Publicado en Nexos
Por Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs
Nosotrxs, como movimiento, desde el origen ha defendido el ejercicio pleno de derechos sociales para reducir la desigualdad en nuestro país, a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Estamos convencidos que todos somos iguales ante la ley y creemos en la universalidad de nuestros derechos, de forma que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y, por medio de la intervención del gobierno, podamos resolver fallas de mercado y garantizar la protección de los grupos más vulnerables, en este caso de las trabajadoras del hogar.
El trabajo decente, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, de equidad, y de seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza. ¿Cómo garantizar estas condiciones como Estado, de forma que el ingreso mínimo para cualquier trabajo en el mercado laboral sea igual o mayor a la línea mínima de bienestar?
Ilustración: Víctor Solís
Comparto tres ideas que pueden contribuir a responder esta pregunta y sumar al debate que vendrá los siguientes meses para votar en diciembre la propuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que propone que el salario mínimo para los trabajadores del hogar sea de 248.72 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020:
I. El salario mínimo es un instrumento de política pública y un mecanismo regulatorio que permite reducir condiciones de desigualdad.
II. El salario mínimo debe ser una referencia universal del reconocimiento del valor del trabajo que permita alcanzar los recursos necesarios para estar igual o por encima de la línea de bienestar.
III. Estamos ante un contexto propicio, que no se repetirá en décadas, para aprovechar la oportunidad de fijar un salario mínimo profesional que se convierta en el parteaguas y referencia para mejorar progresivamente la política de salarios mínimos en México.
En relación con la primera idea, el salario mínimo es un instrumento de política pública en la medida en la que se convierte en una herramienta más para resolver un problema público. Si entendemos que las políticas públicas son un conjunto de decisiones y acciones que persiguen un objetivo específico y buscan modificar el status quo, un instrumento de política pública es un medio, entre muchos más, para intervenir en la resolución de un problema público desde una posición de autoridad. La fijación del salario mínimo es un mecanismo normativo que busca establecer u operacionalizar valores o ideales sociales resultantes de la intervención del Estado; significa, en esencia, establecer un mínimo de condiciones materiales para lograr un nivel de subsistencia que no raye en la precariedad.
Si identificamos como problema público que el salario del mercado laboral de trabajos específicos es insuficiente para garantizar la calidad de vida del trabajador o trabajadora y sus familias y, por tanto, de reducir la desigualdad, entonces las autoridades responsables y hacedores de política pública deben identificar, primero, las causas y efectos del problema público, y, después, identificar los medios disponibles —instrumentos y mecanismos— para resolverlo. En este caso, el salario mínimo como instrumento regulatorio es un medio, dentro de un conjunto de instrumentos normativos e institucionales, para fijar un piso mínimo de ingreso para las personas trabajadoras, de forma que éstas puedan alcanzar un estándar mínimo reconocido socialmente —y técnicamente— para tener una calidad de vida digna.
En segundo lugar, el salario mínimo como instrumento de política pública debe establecer un conjunto de valores y principios sociales que definirán los parámetros de la acción o decisión pública. Para exponer la segunda idea de que el salario mínimo debe ser una referencia universal del reconocimiento del valor del trabajo, éste debe servir como instrumento para igualar las condiciones de los sectores más vulnerables. Ése es su valor más importante, además de ser un instrumento redistributivo que reduce desigualdades.
Otro valor que debe mantenerse en el núcleo duro de la política pública es la universalidad de la medida, es decir, el salario mínimo debe garantizar el mínimo para trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, estén sindicalizados o no, ya que socialmente establece un umbral mínimo de reconocimiento monetario sobre el trabajo e, indirectamente, sobre la calidad de vida aceptable socialmente para las poblaciones más vulnerables.
De esta forma, el principio preponderante debe ser que el salario mínimo no se encuentre, bajo ninguna circunstancia en México por debajo de la línea de pobreza por ingresos establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que establece para marzo de 2019 en $3,108.18 pesos mensuales, es decir, sin considerar sábados y domingos, en promedio $141 pesos diarios.
La CONASAMI propuso el jueves 30 de mayo fijar el salario mínimo profesional para el trabajo en el hogar en 248.72 pesos y, así, cubrir una obligación y deuda histórica que tenía con el sector desde hace casi 50 años, cuando en la reforma de 1970 a la Ley Federal del Trabajo estableció en el artículo 335 que debía fijar su salario, cosa que sucederá hasta este diciembre. Establecer el salario mínimo -nos lo recuerda el economista y cofundador de Nosotrxs, Ricardo Becerra- debe fijar como criterio irrenunciable que toda persona que trabaje honesta y arduamente debería salir de la pobreza con su propio salario. El salario establecido, si se mantuviera una jornada laboral regular de 8 horas diarias por cinco días a la semana, el salario mensual rondaría los $5,471.84pesos mensuales, $2,363.66pesos por encima de la línea de pobreza por ingreso que cubre la canasta alimentaria y no alimentaria más alta establecida por CONEVAL.
Con base en los criterios y lineamientos metodológicos de CONASAMI, esta medida beneficiaría al 61% del sector, alrededor de 1.42 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. Si se analizan los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 1er trimestre de 2019) podría beneficiar a más de 1.98 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy ganan menos de dos salarios mínimos (menos de 205.36 pesos). Asimismo, se estima, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2016) que el 92.9% (1.85 millones de hogares), de los hogares empleadores se encuentran en condiciones de cubrir el salario propuesto.
Al monto de $5,471.84 debemos considerar un valor social adicional reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera semana de diciembre de 2018, en la que estableció que la seguridad social para trabajadoras del hogar debía ser obligatoria, que el poder Ejecutivo debía garantizar las condiciones para su inscripción obligatoria e iniciar un programa piloto, y que el poder Legislativo debía modificar las leyes Federal del Trabajo y la de Seguridad Social que eran discriminatorias en contra del sector. Dicha sentencia, ya ejecutada parcialmente por medio del programa piloto de inscripción de las trabajadoras del hogar a la seguridad social, aumenta el valor monetario pagado actualmente a las trabajadoras del hogar. De acuerdo con el monto pagado mensualmente y las características de múltiples patrones, los montos pagados rondan entre el 6% y el 28% del total del salario mensual pagado. En el caso de un salario de $5,471.84, el monto final para un solo empleador que cubra seguridad social sería de $6,676.63, un 18% adicional al salario propuesto, lo que daría un salario diario promedio de $303.48 pesos.
Por último, en tercer lugar, esto no significa que no pueda establecerse un salario mínimo mayor a eso. Existen externalidades positivas (beneficios) intangibles en el mercado laborar del trabajo en el hogar que cada agente económico estaría dispuesto a asumir o monetizar como el valor de la confianza o el valor de la capacidad de cuidado de personas cercanas. Adicional a ello y en ventaja favorable al sector, la tercera idea es que estamos ante un contexto favorable y propicio para el sector -con los tres poderes de la Unión y la población sensibilizada- que no se repetirá en décadas.Es posible aprovechar la oportunidad de fijar un salario mínimo profesional que se convierta en el parteaguas y referencia para reducir la desigualdad y mejorar progresivamente la política de salarios mínimos en México para otros sectores.
La fijación de este salario mínimo profesional debería funcionar, con un sistema prediseñado de monitoreo y seguimiento, como un programa piloto del salario mínimo que sea capaz de generar indicadores y evidencia sobre los cambios en las dinámicas del mercado laboral. Para ello, es indispensable desde ahora llevar a cabo un análisis exhaustivo de datos para obtener el salario promedio del trabajo en el hogar en todo el país por hora y por día, por tipo de empleador, por tipo de ocupación y por características sociodemográficas, que hoy ni la ENOE ni la ENIGH permiten obtener. Este perfil estadístico y sociodemográfico del sector permitiría no sólo identificar los salarios promedios vigentes, sino permitiría, por medio de un monitoreo detallado y un diseño muestral adecuado, identificar la evolución de los salarios y la dinámica laboral en el sector a lo largo de un periodo determinado.
Es momento de combatir la desigualdad, cambiar las relaciones de poder y mandar un mensaje contundente a la población sobre la dignificación del trabajo. También es muy importante reconocer y tener presente que cualquier medida económica de esta naturaleza es y debe ser progresiva. No sólo debemos implementar las medidas de cambio de manera paulatina para generar las menores distorsiones posibles al mercado, sino que las medidas que se implementen tardarán un tiempo en permear el mercado laboral, lo cual estabilizará poco a poco la dinámica del mercado.
