La rendición de cuentas precisa de los recursos económicos que se han asignado desde 2017 en los diferentes órganos de gobierno aún es incierta.

Por Daniel Salín, Nosotrxs CDMX

A casi nueve meses de los sismos que sacudieron violentamente cuando menos a ocho estados de la República mexicana, en septiembre de 2017, muchos damnificados no han recibido los apoyos que les han ofrecidos los diferentes órdenes de gobierno, y quienes los han obtenido, ha sido a cuentagotas. Pareciera que sólo han realizado compromisos a mediano y largo plazo, como parte de una estrategia o táctica dilatoria para aprovechar los cambios de gobierno y desentenderse de sus compromisos, en un ambiente que muestra su ineficiencia e ineficacia en el servicio público para atender las demandas de la población que, por cierto, fue quien los eligió como sus representantes de gobierno.

En la Ciudad de México, a pesar de contar con una plataforma que aglutina la información, aún no puede rendir cuenta precisa de la asignación de 11,591 millones de pesos para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 2017 y 2018 (que incluye tan solo 25 millones de pesos por donativos). La información genérica presenta reportes agregados sobre apoyos destinados a alquiler temporal y reparaciones parciales de viviendas o para asignaciones presupuestarias a dependencias del Gobierno de la Ciudad, mientras que damnificados exigen -en las calles- respuestas a su situación; no pidiendo más que ello.
Los sismos llegaron en medio de una coyuntura electoral que demandaba la atención de nuestras autoridades, sin embargo muchas de ellas dejaron sus posiciones para aspirar a nuevos cargos políticos o, al menos, para concentrarse en el proceso electoral. La desatención sobre las necesidades de los damnificados no fue la única consecuencia, sino que hasta hoy no puede asegurarse que los recursos destinados para la reconstrucción no hayan sido utilizados para fines político electorales.

Estas acciones sólo han contribuido a diluir la solidaridad de la ciudadanía en favor de los damnificados y minar los avances para la reconstrucción, que incluye la de nuestro tejido social. La petición no es descabellada: exigimos transparencia y rendición de cuentas de nuestros recursos económicos; demandamos que nuestros representantes estén a la altura para diseñar e implementar soluciones ante catástrofes naturales; requerimos certeza jurídica para los damnificados y respuestas para recuperar la seguridad, tranquilidad y confianza.

Hoy nos cuestionamos qué medidas tomarán nuestros representantes para evitar que los cientos de edificios dañados -y que deben de ser demolidos- no sigan poniendo en riesgo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Queremos saber qué planes se establecerán para amortiguar las condiciones de indefensión y pánico que estos fenómenos naturales producen entre los pobladores de zonas sísmicas. Aspiramos conocer qué programas, logística o tácticas del servicio público asistirán la reconstrucción y ansiamos entender el diseño y establecimiento de planes integrales preventivos y correctivos, para la atención expedita de “desastres naturales”, que interrumpan la continuidad a los programas improvisados utilizados hasta hoy por nuestras autoridades. La desinformación es tan dañina como el sismo; sin información la incertidumbre seguirá siendo la constante de miles de damnificados.

Nosotrxs no quita el dedo del renglón: exigimos transparencia, priorización en el ejercicio del gasto y certeza jurídica para cada damnificado. Mucha, mucha, difusión sigue siendo necesaria. El censo sigue pendiente, para la Ciudad y para las entidades afectadas. Que las elecciones no acaben de nublar -aún más- la óptica de nuestras autoridades.

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