Los procesos de exigencia de derechos son un pilar fundamental de la consolidación de la democracia, ahí donde la sociedad civil está organizada para procurar sus derechos es muy probable que haya mayor pluralidad e instituciones democráticas fuertes.
Cuando hablamos de exigencia de derechos nos referimos a cuando colectivos que han sido discriminados de manera sistemática en un ámbito en particular — claro que hay grupos a los que se les puede estar vulnerando más de un derecho– se organizan para que se garantice cabalmente un derecho que ostentan en la ley pero que no se materializa en su realidad. El presente artículo busca argumentar la importancia de construir y promover estos procesos, que además cobran particular relevancia en la historia en el México contemporáneo.
Una forma de resumir la historia de México a partir de 1917 es la de los “derechos” que no se cumplen. La Constitución promulgada aquel año fue una carta de deseos y aspiraciones más que una realidad. En ese momento esto no era una preocupación, el país venía saliendo de una guerra civil y las instituciones del Estado estaban por fundarse. Más de 100 años después, gran parte del texto constitucional sigue siendo lo mismo, un conjunto de buenos deseos de aspiraciones, pero no de realidades. Es verdad que a partir de 1990 hubo avances en el reconocimiento de los derechos que no se cumplían. En este sentido se creó la CNDH y un conjunto de instituciones a nivel local y federal que velaban por los derechos de las personas. A la par y de forma profundamente contradictoria, en las últimas dos décadas la crisis de derechos en México se ha profundizado, en gran parte debido a la violencia desatada por el narco, pero no solamente, muchos otros derechos como lo son laborales, indígenas, de personas en prisión, etc. se encuentran en una situación deplorable.
En tiempos de la Cuarta Transformación este es un tema impostergable. La vara con la que debiéramos juzgar desde ahora al nuevo gobierno es la de los derechos de todos y todas. ¿Qué se está haciendo? ¿En que se está avanzando? ¿En que no y por qué? Otra lección que no podemos olvidar del siglo XX es que el Estado no puede ni debe ser toda la vida pública, no debe subordinar a la sociedad y desear que esta se conforme. Hoy se vuelve fundamental la organización de la sociedad para defender y exigir derechos, parece ser la única alternativa ante los excesos que un gobierno con poca oposición puede cometer. ¿Organizarse como sociedad es volverse oposición? ¿Es pasar, en términos del presidente, al bando fifí y conservador? En lo absoluto. Es preciso recuperar en el presente la ideas de contrapeso al poder y de fiscalización ciudadana. Desde la izquierda podemos estar de acuerdo con muchas ideas y propuestas del presidente, pero no podemos respaldar malas implementaciones, falta de profesionalización, y, sobre todo, que sigan sin cumplirse muchos de los derechos de todas y todos.
Se debe de entender que estamos en un momento crítico, no solo por las grandes problemáticas que enfrenta el país, sino por la promesa del nuevo gobierno de solucionarlas. Podemos anticipar que mucho de eso puede que se quede en promesa, pero también que la única forma de que, al menos en parte, se vuelva realidad es con la presión constante de la mayoría de las y los ciudadanos. Las formas de esta presión son muchas; nosotros apostamos por la exigencia colectiva de derechos, pues la consideramos necesaria, pero también viable.
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