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El ingreso mínimo vital a debate

Frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), alrededor del mundo se han implementado diversas medidas extraordinarias para mitigar los impactos negativos, particularmente en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Una de esas medidas extraordinarias se refiere a un ingreso mínimo de emergencia o medidas relacionadas que se han aprobado ya en Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Italia o Portugal. En México, diversas fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil han propuesto un ingreso mínimo vital, temporal y no condicionado, por al menos tres meses por un monto equivalente a un salario mínimo general mensual de $3,746 pesos.

La Fundación Friedrich Ebert en México y el movimiento Nosotrxs buscamos alimentar el debate público sobre dicha propuesta. En esta breve publicación, reunimos las opiniones y los argumentos de diversos especialistas, quienes dan respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué significa un ingreso mínimo vital? ¿En qué medida es el ingreso mínimo vital una propuesta progresista? ¿Por qué sí o no es el ingreso mínimo vital un mecanismo viable para enfrentar la crisis derivada de la pandemia? ¿Existen en México las condiciones necesarias para un ingreso mínimo vital? ¿Contribuye el ingreso mínimo vital a los objetivos planteados por la administración actual? ¿Qué perspectivas tendría esta medida tras la pandemia?

Conoce el documento:

organizaciones sociales respaldan ingreso vital urgente y temporal (1)

ORGANIZACIONES SOCIALES RESPALDAN INGRESO VITAL URGENTE Y TEMPORAL

 

  • Solicitan  a la Comisión Permanente aprobar el punto de acuerdo a la brevedad.
  • Respaldan iniciativa presentada por 124 diputadas y diputados de las mayores fuerzas políticas.
  • Buscan apoyar con un ingreso de $3,746.00 mensuales, durante 3 meses, a la población más afectada por la crisis sanitaria.

 

Ciudad de México, 21 de mayo de 2020.- Organizaciones sociales instan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a aprobar el Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a implementar un Ingreso Vital, urgente y temporal. Ante las medidas necesarias de sana distancia, millones de personas han visto, o verán, reducidos o eliminados sus ingresos, por lo que esta propuesta les permitiría subsistir mientras se retoman las actividades económicas.

El Punto de Acuerdo sobre Ingreso Vital, presentado el pasado miércoles 20 de mayo y respaldado por 124 legisladoras y legisladores de seis fracciones parlamentarias (Morena, MC, PAN, PRI, PRD, PES y una diputada independiente), propone implementar transferencias directas a todas las personas que se encuentran en grave riesgo alimentario o de salud y que no cuentan con otros apoyos sociales. 

El Punto de Acuerdo plantea que las y los trabajadores informales, así como las y los trabajadores formales que pierdan su empleo, cuenten con un ingreso único vital, temporal y no condicionado directo, a través de los medios que sean necesarios, por un monto de $3,746.00 pesos mensuales (el equivalente a un salario mínimo general mensual, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigente para 2020), por al menos tres meses. 

Las organizaciones firmantes constatamos que desde el inicio de la pandemia el número de personas que han perdido su empleo o han visto sus ingresos disminuidos ha crecido de una manera sin precedentes. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en marzo y abril han perdido el empleo formal 685,840 personas como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria. En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser “descansadas” o no poder salir a buscar trabajo por la contingencia, de acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó el 11 de mayo que la población en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará en 2020 entre 6.1 y 10.7 millones de personas. En ese mismo sentido, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha estimado que ante el choque económico de la pandemia alrededor de 21 millones de personas más podrían caer en condición de pobreza por ingreso.

Ante este escenario de emergencia nacional, quienes suscribimos este comunicado  estamos convencidas de que, como parte de un conjunto de medidas para contener los costos sociales de la emergencia, el ingreso vital ayudaría a mitigar los efectos económicos inmediatos de la pandemia.

El Punto de Acuerdo realizado en conjunto con insumos de organizaciones como Nosotrxs, Oxfam México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Plataforma contra la Desigualdad por el COVID-19, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias -entre varias más-, con académicos y organismos como CONEVAL y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentado por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Martha Tagle (MC), Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Verónica Juárez Piña (PRD), y por los diputados Porfirio Muñoz Ledo (MORENA), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), muestra la capacidad de sumar esfuerzos para lograr consensos. 

Los poderes de este país pueden y deben tomar acción con el más amplio acuerdo para evitar que millones de personas pierdan el ingreso básico que necesitan para subsistir en esta situación extraordinaria. Debemos evitar todo tipo de disccriminación para no dejar a nadie atrás, porque no es suficiente con echarle ganas: ¡Ingreso Vital, ya!

FIRMAN:

Nosotrxs
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C.
Plataforma contra la desigualdad en México
WIEGO – Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH)
Hogar Justo Hogar
El Día Después
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
TECHO México
Agenda Migrante
Transversal
Red Viral
Renace
La Bola A.C.
Motiva
CEMECOP
Mujeres con Poder
Sumando Vidas, A.C
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) Jalisco
Oxfam México

La ley de amnistía no es la única vía para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria ante el Covid-19

En el contexto de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel mundial, y una vez declarada la fase de 3 en México, las organizaciones de la sociedad civil y colectivos firmantes, con base en los argumentos que  emitimos el 14 de abril, a través del comunicado: “Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid- 19”, seguimos haciendo un llamado enérgico a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que, conforme a las leyes vigentes y a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, se garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de las niñas y los niños que se encuentran al interior de los centros penitenciarios, tomando en cuenta el impacto que la pandemia ya ha tenido sobre ellos.

Consideramos que la aprobación de la Ley de Amnistía, no será suficiente para abatir las muertes por contagio que se están suscitando (como es en el caso del Reclusorio Norte de la Ciudad de México) ya que de su simple lectura se observa que existen plazos para su aplicación y que al cumplirse, probablemente será demasiado tarde. Por lo anterior nos pronunciamos bajo los siguientes lineamientos:

  1. Aunque la Ley de Amnistía es un acto de humanidad que tuvo como  fin perdonar a cierto número de personas y, evitar un mayor número de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios, ella no exenta al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho humano a la salud que tienen todas y cada una de las personas que aún se encuentran privadas de la libertad, las cuales y debido a las condiciones en las que viven, tienen una mayor vulnerabilidad de contraer el virus.
  2. Debido al grave problema de sobrepoblación en los centros penitenciarios de todo el país, es necesario implementar medidas urgentes que prevengan y atiendan el contagio del virus de Covid-19. De manera que se generen espacios destinados a las personas dentro de los centros penitenciarios que se encuentren bajo este supuesto, salvaguardando la salud e integridad de todas y cada una de ellas.
  3. Llamamos a las autoridades penitenciarias a proteger la salud de las mujeres embarazadas, niñas y niños que nacen y viven, y a aquellos grupos que la Ley Nacional de Ejecución Penal considera como vulnerables.
  4. Es necesario que se observe lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 146, con el fin de tramitar, agilizar y alcanzar el mayor número de beneficios preliberacionales, libertades condicionadas y/o cualquier otra alternativa a la prisión.
  5. Deben implementarse los servicios postpenitenciarios de inmediato a nivel nacional, con el fin de acompañar a todas las personas que por cualquier medio lícito pudiesen alcanzar la libertad.
  6. Exhortamos al titular del Ejecutivo Federal para que el proceso de conformación de la Comisión que indica el artículo 3ro párrafo quinto, de la Ley de Amnistía, sea público y transparente.
  7. Exhortamos a los gobiernos federal y estatales, que constituyan a la brevedad las Comisiones Intersecretariales, con el fin de proporcionar los servicios necesarios al interior de los centros penitenciarios de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, siendo de importancia relevante los servicios de salud para prevenir y combatir los casos de contagio por COVID- 19.
  8. Exhortamos a las 32 presidentas y presidentes del  poder judicial estatales a que los juzgados de ejecución penal funcionen y operen regularmente para poder garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dando prioridad a las personas con enfermedades crónicas para que sean beneficiadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
  9. Solicitamos a los congresos estatales elaborar y discutir sus leyes locales de amnistía con apego a las necesidades de la población penitenciaria de sus entidades.
  10. Es necesario mantener informadas e informados a los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad sobre su condición y el protocolo de atención que se elaboró para darles atención durante la cuarentena.
  11. Solicitamos garantizar la salud del personal penitenciario, personal de custodia, y de todas y todos aquellos que tengan contacto con las personas privadas de la libertad.

La situación demanda que todas y todos los actores involucrados actúen de manera inmediata a contener, en la medida de lo posible, la crisis de salubridad y derechos humanos que se está desarrollando. Desde la sociedad civil, ponemos al alcance todas las herramientas que tenemos para lograr hacer un frente unido y eficaz contra los retos supuestos por el Covid-19.

Atentamente:

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Ante la pandemia, el Colectivo de Médicos en Formación  exige condiciones mínimas en los campos clínicos

  1. Los estudiantes pre-clínicos deberán continuar su ciclo académico fuera de los campos clínicos.
  2. Se solicita se retiren -sin consecuencias- a todos los médicos en formación con factores de riesgo para COVID-19, tales como: embarazo o periodo de lactancia, enfermedades crónicas no transmisibles (pulmonar, cardíaca, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, hipertensión) o inmunosupresión ya sea adquirida o provocada.
  3. Retiro de Médicos Internos de Pregrado y Pasantes de Servicio Social de las áreas de tamizaje, urgencias, críticas y/o especializadas para la atención de potenciales infectados de COVID-19, o de cualquier otro escenario clínico de riesgo.
  4. Divulgar los programas académicos y operativos actualizados a las nuevas condiciones en donde se especifique, por unidad médica, las responsabilidades y obligaciones de los médicos en formación.
  5. Capacitación formal para la autoprotección, así como protocolos de procedimientos para la detección y logística en la atención de casos de COVID-19. Aún a médicos en formación que no estén en una unidad asignada para pacientes con COVID-19.
  6. Garantía de atención médica en caso de complicaciones por el uso del equipo de protección personal (por ejemplo: lesiones dérmicas y oftálmicas) y en caso de infección por COVID-19 y sus secuelas.
  7. Cuidado y atención a la salud mental a través de acompañamiento y atención psicológica.
  8. Los campos clínicos deberán proporcionar a los médicos en formación el equipo de protección adecuado, que cumpla con las normas internacionales, de acuerdo con el área de asignación:
    • Área verde (cualquier área): guantes, bata desechable, cubre bocas tricapa, protección ocular (goggles o careta).
    • Área amarilla (Consulta de Triaje, Urgencias, áreas atención asignadas a COVID-19): guantes, bata desechable, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
    • Área roja (Unidades de Terapia Intensiva, contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles): guantes, bata quirúrgica impermeable cerrada u overol, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
  9. Respetar las jornadas laborales de acuerdo con las normas vigentes, procurando jornadas no mayores a 24 horas y en un formato mínimo de guardias ABCD.
  10. Integrar a los médicos en formación a los órganos en donde se tomen decisiones que les involucren.
  11. Establecer un mecanismo para denunciar quejas y dar seguimiento a las mismas.

Todos los que aquí firmamos tenemos como prioridad apoyar al pueblo de México para contener el virus y cuidar de la salud de los y las mexicanos. Este compromiso nos impulsa a solicitar por la vía institucional que el Estado mexicano nos garantice las condiciones de seguridad y protección para realizar nuestra labor.

Acudiremos a todas las instancias necesarias para que los médicos en formación podamos cumplir con nuestra vocación de manera segura así proteger la salud de la población.