All posts by : Alejandro Borrego

Autor: Víctor Hugo Castellanos Lemus
Twitter: @VicCastellanosS

• Se debe respetar el derecho a las personas con VIH a no ser criminalizadas y a ser tratadas con igualdad

Todavía en 2024, se sigue criminalizando y discriminando a las personas con VIH, lo cual afecta su dignidad y la respuesta efectiva contra la epidemia. Es primordial crear entornos donde cualquier persona, sin importar su condición de salud, pueda ser visible y tenga acceso garantizado a mecanismos de prevención, detección y tratamiento, sin temor a ser discriminada o criminalizada.

En enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México eliminó del Código Penal local el delito de “peligro de contagio”, el cual castigaba a quienes, sabiendo que tenían una enfermedad grave y contagiosa, ponían en riesgo la salud de otra persona. Es decir, si alguien con una enfermedad contagiosa tenía contacto con otra persona sin informarle de su condición, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Aunque este delito no se refería específicamente al VIH, se entendía para esta condición, lo cual presentaba varios problemas.

Penalizar la transmisión del VIH desincentiva la realización voluntaria de pruebas de detección, ya que las personas podrían preferir no conocer su estado de salud para evitar ser criminalizadas. Esto resultaba en una baja tasa de detección, uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la epidemia. Conocer la condición de salud es crucial para detener la transmisión del VIH. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA), la mayoría de las personas con VIH y son conscientes de su condición toman las medidas necesarias para evitar la transmisión. Además, el tratamiento antirretroviral que es prescrito a las personas con VIH elimina la posibilidad de transmisión ya que una persona con una cantidad de virus baja, denominada “indetectable” no puede transmitir el VIH, de acuerdo con el informe sobre salud pública de ONUSIDA.

Otro inconveniente de penalizar el “peligro de contagio” es la dificultad de determinar quién transmitió el VIH, lo que podría llevar a condenas erróneas. Este riesgo se agrava, ya que puede afectar mayormente a grupos históricamente discriminados por su condición socioeconómica, pertenencia étnica, identidad u orientación sexual. Asimismo, ONUSIDA ha dado cuenta que no hay datos que demuestren que la amenaza de sanciones penales prevenga los comportamientos que pueden provocar la transmisión del VIH, y que no hay diferencias en los comportamientos entre las regiones con y sin leyes que penalicen la transmisión del VIH.

Aunque el Código Penal de la Ciudad de México eliminó el delito de “peligro de contagio”, prácticamente todos los códigos en el país aún lo contienen, por lo que es necesario que los congresos estatales reconozcan que la respuesta penal no es la solución. Se requiere atención a la salud, sensibilización y garantía de derechos humanos.

La criminalización de las personas con VIH no es el único obstáculo que enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el INEGI, CONAPRED y la CNDH, muestra que el 35% de los hombres mayores de 18 años no estaría dispuesto a rentarle un cuarto a una persona con VIH; el 15% no estaría de acuerdo en contratar a alguien con VIH, y un alto porcentaje considera que convivir con personas con VIH siempre es un riesgo.

En Argentina se conmemora hoy 12 de agosto, el Día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH, gracias al esfuerzo de activistas y organizaciones, y al apoyo de legisladores. Esta fecha conmemora el nacimiento de Roberto Jáuregui, destacado activista y la primera persona en hacer público su estado como persona con VIH. Jáuregui falleció el 13 de enero de 1994 y siempre luchó por el acceso a medicamentos y derechos humanos para las personas con VIH.

La eliminación del delito de “peligro de contagio” representa un avance significativo en la lucha contra la criminalización de las personas con VIH. Esta medida reconoce que la penalización perpetúa el estigma y la discriminación, obstaculizando los esfuerzos de prevención y tratamiento. Así como en Argentina se reconocen los derechos de las personas con VIH como algo importante, en México también ha habido avances en la materia como se muestra con la eliminación del delito, acciones necesarias para lograr la igualdad.

Es crucial que los congresos y autoridades adopten un enfoque basado en la salud, la educación y la sensibilización, en lugar de la criminalización. El desafío es trabajar para erradicar los prejuicios y estigmas que enfrentan las personas con VIH en todos los ámbitos de su vida. Es fundamental crear entornos donde las personas con VIH no tengan que esconder su diagnóstico y el acceso a la salud y al resto de sus derechos humanos sea plenamente garantizado.

Publicación original:  https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/vih-criminalizacion-reconocimiento-derechos

Autor: José Alberto Plascencia Jiménez
Maestro en bioestadística con especialidad en análisis de datos en políticas de salud por la Universidad de Nueva York.
Twitter: @Josplascencia

Hace ya una década, mientras aún era estudiante de medicina caminando por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara, era común ver pacientes hospitalizados por complicaciones de una infección por el virus de la Hepatitis C que no había sido diagnosticado tempranamente. La mayoría de estos pacientes sufría una muerte prolongada y agónica, y poco podíamos cambiar su curso con las opciones limitadas de tratamiento con las que contábamos.

En 2014, los esfuerzos revolucionarios de la ciencia nos ofrecieron una cura para la Hepatitis C: una tableta diaria que eliminaba el virus en 12 semanas y con una efectividad del 95%. ¿Por qué entonces, casi 10 años después, mientras trabajaba ya como médico en los Servicios de Salud de Urgencias en mi municipio, seguía atendiendo pacientes que morían por una infección de Hepatitis que desconocían y sin acceso a tratamiento? Los avances científicos son solo la punta del iceberg para lograr los objetivos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar las hepatitis virales en 2030. Mis pacientes tenían algo en común, pertenecían a los grupos poblacionales más marginalizados y vulnerabilizados. Las inequidades sociales perpetúan las injusticias en salud, y la continuación de las desigualdades es, fundamentalmente, una decisión política.

Los sistemas de salud son destino y origen de las inequidades estructurales, pero también son un potencial vehículo para alcanzar la justicia social. Este objetivo requiere que el sistema de salud mexicano atraviese un cambio estructural radical para ser capaz de incorporar acciones multidisciplinarias en todos los niveles de atención. Y solo será posible si cambiamos nuestro enfoque desde la atención clínica del individuo hacia un modelo social y comunitario, es decir, si nuestros esfuerzos son dictados por los pilares de la salud pública. Debemos implementar esfuerzos en educación científica y social, prevención e innovación, empoderamiento y participación ciudadana, comunicación clara y concisa de paquetes de atención, y principalmente, desarrollo de políticas públicas con participación activa de todos los actores políticos y privados.

El Programa Nacional de Eliminación (PNE) de Hepatitis C, liderado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) es un paso significativo hacia esta idea de cambio radical. El programa evolucionó desde un Consenso mexicano en 2018, a un Programa de Acción Específica y posteriormente a su incorporación en el Plan de Desarrollo de Salud 2018 – 2024. Desde su inicio en 2020, ha capacitado a 198,111 profesionales de la salud, incrementando la capacidad de diagnóstico y detección oportuna, y con ello incrementado las unidades de diagnóstico de Hepatitis C de 42 en 2020 a 629 en 2023 alcanzando así 840,563 pruebas realizadas, con 18,457 casos reactivos identificados. El acceso al tratamiento también mejoró, al menos en papel. El precio de un tratamiento completo de Hepatitis C por persona rondaba los $84,000 dólares en 2018 (el equivalente a $1,489,803 pesos mexicanos), esto sugeriría que el costo era el impedimento para lograr la cobertura total en curación, sin embargo, uno de los principales pilares para alcanzar acceso universal al tratamiento también fue la negociación directa de costos con la industria farmacéutica, a través de los mecanismos usados en otras experiencias, como la negociación de costos en tratamiento para VIH, logrando reducir el precio del tratamiento a $65,000 pesos por persona. Estos mecanismos esperan alcanzar la meta de la Organización Panamericana de Salud (OPS) de mantener los tratamientos con un costo entre $80 y $150 dólares por persona.

La experiencia nacional con el tratamiento de VIH proporcionó también las bases para la atención clínica y distribución de los tratamientos, utilizando las estructuras locales y regionales para llevar los medicamentos a las clínicas de atención especializadas y proveer atención clínica puntual. Sin embargo, uno de los primeros aportes del PNE de Hepatitis C al cambio de paradigma en la salud púbica de México es el enfoque de la atención médica en un modelo basado en el nivel de atención primaria de salud. Esto implica asegurarnos que el personal de salud esté plenamente capacitado para diagnosticar, brindar atención y seguimiento a un paciente con diagnóstico de Hepatitis C (educación), que las unidades de salud cuenten con las herramientas adecuadas (financiamiento), y que la atención sea de calidad e integral, es decir, que involucre soporte clínico, psicológico, social, y político (transversalidad).

Aquí reside nuestra mayor debilidad. En México, a menudo se argumenta que los cambios sociales transformativos no suceden for falta de voluntad política. Sin embargo, este término es una simplificación: la voluntad política es la combinación entre facilitadores estructurales y oportunidades políticas en un momento determinado. El caso de cómo Egipto logró erradicar la Hepatitis C en 2023 es un ejemplo perfecto de ello. Combinando decisiones basades en evidencia, y con el apoyo de organismos internacionales, diseñaron una campaña cuya intención no solo era erradicar la hepatitis C, sino transformar profundamente el sistema de salud nacional con el objetivo de lograr cobertura universal y mejorar la atención de salud pública de todas las enfermedades.

Estas lecciones desde el sur global son invaluables. México debe adoptar este enfoque holístico y ambicioso, que vea más allá del modelo médico-individual. Al abordar las disparidades sociales y fomentar el compromiso político, podemos traducir los avances científicos en una equidad en salud tangible, asegurando que nadie quede atrás en la lucha contra la Hepatitis C.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/hepatitis-c-eliminacion-lecciones

Autor: Daniel Cortés Martínez
Coordinador de la Causa: Derechos de las Personas Jornales Agrícolas Migrantes en Nosotrxs
Twitter: @danielcormar89

El pasado 25 de junio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en reunión con mujeres de distintos colectivos en la Ciudad de México, retomó la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), el cual, de acuerdo con sus dichos en campaña, iniciará con el apoyo a mujeres jornaleras y maquiladoras del país. Resulta relevante recordar que no se trata de una propuesta nueva sino que más bien es una deuda pendiente que el gobierno saliente no ha logrado cumplir y que, de no materializarse en los últimos meses, pasará a ser materia del gobierno entrante como se vislumbra que sucederá.

Es pertinente entonces hacer una revisión de lo que ha pasado con el SNC hasta el momento para conocer las razones por las cuales su creación se ha estancado en el periplo legislativo. Desde el año 2020 se aprobó una reforma constitucional en la Cámara de Diputados que reconoce el derecho a cuidar y a recibir cuidados, además de establecer el derecho al tiempo libre, y sentar la base para la creación de una ley regulatoria de un SNC. Sin embargo, su paso por la Cámara de Senadores no fue tan exitosa y su análisis ha permanecido en la congeladora, sepultada debajo de otros temas considerados de mayor prioridad en la agenda legislativa.

Posteriormente han existido algunos nuevos intentos para revivir la propuesta como en 2021, año en el que un grupo de senadoras presentaron la iniciativa de una ley general que permitiera avanzar en la creación del SNC, pero por cuestiones presupuestarias principalmente, tampoco se ha logrado concretar. Entre otros obstáculos para su implementación también encontramos la falta de voluntad política, la poca y deficiente infraestructura para ofertar servicios de cuidados, el desmantelamiento de la infraestructura y programas existentes como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, y la falta de acceso a la seguridad social para quienes se encuentran empleados en la informalidad.

Por otra parte, el hecho de que Sheinbaum se refiera específicamente a que el SNC iniciará con el sector de mujeres jornaleras y maquiladoras también resulta de alta relevancia, puesto que se trata de sectores de la población cuyas problemáticas son sistemáticamente invisibilizadas y cuyas condiciones laborales son precarias por decir lo menos. Con respecto a las problemáticas que presentan las mujeres jornaleras particularmente se pueden mencionar las situaciones de explotación grave que padecen al laborar jornadas de hasta 13 o 14 horas en el campo, muchas de ellas con muy bajos salarios o incluso sin recibir un pago; el poco o nulo acceso a servicios de salud, y la falta de prestaciones de ley. Además, relacionado con la ausencia de un SNC, también es necesario mencionar que las mujeres jornaleras tienen dobles o triples jornadas de trabajo debido a los trabajos de cuidado y del hogar no remunerado que realizan ya sea antes y/o después de su jornada laboral en el campo.

El efecto pernicioso de esta realidad lleva a que finalmente los periodos de descanso de las mujeres jornaleras dependan en gran medida del cultivo en el que están trabajando, o de la voluntad del patrón que les emplea, además de las condiciones de vida en las que se encuentran y de si tienen bajo su cuidado a otras personas o no. Esta situación refleja la urgente necesidad del establecimiento de un SNC que “por un sentido simple de justicia” en palabras de Claudia Sheinbaum, permita que las mujeres jornaleras puedan liberarse de la carga extra de trabajo no remunerado y conciliar su vida laboral con la vida familiar, además de garantizar las condiciones para que las mujeres jornaleras gocen de tiempo propio y disponibilidad para invertirlo en sus proyectos de vida, que tengan la libertad para desarrollarse fuera del hogar, y, en un sentido más amplio, mejorar su condición socioeconómica y sus condiciones de vida en general.

Publicación original: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/las-mujeres-jornaleras-y-el-sistema-nacional-de-cuidados-12318625.html

El reconocimiento del error del INSABI por parte del presidente permite a la nueva administración dar vuelta a la página y hacer frente a uno de sus más grandes retos de los primeros años: terminar de consolidar el IMSS-Bienestar OPD y el Servicio Nacional de Salud Pública.

Autor: Andrés Castañeda Prado
Twitter: @castanedaprado

El 10 de julio, en respuesta a Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia mañanera los retos y fracasos que implicó el INSABI. El presidente dijo textualmente: “En el caso de la salud, lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado. Desde el principio, ¿eh?, teníamos pensado lo del IMSS-Bienestar…”. [1]

Este reconocimiento, inusual viniendo del presidente, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable del “fracaso” de la administración, otorgando una aparente “victoria” a la oposición. Sin embargo, quisiera aprovechar este espacio para destacar que más que un signo de debilidad, reconocer nuestros errores debe ser visto como una virtud, como una oportunidad invaluable para mejorar.

En el ámbito de la salud, rara vez hablamos de nuestros errores, especialmente en lo que respecta a las políticas públicas. No obstante, es precisamente ahí donde más se aprende. Reconocer nuestros errores no solo es inusual por parte del presidente, sino que también ocurre diariamente en nuestras clínicas y hospitales. De hecho, a nivel mundial, se calcula que los errores médicos se encuentran entre las principales causas de mortalidad, como es el caso en Estados Unidos. [2] [3]

Sin embargo, no es la mera ocurrencia de estos errores lo que define su impacto, sino nuestra respuesta a ellos. La capacidad de enfrentar y corregir los errores es lo que verdaderamente marca la diferencia. No hablar de los errores solo perjudica a los ya de por sí perjudicados: los pacientes. Si de verdad queremos un sistema de salud que garantice los derechos de quienes vivimos en México, necesitamos hablar de cara a la evidencia, poniendo a las personas en el centro, dejando a un lado nuestras ideologías y trabajando juntos con miras al futuro.

Aprender de lo que ha funcionado, pero también de lo que no, es esencial. Admitir que el INSABI fue un error costoso en el peor momento posible (la pandemia por COVID-19) es un primer paso crucial. Reconocer un error y hacerlo público es la primera etapa para comenzar a mejorar nuestra realidad.

El reconocimiento del error del INSABI por parte del presidente permite a la nueva administración dar vuelta a la página y hacer frente a uno de sus más grandes retos de los primeros años: terminar de consolidar el IMSS-Bienestar OPD y el Servicio Nacional de Salud Pública. Y no solo consolidarlos, sino establecer cimientos sólidos que permitan su desarrollo y continuidad con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para quienes vivimos en México.
Construir un proyecto de salud sólido no es tarea de poco tiempo; requiere de continuidad y una visión a largo plazo. La oportunidad ahora es mejorar, aprender de los errores y garantizar que el acceso a la salud sea una realidad efectiva para todos los mexicanos.

El reconocimiento de los errores, lejos de ser una señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y madurez política. Ojalá el presidente y todas nosotras lo hiciéramos más seguido. Solo así, construyendo sobre los cimientos de la honestidad y la autocrítica, podremos avanzar hacia un sistema de salud incluyente y plural que realmente funcione para todas las personas.

Desde la ciudadanía, es nuestro deber exigir que las lecciones aprendidas se traduzcan en políticas efectivas y en la garantía de nuestros derechos. La lucha por la salud continúa, y no nos detendremos hasta lograr un acceso efectivo sin que nadie se quede atrás.

* Andrés Castañeda Prado (@castanedaprado) es coordinador de la causa Salud y Bienestar de Nosotrxs.

[1] 10.07.24 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible aquí.
[2] Makary, M. A., & Daniel, M. (2016). Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ, i2139. doi:10.1136/bmj.i2139
[3] Newman-Toker DE, Nassery N, Schaffer AC, et al. Burden of serious harms from diagnostic error in the USABMJ Quality & Safety 2024; 33:109-120.

Publicación original: https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/el-error-del-insabi

Autor: Ana Laura Huerta Martínez, Coordinadora de la Causa Trabajo Digno en Nosotrxs
Twitter: @AnaLauraHuerta_
@NosotrxsMX

En cada rincón de nuestro país, en miles de hogares, hay historias de mujeres que, con dedicación y esfuerzo, se convierten en las manos que sostienen nuestras vidas cotidianas. Son ellas, las trabajadoras del hogar, quienes desde tempranas horas del día se encargan de las tareas que muchos de nosotros damos por sentado. Sin embargo, a pesar de su invaluable labor, estas mujeres han sido históricamente invisibles, viviendo en la sombra de la informalidad y la precariedad.

Reflexionar sobre su realidad es un ejercicio que nos invita a mirar más allá de nuestra comodidad y reconocer la humanidad y la dignidad de estas trabajadoras. En México, son más de 2.3 millones de personas, en su mayoría mujeres, las que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Ellas no solo cuidan de nuestros hogares, sino que también son el sustento de sus propias familias, muchas veces enfrentando condiciones laborales injustas y falta de reconocimiento.

La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019 fue un rayo de esperanza, una promesa de que sus derechos serían finalmente reconocidos y protegidos. Sin embargo, la implementación de estas normas sigue siendo un desafío que requiere más que buenas intenciones; necesita un compromiso genuino y acción concreta de todos los sectores de la sociedad.

Crear espacios seguros para las trabajadoras del hogar es, ante todo, un acto de justicia. Implica garantizar condiciones de trabajo dignas, salarios justos, acceso a la seguridad social y el respeto a su tiempo de descanso. Un contrato de trabajo no solo formaliza una relación laboral; es un acto de reconocimiento y respeto mutuo. Además, la capacitación continua es fundamental para que puedan desarrollar sus habilidades y aspirar a un mejor futuro.

Pero más allá de lo tangible, está la necesidad de asegurar su seguridad física y emocional. Muchas de estas mujeres han sido víctimas de abuso y acoso, situaciones que no pueden seguir siendo toleradas ni invisibilizadas. Es urgente establecer mecanismos efectivos para que puedan denunciar sin miedo y recibir la protección y justicia que merecen. Crear redes de apoyo, ofrecer refugios temporales y líneas de ayuda puede marcar una diferencia profunda en sus vidas.

La equidad de género y la inclusión deben ser pilares en esta transformación. Las trabajadoras del hogar merecen ser tratadas con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro trabajador. Es inaceptable que la discriminación y el racismo sigan afectando a mujeres indígenas y afrodescendientes en este sector. Debemos educar y sensibilizar a la sociedad, promoviendo una cultura de respeto y valorización de su labor.

No podemos olvidar que ellas también tienen voz y deben ser parte activa en las decisiones que afectan sus vidas. Las organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar son vitales en esta lucha. Apoyarlas y fortalecerlas es fundamental para empoderar a estas mujeres y mejorar sus condiciones de vida.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra percepción y valorar verdaderamente el trabajo del hogar. Es crucial que cada uno de nosotros se comprometa a reconocer y respetar sus derechos. Desde políticas públicas hasta acciones individuales, todos tenemos un papel que jugar en la creación de una cultura de equidad y justicia.

La construcción de espacios seguros para las trabajadoras del hogar no es solo una cuestión de justicia social; es una necesidad para el desarrollo equitativo de nuestra sociedad. Al reflexionar sobre su realidad, nos damos cuenta de que reconocer su valía y asegurar su bienestar es un paso fundamental hacia una sociedad más justa e inclusiva. Ellas merecen vivir con dignidad y respeto, y es nuestra responsabilidad asegurar que así sea. Solo a través de un esfuerzo colectivo y comprometido podemos construir un futuro donde todas las trabajadoras del hogar reciban el reconocimiento y la protección que tanto merecen.

Publicación original: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/generar-espacios-seguros-para-las-trabajadoras-del-hogar-12248919.html

Autor: Pablo Andrade Martínez, Nosotrxs por la democracia A.C.
Twitter: @PabloAnd89

El trabajo infantil en México es una problemática que afecta a miles de menores especialmente en el sector agrícola. La historia de Javier Modesto, un niño indígena de tres años de la comunidad ña’a savi en Guerrero, cuyo cuerpo fue encontrado en León, Guanajuato, después de haber desaparecido mientras sus padres trabajaban como jornaleros agrícolas, pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de los hijos de jornaleros migrantes.

Familias jornaleras agrícolas, como la de Javier, se desplazan continuamente en busca de trabajo, lo que implica que sus hijos a menudo no asisten a la escuela de manera regular y quedan expuestos a situaciones peligrosas. En el caso de Javier, la falta de acceso a derechos laborales de sus padres derivó en que tuviera que acompañarlos al lugar de trabajo. En estos espacios carecía de la vigilancia constante de un adulto y quedaba expuesto a múltiples peligros, incluyendo accidentes o incluso la posibilidad de participación de un tercero en su desaparición.

En México, el trabajo infantil afecta a aproximadamente 3.7 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años, lo que representa el 13.1% de la población infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023). De estos, 2 millones se encuentran en labores peligrosas, que incluyen actividades en la agricultura, construcción, minería y la industria química (INEGI, 2023; EFE, 2023). Estas actividades no solo ponen en riesgo su salud física, sino que también afectan su desarrollo psicológico y social. Además, se estima que 1.1 millones de niños trabajadores no asisten a la escuela, perpetuando un ciclo de pobreza y limitando sus oportunidades futuras (INEGI, 2023). La falta de acceso a una educación de calidad es uno de los principales factores que contribuyen al trabajo infantil, junto con la pobreza y la falta de protección social (UNICEF, 2023).

El caso de Javier Modesto también destaca la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. A pesar de la emisión de una Alerta Amber y la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda, su familia ha denunciado omisiones y falta de acceso a la investigación por parte de la fiscalía de Guanajuato. Esto refleja una problemática más amplia de falta de apoyo y protección para las familias jornaleras y sus hijos. Organizaciones de la sociedad civil han abogado por una atención especializada y una búsqueda coordinada para casos como el de Javier, destacando la necesidad de acciones inmediatas y comunicadas en la lengua materna de las familias afectadas La tragedia de Javier no es un caso aislado, sino un símbolo de las condiciones adversas que enfrentan miles de niños jornaleros en México.

Para abordar esta problemática, es fundamental implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas trabajadores. Esto incluye acceso a educación, medidas de seguridad en el trabajo, y programas de apoyo para las familias jornaleras. La vulnerabilidad de derechos comienza con los trabajadores jornaleros que laboran sin acceso a derechos laborales mínimos, y se extiende a sus hijos. La falta de acceso a derechos laborales básicos, como seguridad social, condiciones laborales adecuadas y salarios justos, no solo afecta directamente a los trabajadores, sino que también tiene un efecto dominó sobre sus familias. Los niños, al no tener un entorno seguro y protegido, quedan expuestos a múltiples riesgos, incluyendo la necesidad de trabajar para complementar el ingreso familiar o estar presentes en ambientes de trabajo peligrosos.

El efecto bola de nieve de no garantizar derechos laborales y sociales para todos se refleja en la perpetuación de la pobreza y la vulneración de derechos fundamentales de los niños. Los menores que crecen en estos entornos tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional a largo plazo. Además, la exposición constante a riesgos laborales y sociales afecta su salud física y emocional, creando un ciclo de vulnerabilidad difícil de romper.

La exclusión de derechos laborales para los jornaleros agrícolas tiene repercusiones directas en el debilitamiento de la protección de las infancias. Garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores es crucial para crear un entorno seguro y propicio para el desarrollo de sus hijos. Esto requiere una acción coordinada entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para implementar políticas efectivas que protejan y promuevan los derechos de todos los trabajadores y sus familias.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022. Ciudad de México: INEGI.
United Nations. (2023). AccioNNar: Combating Child Labor and Forced Labor. Recuperado de https://news.un.org
UNICEF. (2023). Child Labor Statistics. Recuperado de https://data.unicef.org
EFE. (2023, 5 de octubre). Child labor in Mexico: 2 million children in dangerous jobs. Recuperado de https://efe.com

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/trabajo-infantil-derechos-laborales

Autora: Dra. Cinthya Flores, Coordinadora Colectivo Medicxs en Formación
Twitter: @md_cinthyamff @medsenformación

¿Quiénes son los medicxs en formación? Probablemente sea un concepto mayor empleado en la actualidad; sin embargo, queda poco clara la población cubierta con este término. Cuándo hablamos de medicxs en formación, nos referimos a aquellas personas que estudian la medicina ya sea en etapa de pregrado o posgrado, abarcando desde aquellas que se encuentran dentro de las aulas universitarias, el internado médico de pregrado, el servicio social o en una residencia médica.

La formación de recursos humanos en salud es uno de los pilares más importantes dentro del funcionamiento de los sistemas de salud, pues son quienes hacen posible de primera instancia el cumplimiento al derecho a la salud. Por lo que, la capacitación y formación debe ser de la mayor calidad posible con el objetivo de garantizar proporcionar atención segura para las poblaciones que lo requieran.

Dentro de Nosotrxs, acompañamos a poblaciones y grupos vulnerables, y podríamos preguntarnos ¿por qué una persona que tiene la oportunidad de estudiar una carrera de medicina es tomada en cuenta como una población vulnerable? Si bien, es indiscutible mencionar que la mayoría de personas que estudiamos la medicina somos privilegiadas de poder obtener un grado académico profesional, lxs médicxs en formación se enfrentan a una vulneración de derechos por el mismo sistema de educación médica y sistema de salud mexicano actual, lo que representa una vulneración de derechos y un riesgo continuo y permanente para quienes aspiran a ejercer la medicina.

El Colectivo Médicxs en Formación representa una plataforma de organización y exigencia de derechos de quienes estudian la medicina, representando aquellas voces que se ven vulneradas, violentadas y en muchas ocasiones amenazadas. Se ha logrado establecer colaboraciones con distintas agrupaciones de representación estudiantil del área médica como lo son la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, A.C., la Asamblea Mexicana de Médicos Internos, Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social y la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. El objetivo de agruparse es contar con la información suficiente para organizarnos y exigir lo ya normado y establecido por las propias leyes, así como influir en la toma de decisiones que involucre a quienes estudian la medicina.

Actualmente hemos desarrollado el ejercicio de Encuestas Nacionales que nos permiten contar con información respecto a las circunstancias actuales en las que se encuentran las, los y les estudiantes de medicina. Sobre todo, hemos encontrado datos alarmantes relacionados a violencia, pues en la encuesta realizada en 2023 (n= 1,879) informa que el 69% de quienes se encuentran en una residencia médica habían sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de superiores o compañeros, seguido de afirmaciones al mismo punto con el 64% en servicio social, 57% en internado de pregrado y 37% dentro de aulas universitarias.

Este ejercicio nos permite pensar en estrategias de mejora y formulación de propuestas dentro del sistema de educación médica, que permitan contar con espacios seguros de formación. Estamos prontos por compartir la edición 2024 de este ejercicio, en el cuál lo más importante es conocer las experiencias de las, los y les que estudian de medicina. La participación en este ejercicio es fundamental, pues la exigencia debe ser informada, organizada y en bola con todxs los que son protagonistas de esta historia. ¡Sigue nuestras redes sociales, y no olvides compartirla!

Publicación original: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/quienes-son-los-medicxs-en-formacion-12169937.html

Autor: Jaime Hernández Colorado, Director General de Nosotrxs

“Si el Estado permanece en la inacción, y la expectativa por el respeto y la no discriminación la dejamos en el entorno social, la falta de garantía de los derechos de las personas LGBTQ+ recorrerá un trecho de siglos y seguiremos escuchando el “yo no discrimino, pero…”, como frase justificativa —y paradójica— de aquellas personas que creen que existe tal cosa como el derecho a discriminar”.

La discusión inane de la lgbtfobia conduce siempre a afirmaciones como “qué derechos piden que no tengan ya” o “lo que quieren es privilegios”, seguidas de un rosario de epítetos que incluyen casi siempre el épico “yo no discrimino, pero…” La exigencia de derechos parte de una premisa fundamental, que se comparte con otros colectivos: dadas esas condiciones de discriminación, invisibilización y violencia, lo que corresponde al Estado —para empezar— es promover acciones para la inclusión, la visibilización y la erradicación de la violencia y la discriminación: la garantía de los derechos. Tan fácil de enunciar, pero tan difícil de hacer realidad.

Para poner ejemplos, porque la discusión lgbtfobica lleva siempre a esa pregunta, —“¿digan qué derechos no tienen?”—: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la no discriminación, derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud.

Para ilustrar la ausencia de un piso firme para que las personas LGBTQ+ gocen de esos derechos con la misma naturalidad e inherencia que el resto, conviene recuperar el informe “La violencia LGBTfobica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal”, de Samuel Jair Martínez Cruz, publicado por Letra S. Los datos deben leerse con la salvedad sobre los casos invisibles —por la imposibilidad de identificarlos. Este es un primer indicio de los problemas a los que se enfrenta el colectivo: incluso en la muerte violenta, la discriminación acarrea la falta de reconocimiento, la dilución de sus asesinatos en el río revuelto de las violencias múltiples que suceden en el país.

El informe registra 66 casos de asesinatos de personas LGBTQ+ en México. De ese total, destacan 43 asesinatos de mujeres trans, lo que “equivale a 13.6 asesinatos por cada cien mil habitantes”. Dice, además, que “para el caso de hombres gay […] en 2023 fueron asesinados 16, para una tasa de homicidios de 1.3 asesinatos por cada cien mil habitantes”. Para seguir, el informe documentó el asesinato de 4 mujeres lesbianas, 6% del total. Además, se identificaron “44 datos de edad de las víctimas, por lo que se estimó una edad promedio de 33.5 años […] y en el caso de las mujeres trans hay un promedio de 33.1 años”. Otro elemento importante es la ocupación, pues 7 casos fueron de personas defensoras de derechos humanos.

Esas cifras ilustran la situación grave de la esperanza de vida de las personas trans que, en 2019, se calculaba en 35 años. Este dato no ha cambiado desde 2016, teniendo en cuenta el estudio “La transfobia en América Latina y el Caribe”. De suyo, esa cifra debería provocar la respuesta urgente del Estado en forma de políticas para la atención a la situación de riesgo que viven las personas trans. No ha sido el caso. Y, desde la aparición de esa información, han pasado ocho años y dos gobiernos nacionales de partidos políticos diferentes.

Sobre el derecho a la salud, está como botón de muestra, la Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México 2024, de The Trevor Project, que recogió experiencias de más de 10000 juventudes entre 13 y 24 años. Como se sabe, la salud mental forma parte de las condiciones del derecho a la salud. Y la falta de acceso redunda en la ausencia de su garantía. Dice el “Informe del Relator Especial sobre el de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” que “a pesar de las pruebas evidentes de que no puede haber salud sin salud mental, ésta no goza en el mundo de condiciones de igualdad con la salud física en las políticas y presupuestos nacionales, ni en la educación y la práctica médica”.

La salud mental “es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés”. A partir de esta idea, es posible inferir que las condiciones de inseguridad, discriminación, invisibilización y violencia a las que deben enfrentarse las personas LGBTQ+ en México no son un contexto favorable para el bienestar y la garantía del derecho a la salud.

Los resultados de la Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ 2024 señalan que:

• “Más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideró seriamente el suicidio el año pasado;
• 1 de cada 3 juventudes LGBTQ+ intentó suicidarse el año pasado;
• De quienes intentaron suicidarse el año pasado, 77% expresó que la motivación del intento de suicidio se relacionaba con su situación familiar y 60% con el ambiente escolar;
• Menos del 22% de juventudes LGBTQ+ expresó que tienen acceso a un hogar afirmativo y sólo el 34% sintió una completa aceptación por parte de su familia”.

Esa es la realidad que hay en México para las personas LGBTQ+. No se trata de pedir derechos adicionales, ni de querer privilegios, sino de que se reconozca que el punto de partida es desigual respecto de los demás, por lo cual las instituciones públicas están obligadas a poner en marcha acciones y políticas para nivelar el piso y favorecer la garantía de los derechos. Cuando se pregunta, desde la discusión lgbtfobica, por qué las instituciones del Estado están obligadas a eso, hay que responder, más allá de por el marco normativo, porque estamos en un escenario social en el que los espacios individuales y colectivos —en familias, escuelas y empleos— llevan décadas resistiéndose al respeto de los derechos de las personas LGBTQ+. De modo que, si el Estado permanece en la inacción, y la expectativa por el respeto y la no discriminación la dejamos en el entorno social, la falta de garantía de los derechos de las personas LGBTQ+ recorrerá un trecho de siglos y seguiremos escuchando el “yo no discrimino, pero…”, como frase justificativa —y paradójica— de aquellas personas que creen que existe tal cosa como el derecho a discriminar.

Publicación original:
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