Autor: Jaime Hernández Colorado, Director General de Nosotrxs
“Si el Estado permanece en la inacción, y la expectativa por el respeto y la no discriminación la dejamos en el entorno social, la falta de garantía de los derechos de las personas LGBTQ+ recorrerá un trecho de siglos y seguiremos escuchando el “yo no discrimino, pero…”, como frase justificativa —y paradójica— de aquellas personas que creen que existe tal cosa como el derecho a discriminar”.
La discusión inane de la lgbtfobia conduce siempre a afirmaciones como “qué derechos piden que no tengan ya” o “lo que quieren es privilegios”, seguidas de un rosario de epítetos que incluyen casi siempre el épico “yo no discrimino, pero…” La exigencia de derechos parte de una premisa fundamental, que se comparte con otros colectivos: dadas esas condiciones de discriminación, invisibilización y violencia, lo que corresponde al Estado —para empezar— es promover acciones para la inclusión, la visibilización y la erradicación de la violencia y la discriminación: la garantía de los derechos. Tan fácil de enunciar, pero tan difícil de hacer realidad.
Para poner ejemplos, porque la discusión lgbtfobica lleva siempre a esa pregunta, —“¿digan qué derechos no tienen?”—: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la no discriminación, derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud.
Para ilustrar la ausencia de un piso firme para que las personas LGBTQ+ gocen de esos derechos con la misma naturalidad e inherencia que el resto, conviene recuperar el informe “La violencia LGBTfobica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal”, de Samuel Jair Martínez Cruz, publicado por Letra S. Los datos deben leerse con la salvedad sobre los casos invisibles —por la imposibilidad de identificarlos. Este es un primer indicio de los problemas a los que se enfrenta el colectivo: incluso en la muerte violenta, la discriminación acarrea la falta de reconocimiento, la dilución de sus asesinatos en el río revuelto de las violencias múltiples que suceden en el país.
El informe registra 66 casos de asesinatos de personas LGBTQ+ en México. De ese total, destacan 43 asesinatos de mujeres trans, lo que “equivale a 13.6 asesinatos por cada cien mil habitantes”. Dice, además, que “para el caso de hombres gay […] en 2023 fueron asesinados 16, para una tasa de homicidios de 1.3 asesinatos por cada cien mil habitantes”. Para seguir, el informe documentó el asesinato de 4 mujeres lesbianas, 6% del total. Además, se identificaron “44 datos de edad de las víctimas, por lo que se estimó una edad promedio de 33.5 años […] y en el caso de las mujeres trans hay un promedio de 33.1 años”. Otro elemento importante es la ocupación, pues 7 casos fueron de personas defensoras de derechos humanos.
Esas cifras ilustran la situación grave de la esperanza de vida de las personas trans que, en 2019, se calculaba en 35 años. Este dato no ha cambiado desde 2016, teniendo en cuenta el estudio “La transfobia en América Latina y el Caribe”. De suyo, esa cifra debería provocar la respuesta urgente del Estado en forma de políticas para la atención a la situación de riesgo que viven las personas trans. No ha sido el caso. Y, desde la aparición de esa información, han pasado ocho años y dos gobiernos nacionales de partidos políticos diferentes.
Sobre el derecho a la salud, está como botón de muestra, la Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México 2024, de The Trevor Project, que recogió experiencias de más de 10000 juventudes entre 13 y 24 años. Como se sabe, la salud mental forma parte de las condiciones del derecho a la salud. Y la falta de acceso redunda en la ausencia de su garantía. Dice el “Informe del Relator Especial sobre el de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” que “a pesar de las pruebas evidentes de que no puede haber salud sin salud mental, ésta no goza en el mundo de condiciones de igualdad con la salud física en las políticas y presupuestos nacionales, ni en la educación y la práctica médica”.
La salud mental “es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés”. A partir de esta idea, es posible inferir que las condiciones de inseguridad, discriminación, invisibilización y violencia a las que deben enfrentarse las personas LGBTQ+ en México no son un contexto favorable para el bienestar y la garantía del derecho a la salud.
Los resultados de la Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ 2024 señalan que:
- “Más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideró seriamente el suicidio el año pasado;
- 1 de cada 3 juventudes LGBTQ+ intentó suicidarse el año pasado;
- De quienes intentaron suicidarse el año pasado, 77% expresó que la motivación del intento de suicidio se relacionaba con su situación familiar y 60% con el ambiente escolar;
- Menos del 22% de juventudes LGBTQ+ expresó que tienen acceso a un hogar afirmativo y sólo el 34% sintió una completa aceptación por parte de su familia”.
Esa es la realidad que hay en México para las personas LGBTQ+. No se trata de pedir derechos adicionales, ni de querer privilegios, sino de que se reconozca que el punto de partida es desigual respecto de los demás, por lo cual las instituciones públicas están obligadas a poner en marcha acciones y políticas para nivelar el piso y favorecer la garantía de los derechos. Cuando se pregunta, desde la discusión lgbtfobica, por qué las instituciones del Estado están obligadas a eso, hay que responder, más allá de por el marco normativo, porque estamos en un escenario social en el que los espacios individuales y colectivos —en familias, escuelas y empleos— llevan décadas resistiéndose al respeto de los derechos de las personas LGBTQ+. De modo que, si el Estado permanece en la inacción, y la expectativa por el respeto y la no discriminación la dejamos en el entorno social, la falta de garantía de los derechos de las personas LGBTQ+ recorrerá un trecho de siglos y seguiremos escuchando el “yo no discrimino, pero…”, como frase justificativa —y paradójica— de aquellas personas que creen que existe tal cosa como el derecho a discriminar.
Publicación original:
https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derechos-personas-lgbtq-falta-garantias-discriminacion