sistemas de salud y seguridad social.

Después de los reportes de desabasto de antirretrovirales y de la respuesta de las autoridades de proveer el medicamento, la preocupación persiste tanto en las personas con VIH, como en las organizaciones que siguen manifestando la falta de entrega de medicamentos, situación que es corroborable en el sitio del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar) de CENSIDA (10).

La falta de entrega oportuna de medicamentos para personas con VIH además de deteriorar la salud de las personas afectadas, también ocasiona que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que implicaría mayores erogaciones por la atención a las afectaciones que se desprendan del desabasto.

También se debe subrayar que el costo de los tratamientos por infecciones oportunistas, además de enfermedades concomitantes y comorbilidades que atacan a quienes padecen VIH al verse afectado su sistema inmunológico, no lo cubre el Seguro Popular, por lo que tiene que ser solventado por el propio paciente, lo que se conoce como gasto de bolsillo (11). Este gasto es una forma ineficiente e injusta de financiar la atención a la salud, ya que los que más pagan son los más enfermos, quienes con frecuencia son también los más pobres (12).

Por último, si bien la corrupción representa uno de los problemas más graves del país y las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatirla, tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales (13), menos cuando se trata de la preservación de un derecho fundamental que en caso de dejar de garantizarse, tendría potenciales implicaciones negativas en la salud de 97 mil personas (14).

En respuesta a esta grave problemática, Nosotrxs y DVVIMSS, en alianza con FUNDAR, la Red de Personas Viviendo con VIH, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, lanzaron una iniciativa para crear comunidades de pacientes, familiares de pacientes y médicos que identifiquen y reporten casos de desabasto de medicamentos e insumos médicos. El objetivo es combatir las redes de corrupción y las ineficiencias que generan escasez de medicamentos. Conoce más sobre esta iniciativa y el problema que representa la corrupción en el sector salud en huachicoldemedicinas.org.

@NosotrxsMX

1 Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018, disponible aquí.

2 Panorama del cáncer en México, disponible aquí.

Desconoce 1 de cada 3 personas que vive con VIH, disponible aquí.

¿Cuánto ganan los mexicanos?, disponible aquí.

5 Hasta 178 mil pesos, costo del tratamiento contra VIH, disponible aquí.

6 Precios de los Medicamentos ARV, 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/243931/MEDICAMENTOS_ANTIRRETROVIRALES_2017.pdf

7 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 10, adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Diario Oficial de la Federación. México, 07 de mayo de 1981.

Disponible aquí. 

9 El derecho a la salud como derecho fundamental, disponible aquí.

10 Tablero de cobertura de medicamentos antirretrovirales. Consultado el 3 de mayo de 2019.

11 El gasto de bolsillo en salud, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, se define como “la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias”.

12 Datos sobre el gasto de bolsillo. Disponibles aquí.

13 Comunicado de prensa CNDH, disponible aquí.

14 Organizaciones y pacientes con VIH Sida de cinco estados denuncian nuevo desabasto de antirretrovirales, disponible aquí.

INE

INE: Convalidar la farsa

Publicado en El Sol de México

Por Elizabeth V. Leyva

El detective Erik Lönnrot fue el encargado de investigar una serie de crímenes con extrema peculiaridad. Tenía que estudiar el crimen ocurrido en el Hôtel du Nord, en los suburbios occidentales y en Liverpool House. En todo su camino, tuvo pistas sobre cómo evitar que se siguieran realizando crímenes. Aun cuando el detective se creía un “puro razonador”, no logró impedir el último crimen. Si bien, tuvo las herramientas para poder preverlo, no fue lo suficientemente capaz de hacerlo. Aunque todo lo anterior solo sea la trama del cuento “La muerte y la brújula” de Jorge Luis Borges, a veces la realidad supera la ficción.

Nosotrxs es una organización que desde el 2017 ha buscado promover la participación ciudadana en asuntos de interés público para exigir nuestros derechos. La organización escribe su nombre con una “X” por razones de inclusión, igualdad de género y para que todas y todos nos podamos identificar con la causa. Esto nos permite pronunciarla como “Nosotras”, “Nosotres” o “Nosotros” –como lo hace la mayoría de militantes y simpatizantes–.

Desde sus inicios, la organización ha sido firme con su decisión de no aspirar a la representación electoral ni a convertirse en un partido político, porque los verdaderos cambios se pueden hacer en bola y a través de las leyes e instituciones que ya tenemos. Dicho de otro modo: Nosotrxs ejerce sus derechos constitucionales y convencionales de participación política por vías diferentes a la electoral.

A finales de enero, Nosotrxs se enteró que una organización, bajo el nombre de “Nosotros”, buscaba constituirse como partido político nacional. Lo anterior ocasionó de inmediato una confusión entre los simpatizantes y las personas que conocen la organización, debido a la identidad fonética que existe entre ambos. Desde ese momento, Nosotrxs ha tenido que aclarar a sus simpatizantes y afiliados, una y otra vez, que no busca ser partido, y que la organización “Nosotros” está cometiendo un fraude a la Ley.

Ante esto, Nosotrxs decidió acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues este es la autoridad responsable de verificar que las organizaciones de ciudadanos interesados en formar un partido cumplan con la Constitución y la Ley. Específicamente, envió dos escritos –uno a la Dirección Ejecutiva y otro a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos– para que, en el ámbito de sus facultades, tomaran las medidas necesarias para evitar la confusión y la vulneración de los derechos de participación política de los miles de ciudadanos que han confiado en Nosotrxs.

El INE, por desgracia, ignoró las pruebas y los argumentos que se le presentaron. Como el detective Lönnrot, el INE tuvo todas las herramientas y conocimiento para actuar, pero razonó poco y convalidó la farsa.

El asunto está ahora en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ojalá que, a diferencia del INE, actúe como todo un Auguste Dupin para evitar que una organización confunda a la ciudadanía y dañe nuestras instituciones democráticas.

@NosotrxsMX

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El país de mis sueños

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

Quiero un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz; uno que habrá alcanzado una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento y en el que la economía esté creciendo al doble que la población. Uno que será capaz de crear empleos suficientes para absorber la demanda total de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral y en el que los programas de creación de empleos y de becas habrán surtido su efecto y donde el desempleo será mínimo.

Un país en el que ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades. En el que se habrá recuperado el poder adquisitivo del salario en 20 por ciento y en el que nadie padecerá hambre, donde la pobreza extrema habrá sido erradicada y donde no habrá un solo individuo sin servicios médicos o falta de medicinas.

Un país que en el año 2021 ya habrá logrado la autosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos; en el que las importaciones de leche se habrán disminuido considerablemente y la producción agropecuaria, en general, habrá alcanzado niveles históricos y la balanza comercial del sector será superavitaria.

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nosotrxs

Nosotrxs no es partido

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

Nos enteramos por las listas que publicó el INE al concluir enero, en las que daba cuenta de las organizaciones que buscan su registro como nuevos partidos nacionales. Fue una noticia que pasó casi inadvertida: a juicio de los funcionarios de esa institución, 87 agrupaciones habían cumplido con los requisitos necesarios para convocar a 20 asambleas estatales o 200 distritales, con el propósito de afiliar al final del año, cada una, un total de 233,945 militantes y ganarse un sitio en las boletas de 2021. Si todas lo lograran, sumarían 20 millones 353 mil ciudadanos dispuestos a militar en todo el territorio.

Doy estos datos, porque Nosotrxs, una organización que nació en el 2017 para oponerse a la vulneración sistemática de los derechos y que no busca ser partido, se inconformó ante el INE cuando se enteró que había otra que usurpó su nombre, quitándole la equis, para llamar a la afiliación masiva. La nuestra, Nosotrxs, se escribe con X para abrazar la diversidad en todas sus manifestaciones: esa equis permite llamarla Nosotros —como lo hacen muchos de sus militantes—, o Nosotras e incluso Nosotres. Es una grafía deliberadamente incluyente que, sin embargo, se pronuncia generalmente del mismo modo que la del nombre elegido por quienes pretenden robar su identidad para sorprender a quienes acudan a sus convocatorias. El argumento absurdo esgrimido por el INE es que como Nosotrxs no busca el voto sino la defensa de los derechos, su alegato no tiene cabida en el espacio electoral.

No es un asunto trivial. Nosotrxs tiene representación en casi toda la República, ha sido el movimiento más mencionado en los medios de comunicación durante los dos últimos años, tiene una vasta militancia que suma a miles de personas organizadas en torno de causas de vulneración concretas —como el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, la colaboración con damnificados en el proceso de reconstrucción de la CDMX, la oposición organizada al huachicol de las medicinas, la exigencia de transparencia en los partidos políticos, la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre un largo etcétera— y ha acumulado un tráfico en redes sociales que supera con creces los números exigidos por la ley para formar un nuevo partido.

Pero Nosotrxs no aspira a la representación electoral, porque sus integrantes estamos convencidos de que, en este momento, el país también necesita otro tipo de militancia política y social. Creemos que los partidos no son —ni deben ser— el único espacio de participación política. No todo consiste en pelear por votos, sino por la revolución de las conciencias y por el respeto de todos los derechos para todos; la política no es la que se concentra solamente en la busca del poder, sino también la que organiza la diversidad y exige que haya igualdad y verdadera democracia, porque el Estado no es patrimonio de unos cuantos.

Listillos, los promotores de la organización que quiere aprovechar el nombre de quienes hemos decidido actuar en la vida pública de México al margen —que no en contra— de la competencia electoral, están engañando deliberadamente a los ciudadanos. Les hacen creer que se están sumando a otra organización y, de paso, desacreditan a la nuestra.

El INE convalidó esa trampa. Pero confiamos en que prospere pronto la impugnación que interpusimos ante el Tribunal Electoral a la vista de esa flagrante mala fe y que el despropósito sea corregido de conformidad con el derecho. Pero también apelamos a que quede claro que Nosotrxs no está buscando registro como partido y pedimos que se sepa que cualquier persona que convoque asambleas con ese nombre, está tomándoles el pelo. Ojalá esas mañas sean solamente golondrina y no el anuncio anticipado del tipo de partidos y de autoridades que tendremos en el 2021.

Saul Lopez

Ante la 4T, exigencia de derechos

Publicado en El Sol de México

Los procesos de exigencia de derechos son un pilar fundamental de la consolidación de la democracia, ahí donde la sociedad civil está organizada para procurar sus derechos es muy probable que haya mayor pluralidad e instituciones democráticas fuertes.

Cuando hablamos de exigencia de derechos nos referimos a cuando colectivos que han sido discriminados de manera sistemática en un ámbito en particular — claro que hay grupos a los que se les puede estar vulnerando más de un derecho– se organizan para que se garantice cabalmente un derecho que ostentan en la ley pero que no se materializa en su realidad. El presente artículo busca argumentar la importancia de construir y promover estos procesos, que además cobran particular relevancia en la historia en el México contemporáneo.

Una forma de resumir la historia de México a partir de 1917 es la de los “derechos” que no se cumplen. La Constitución promulgada aquel año fue una carta de deseos y aspiraciones más que una realidad. En ese momento esto no era una preocupación, el país venía saliendo de una guerra civil y las instituciones del Estado estaban por fundarse. Más de 100 años después, gran parte del texto constitucional sigue siendo lo mismo, un conjunto de buenos deseos de aspiraciones, pero no de realidades. Es verdad que a partir de 1990 hubo avances en el reconocimiento de los derechos que no se cumplían. En este sentido se creó la CNDH y un conjunto de instituciones a nivel local y federal que velaban por los derechos de las personas. A la par y de forma profundamente contradictoria, en las últimas dos décadas la crisis de derechos en México se ha profundizado, en gran parte debido a la violencia desatada por el narco, pero no solamente, muchos otros derechos como lo son laborales, indígenas, de personas en prisión, etc. se encuentran en una situación deplorable.

En tiempos de la Cuarta Transformación este es un tema impostergable. La vara con la que debiéramos juzgar desde ahora al nuevo gobierno es la de los derechos de todos y todas. ¿Qué se está haciendo? ¿En que se está avanzando? ¿En que no y por qué? Otra lección que no podemos olvidar del siglo XX es que el Estado no puede ni debe ser toda la vida pública, no debe subordinar a la sociedad y desear que esta se conforme. Hoy se vuelve fundamental la organización de la sociedad para defender y exigir derechos, parece ser la única alternativa ante los excesos que un gobierno con poca oposición puede cometer. ¿Organizarse como sociedad es volverse oposición? ¿Es pasar, en términos del presidente, al bando fifí y conservador? En lo absoluto. Es preciso recuperar en el presente la ideas de contrapeso al poder y de fiscalización ciudadana. Desde la izquierda podemos estar de acuerdo con muchas ideas y propuestas del presidente, pero no podemos respaldar malas implementaciones, falta de profesionalización, y, sobre todo, que sigan sin cumplirse muchos de los derechos de todas y todos.

Se debe de entender que estamos en un momento crítico, no solo por las grandes problemáticas que enfrenta el país, sino por la promesa del nuevo gobierno de solucionarlas. Podemos anticipar que mucho de eso puede que se quede en promesa, pero también que la única forma de que, al menos en parte, se vuelva realidad es con la presión constante de la mayoría de las y los ciudadanos. Las formas de esta presión son muchas; nosotros apostamos por la exigencia colectiva de derechos, pues la consideramos necesaria, pero también viable.

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Todo México es Minatitlán

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Una masacre en Minatitlán, cometida con una crueldad horrible, nos hIzo olvidar que apenas unas horas antes habían sido descubiertas 36 nuevas fosas clandestinas en el Puerto de Veracruz que, a su vez, seguían al hallazgo de otras 343 acumuladas antes, solamente en Veracruz. No se cuenta Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, la Ciudad de México o cualquier otra parte del país.

Mientras tanto, los representantes del Estado mexicano gritan. En Veracruz, por ejemplo, hay una disputa entre el Gobernador y el Fiscal de la entidad, porque responden a intereses políticos distintos. Y el día de hoy, seguramente, el presidente hablará otra vez de los conservadores y de los neoliberales desde el Puerto para justificar por enésima ocasión su estrategia militar y la entrega masiva de dinero público. Una vez más, los muertos y los desaparecidos serán sepultados por las palas de tierra plagadas de palabras. El pleito principal de la semana previa fue emblemático: lo fundamental no era la impotencia del Estado sino la macabra aritmética de la desgracia. Vamos ganando, dice el presidente, porque sus colaboradores le reportan unos cuantos muertos menos que antes.

Sin embargo, buena parte del territorio mexicano está controlado por la delincuencia organizada. ¿Cuánto? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque ese control sucede a veces de manera explícita y muchas otras a través de los gobiernos de los estados y los municipios que cada vez están más infiltrados y más sometidos a los poderes fácticos. Se nos olvida que, si Andrés Manuel López Obrador no hubiese ganado las elecciones del 2018 como las ganó, las recordaríamos todavía como las más violentas de la historia reciente del país.

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Yo acuso

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Sería buena cosa que el proyecto de Ricardo Monreal para modificar la composición y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirviera como revulsivo para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, boicoteado desde su concepción por el gobierno anterior e incomprendido por la clase política actual. Y sería aún mejor que, además, ese revulsivo ayudara a revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones que lo componen.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con fórceps en el sexenio anterior, tras los escándalos provocados por la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pero una vez que se ganó la oportunidad de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas más graves, de promulgar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que modificó de tajo el régimen disciplinario de México, de tipificar con mucha mayor precisión los delitos de corrupción en el Código Penal, de regular el intercambio de información entre instituciones que no se hablaban y de establecer la participación directa de los ciudadanos en la vigilancia y la operación de los órganos que integran ese sistema —todo en un solo trazo que no se compara con ninguna otra reforma concebida antes en esa delicada materia—, la clase política se dispuso a cerrar las puertas de la implementación. Aceptaron las leyes, pero no su cumplimiento. Si había de funcionar un entramado sofisticado para cerrarle el paso a la corrupción, tendría que ser hasta el sexenio siguiente.

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Voy derecho y no me quito

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs

Dice la sabiduría popular que para cambiar los resultados de algo que no funciona, es indispensable cambiar la forma de conseguirlo (una idea que se atribuye a Albert Einstein, para otorgarle un toque de autoridad). Detrás de esa frase, sin embargo, se esconden dos desafíos: el primero es saber a ciencia cierta cuáles son los resultados que se desean y el segundo es que las modificaciones no sean una reproducción de errores pasados ni vuelvan aún más complejos los problemas planteados. Se dice fácil, pero esos dos desafíos suelen ser los enemigos principales de las políticas públicas.

Sabíamos que el nuevo gobierno de la República vendría a cambiar mucho, entre otras razones, porque ese fue el mandato que recibió. Sabíamos que las mudanzas no serían fáciles porque los problemas que enfrenta el Estado mexicano son gigantescos y las resistencias, mayúsculas. Sabíamos que se tocarían muchos y muy profundos intereses creados y que las decisiones no serían tersas. Otra perla de la sabiduría popular nos advertía que a grandes males, grandes remedios.

Lo que no conocíamos era el método que elegiría el presidente. Sabíamos que es un hombre tesonero —perseverante, dice de sí mismo—, que no acepta críticas con facilidad, que no cambia sus opiniones con sencillez y que es proclive a descalificar a sus antagonistas antes que debatir sus ideas. Pero nunca lo habíamos visto investido con el poder del Estado y no sabíamos —algunos incluso, lo negábamos— que estaría dispuesto a utilizarlo para imponer sus puntos de vista a cualquier costo. Para seguir con el refranero, no sabíamos que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

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Perdón, pero la culpa es nuestra

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs

Sería deseable que todos los programas presupuestarios del gobierno federal se justificaran, invariablemente, por su contribución a la igualdad social. “Por el bien de todos, primero los pobres” es un lema que puede convertirse en guía inequívoca para la programación de cualquier gasto. ¿Cómo contribuye este programa a la igualdad? Es una pregunta que puede anteceder a otra: ¿Cómo podrá medirse esa contribución? Si los proyectos presentados por la administración pública no logran responder a la primera o no consiguen satisfacer con criterios técnicos verificables la segunda, los gastos tendrían que desecharse (o justificarse, acaso, por razones estrictamente excepcionales).

Lo que hemos visto durante décadas es exactamente lo contrario: los programas presupuestarios han discriminado de manera sistemática a los grupos vulnerables, aun a pesar del marco normativo que los rige y, hasta ahora, no es evidente en absoluto que esa tendencia haya cambiado. Por el contrario, repartir dinero de manera individual a grupos selectos de la población, al margen de los derechos de las minorías y de la situación singular de los más pobres, no contribuye a disminuir los sesgos de la desigualdad. Se podrá alegar lo que se quiera, que el reparto indiscriminado de dinero entre pobres y no pobres es un error indiscutible de cualquier política distributiva.

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