Publicado en Animal Político
Por Alejandro González Arreola, ex-Director de Gestión Social y Cooperación (GESOC) e integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs.
El inicio del milenio fue próspero para la inversión pública en el sistema de salud en México y, en conexión, para la expansión en la cobertura de las personas que no contaban con aseguramiento bajo los modelos contributivos existentes, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De la mano de las reformas que introdujeron el Seguro Popular, la inversión total en salud pasó de 5.2% del PIB en el año 2003 al 6.5% en el año 2009 (1). De igual forma, la brecha de cobertura en salud se redujo significativamente: para el año 2010 se habían incorporado al Seguro Popular 34.3 millones de personas que antes no contaban con aseguramiento en salud (con datos de la ENIGH-MCS).
Sin embargo, la etapa de prosperidad sostenida en la inversión pública en salud terminó con la administración federal que recién concluyó su mandato el año pasado. La inversión total como proporción del PIB para el año 2018 bajó a niveles del 5.9%, de la cual sólo el 52% correspondió a inversión pública y la restante, en su mayoría, a gasto de bolsillo de las personas. Al estancamiento de la inversión pública en salud se sumó un creciente número de casos de irregularidades administrativas en la utilización de los fondos destinados al sector salud (principalmente del Seguro Popular), por parte de no pocos gobiernos estatales, como bien lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de la cuenta pública de los últimos cinco ejercicios fiscales.
Si consideramos que, para el año 2010, el 80% del total de las personas afiliadas al Seguro Popular (34.3 millones) se atendían en los servicios de salud estatales de cada entidad federativa (financiados principalmente por el Seguro Popular), esta desafortunada combinación de estancamiento del financiamiento público a la salud y crecimiento de corrupción en el uso de los fondos públicos del Seguro Popular, ha tenido efectos terriblemente negativos en el desempeño agregado de los sistemas estatales de salud, ensanchando aún más las brechas de desempeño entre los sub-sistemas contributivos y no-contributivos, particularmente entre el IMSS y el Seguro Popular.
De acuerdo con datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018 del IMSS (2), la tendencia de la tasa de mortalidad para cuatro padecimientos de alta incidencia y costo en atención de personas sin seguridad social (mayoritariamente afiliadas al Seguro Popular) se ha ido incrementado de forma sostenida, o bien, se ha estancado, para los últimos cinco años. Estos padecimientos son: (i) Diabetes mellitus; (ii) Hipertensivas, isquémicas del corazón y cerebrovasculares; (iii) Cáncer de mama; y (iv) SIDA. En sentido inverso, la progresión de la tasa de mortalidad para estos mismos padecimientos en pacientes atendidos por el IMSS ha mostrado un declive sostenido, o al menos, se ha logrado detener la progresión negativa.
En conexión, las tasas de riesgo relativo de muerte para una persona afiliada al Seguro Popular y otra afiliada al IMSS se han ido ensanchando en los últimos años hasta configurar diferencias (brechas) alarmantes. De esta forma, con datos al cierre de 2016, el riesgo relativo de muerte para una persona con diabetes mellitus que se atiende en el Seguro Popular, es 80% mayor que para una persona que se atiende en el IMSS. Para enfermedades hipertensivas es 100% mayor; para cáncer de mama es 46% mayor; mientras que para SIDA es 120% mayor (3).Estas cifras dan cuenta de un sistema público de salud altamente inequitativo y regresivo en términos de su desempeño e integridad, que trata de forma desigual y desproporcionada a los excluidos de siempre.
Revertir estas tendencias resulta urgente. Reclama de más (muchos más) recursos fiscales pero invertidos de forma progresiva, es decir, más para quienes presentan las brechas de resultados más amplias; así como de un uso más eficiente e íntegro de los recursos públicos en salud, particularmente de aquellos que financian la cobertura de la población sin seguridad social (típicamente más pobre). El aporte de la sociedad civil resulta clave e insustituible para estos fines, a partir de iniciativas de contraloría social como la de “No al huachicol de medicinas” de Nosotrxs, la cual busca que los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos no se pierdan en las porosas redes de corrupción del sistema (4).
1. De acuerdo con datos del Subsistema SICUENTAS de la Dirección General de Información en Salud.
2. Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad. Disponible aquí.
3. Estimaciones propias con base en los datos del del “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018” del IMSS, disponible aquí (Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad).
4. Más información de la iniciativa aquí.
Leave A Comment