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Niñas y niños que cumplen sentencias que no son suyas

By febrero 4, 2019 No Comments

Por Yadira Itzayana Borgua, egresada del Programa LID de Nosotrxs.

Publicado originalmente en El Sol de México

Según datos de la asociación Reinserta, existen aproximadamente 800 niños y niñas que nacen y viven en prisión, esto debido a que las leyes nacionales, así como los tratados internacionales de los que México es parte, reconocen el derecho a la maternidad en prisión. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su Artículo 10, enuncia cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos de las niñas y niños que viven en las cárceles. Sin embargo, aunque están reconocidos en las leyes, existe una constante violación a sus derechos fundamentales, como su derecho a la salud, alimentación y a vivir en un ambiente sano, o, en el mejor de los casos, estos les son otorgados de manera limitada, de la misma forma que a sus madres que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo una sentencia.

 

Las cárceles, al no estar pensadas para albergarlos, no cuentan con las instalaciones e infraestructura adecuadas, y tienen que hacer sus necesidades fisiológicas frente al resto de las reclusas y compartir las celdas para dormir. ¿Sabrán que por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a la dignidad? Se trata de niñas y niños que, sin haber cometido delito alguno, nacen privados de su libertad y continúan en estas condiciones de constantes violaciones a sus derechos, por lo menos los primeros tres años de su vida -la edad límite que la ley permite-, aunque en casos especiales, llegan a permanecer hasta los 5 o 6 años.

Cabe destacar que el presupuesto destinado al sistema penitenciario, no especifica cuánto es el recurso que le corresponde a cada rubro, además, el presupuesto penitenciario solo contempla a la población para la que tiene capacidad cada centro de reinserción, por lo tanto, las niñas y niños no son contemplados en este. En consecuencia, al no haber recursos, no se les puede garantizar el derecho a la salud, educación, alimentación y vestido, puesto que el artículo 18 constitucional, únicamente reconoce a las mujeres, hombres y adolescentes en conflicto con la ley como poblaciones del sistema penitenciario.

Por lo anterior, es indispensable y urgente la implementación de protocolos integrales para la atención de las niñas y niños, que especifiquen cómo deben garantizarse, respetarse, promoverse y protegerse los derechos de este sector tan vulnerado, en el que sería idónea y necesaria la participación de con asociaciones y organismos no gubernamentales como Derechos Sin Barreras, el movimiento Nosotrxs y demás organizaciones que promueven y defienden los derechos de la niñez, así como crear un consejo que vigile el respeto a sus derechos, además de promover la pronta reinserción para las mujeres que sean madres en prisión, para evitar que permanezcan separados demasiado tiempo.

 

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