Publicado originalmente en: 20minutos
La asociación no gubernamental Demo.Lab (Laboratorio Democrático) alista la campaña “Construcción sin
corrupción” para combatir los actos de corrupción en el sector de la construcción. De acuerdo…
La asociación no gubernamental Demo.Lab (Laboratorio Democrático) alista la campaña “Construcción sin corrupción” para combatir los actos de corrupción en el sector de la construcción.
De acuerdo con la organización, el año pasado este problema costó a las empresas de construcción aproximadamente mil 600 millones de pesos y generó repercusiones como la disminución en la competitividad y aumento de la
desigualdad, entre otros.
En conjunto con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el movimiento “Nosotrxs”, busca crear una ciudad libre de corrupción en el sector de la construcción, industria altamente vulnerable, debido a las múltiples
variables que rodean a las licencias que se otorgan.
Mencionó que según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las empresas mexicanas perdieron mil 600 millones de pesos por actos de corrupción, cifra equivalente a 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto.
Entre las empresas encuestadas, 64 por ciento señaló que los actos de corrupción se realizan para agilizar trámites; 34 por ciento, para evitar multas y 30.7 por ciento para obtener licencias.
Esto se traduce en repercusiones como la disminución en la inversión extranjera; el aumento de las desigualdades; la caída en la competitividad y la creación de oligopolios, entre otras.
Al diagnosticar el problema, Demo.Lab encontró una relación directa de estos actos con hechos como la desconfianza e incertidumbre de los compradores en la legalidad que rodea a la compra de un inmueble y el alza desmesurada de los precios de venta.
Igualmente, este fenómeno se traduce en la saturación de la infraestructura, además del escaso control en la calidad de las construcciones.
En ese sentido, la propuesta que se presentará mañana viernes incluye, entre otros temas, la revisión a normas y leyes en la materia; la mejora regulatoria, la capacitación a los profesionales de la construcción, para evitar ilegalidades y a la ciudadanía para la compra o renta segura de inmuebles.
La intención es crear alianzas estratégicas y plurales para presionar a las autoridades de manera eficaz, que redunde en un combate serio a este problema.
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