Seguridad Social en el Hogar

La seguridad social de las trabajadoras domésticas en manos de la SCJN

By octubre 18, 2018 No Comments

Publicado originalmente en Huffington Post

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un caso que podría impactar en la vida de millones de trabajadores del hogar.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea que los patrones no estén obligados a inscribir en el seguro social a los empleados domésticos,pero sí a protegerlos de los riesgos a los que están expuestos en su labor.

El caso que discutirán es sobre una trabajadora del hogar de la tercera edaddespedida tras 50 años de labor, quien pidió a sus empleadores la inscripción retroactiva al sistema de seguridad social desde 1959, año en que comenzó a trabajar para la familia y no lo recibió.

Tras discutir el caso, la Junta Especial Diecinueve de Conciliación y Arbitraje se pronunció en contra de la inscripción retroactiva ante el IMSS y el pago de horas extras porque supuestamente acreditó la renuncia voluntaria de la trabajadora doméstica, pese a que condenó al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo tan solo del año anterior a la presentación de la demanda. Además, condenó el pago de horas extras al estimar que la trabajadora laboraba un total de cincuenta y cuatro horas, esto es, seis horas extras más de la jornada máxima legal.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán argumenta que “el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera, en sí y por sí mismo, el derecho humano a la seguridad social, a menos que: (I) esa exclusión se base en criterios discriminatorios; y (II) no exista algún otro régimen de seguridad social estatal al que puedan acogerse tales trabajadores”.

En respuesta al ministro Pérez Dayán, organizaciones de la sociedad civil y decenas de activistas y académicos enviaron una carta a la SCJN en la que acusan que el proyecto “evidencia una vez más la discriminación estructural de la que son objeto este grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos”.

“Legitima un trato asimétrico en materia de seguridad social, argumentando que el tipo de labor que realiza ese grupo de trabajadoras es de carácter especial y que por ello deben negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto de las personas trabajadoras formales”, explicaron los firmantes.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)presentó ante la SCJN un Amicus Curiae —que es una figura que consiste en promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador—, en el que solicita a la Suprema Corte “respetar los derechos y libertades de todas las personas, sin discriminación alguna, así como prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo la denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la seguridad social”.

En México se estima que hay 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, quienes, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están en situación de vulnerabilidad y, por tanto, demandan la protección del Estado.

Desde 2014, el gobierno federal dejó pendiente ratificar el convenio 189 de la Conferencia Internacional del Trabajo mismo que establece los derechos básicos de las trabajadoras del hogar.

Las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al Estado en su conjunto para revertir ya “las prácticas discriminatorias que históricamente han atentado contra los derechos fundamentales de una de las poblaciones más vulneradas, y que han colocado a México en una posición vergonzosa y de retraso internacional en el reconocimiento y protección de los derechos de este sector”.

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