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Archivos mensuales: junio 2018

elecciones

El antídoto contra el fraude

Aunque suene a lugar común, sigue siendo cierto que el antídoto más eficaz contra cualquier intento de fraude, pasado o futuro, es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

Por Mauricio Merino, coordinador general de Nosotrxs

Publicado originalmente en El Universal

Salir a votar libre y masivamente, sin miedo y sin someterse a ninguna presión, es el contrapeso más contundente a quienes hayan intentado o quieran torcer los resultados electorales. Contra la participación ciudadana consciente y pacífica no hay nada que pueda oponerse.

Los tramposos profesionales saldrán a hacer su trabajo. De hecho lo están haciendo desde hace meses. Cuentan con medios tecnológicamente sofisticados para anticipar escenarios en todos los distritos electorales y con recursos sobrados para comprometer votos a cambio de favores o de amenazas. Tienen mapas más o menos precisos sobre el comportamiento posible de los ciudadanos en cada sección y pueden otear, con el respaldo de sus expertos en informática y de sus empleados de campo, los riesgos que eventualmente podrían enfrentar, las secciones que reclaman más atención y los liderazgos de los que pueden echar mano o echar abajo. Si de algo saben las estructuras profesionales de los partidos políticos y si en algo han acumulado experiencia, es sobre ese conjunto de técnicas para medir resultados y tratar de modificarlos.

Con frecuencia, sin embargo, se neutralizan entre ellos. Uno de los efectos de las coaliciones es que potencian la capacidad de las estructuras profesionales de los partidos para llegar prácticamente a todo el país. Las tres coaliciones que compiten por la presidencia de la República tendrán representantes en casi todas las casillas electorales: verdaderos ejércitos de militantes y mercenarios que vigilarán más de 156 mil sitios donde se depositarán los votos el domingo siguiente, además de quienes ya están recorriendo los barrios, los pueblos y las comunidades para afirmar simpatías o desalentarlas, de conformidad con los datos que van recogiendo sus aparatos profesionales.

Es imposible saber cuántas personas estarán involucradas en esa movilización que se multiplicará durante esta semana, pero podría especularse que la cifra rondaría los dos millones de seres humanos, pagados o convencidos, que desde hoy se lanzarán a las calles para defender los intereses de sus partidos. Sin embargo, que lo hagan no significa que también votarán por ellos: cobrar por hacer un trabajo no equivale a estar persuadidos de sus bondades. Y, de hecho, no es raro que los operadores electorales prefieran votar en contra de sus banderías.

Con todo, será una semana difícil, pues a la movilización de los aparatos profesionales habrá que sumar la presión de los grupos que, al margen de los partidos, quieren hacer propios o quieren seguir dominando puestos y/o territorios. Y como ya es evidente, no todos lo hacen por vías lícitas ni pacíficas. Entre los más violentos, quienes vean amenazado el control de los espacios que ostentan como patrimonio privado, probablemente buscarán tirar la elección. Y quienes están habituados a contar con la obediencia de los electores en secciones ya controladas por medios públicos seguramente querrán cobrar los favores. A todos ellos los veremos actuar a diestra y siniestra en los próximos días y, en particular, entre el 27 de junio y el 1 de julio.

Pero ninguno puede controlar todo. Ninguno tiene medios para frenar la respuesta masiva de la gran mayoría de los mexicanos. Ninguno es tan poderoso como para inhibir el paso de la conciencia a la acción. Precisamente porque será la elección más grande que se haya registrado en toda la historia es que debemos prepararnos para imponerles a los violentos y a los tramposos el antídoto de la votación libre y masiva. Llueve, truene o relampaguee, hay que salir a votar el domingo siguiente y hay que votar como se nos pegue la gana. Que nadie se quede en casa.

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Apuesta gobierno federal por ratificar Convenio 189

El gobierno federal considera que aún es posible que se ratifique, en la presente administración, el convenio 189 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionado con la seguridad social a las trabajadoras domésticas de nuestro país.

Publicado originalmente en El Economista

Así lo informó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, al entregar a 137 empresas el reconocimiento Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Durante la entrega de este distintivo el cuál promueve las buenas prácticas de equidad y género entre otras, el titular en materia de empleo aseguró que la Igualdad permite el desarrollo de las personas.

El distintivo fue entregado a 137 centros de trabajo, 104 son públicos, 61 federales, 40 estatales y 3 municipales, 33 del sector privado entre ellos un organismo internacional.

Campa, dijo que “en México, la consolidación del mercado laboral debe tener como punto de partida el compromiso con la igualdad y la no discriminación, como condiciones que permiten desarrollo individual y que detonan el crecimiento de la productividad”. 

Pese a ello, señaló que todavía hay prejuicios que dificultan el desarrollo pleno de la mujer en el ámbito laboral, como la supuesta incompatibilidad de la maternidad con el trabajo o la exclusión que impide o dificulta el acceso a las mujeres a una actividad remunerada. “El llamado techo de cristal es la expresión de una circunstancia social que no podemos soslayar”, comentó.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer y redoblar esfuerzos para eliminar las brechas que separan a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades de acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado.

Añadió que “el cierre de la brecha laboral es insuficiente si los hombres no nos hacemos responsables de las labores del hogar. Creo que es tiempo de pasar de las palabras a los hechos y tomar el papel que nos corresponde también en las labores domésticas”.

La igualdad y la no discriminación son valores fundamentales para construir sociedades democráticas, justas e incluyentes.

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¿Cómo realizar una iniciativa ciudadana?

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¿Qué es una iniciativa ciudadana?

También conocido como Iniciativa Popular, es el derecho ciudadano que nos permite presentar ante el Congreso de la Unión solicitudes para crear, proponer o modificar un proyecto de ley. Este proceso es reconocido como un mecanismo de la democracia directa y para que sea exitoso, es necesario apegarnos a la ley y cumplir con una serie pasos y requisitos.

Derecho ciudadano a presentar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión con el apoyo del 0.13% de la lista nominal.

Guía de Exigencia

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Recomendaciones para aplicar ésta guía:

  • Asegúrate de que tu iniciativa sea de interés general, de ésta manera será más fácil recaudar firmas y encontrar a más gente dispuesta a velar por la iniciativa.
  • Ten claro el propósito de tu iniciativa y transmítelo a quienes la apoyen.

Fundamento Jurídico

Artículos 130-133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 130.- 1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

2. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas, respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente.

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corrupcionamlo

Contra la corrupción, más allá de la voluntad

El salvador de la patria ha repetido hasta el hartazgo que el gran problema del país es la corrupción y que él es la solución

Por Jorge Javier Romero, cofundador de Nosotrxs

Publicado originalmente en Sin Embargo

La cantinela de su discurso, donde él aparece como el demiurgo capaz de transformar la realidad y lograr la armonía tan solo con su voluntad, acaba por simplificar hasta la caricatura uno de los grandes problemas del Estado mexicano, arraigado profundamente en el arreglo institucional del país y que requiere mucho más que la magia derivada del ejemplo de un presidente honrado para menguar, no ya para desaparecer.

La simplona manera de abordar el asunto de la corrupción por parte de Andrés Manuel López Obrador conecta, sin duda, con la percepción de franjas muy amplias de la sociedad mexicana, que consideran que todos los políticos y buena parte de los funcionarios públicos son unos rateros y que lo que se requiere es que llegue al poder uno que no robe para poner en cintura a todos los demás. Coincide también con la visión monárquica del poder, médula del presidencialismo a la mexicana, que presume que, si el monarca decide que no se robe, entonces se dejará de robar.

Lamentablemente, si bien es correcto situar a la corrupción en el centro de los males nacionales, poco podrá el impulso voluntarista para limitarla, pues el mal se encuentra difuso en buena parte de las reglas del juego que han marcado la relación entre el Estado mexicano y la sociedad desde sus orígenes virreinales y forma parte de la manera en la que lo público ha sido considerado tradicionalmente en el país: como un botín a capturar.

No deja de ser importante que López Obrador ponga el acento en el combate a la corrupción como la gran tarea nacional. Sin embargo, preocupa y puede resultar decepcionante que centre su combate en su voluntariosa honestidad, sin plantear siquiera un atisbo de la gran transformación institucional que implica modificar la forma de operar de la organización estatal mexicana, sus reglas básicas de funcionamiento.

Al margen de las campañas, empero, muchos otros hemos trabajado desde hace años en lograr los cambios institucionales para restringir la corrupción que carcome al Estado mexicano. El combate a la corrupción no comenzará cuando se dé el venturoso triunfo del gran líder, ni mucho menos. Algún camino se ha andado y ya hay avances, al menos en el cuerpo de las leyes, que pueden contribuir, aunque sea de manera incremental, al surgimiento de una nueva forma de ejercicio del poder y de concepción de lo público.

Los esfuerzos de muchas organizaciones civiles, varias de ellas agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas, llevaron a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, aunque este no ha acabado de integrarse, por las resistencias de este gobierno y esta legislatura, que no concluyeron con los nombramientos necesarios para darle cuerpo, el hecho es que los cimientos para echar a andar una política integral contra la corrupción ya están colocados.

El lunes pasado, la propia Red por la Rendición de cuentas le presentó al Comité de Participación Ciudadana del incipiente sistema anticorrupción las líneas generales de lo que debería ser una política nacional capaz de modificar, más allá el voluntarismo, la trayectoria institucional que reproduce indefectiblemente las conductas patrimonialistas y corruptas. El documento tiene la virtud de concebir la corrupción como un asunto institucional, es decir, como parte sustancial del sistema de incentivos del Estado mexicano.

El documento presentado por la Red, producto del trabajo de un grupo notable de especialistas y académicos, principalmente del CIDE, de la UNAM y de las organizaciones civiles, atina cuando concibe a la captura de lo público por intereses particulares como el origen del problema. Son la captura de los puestos públicos, la captura de las decisiones (y de los presupuestos) y la captura de la justicia las causas esenciales que explican el uso particularista del poder en México.

Puesto de otra manera, es la manera de concebir al Estado como un botín con el cual se pueden hacer grupos de intereses particulares lo que genera el fenómeno que conocemos como corrupción, que lleva a que los servicios que este debe prestar se otorguen no de manera universal, sino solo en beneficio de aquellos capaces de comprarlos a cambio de rentas o de las clientelas cautiva de las que se espera apoyo político. Es el Estado mexicano una organización en manos de una coalición estrecha de intereses, lo que los clásicos llamaban una oligarquía, y no un mecanismo que garantice un orden social de acceso abierto, donde la justicia, la seguridad y los demás servicios adquieren un carácter verdaderamente público.

El documento presentado también plantea los antídotos indispensables para revertir la captura que ha caracterizado al Estado mexicano a lo largo de su historia. No es el cambio de una coalición estrecha a otra coalición estrecha de intereses lo que transformará lo publico en México. La gran transformación requiere de una reforma integral de Estado que comienza por una profesionalización integral, de manera que el acceso a los puestos públicos no dependa de la lealtad personal o política, sino que se base en las competencias y las capacidades para ocupar el cargo y donde el proceso de ascenso se haga con base en evaluaciones del desempeño, no en la afiliación partidista o en la pertenencia a una determinada red clientelista.

 

Los incentivos positivos para la probidad en el servicio público que genera la profesionalización deben complementarse con un sistema de responsabilidades simple pero eficaz, que detecte oportunamente las desviaciones y las sancione con justicia. Por añadidura, la transparencia y el principio de máxima publicidad deben imperar en todos los actos de autoridad, de manera que se desarticulen las redes de corrupción, que no son otra cosa que las expresiones de la venta de protecciones particulares que ha predominado en el ejercicio del poder.

Para plantearlo de manera resumida, el documento, base para una amplia consulta nacional que ahora emprenderá el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, plantea una estrategia para comenzar a transitar por el “camino a Dinamarca” del que habla Francis Fukuyama: profesionalización, transparencia y sistema de justicia independiente y eficaz.

Este proyecto de política nacional merece ser difundido, para evitar la percepción de que en esta materia está todo por hacerse y que solo la llegada del hombre providencial podrá romper la inercia. En ese sentido es notable el trabajo emprendido por organizaciones como Nosotrxs o Ethos, esta última un think tank formado por jóvenes que ha elaborado buenos materiales de divulgación para dar a conocer entre el público al sistema nacional anticorrupción. Aunque muchos no lo crean, en materia del combate a la corrupción no todo será creado ex novo con el arribo del nuevo principio activo de la nación.

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Urgen coordinar esfuerzos anticorrupción

La labor principal de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es impulsar la coordinación de las autoridades para desmontar la captura del Estado por las redes de corrupción, señaló Mauricio Merino.

Publicado originalmente en Red por la Rendición de Cuentas

Al exponer ante integrantes de comités de 22 entidades del País la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, dijo que la corrupción es la captura de los puestos, los presupuestos y decisiones públicas por un grupo que las usa para beneficiarse.

En ese sentido, indicó, la tarea de los comités ciudadanos no es perseguir corruptos, ni asumir que se trata de una lucha de buenos contra malos, sino el impulsar el combate contra las prácticas que posibilitan que los recursos públicos sean usados para beneficio privado.

Por ejemplo, expuso, el secuestro de los puestos para el pago de favores puede combatirse instaurando un servicio civil de carrera en el que los cargos se asignen con base en los méritos de los aspirantes.

“La Político Nacional Anticorrupción parte de este diagnóstico, hay que combatir la fragmentación, hay que combatir la desinformación, hay que combatir la desconfianza”, mencionó.

“Pero hay que hacerlo teniendo claro que el enemigo principal es la captura de puestos, presupuestos y decisiones. Si eso se entiende y se asume, creo que eso puede ser mucho más fácil para las siguientes etapas”.

Mariclaire Acosta, presidente de la CPC y del Sistema Nacional Anticorrupción, informó que se le pidió a Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, elaborar la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción para que fuera discutida por los comités ciudadanos y llevarla al seno del Comité Coordinador.

Una vez que sea avalada por éste, explicó, la Política Nacional estará lista, cosa que probablemente ocurrirá después de las elecciones del 1 de julio, por lo que sería entregada a quien resulte ganador una vez que sea Presidente electo.

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Delincuencia inmobiliaria

También es crimen organizado, pero de cuello blanco, y por eso se creen a salvo. Malhechores que trafican con el hormigón y la varilla, todos los días traicionando la ley.

Publicado originalmente en El Universal

Las ciudades del país son su patrimonio, su reino, su burdel.

Los delincuentes inmobiliarios financian campañas, hacen millonarios a los políticos, compran jueces, mercadean con el uso del suelo, especulan con la tierra, destruyen el patrimonio de los ciudadanos de a pie, y todo esto mientras presumen sus centros comerciales, sus edificios de espejo, sus obras de pésimo gusto.

Son el otro lado de la misma moneda: un Estado que trabaja para los menos. La autoridad servil es empleada suya, tal como sucede con la policía y el narcotraficante.

No hay quien sea capaz de oponerse: tienen el poder del gigante y la cortesía del tahúr. Ellos deciden dónde y por qué invierte la ciudad, dónde y por qué corre el agua, el drenaje, la luz; son dueños de la calle, del pavimento, del mobiliario urbano.

La ciudad se rinde ante la arbitrariedad inmensa y sus habitantes nos empequeñecemos ante su paso.

¿Por qué construir ese horrendo centro comercial en ese lugar preciso? ¿Qué sucederá con los vecinos? ¿Cómo afectará el tráfico? ¿Qué beneficios traerá para la comunidad? ¿Quiénes visitarán la mole? ¿Cómo obtuvo el constructor el permiso? ¿Qué ofreció a cambio? ¿A quién corrompió? ¿Con quién se asoció?

Estas son preguntas que nos hacemos quienes sufrimos cada vez que un delincuente inmobiliario gana la partida.

Los habitantes de este país estamos enojados y por eso votaremos contra las autoridades. Una de las razones que más pesan, a nivel local, para sancionar a los gobernantes es la manera como entregaron la plaza para que estos hampones hicieran y deshicieran a su antojo.

La delincuencia inmobiliaria es uno de los principales síntomas de la corrupción que nos devora. Por eso será divisa no solo derrumbar los fueros de los constructores, sino perseguirles penalmente por su trapacería.

Deben terminarse los jugosos negocios que sientan en la misma mesa a los jueces y los intereses inmobiliarios; también la complicidad que ha vuelto millonarios a quienes modifican el uso de suelo, venden licencias de construcción, trafican con los permisos y toda esa tramitología que, durante los últimos años, ha enriquecido a tantos.

Sobre todo, debe meterse a la cárcel a los políticos que han crecido su cuenta bancaria en el extranjero, gracias a las aportaciones que los delincuentes inmobiliarios han hecho para que no estorben a la hora de herir a la ciudad.

A diferencia de los capos dedicados al tráfico de drogas, los delincuentes inmobiliarios no pueden esconder sus delitos. La obra de su corrupción está a la vista de todos, lo mismo que el daño causado por sus fechorías.

Señalarlos por nombre y apellido es fácil, arrojar reflectores sobre sus socios también, lo mismo que ubicar a quienes les pusieron alfombra roja para que se adueñaran del espacio común.

No habrá lucha contra la corrupción que tenga éxito si estos delincuentes continúan libres, orondos y campantes.

ZOOM: El periodismo de investigación tendrá una deuda con la sociedad mientras los periodistas no nos aproximemos a esta otra forma depredadora del crimen organizado.

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¿Cómo hacer una consulta popular?

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¿Qué es una consulta popular?

También conocido como consulta ciudadana, es un mecanismo de participación ciudadana que nos permite llevar a discusión y votar en temas de interés nacional, de manera que podemos influir en el debate y las decisiones de nuestro país.

Derecho a solicitar consulta popular al Congreso sobre temas de trascendencia nacional.

Guía de Exigencia

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Recomendaciones para aplicar ésta guía:

  • Identifica un tema de interés general y comunícalo. Esto te ayudará a recaudar las firmas solicitadas por el Congreso.

Fundamento Jurídico

Artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Consulta Popular. Consulta requisitos en los artículos 21 y 23 de la Ley.  Procedimiento detalladao en el artículo 28 de la Ley.

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República; II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción IV de esta Ley.

Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta Ley, a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal.

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Organizaciones colaboran con preguntas para el tercer debate CDMX

Organizaciones de la sociedad civil participaron en la elaboración de las preguntas detonadoras que tendrán que responder los siete candidatos al Gobierno capitalino en el último debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Publicado originalmente en El Economista
El próximo 20 de junio a las 19:30 horas, en las instalaciones de Canal Once, se llevará a cabo el último encuentro antes del 1 de julio, donde se discutirá dos temas: Gobierno y Transparencia y Rendición de Cuentas, los moderadores podrá realizar diversas preguntas a cada uno de los participantes, previamente formuladas por Artículo 19, Borde Político, Ruta Cívica y Nosotrxs.

Además por lo menos 200 comercios y un total de 544 pantallas ubicadas en 66 estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, se sumarán a la transmisión, en tiempo real, del tercer debate con el propósito de promover entre la ciudadanía un voto razonado.

Lo anterior luego de la firma de convenios de colaboración entre el árbitro de la contienda capitalina, ISA TV y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) local.

En conferencia de prensa, la consejera electoral Gabriela Williams Salazar, y el presidente de CANIRAC Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, destacaron la importancia de que comercios afiliados a dicha Cámara apoyen en la difusión del encuentro, a efecto de ampliar la cobertura de las propuestas y planteamientos que harán las y los aspirantes.

También se dio a conocer que el tercer evento será moderado por la y el periodista Elisa Alanís y Juan Manuel Jiménez, cuya participación fue acordada previamente por las representaciones de partidos y candidatura sin partido.

Cabe mencionar que en este tercer debate, está prevista una duración de una hora y 45 minutos, donde cada candidata y candidato tendrá un tiempo estimado de intervención de 5 minutos por cada tema, más un minuto de mensaje final.

Asimismo para dar respuesta a los cuestionamientos formulados para cada tema, los candidatos tendrá hasta un minuto, y posteriormente se les concederá de manera individual 5 minutos, con un máximo de un minuto y medio de intervención continua, para ofrecer posicionamiento y réplica a mano alzada.

Participará la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales; Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum; Partido Revolucionario Institucional, Mikel Arriola.

Además del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy; Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro; Partido Humanista, Marco Rascón y la candidata Independiente Lorena Osornio.

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#PartidosTransparentes, una exigencia de todxs

Mientras Nosotrxs celebrábamos nuestra primera Asamblea Nacional en mayo pasado, había nueve partidos que llevaron -y llevan- a cabo más de cinco mil campañas de personas candidatas a diputaciones y senadurías federales.

Por Carlos González, representante de la causa #PartidosTransparentes

Publicado originalmente en El Sol de México

A ellas, hay que sumar las otras campañas que impulsan hacia las legislaturas locales. Varios miles de personas postuladas por los partidos políticos en toda La República, para las que –obviamente- piden nuestro voto.

¿Y ello para qué? Pues para que Nosotrxs les elijamos. ¿Y para qué quieren que les elijamos? Pues para que lleguen a los Congresos a hacer las leyes, que a eso se dedican las y los legisladores. Y ¿a cuáles leyes nos referimos? Pues a las leyes que ¡no respetan, ni cumplen los propios partidos políticos!

De acuerdo con sendos estudios realizados por Nosotrxs el año pasado y éste, ninguno de los partidos cumple con las 30 obligaciones que le impone específicamente el Artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública… y eso que la Constitución les define como entidades de interés público y como sujetos obligados.

Sólo un partido cumple en la forma con poco más del 99%: Movimiento Ciudadano, cuyo esfuerzo es digno de reconocer y tomar como referencia de que sí se puede cumplir buenamente con estas obligaciones legales y cívicas. Los demás partidos parten desde un penoso 31.5% y hasta el 76.1% en el que promedia su infame medianía.

Esta es una situación inaceptable sobre todo por dos razones: 1) los partidos son indispensables para la democracia y 2) la transparencia es consustancial a la democracia. Sin partidos transparentes no hay democracia.

Por eso, Nosotrxs enarbolamos esta causa: necesitamos #PartidosTransparentes. Y vamos a empezar por visibilizar la tragedia, evidenciando su falta de transparencia. Luego vamos a exigir lo que la República requiere en éste y todos los asuntos públicos: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso es lo que protestamos aquí y ahora.

¿Cómo dicen comprometerse con el combate a la corrupción que tanto proclaman si no son capaces de cumplir la ley y sus obligaciones de transparencia? Sin abrir la primera puerta de la transparencia, no se puede avanzar en el camino de la lucha contra la corrupción. Así de simple, así de grave, así de urgente.

Pero más aún: no se trata sólo de que cumplan con su obligación, se trata que respeten nuestro derecho a la transparencia y la rendición de cuentas, al combate efectivo a la corrupción. Y en eso Nosotrxs somos y vamos a ser personas intransigentes, tercas y exitosas, convencidas de que, en medio del desastre cívico de la desconfianza, el descrédito, la inseguridad y la violencia que campea en la República y sus actuales históricas e histéricas elecciones, nuestra voz tiene que ser lo potente, clara y constructiva que es.

El 2 de julio, este país va a cosechar la tragedia de la división, el odio y el miedo que ahora se siembra. En medio del desastre, de la tragedia, será necesaria una cosa muy simple: tener esperanza y tener certezas cimentadas como raíces de robles en principios, convicciones y causas.

Nosotrxs tenemos la oportunidad de contribuir a aportarlas. A reivindicar y construir, en medio del desastre y la tragedia, el país lindo que somos. Porque Nosotrxs somos el Estado, somos el poder y somos la democracia.

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