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Sistema Anticorrupción en Guerrero

Publicado en El Sol de México

Muchos ciudadanos recibimos con beneplácito la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015. Es más, nos atrevimos a pensar que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción sería el remedio para erradicar este flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto. Pasados los años y al analizar lo acontecido en el estado de Guerrero, la perspectiva ha cambiado.

 El Sistema Anticorrupción de Guerrero, de manera institucional entró en vigor el primero de enero de 2018. Este Sistema está integrado por el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador –los cuales se instalaron casi un año después–, así como el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los Órganos de Control Interno de los municipios –que a la fecha son los grandes pendientes–.

Al respecto, llama la atención el hecho de que no funcione integralmente el Sistema Estatal de Fiscalización, más aún cuando su operatividad se postergó hasta este año, a efecto de que los recursos del ejercicio fiscal de 2018, estuvieran sujetos a control bajo los principios, políticas y procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Fiscalización, lo que propiciaría su homologación.

Por otro lado, en el caso de los 81 ayuntamientos de Guerrero, la Constitución Estatal determinó que cada uno contaría con un Órgano de Control Interno, el cual se encargaría de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos. Así, aunque con la legislación secundaria se fijó el 30 de diciembre del 2018 como fecha límite para su instalación, sólo han cumplido con esto aproximadamente 10 municipios.

Para ser más preciso, dentro de sus funciones se encuentran: la implementación del sistema de control interno municipal, iniciar investigaciones y procedimientos de responsabilidad, la simplificación administrativa, normar en materia de recursos humanos y registro de servidores públicos, establecer mecanismos de prevención, contrataciones públicas y otras facultades reglamentarias. Como se observa, el listado de atribuciones es muy amplio, lo que hace destacar la relevancia que tienen estos órganos.

Sin embargo, existen casos emblemáticos como el de Acapulco de Juárez, en donde la convocatoria se publicó el 29 de febrero del 2019, y al día de hoy se sigue esperando la designación de la persona titular del Órgano de Control Interno. Lo anterior, sin dejar de observar la falta de incorporación de los órganos constitucionales autónomos a estas nuevas directrices. Desde nuestra perspectiva, para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, deben operar todos sus componentes (sistemas locales).

Bajo este panorama, es difícil hablar de un verdadero combate a la corrupción en nuestra entidad, y si bien es cierto que la falta de voluntad política puede restar eficacia y eficiencia a las leyes e instituciones que se han creado, como ciudadanos nos corresponde exigir el derecho humano a un ambiente libre de corrupción, gestado y reconocido en la Constitución, Tratados y sentencias de juzgados federales.

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“Corrupción no tiene que ver con ideología”

Publicado en El Universal

Para el investigador Mauricio Merino Huerta, estudioso de la corrupción, está muy claro: ese delito es un fenómeno sistémico, no una disputa de buenos contra malos, ni hay corruptos por razones ideológicas.

Si no se entiende que la corrupción es “la captura del Estado, presupuestos, decisiones, como si fueran un patrimonio y para hacer negocios o ganar poder”, ésta seguirá y sólo podría cambiar de dueño, advierte en entrevista con EL UNIVERSAL.

Merino Huerta, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, considera sincero el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, pero no basta: urgen instituciones, conocimiento, indicadores y esto no es de izquierda ni de derecha, es la garantía de que cuando ya no esté en el gobierno, todo funcione.

¿La política anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador es efectiva o discurso?

—Ese combate es la justificación universal de sus decisiones: cancelar el aeropuerto, cerrar la transferencia de recursos a programas sociales, enfrentar el huachicoleo. Le ha dado éxito político porque hay mucho agravio en la sociedad y da esperanza.

Pero está la existencia obligada —por la Constitución— de una política anticorrupción que involucra a todos en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Porque no es sólo un problema del Ejecutivo federal, debe ser tarea compartida y con una sola interpretación de corrupción. Eso no se ve claro.

¿Y sus decisiones van en el camino correcto?

—Antes hay que ver su forma de concebir la corrupción: la batalla de malos contra buenos, en la que los buenos ocupan cargos públicos con honestidad, pues comparten ideario político, y malos, que los han usado para tener poder y riqueza.

Centra todo en la sencillez unida con la bondad en el carácter de las personas, y no, la corrupción es un sistema.

¿Basta hacer de la corrupción un delito que se castiga con cárcel?

—Es la otra versión de la corrupción, que la confunde con impunidad y dice que se combate castigando corruptos y ya. Pero se puede pescar un pez gordo como Javier Duarte en Veracruz y dejar intacta el agua donde creció la corrupción, vendrá otro Duarte, lo aseguro. Pero la gente quiere esa venganza.

El Presidente dice: ‘No voy a usar chivos expiatorios’, y creo que es correcto, pero si se deja todo igual, el fenómeno sigue.

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Ciudadanos contra la corrupción

La administración de Enrique Peña Nieto se va acompañada de la sombra de corrupción e ineficacia para resolver los problemas de seguridad. Las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dicen que este año hubo un promedio de casi 4 víctimas por hora. Dicha cifra está por encima de los registros del sexenio de Felipe Calderón.

El tema de la corrupción se hizo medular después de casos emblemáticos como la ‘Casa Blanca’, la ‘Estafa maestra’ y ‘Odebrecht’. Únicamente mencionando algunos casos que se encontraron en el ámbito federal. Pese a que hubo cambios en el ámbito institucional, para combatir a la corrupción, estos no lograron materializarse en acciones que beneficiaran a la ciudadanía en el corto plazo. Los procesos de reforma institucionales se aletargan dependiendo de la voluntad política y contexto social, lo que les otorga ritmos distintos en el país. Hay estados que han establecido sus propios formatos de declaración patrimonial y de interés. (CPC del SNA).

En lo referente al ámbito estatal, los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) 20 estados de la República no han puesto en marcha sus sistemas en anticorrupción, mientras que 2 ni siquiera han realizado las modificaciones constitucionales necesarias. Si bien es posible que exista voluntad legislativa para integrar el marco necesario, puede que no la haya al momento de asignar recursos. 22 entidades no han destinado financiamiento al funcionamiento adecuado de sus sistemas anticorrupción.

El SNA tuvo un duro nacimiento y el camino parece aún complicado. Sin embargo, hubo algunos logros destacables. Por ejemplo, el SNA contempla espacios de participación ciudadana formales, en los que a la cabeza del comité coordinador se tiene a un representante de la sociedad civil, a un ciudadano. Además de que fue la propia ciudadanía quien empujó para incluir, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración ‘tres de tres’.

El descontento contra la corrupción no ha podido capitalizarse para fortalecer los procesos institucionales de manera más acelerada, dado que la ciudadanía da por sentada la impunidad que impera. En la Consulta Ciudadana realizada vía online, el 42% de los participantes consideraron que el que “los corruptos no enfrenten sanciones ni consecuencias por sus actos” es la principal causa de la corrupción. En contraste, en la parte “Propuestas para combatir la corrupción” la segunda más seleccionada fue “establecer programas de estudios diseñados para explicar”, mientras que como acción prioritaria “el cambiar el comportamiento de cada ciudadano” también se dio como una de las más votadas.

Esto da pauta a repensar las formas en las que buscamos involucrar a la ciudadanía en esta lucha. Hay un desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes y cuáles son las posibilidades de involucrarse en el diseño de marcos normativos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, si logramos superar este desafío y crear los incentivos necesarios, podemos involucrar al ciudadano como mecanismo de control contra corrupción. Entendiendo esto como una actividad de fiscalización, es decir, de evaluación y revisión de las acciones del gobierno, considerando su veracidad, racionalidad y apego al derecho.

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Nosotrxs exige transparencia en la selección de los integrantes del Sistema Anticorrupción Guerrero

La representación de Nosotrxs en Guerrero dirigió a la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción Guerrero (CSSAG) un pronunciamiento para exigir que el proceso de designación se haga conforme al texto constitucional y leyes secundarias, es decir, de manera objetiva, imparcial y transparente.

La designación de los integrantes del órgano anticorrupción es de la mayor importancia para quienes pugnamos por una administración pública transparente y que rinda cuentas.

Agradecemos a las organizaciones y ciudadanxs que apoyaron en la elaboración del documento, e invitamos a la ciudadanía a sumarse a esta causa que debe ser del interés general por todo lo que implica la falta de transparencia y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

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Proponen sistema de inteligencia institucional vs corrupción

Publicado originalmente en NetNoticias

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Mauricio Merino, comentó que las instituciones del país deben ponerse de acuerdo para crear un sistema de inteligencia institucional que pueda combatir las causas de la corrupción y la captura de posiciones políticas, de modo que se puedan evitar esas conductas y no se quede en la detención del corrupto del día.

Durante la presentación de la Conferencia Magistral “Captura y Corrupción” dijo que uno de los principales problemas para combatir la corrupción es la captura del poder, que consiste en repartir los puestos públicos “entre cuates, entre leales, entre cercanos”, designados no por su calidad profesional, sino por su cercanía política.

“La regla generalizada es la captura: el reparto de los presupuestos; luego la negociación de las prioridades políticas: cuánto dinero se le dedican, y después, la corrupción asociada a administraciones públicas que no funcionan”, señaló.

EL actualmente coordinador nacional de la iniciativa “Nosotrxs”, consideró que para emprender una auténtica lucha contra la corrupción, todas las instituciones y los Comités de Participación Ciudadana están obligados a impartir una pedagogía pública, para que la sociedad pueda entender cómo funciona el sistema y se comprenda por todos los actores la importancia de documentar y hacer público lo que se hace.

“¿No se pueden poner de acuerdo entre las auditorías, las contralorías, los jueces administrativos, el consejo de la judicatura, donde fluye toda la información, el INAI y el fiscal anticorrupción, no se pueden poner de acuerdo de veras, para producir inteligencia institucional ¿no saben dónde está el problema?”, cuestionó el expositor.

Después de haber hecho juicios, auditorías, controles internos, de haber indiciado penalmente a funcionarios, de haberlos juzgado ¿siguen sin saber dónde está la sistematicidad de la corrupción?, añadió.

“Si no lo saben –destacó Merino– es porque no quieren saberlo, no quieren ponerse de acuerdo porque no les conviene, porque romperían con sus redes políticas, dejarían de tener una buena cuota de poder y eso vale para tirios y troyanos, por eso el sistema de partidos en México se desfondó”.

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La simulación del combate a la corrupción en Nuevo León

Por #NosotrxsNuevoLeón

Publicado originalmente en El Sol de México

La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Nuevo León ha pasado de significar una esperanza a ser una contradicción que podría llegar al fracaso.

El SEA surgió de la motivación de regresar a las personas lo que nos corresponde: lo público. Aquello que ha sido aprovechado para fines privados, pero que en esencia nos pertenece a cada una de las personas que habitamos este estado.

Lo que debió haber sido un hito de la lucha contra la corrupción es un ejemplo de opacidad, manipulación y captura de la institución que debería luchar por desmantelar los espacios de abuso de lo privado sobre lo público.

Como claramente ha dicho Mauricio Merino: una de las principales causas de la corrupción es precisamente la captura de los puestos y los presupuestos públicos desviando los fines de las instituciones a intereses privados o grupales.

La simulación ha sido la clave en el proceso: se simuló que había interés en combatir la corrupción como propósito clave del Sistema; se simuló la elección de ciudadanos sin compromisos políticos para la integración de sus distintos órganos y se simuló el utilizar criterios técnicos y realizar procedimientos abiertos para la elección de quienes trabajarán cotidianamente en ejecutar la Ley.

La lista de irregularidades lo evidencia:

  • Hay miembros del Comité de Selección con vínculos políticos, como Salvadora Peña Warden, cuyo Consorcio Educativo Warden tiene contratos de capacitación a personal de municipios.
  • El Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas, Mario Treviño, se desempeñaba como Oficial Mayor en el Congreso, por lo cual su vínculo con los diputados es fuerte e innegable.
  • El Comité de Participación Ciudadana (CPC) fue elegido sin haber cumplido con requisitos claramente estipulados en su convocatoria, como no haberse presentado la 3 de 3 de los candidatos, que la sesión de deliberación se hizo de forma opaca y que no se utilizaron las evaluaciones hechas a los perfiles.
  • Mauricio Morales, integrante del CPC y elegido a permanecer por cinco años, al momento de su elección estaba registrado en el padrón del PRI y, además, trabajó en Milenio, una de las empresas mediáticas más importantes a nivel nacional y local donde todavía aparece en su directorio, vendiendo espacios publicitarios a Gobiernos en Nuevo León.
  • El Comité Coordinador fue instalado sin que uno de sus miembros, el titular de la Contraloría del Estado, fuera ratificado por el Congreso como demanda la Constitución. Jesús Hernández, quien sigue siendo encargado de despacho de esa oficina, no tiene atribuciones para participar en ese Comité.
  • Como corolario, tras haberse instalado el Comité Coordinador de forma irregular, se realizó una sesión privada (aunque la Ley estipula que todas deben ser públicas) en la cual se nombró a Joaquín Ramírez, ex integrante del Comité de Selección, como Secretario Técnico. Es decir, los elegidos pagaron el favor a quien los eligió. 

Está claro: esta simulación es una herramienta utilizada como resistencia y adaptación de la corrupción para sobrevivir. Es un nuevo esfuerzo por combatir la exigencia ciudadana de responsabilidad, rendición de cuentas y apertura de nuestras instituciones.

De ahí la urgencia de unirnos en un reclamo como colectividad: lo que está sucediendo en Nuevo León es síntoma de lo que seguramente va a ejercerse en otras partes del país. Esta es una lucha donde todos los grupos de la sociedad debemos cerrar filas: la corrupción no se irá sin dar pelea.

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Contra la corrupción, más allá de la voluntad

El salvador de la patria ha repetido hasta el hartazgo que el gran problema del país es la corrupción y que él es la solución

Por Jorge Javier Romero, cofundador de Nosotrxs

Publicado originalmente en Sin Embargo

La cantinela de su discurso, donde él aparece como el demiurgo capaz de transformar la realidad y lograr la armonía tan solo con su voluntad, acaba por simplificar hasta la caricatura uno de los grandes problemas del Estado mexicano, arraigado profundamente en el arreglo institucional del país y que requiere mucho más que la magia derivada del ejemplo de un presidente honrado para menguar, no ya para desaparecer.

La simplona manera de abordar el asunto de la corrupción por parte de Andrés Manuel López Obrador conecta, sin duda, con la percepción de franjas muy amplias de la sociedad mexicana, que consideran que todos los políticos y buena parte de los funcionarios públicos son unos rateros y que lo que se requiere es que llegue al poder uno que no robe para poner en cintura a todos los demás. Coincide también con la visión monárquica del poder, médula del presidencialismo a la mexicana, que presume que, si el monarca decide que no se robe, entonces se dejará de robar.

Lamentablemente, si bien es correcto situar a la corrupción en el centro de los males nacionales, poco podrá el impulso voluntarista para limitarla, pues el mal se encuentra difuso en buena parte de las reglas del juego que han marcado la relación entre el Estado mexicano y la sociedad desde sus orígenes virreinales y forma parte de la manera en la que lo público ha sido considerado tradicionalmente en el país: como un botín a capturar.

No deja de ser importante que López Obrador ponga el acento en el combate a la corrupción como la gran tarea nacional. Sin embargo, preocupa y puede resultar decepcionante que centre su combate en su voluntariosa honestidad, sin plantear siquiera un atisbo de la gran transformación institucional que implica modificar la forma de operar de la organización estatal mexicana, sus reglas básicas de funcionamiento.

Al margen de las campañas, empero, muchos otros hemos trabajado desde hace años en lograr los cambios institucionales para restringir la corrupción que carcome al Estado mexicano. El combate a la corrupción no comenzará cuando se dé el venturoso triunfo del gran líder, ni mucho menos. Algún camino se ha andado y ya hay avances, al menos en el cuerpo de las leyes, que pueden contribuir, aunque sea de manera incremental, al surgimiento de una nueva forma de ejercicio del poder y de concepción de lo público.

Los esfuerzos de muchas organizaciones civiles, varias de ellas agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas, llevaron a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, aunque este no ha acabado de integrarse, por las resistencias de este gobierno y esta legislatura, que no concluyeron con los nombramientos necesarios para darle cuerpo, el hecho es que los cimientos para echar a andar una política integral contra la corrupción ya están colocados.

El lunes pasado, la propia Red por la Rendición de cuentas le presentó al Comité de Participación Ciudadana del incipiente sistema anticorrupción las líneas generales de lo que debería ser una política nacional capaz de modificar, más allá el voluntarismo, la trayectoria institucional que reproduce indefectiblemente las conductas patrimonialistas y corruptas. El documento tiene la virtud de concebir la corrupción como un asunto institucional, es decir, como parte sustancial del sistema de incentivos del Estado mexicano.

El documento presentado por la Red, producto del trabajo de un grupo notable de especialistas y académicos, principalmente del CIDE, de la UNAM y de las organizaciones civiles, atina cuando concibe a la captura de lo público por intereses particulares como el origen del problema. Son la captura de los puestos públicos, la captura de las decisiones (y de los presupuestos) y la captura de la justicia las causas esenciales que explican el uso particularista del poder en México.

Puesto de otra manera, es la manera de concebir al Estado como un botín con el cual se pueden hacer grupos de intereses particulares lo que genera el fenómeno que conocemos como corrupción, que lleva a que los servicios que este debe prestar se otorguen no de manera universal, sino solo en beneficio de aquellos capaces de comprarlos a cambio de rentas o de las clientelas cautiva de las que se espera apoyo político. Es el Estado mexicano una organización en manos de una coalición estrecha de intereses, lo que los clásicos llamaban una oligarquía, y no un mecanismo que garantice un orden social de acceso abierto, donde la justicia, la seguridad y los demás servicios adquieren un carácter verdaderamente público.

El documento presentado también plantea los antídotos indispensables para revertir la captura que ha caracterizado al Estado mexicano a lo largo de su historia. No es el cambio de una coalición estrecha a otra coalición estrecha de intereses lo que transformará lo publico en México. La gran transformación requiere de una reforma integral de Estado que comienza por una profesionalización integral, de manera que el acceso a los puestos públicos no dependa de la lealtad personal o política, sino que se base en las competencias y las capacidades para ocupar el cargo y donde el proceso de ascenso se haga con base en evaluaciones del desempeño, no en la afiliación partidista o en la pertenencia a una determinada red clientelista.

 

Los incentivos positivos para la probidad en el servicio público que genera la profesionalización deben complementarse con un sistema de responsabilidades simple pero eficaz, que detecte oportunamente las desviaciones y las sancione con justicia. Por añadidura, la transparencia y el principio de máxima publicidad deben imperar en todos los actos de autoridad, de manera que se desarticulen las redes de corrupción, que no son otra cosa que las expresiones de la venta de protecciones particulares que ha predominado en el ejercicio del poder.

Para plantearlo de manera resumida, el documento, base para una amplia consulta nacional que ahora emprenderá el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, plantea una estrategia para comenzar a transitar por el “camino a Dinamarca” del que habla Francis Fukuyama: profesionalización, transparencia y sistema de justicia independiente y eficaz.

Este proyecto de política nacional merece ser difundido, para evitar la percepción de que en esta materia está todo por hacerse y que solo la llegada del hombre providencial podrá romper la inercia. En ese sentido es notable el trabajo emprendido por organizaciones como Nosotrxs o Ethos, esta última un think tank formado por jóvenes que ha elaborado buenos materiales de divulgación para dar a conocer entre el público al sistema nacional anticorrupción. Aunque muchos no lo crean, en materia del combate a la corrupción no todo será creado ex novo con el arribo del nuevo principio activo de la nación.

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Urgen coordinar esfuerzos anticorrupción

La labor principal de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es impulsar la coordinación de las autoridades para desmontar la captura del Estado por las redes de corrupción, señaló Mauricio Merino.

Publicado originalmente en Red por la Rendición de Cuentas

Al exponer ante integrantes de comités de 22 entidades del País la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, dijo que la corrupción es la captura de los puestos, los presupuestos y decisiones públicas por un grupo que las usa para beneficiarse.

En ese sentido, indicó, la tarea de los comités ciudadanos no es perseguir corruptos, ni asumir que se trata de una lucha de buenos contra malos, sino el impulsar el combate contra las prácticas que posibilitan que los recursos públicos sean usados para beneficio privado.

Por ejemplo, expuso, el secuestro de los puestos para el pago de favores puede combatirse instaurando un servicio civil de carrera en el que los cargos se asignen con base en los méritos de los aspirantes.

“La Político Nacional Anticorrupción parte de este diagnóstico, hay que combatir la fragmentación, hay que combatir la desinformación, hay que combatir la desconfianza”, mencionó.

“Pero hay que hacerlo teniendo claro que el enemigo principal es la captura de puestos, presupuestos y decisiones. Si eso se entiende y se asume, creo que eso puede ser mucho más fácil para las siguientes etapas”.

Mariclaire Acosta, presidente de la CPC y del Sistema Nacional Anticorrupción, informó que se le pidió a Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, elaborar la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción para que fuera discutida por los comités ciudadanos y llevarla al seno del Comité Coordinador.

Una vez que sea avalada por éste, explicó, la Política Nacional estará lista, cosa que probablemente ocurrirá después de las elecciones del 1 de julio, por lo que sería entregada a quien resulte ganador una vez que sea Presidente electo.

Obras públicas con un sobre costo de 36%: Nosotrxs

Publicado originalmente en: El Universal

La corrupción del Gobierno tanto estatal como federal se refleja en el sobre costo de las obras públicas, el cual en promedio es de 36 por ciento más de su costo real, aseguró recientemente el director ejecutivo de Nosotrxs, Luis Fernández.

Al sobre precio en la construcción, dijo, se suma el tiempo en que tardan en llevarlas a cabo y cómo está estipulado en los contratos entre los distintos niveles de gobierno y las empresas a las que se asignan a las obras. En promedio, precisó, se tarda 121 por ciento más del tiempo acordado en los términos contractuales.

“En la evaluación de 80 proyectos de construcción realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que los proyectos de construcción de las dependencias en México cuestan 36.6 por ciento más de lo que realmente costarían”, dijo.

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