Archivos mensuales: febrero 2025

Por Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@Mags_19_82

El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales, en referencia al día en que el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa (Convenio 108), quedó abierto a firma.

A través de este instrumento, se garantiza a toda persona el respeto a su derecho a la vida privada, con énfasis en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el cual surgió como una respuesta del Consejo de Europa al aumento de circulación de datos personales y su innegable consecuencia: la imperante necesidad de ampliar la protección a la vida privada, preocupación que en nuestros días es más latente.

Nuestro país se adhirió a este tratado en 2018 y adquirió la obligación de implementar los principios básicos contenidos en él, entre los más relevantes, establecer medidas de protección e implementar sanciones y recursos contra las infracciones a las mismas. Bajo esa aspiración y deber se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano constitucional autónomo encargado de velar por la debida protección de los datos personales.

El 21 de diciembre de 2024, entró en vigor la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que ordenó la extinción del INAI y determinó que, ahora los encargados de proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales son los propios sujetos obligados que posean la información y será hasta el 21 de marzo de 2025 que el legislador secundario definirá el órgano gubernamental competente que asumirá las funciones anteriormente desarrolladas por el INAI.

Es indudable que la reforma supone una serie de retos para las autoridades del país, pues todo ente público o privado deberá definir cómo tratar datos personales dentro de sus procesos administrativos.

Si bien, se vislumbra que las atribuciones del órgano extinto podrían pasar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no es seguro si ésta será en definitiva la protectora de los datos personales.

En ese contexto, el desafío más próximo para las autoridades es brindar las condiciones necesarias para que todo ente público o privado pueda conocer y aplicar las medidas indispensables para garantizar la protección de los datos de carácter personal, por lo que -desde nuestro punto de vista- debería observarse el principio de minimización de datos para recabar sólo aquellos estrictamente necesarios para operar los procesos sin dificultar la libre circulación de esos datos.

También, se deberán reforzar las obligaciones de quienes determinan el tratamiento de datos personales para garantizar un nivel eficaz de protección, así como para concientizar a los propietarios de los datos de la importancia de la salvaguarda de este derecho.

Sin duda, nuestro país afronta un contexto crucial en materia de protección de datos y tiene ante sí la necesidad generar nuevos mecanismos y modelos de protección de la privacidad de aquella información que pertenece a la esfera más íntima de las personas, a efecto de brindar certeza respecto a la garantía de este derecho fundamental.

Referencias
• Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa https://rm.coe.int/16806c1abd
• Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_268_20dic24.pdf

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-proteccion-de-datos-personales-21391939

Por Renata Beltrán y Luis Enrique Madrid,
Consultores en educación y desarrollo
@renata_beltran @luisenmad

“El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas”

El próximo 24 de enero se conmemorará el Día Mundial de la Educación bajo el lema “Inteligencia Artificial y Educación: Preservar la Autonomía en un Mundo Automatizado”. Esta jornada busca reflexionar sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está transformando profundamente las formas de enseñar y aprender. La creciente adopción de herramientas de IA generativa por estudiantes pone de manifiesto la urgencia de este debate. Según la UNESCO, más de dos tercios de los estudiantes de secundaria en países desarrollados ya emplean estas tecnologías para completar tareas académicas.

La IA está marcando un antes y un después en los sistemas educativos. Desde modelos de aprendizaje adaptativo y personalizado, que ajustan contenidos a las necesidades de cada estudiante, hasta la automatización de procesos como la evaluación de exámenes y la generación de informes académicos, su impacto es palpable. En la educación superior, la influencia de la IA es aún mayor: algoritmos optimizan la admisión de estudiantes, la gestión de recursos académicos y la planificación de horarios. Además, desempeña un papel clave en la orientación vocacional, ayudando a los estudiantes a identificar sus habilidades e intereses, facilitando decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Ante estos cambios, es imprescindible desarrollar políticas educativas sólidas y marcos éticos que guíen la integración de la IA en la educación. Esto garantizará que la tecnología actúe como un aliado del aprendizaje, sin comprometer la autonomía humana.

En México, la integración de la IA en la educación está en una etapa inicial, con esfuerzos destacados de universidades, el sector privado y organizaciones internacionales. La Universidad Autónoma Metropolitana analiza la creación de la licenciatura en IA, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México investiga el impacto de la IA en el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico. Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara resalta el potencial de la IA para cerrar brechas tecnológicas y educativas. En el sector privado, Fundación Telefónica Movistar y la Organización de Estados Iberoamericanos han presentado informes sobre los retos y oportunidades de la IA en América Latina. También organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad han subrayado la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública diseñe políticas públicas claras para consolidar estos esfuerzos, enfrentando desafíos como la brecha tecnológica y la formación docente, esenciales para democratizar el acceso a estas herramientas.

Mientras México comienza a explorar el potencial de la IA en la educación, otros países, como Corea del Sur, avanzan con pasos firmes. Desde 2019, Corea ha incorporado la IA en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la formación docente. En preescolar, se utiliza para fomentar la creatividad y las habilidades socioemocionales mediante juegos adaptativos; en primaria y secundaria, los estudiantes aprenden programación, fundamentos de IA y ética digital; y en bachillerato se ofrecen materias especializadas como “Introducción a la IA”. Este año, Corea planea implementar libros de texto digitales basados en IA, que personalizan el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante. Además, en 2024, el gobierno destinó aproximadamente 2 mil millones de pesos mexicanos para mejorar laboratorios digitales, redes de conexión y la velocidad de internet en 6,000 escuelas. Estas iniciativas se complementan con un robusto programa de formación docente, enfocado en el uso ético y eficiente de estas tecnologías.

El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, en especial la IA, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas. En México, donde casi el 19% de la población aún no tiene acceso a internet (INEGI, 2023), la IA puede ser una herramienta para cerrar brechas educativas, siempre y cuando esté acompañada de políticas públicas sólidas que garanticen igualdad de oportunidades.

Es esencial sensibilizar a directivos y docentes, adaptar los currículos y capacitar al personal educativo para que la IA potencie el aprendizaje sin comprometer la creatividad ni la autonomía humana. México puede inspirarse en casos como el coreano donde la IA ya está transformando aulas. No sin antes adaptarlo a los distintos entornos nacional y locales, adoptando una visión estratégica y colaborativa. México tiene la oportunidad de construir un sistema educativo más inclusivo, preparado para los retos del futuro y capaz de garantizar que nadie quede al margen de las oportunidades del mundo digital.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/potencial-transformador-inteligencia-artificial

Por Sofía Teresa Díaz-Torres
Residente de Investigación en Centro Médico ABC
X: @SaludMentalMed

La depresión y los trastornos de salud mental son un problema de salud pública que requieren de un abordaje en colectivo. En México, se estima que aproximadamente 3 millones de personas fueron diagnosticadas con depresión en 2022 (Secretaría de Salud, 2022). Sin embargo, esta cifra apenas refleja la magnitud del problema. La depresión está subdiagnosticada, muchas personas que experimentan síntomas depresivos no reciben un diagnóstico formal. En primer lugar, por la dificultad en el acceso a los servicios de salud. En segundo lugar, porque los criterios clínicos actuales —como los del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)— no abarcan toda la complejidad de la experiencia humana.

La salud mental no es un estado binario de salud o enfermedad, sino un continuo en el que todas las personas fluctuamos. Todas hemos atravesado momentos de vulnerabilidad emocional y, la mayoría hemos enfrentado síntomas depresivos. No se trata de trivializar y decir “todos estamos tristes”, sino de reconocer que la salud mental y la depresión son un asunto colectivo que no debe ser reducido a lo individual ni tratado exclusivamente desde lo farmacológico.

La depresión afecta a todo el tejido social y, por lo tanto, su abordaje debe ser colectivo y estructural. Este texto apuesta por la seguridad social para enfrentar este desafío, garantizando tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, pero sobretodo condiciones de vida dignas que promuevan el bienestar.
La depresión, como muchas otras condiciones de salud, tiene determinantes estructurales. No es simplemente un desbalance químico que pueda corregirse exclusivamente con medicamentos. Es el resultado de dinámicas de vida y trabajo que se entrelazan con la historia personal y las condiciones sociales. En el pasado, la construcción del yo, la seguridad del hogar y la satisfacción de necesidades básicas y emocionales. En el presente, el entorno laboral, las relaciones interpersonales y las oportunidades de desarrollo. En el futuro, la posibilidad de realizarse plenamente sin temor a la precariedad o la inseguridad.

Por lo tanto, aunque los medicamentos pueden ser herramientas valiosas e incluso salvar vidas, abordar la depresión de manera integral requiere transformar las condiciones estructurales que determinan el bienestar: que las personas puedan vivir sin frío ni hambre, sin miedo al desempleo o a la exclusión, y con acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente. Esta perspectiva ha sido desarrollada por autores como Amartya Sen (2002) y Martha Nussbaum (2012) bajo el enfoque de las capacidades, quienes sostienen que el bienestar no se reduce a la ausencia de enfermedad o al nivel de ingreso, sino a la posibilidad de vivir una vida digna y plena.

En este sentido, la seguridad social se concibe como un “sistema de protección integral y universal, financiado colectivamente, que busca garantizar el bienestar de las personas ante contingencias como enfermedad, vejez, desempleo y discapacidad, asegurando la equidad y la dignidad en la sociedad” (Beveridge, 1942). Desde esta perspectiva, la atención de la salud mental implica crear entornos donde las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse plenamente. Así, en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el compromiso con la salud mental implica una cambio profundo en la atención: no responder a los síntomas individuales, sino intervenir sobre sus causas estructurales. Este abordaje de salud mental garantizaría el acceso a la educación, condiciones laborales dignas, entornos seguros y una vida libre de precarización. La salud mental colectiva sólo existirá cuando se asegure el derecho a existir con dignidad y justicia social.

Referencias:
• Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services. London: HMSO.
• Nussbaum, M. C. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder Editorial.
• Secretaría de Salud. (2022). 2º Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones. Secretaría de Salud.
• Sen, A. (2002). Why health equity? Health Economics, 11(8), 659-666. https://doi.org/10.1002/hec.762

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/seguridad-social-para-la-salud-mental-21132098

Por Jaime Hernández Colorado,
Director General de Nosotrxs
X: @jhcolorado

En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1122 OIC u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados arriba. Respecto de esos 1122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4171, una disminución de 65.5% respecto de 2020, cuando se reportaron 12103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la LGRA, se reportaron 1576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 —frente a 4377 en 2020—, 1039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) —en oposición a 2296 en 2020— y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) —ante 2250 en 2020.

Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24054 auditorías a los 2469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3443 fueron hechas por OIC; del resto: 15902 por contraloría interna, 3022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1122 OIC municipales, se puede observar que éstos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.

Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24054 auditorías hechas en total, 18769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación: “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”, es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3118 fueron a obra pública y 1348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.

Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6% frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2% menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.

En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9% respecto de 2021, en que se hicieron 10159. De esas 6923, 3444 fueron hechas por los OIC, 1128 por las secretarías de contraloría, 1059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.

En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7% respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47%. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).

Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del artículo 8 constitucional.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-informacion-organos-control-interno-2

Por Frida Romay Hidalgo,
Coordinadora de Salud y Bienestar en Nosotrxs-Práctica: Laboratorio para la Democracia y consultora del “Global Nurse Executive Leadership Fellowship” de Partners in Health
X: @FridaRomayHgo
Bluesky: @fridaromayhgo.bsky.social

El personal de enfermería en México enfrenta numerosos desafíos, pero en zonas de alta marginación y controladas por el crimen organizado, los retos son aún más severos. En estos lugares, donde el acceso a la salud es ya de por sí limitado, la violencia y el abandono por parte de las autoridades complican aún más la situación, poniendo en riesgo no solo la calidad de la atención médica, sino la vida misma de quienes la brindan.

Uno de los fenómenos que se ha visto con mayor frecuencia es la partida del personal médico ante los altos índices de violencia. Muchos profesionales de la salud, ante las amenazas, el acoso o incluso los secuestros por parte de grupos criminales, optan por buscar un entorno más seguro, lejos de sus lugares de trabajo originales. Esto deja una brecha crítica en la atención sanitaria de estas comunidades, que termina siendo cubierta principalmente por el personal de enfermería y los trabajadores comunitarios de salud. En su mayoría, las y los trabajadores de salud son personas de las mismas comunidades afectadas, quienes, a pesar del peligro, permanecen porque son el último recurso para brindar asistencia a su comunidad.

La situación para estas enfermeras y enfermeros es extremadamente peligrosa. Además de las carencias que suelen enfrentar, como la falta de recursos médicos, insumos o medicamentos, deben lidiar con el temor constante a ser víctimas de la violencia. Algunos enfrentan amenazas directas por parte de los grupos delictivos, quienes ven en el sector salud una herramienta de control o incluso una fuente de ingresos a través de la extorsión. Otros han sido obligados a atender a personas vinculadas con estos grupos bajo condiciones coercitivas, sin poder recurrir a las autoridades, ya que en muchos casos estas también están infiltradas o coludidas con el crimen organizado.

Esta exposición a la violencia no solo afecta su seguridad física, sino también su salud mental y emocional. El estrés constante, la ansiedad y el miedo de ser atacados en cualquier momento generan un ambiente de trabajo insostenible. A pesar de estas adversidades, muchas enfermeras siguen adelante, conscientes de que, sin su presencia, las comunidades quedarían completamente desamparadas en términos de salud.

Es fundamental subrayar que la seguridad de las enfermeras y los enfermeros en estos contextos es, antes que todo, una responsabilidad del gobierno. Las autoridades deben garantizar condiciones que les permitan trabajar sin temor y en un ambiente seguro. Sin embargo, a menudo la respuesta gubernamental es insuficiente, dejando al personal de salud vulnerable en zonas de conflicto. Es imperativo que se implementen políticas públicas más efectivas que protejan a los trabajadores de la salud y aborden de manera integral los riesgos que enfrentan.

No obstante, la responsabilidad no recae solo en el gobierno. Las organizaciones e instituciones donde labora el personal de enfermería también tienen el deber de cuidar y abogar por el cumplimiento de sus derechos y su bienestar. Estas entidades deben implementar medidas de protección, proporcionar apoyo emocional y psicológico, y promover condiciones laborales dignas. Asimismo, deben exigir que los derechos de su personal sean respetados y trabajar de la mano con las autoridades para garantizar un entorno seguro. Solo con una alianza sólida entre el gobierno y las instituciones será posible mejorar la calidad de vida de quienes dedican su vida a cuidar la salud de otros.

La labor del personal de enfermería en estos entornos va más allá de la atención médica; se convierten en figuras de apoyo emocional, consejeras y defensoras de la dignidad de sus pacientes. En medio de la adversidad, muestran una valentía admirable, permaneciendo al servicio de las personas que más lo necesitan, incluso cuando ello implica riesgos extremos para sus vidas.

La región fraislesca, en el estado de Chiapas, es un ejemplo claro de este tipo de situaciones. Enfrentando una grave crisis de inseguridad, las enfermeras, a quienes dedico este texto con profunda admiración, han elegido quedarse y continuar con su labor en medio de la violencia. Ellas son un símbolo de resistencia, profesionalismo y compromiso con su comunidad. A pesar de vivir en un entorno controlado por el crimen organizado, con recursos limitados y un sistema de salud precario, siguen desempeñando su trabajo con una dedicación inquebrantable, arriesgando sus vidas cada día.

La situación que enfrentan ellas, no es única. A lo largo de México, miles de enfermeras enfrentan condiciones similares en áreas marginadas. Su entrega y valentía deben ser reconocidas y apoyadas. El personal de enfermería, en especial en estas zonas, merece el respaldo total de las autoridades y la sociedad, así como medidas concretas que garanticen su seguridad y el cumplimiento de su importante labor. La violencia no debería ser parte de la rutina de quienes tienen como misión cuidar la salud y la vida de los demás.

Es fundamental generar conciencia sobre esta problemática y exigir cambios estructurales que protejan a los trabajadores de la salud en las zonas mayores índices de violencia y con mayores carencias estructurales. La seguridad, el apoyo emocional y psicológico, así como mejores condiciones laborales, son derechos que deben ser garantizados. El coraje y la dedicación del personal de enfermería en estos contextos es un ejemplo del compromiso humano con el bienestar de los demás, pero no debería ser a costa de su propia seguridad o su vida. 

Este texto es para todas las enfermeras que luchan cada día no solo contra la enfermedad, sino contra un sistema y una realidad que muchas veces las deja desprotegidas. Su labor es invaluable, y su coraje, admirable. Que este mensaje sirva para visibilizar su situación y honrar el inmenso valor de su trabajo, no solo en Día de la Enfermería sino todos los días.

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/la-valentia-del-personal-de-enfermeria-20883731