Archivos mensuales: abril 2019

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

Nos enteramos por las listas que publicó el INE al concluir enero, en las que daba cuenta de las organizaciones que buscan su registro como nuevos partidos nacionales. Fue una noticia que pasó casi inadvertida: a juicio de los funcionarios de esa institución, 87 agrupaciones habían cumplido con los requisitos necesarios para convocar a 20 asambleas estatales o 200 distritales, con el propósito de afiliar al final del año, cada una, un total de 233,945 militantes y ganarse un sitio en las boletas de 2021. Si todas lo lograran, sumarían 20 millones 353 mil ciudadanos dispuestos a militar en todo el territorio.

Doy estos datos, porque Nosotrxs, una organización que nació en el 2017 para oponerse a la vulneración sistemática de los derechos y que no busca ser partido, se inconformó ante el INE cuando se enteró que había otra que usurpó su nombre, quitándole la equis, para llamar a la afiliación masiva. La nuestra, Nosotrxs, se escribe con X para abrazar la diversidad en todas sus manifestaciones: esa equis permite llamarla Nosotros —como lo hacen muchos de sus militantes—, o Nosotras e incluso Nosotres. Es una grafía deliberadamente incluyente que, sin embargo, se pronuncia generalmente del mismo modo que la del nombre elegido por quienes pretenden robar su identidad para sorprender a quienes acudan a sus convocatorias. El argumento absurdo esgrimido por el INE es que como Nosotrxs no busca el voto sino la defensa de los derechos, su alegato no tiene cabida en el espacio electoral.

No es un asunto trivial. Nosotrxs tiene representación en casi toda la República, ha sido el movimiento más mencionado en los medios de comunicación durante los dos últimos años, tiene una vasta militancia que suma a miles de personas organizadas en torno de causas de vulneración concretas —como el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, la colaboración con damnificados en el proceso de reconstrucción de la CDMX, la oposición organizada al huachicol de las medicinas, la exigencia de transparencia en los partidos políticos, la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre un largo etcétera— y ha acumulado un tráfico en redes sociales que supera con creces los números exigidos por la ley para formar un nuevo partido.

Pero Nosotrxs no aspira a la representación electoral, porque sus integrantes estamos convencidos de que, en este momento, el país también necesita otro tipo de militancia política y social. Creemos que los partidos no son —ni deben ser— el único espacio de participación política. No todo consiste en pelear por votos, sino por la revolución de las conciencias y por el respeto de todos los derechos para todos; la política no es la que se concentra solamente en la busca del poder, sino también la que organiza la diversidad y exige que haya igualdad y verdadera democracia, porque el Estado no es patrimonio de unos cuantos.

Listillos, los promotores de la organización que quiere aprovechar el nombre de quienes hemos decidido actuar en la vida pública de México al margen —que no en contra— de la competencia electoral, están engañando deliberadamente a los ciudadanos. Les hacen creer que se están sumando a otra organización y, de paso, desacreditan a la nuestra.

El INE convalidó esa trampa. Pero confiamos en que prospere pronto la impugnación que interpusimos ante el Tribunal Electoral a la vista de esa flagrante mala fe y que el despropósito sea corregido de conformidad con el derecho. Pero también apelamos a que quede claro que Nosotrxs no está buscando registro como partido y pedimos que se sepa que cualquier persona que convoque asambleas con ese nombre, está tomándoles el pelo. Ojalá esas mañas sean solamente golondrina y no el anuncio anticipado del tipo de partidos y de autoridades que tendremos en el 2021.

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Una masacre en Minatitlán, cometida con una crueldad horrible, nos hIzo olvidar que apenas unas horas antes habían sido descubiertas 36 nuevas fosas clandestinas en el Puerto de Veracruz que, a su vez, seguían al hallazgo de otras 343 acumuladas antes, solamente en Veracruz. No se cuenta Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, la Ciudad de México o cualquier otra parte del país.

Mientras tanto, los representantes del Estado mexicano gritan. En Veracruz, por ejemplo, hay una disputa entre el Gobernador y el Fiscal de la entidad, porque responden a intereses políticos distintos. Y el día de hoy, seguramente, el presidente hablará otra vez de los conservadores y de los neoliberales desde el Puerto para justificar por enésima ocasión su estrategia militar y la entrega masiva de dinero público. Una vez más, los muertos y los desaparecidos serán sepultados por las palas de tierra plagadas de palabras. El pleito principal de la semana previa fue emblemático: lo fundamental no era la impotencia del Estado sino la macabra aritmética de la desgracia. Vamos ganando, dice el presidente, porque sus colaboradores le reportan unos cuantos muertos menos que antes.

Sin embargo, buena parte del territorio mexicano está controlado por la delincuencia organizada. ¿Cuánto? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque ese control sucede a veces de manera explícita y muchas otras a través de los gobiernos de los estados y los municipios que cada vez están más infiltrados y más sometidos a los poderes fácticos. Se nos olvida que, si Andrés Manuel López Obrador no hubiese ganado las elecciones del 2018 como las ganó, las recordaríamos todavía como las más violentas de la historia reciente del país.

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Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Sería buena cosa que el proyecto de Ricardo Monreal para modificar la composición y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirviera como revulsivo para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, boicoteado desde su concepción por el gobierno anterior e incomprendido por la clase política actual. Y sería aún mejor que, además, ese revulsivo ayudara a revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones que lo componen.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con fórceps en el sexenio anterior, tras los escándalos provocados por la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pero una vez que se ganó la oportunidad de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas más graves, de promulgar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que modificó de tajo el régimen disciplinario de México, de tipificar con mucha mayor precisión los delitos de corrupción en el Código Penal, de regular el intercambio de información entre instituciones que no se hablaban y de establecer la participación directa de los ciudadanos en la vigilancia y la operación de los órganos que integran ese sistema —todo en un solo trazo que no se compara con ninguna otra reforma concebida antes en esa delicada materia—, la clase política se dispuso a cerrar las puertas de la implementación. Aceptaron las leyes, pero no su cumplimiento. Si había de funcionar un entramado sofisticado para cerrarle el paso a la corrupción, tendría que ser hasta el sexenio siguiente.

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Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs

Dice la sabiduría popular que para cambiar los resultados de algo que no funciona, es indispensable cambiar la forma de conseguirlo (una idea que se atribuye a Albert Einstein, para otorgarle un toque de autoridad). Detrás de esa frase, sin embargo, se esconden dos desafíos: el primero es saber a ciencia cierta cuáles son los resultados que se desean y el segundo es que las modificaciones no sean una reproducción de errores pasados ni vuelvan aún más complejos los problemas planteados. Se dice fácil, pero esos dos desafíos suelen ser los enemigos principales de las políticas públicas.

Sabíamos que el nuevo gobierno de la República vendría a cambiar mucho, entre otras razones, porque ese fue el mandato que recibió. Sabíamos que las mudanzas no serían fáciles porque los problemas que enfrenta el Estado mexicano son gigantescos y las resistencias, mayúsculas. Sabíamos que se tocarían muchos y muy profundos intereses creados y que las decisiones no serían tersas. Otra perla de la sabiduría popular nos advertía que a grandes males, grandes remedios.

Lo que no conocíamos era el método que elegiría el presidente. Sabíamos que es un hombre tesonero —perseverante, dice de sí mismo—, que no acepta críticas con facilidad, que no cambia sus opiniones con sencillez y que es proclive a descalificar a sus antagonistas antes que debatir sus ideas. Pero nunca lo habíamos visto investido con el poder del Estado y no sabíamos —algunos incluso, lo negábamos— que estaría dispuesto a utilizarlo para imponer sus puntos de vista a cualquier costo. Para seguir con el refranero, no sabíamos que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

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Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs

Sería deseable que todos los programas presupuestarios del gobierno federal se justificaran, invariablemente, por su contribución a la igualdad social. “Por el bien de todos, primero los pobres” es un lema que puede convertirse en guía inequívoca para la programación de cualquier gasto. ¿Cómo contribuye este programa a la igualdad? Es una pregunta que puede anteceder a otra: ¿Cómo podrá medirse esa contribución? Si los proyectos presentados por la administración pública no logran responder a la primera o no consiguen satisfacer con criterios técnicos verificables la segunda, los gastos tendrían que desecharse (o justificarse, acaso, por razones estrictamente excepcionales).

Lo que hemos visto durante décadas es exactamente lo contrario: los programas presupuestarios han discriminado de manera sistemática a los grupos vulnerables, aun a pesar del marco normativo que los rige y, hasta ahora, no es evidente en absoluto que esa tendencia haya cambiado. Por el contrario, repartir dinero de manera individual a grupos selectos de la población, al margen de los derechos de las minorías y de la situación singular de los más pobres, no contribuye a disminuir los sesgos de la desigualdad. Se podrá alegar lo que se quiera, que el reparto indiscriminado de dinero entre pobres y no pobres es un error indiscutible de cualquier política distributiva.

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