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Nosotrxs no es partido

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

Nos enteramos por las listas que publicó el INE al concluir enero, en las que daba cuenta de las organizaciones que buscan su registro como nuevos partidos nacionales. Fue una noticia que pasó casi inadvertida: a juicio de los funcionarios de esa institución, 87 agrupaciones habían cumplido con los requisitos necesarios para convocar a 20 asambleas estatales o 200 distritales, con el propósito de afiliar al final del año, cada una, un total de 233,945 militantes y ganarse un sitio en las boletas de 2021. Si todas lo lograran, sumarían 20 millones 353 mil ciudadanos dispuestos a militar en todo el territorio.

Doy estos datos, porque Nosotrxs, una organización que nació en el 2017 para oponerse a la vulneración sistemática de los derechos y que no busca ser partido, se inconformó ante el INE cuando se enteró que había otra que usurpó su nombre, quitándole la equis, para llamar a la afiliación masiva. La nuestra, Nosotrxs, se escribe con X para abrazar la diversidad en todas sus manifestaciones: esa equis permite llamarla Nosotros —como lo hacen muchos de sus militantes—, o Nosotras e incluso Nosotres. Es una grafía deliberadamente incluyente que, sin embargo, se pronuncia generalmente del mismo modo que la del nombre elegido por quienes pretenden robar su identidad para sorprender a quienes acudan a sus convocatorias. El argumento absurdo esgrimido por el INE es que como Nosotrxs no busca el voto sino la defensa de los derechos, su alegato no tiene cabida en el espacio electoral.

No es un asunto trivial. Nosotrxs tiene representación en casi toda la República, ha sido el movimiento más mencionado en los medios de comunicación durante los dos últimos años, tiene una vasta militancia que suma a miles de personas organizadas en torno de causas de vulneración concretas —como el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, la colaboración con damnificados en el proceso de reconstrucción de la CDMX, la oposición organizada al huachicol de las medicinas, la exigencia de transparencia en los partidos políticos, la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre un largo etcétera— y ha acumulado un tráfico en redes sociales que supera con creces los números exigidos por la ley para formar un nuevo partido.

Pero Nosotrxs no aspira a la representación electoral, porque sus integrantes estamos convencidos de que, en este momento, el país también necesita otro tipo de militancia política y social. Creemos que los partidos no son —ni deben ser— el único espacio de participación política. No todo consiste en pelear por votos, sino por la revolución de las conciencias y por el respeto de todos los derechos para todos; la política no es la que se concentra solamente en la busca del poder, sino también la que organiza la diversidad y exige que haya igualdad y verdadera democracia, porque el Estado no es patrimonio de unos cuantos.

Listillos, los promotores de la organización que quiere aprovechar el nombre de quienes hemos decidido actuar en la vida pública de México al margen —que no en contra— de la competencia electoral, están engañando deliberadamente a los ciudadanos. Les hacen creer que se están sumando a otra organización y, de paso, desacreditan a la nuestra.

El INE convalidó esa trampa. Pero confiamos en que prospere pronto la impugnación que interpusimos ante el Tribunal Electoral a la vista de esa flagrante mala fe y que el despropósito sea corregido de conformidad con el derecho. Pero también apelamos a que quede claro que Nosotrxs no está buscando registro como partido y pedimos que se sepa que cualquier persona que convoque asambleas con ese nombre, está tomándoles el pelo. Ojalá esas mañas sean solamente golondrina y no el anuncio anticipado del tipo de partidos y de autoridades que tendremos en el 2021.

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3º informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos

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Partidos políticos opacos ante la ciudadanía

 

Los partidos políticos incumplen en promedio un tercio de sus obligaciones de transparencia. Cuatro de siete partidos políticos reprueban la evaluación de transparencia.

Los partidos políticos prefieren “llenar los expedientes burocráticos” para cumplir ante los requisitos mínimos de cumplimiento, antes de preocuparse por probar ante los ciudadanos qué hacen para representar sus intereses.

 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), los partidos políticos deben explicarnos a los ciudadanos cuáles son sus metas y sus objetivos, en qué y cómo gastan los recursos públicos, cuál es su estructura, quiénes son sus militantes, quiénes son los responsables de la elección de sus candidatos, con quién mantienen contratos y convenios, cómo eligen a sus dirigentes y cuáles son las resoluciones de la autoridad electoral sobre sus ingresos y sus gastos, por mencionar solamente las fundamentales.

De las 63 obligaciones establecidas en los artículos 70 y 76 de la LGTAIP, los partidos políticos incumplen en sus portales de Internet en promedio casi un tercio: 17 de ellas. En cuanto a las que cumplen, observamos que hay variaciones notables en calidad y en cantidad; las actualizaciones no son sistemáticas y, a pesar de que el artículo 62 de la LGTAIP establece que los partidos políticos deben poner al día su información de manera trimestral, esto no sucede.

Asimismo, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet es muy distinto al que se registra en la plataforma del SIPOT del INAI (ver gráfica). En algunos casos, el cumplimiento es nulo o prácticamente inexistente, lo que revela el menosprecio de esa vía de comunicación directa con la ciudadanía. Los partidos políticos han preferido “llenar el expediente burocrático”, exigido por el órgano garante de la transparencia (INAI), para evitar sanciones, antes que probar ante los ciudadanos qué hacen para representar sus intereses, para legitimar al régimen político, para construir confianza ciudadana o para resolver demandas sociales.

Frente a este pobre cumplimiento, vale la pena recordar que los partidos políticos reciben cantidades millonarias de recursos públicos. Tan sólo en 2019 MORENA recibirá 1,567 millones de pesos y, sin embargo, apenas cumple con el 8.8% de sus obligaciones de transparencia en su portal y con el 75.8% en el SIPOT. De manera semejante, el PAN recibirá 861 millones de pesos, pero sólo cumple con el 3.7% de sus obligaciones en su propia plataforma y con el 80% en el SIPOT.

Para Nosotrxs, esta evidencia es suficiente para afirmar que, más allá del momento político en que se encuentren (antes de campaña, durante las campañas o después de ellas), los partidos políticos no se han comprometido seriamente con la transparencia como un valor fundamental de la vida democrática. Observamos que acceder a la información pública de los partidos es un proceso complejo y muy poco amigable; que homogeneizar la información de los sujetos obligados en formatos de Excel no significa que la información contenida en dichos formatos sea de calidad ni mucho menos de fácil acceso; y que el cumplimiento formalista y burocrático de las obligaciones de transparencia no se traduce en apertura y rendición de cuentas de los partidos hacia los ciudadanos.

La transparencia no es un trámite, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado sin cálculos políticos ni titubeos por las autoridades del Estado. Los partidos deben asumir la tarea de impulsar de forma proactiva la congruencia entre sus ideales y sus acciones, entre sus objetivos y resultados y presentar toda su información al juicio crítico del pueblo al que se deben. Por su parte, los órganos autónomos responsables de la gestión electoral y de garantizar la transparencia, deben actuar con energía para cumplir con las obligaciones que les han sido encomendadas y darse a la tarea de exigir a los partidos que cumplan de inmediato con los mínimos establecidos en la ley, sin excusas ni pretextos.

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Saul Lopez

Ante la 4T, exigencia de derechos

Publicado en El Sol de México

Los procesos de exigencia de derechos son un pilar fundamental de la consolidación de la democracia, ahí donde la sociedad civil está organizada para procurar sus derechos es muy probable que haya mayor pluralidad e instituciones democráticas fuertes.

Cuando hablamos de exigencia de derechos nos referimos a cuando colectivos que han sido discriminados de manera sistemática en un ámbito en particular — claro que hay grupos a los que se les puede estar vulnerando más de un derecho– se organizan para que se garantice cabalmente un derecho que ostentan en la ley pero que no se materializa en su realidad. El presente artículo busca argumentar la importancia de construir y promover estos procesos, que además cobran particular relevancia en la historia en el México contemporáneo.

Una forma de resumir la historia de México a partir de 1917 es la de los “derechos” que no se cumplen. La Constitución promulgada aquel año fue una carta de deseos y aspiraciones más que una realidad. En ese momento esto no era una preocupación, el país venía saliendo de una guerra civil y las instituciones del Estado estaban por fundarse. Más de 100 años después, gran parte del texto constitucional sigue siendo lo mismo, un conjunto de buenos deseos de aspiraciones, pero no de realidades. Es verdad que a partir de 1990 hubo avances en el reconocimiento de los derechos que no se cumplían. En este sentido se creó la CNDH y un conjunto de instituciones a nivel local y federal que velaban por los derechos de las personas. A la par y de forma profundamente contradictoria, en las últimas dos décadas la crisis de derechos en México se ha profundizado, en gran parte debido a la violencia desatada por el narco, pero no solamente, muchos otros derechos como lo son laborales, indígenas, de personas en prisión, etc. se encuentran en una situación deplorable.

En tiempos de la Cuarta Transformación este es un tema impostergable. La vara con la que debiéramos juzgar desde ahora al nuevo gobierno es la de los derechos de todos y todas. ¿Qué se está haciendo? ¿En que se está avanzando? ¿En que no y por qué? Otra lección que no podemos olvidar del siglo XX es que el Estado no puede ni debe ser toda la vida pública, no debe subordinar a la sociedad y desear que esta se conforme. Hoy se vuelve fundamental la organización de la sociedad para defender y exigir derechos, parece ser la única alternativa ante los excesos que un gobierno con poca oposición puede cometer. ¿Organizarse como sociedad es volverse oposición? ¿Es pasar, en términos del presidente, al bando fifí y conservador? En lo absoluto. Es preciso recuperar en el presente la ideas de contrapeso al poder y de fiscalización ciudadana. Desde la izquierda podemos estar de acuerdo con muchas ideas y propuestas del presidente, pero no podemos respaldar malas implementaciones, falta de profesionalización, y, sobre todo, que sigan sin cumplirse muchos de los derechos de todas y todos.

Se debe de entender que estamos en un momento crítico, no solo por las grandes problemáticas que enfrenta el país, sino por la promesa del nuevo gobierno de solucionarlas. Podemos anticipar que mucho de eso puede que se quede en promesa, pero también que la única forma de que, al menos en parte, se vuelva realidad es con la presión constante de la mayoría de las y los ciudadanos. Las formas de esta presión son muchas; nosotros apostamos por la exigencia colectiva de derechos, pues la consideramos necesaria, pero también viable.

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Todo México es Minatitlán

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Una masacre en Minatitlán, cometida con una crueldad horrible, nos hIzo olvidar que apenas unas horas antes habían sido descubiertas 36 nuevas fosas clandestinas en el Puerto de Veracruz que, a su vez, seguían al hallazgo de otras 343 acumuladas antes, solamente en Veracruz. No se cuenta Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, la Ciudad de México o cualquier otra parte del país.

Mientras tanto, los representantes del Estado mexicano gritan. En Veracruz, por ejemplo, hay una disputa entre el Gobernador y el Fiscal de la entidad, porque responden a intereses políticos distintos. Y el día de hoy, seguramente, el presidente hablará otra vez de los conservadores y de los neoliberales desde el Puerto para justificar por enésima ocasión su estrategia militar y la entrega masiva de dinero público. Una vez más, los muertos y los desaparecidos serán sepultados por las palas de tierra plagadas de palabras. El pleito principal de la semana previa fue emblemático: lo fundamental no era la impotencia del Estado sino la macabra aritmética de la desgracia. Vamos ganando, dice el presidente, porque sus colaboradores le reportan unos cuantos muertos menos que antes.

Sin embargo, buena parte del territorio mexicano está controlado por la delincuencia organizada. ¿Cuánto? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque ese control sucede a veces de manera explícita y muchas otras a través de los gobiernos de los estados y los municipios que cada vez están más infiltrados y más sometidos a los poderes fácticos. Se nos olvida que, si Andrés Manuel López Obrador no hubiese ganado las elecciones del 2018 como las ganó, las recordaríamos todavía como las más violentas de la historia reciente del país.

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Yo acuso

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Sería buena cosa que el proyecto de Ricardo Monreal para modificar la composición y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirviera como revulsivo para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, boicoteado desde su concepción por el gobierno anterior e incomprendido por la clase política actual. Y sería aún mejor que, además, ese revulsivo ayudara a revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones que lo componen.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con fórceps en el sexenio anterior, tras los escándalos provocados por la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pero una vez que se ganó la oportunidad de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas más graves, de promulgar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que modificó de tajo el régimen disciplinario de México, de tipificar con mucha mayor precisión los delitos de corrupción en el Código Penal, de regular el intercambio de información entre instituciones que no se hablaban y de establecer la participación directa de los ciudadanos en la vigilancia y la operación de los órganos que integran ese sistema —todo en un solo trazo que no se compara con ninguna otra reforma concebida antes en esa delicada materia—, la clase política se dispuso a cerrar las puertas de la implementación. Aceptaron las leyes, pero no su cumplimiento. Si había de funcionar un entramado sofisticado para cerrarle el paso a la corrupción, tendría que ser hasta el sexenio siguiente.

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Voy derecho y no me quito

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador de Nosotrxs

Dice la sabiduría popular que para cambiar los resultados de algo que no funciona, es indispensable cambiar la forma de conseguirlo (una idea que se atribuye a Albert Einstein, para otorgarle un toque de autoridad). Detrás de esa frase, sin embargo, se esconden dos desafíos: el primero es saber a ciencia cierta cuáles son los resultados que se desean y el segundo es que las modificaciones no sean una reproducción de errores pasados ni vuelvan aún más complejos los problemas planteados. Se dice fácil, pero esos dos desafíos suelen ser los enemigos principales de las políticas públicas.

Sabíamos que el nuevo gobierno de la República vendría a cambiar mucho, entre otras razones, porque ese fue el mandato que recibió. Sabíamos que las mudanzas no serían fáciles porque los problemas que enfrenta el Estado mexicano son gigantescos y las resistencias, mayúsculas. Sabíamos que se tocarían muchos y muy profundos intereses creados y que las decisiones no serían tersas. Otra perla de la sabiduría popular nos advertía que a grandes males, grandes remedios.

Lo que no conocíamos era el método que elegiría el presidente. Sabíamos que es un hombre tesonero —perseverante, dice de sí mismo—, que no acepta críticas con facilidad, que no cambia sus opiniones con sencillez y que es proclive a descalificar a sus antagonistas antes que debatir sus ideas. Pero nunca lo habíamos visto investido con el poder del Estado y no sabíamos —algunos incluso, lo negábamos— que estaría dispuesto a utilizarlo para imponer sus puntos de vista a cualquier costo. Para seguir con el refranero, no sabíamos que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

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Buscan transparencia con Consejo

Publicada en Reforma
Samuel Adam

Cd. de México (29 marzo 2019).- A un año de renunciar como encargado de transparencia en la Comisión de Reconstrucción, el investigador del CIDE Mauricio Merino regresó como titular del Consejo Consultivo para dar máxima publicidad.

“Personalmente, me siento conmovido por las experiencias previas que tuve en la Comisión de Reconstrucción anterior. Hubo que dejarla en condiciones delicadas por el manejo impropio de los recursos”, indicó Merino al tomar protesta ayer.

El cuerpo cuenta con un equipo técnico que se reunirá diario con la Comisión, donde darán indicadores para el seguimiento del proceso.

Con cortes informativos semanales, también tendrá reuniones cada mes con damnificados para dar avances.

Además, el consejo se reunirá cada cuatro meses con la Jefa de Gobierno y aquellos que forman parte de la reconstrucción para informar avances y recomendaciones.

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Perdón, pero la culpa es nuestra

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs

Sería deseable que todos los programas presupuestarios del gobierno federal se justificaran, invariablemente, por su contribución a la igualdad social. “Por el bien de todos, primero los pobres” es un lema que puede convertirse en guía inequívoca para la programación de cualquier gasto. ¿Cómo contribuye este programa a la igualdad? Es una pregunta que puede anteceder a otra: ¿Cómo podrá medirse esa contribución? Si los proyectos presentados por la administración pública no logran responder a la primera o no consiguen satisfacer con criterios técnicos verificables la segunda, los gastos tendrían que desecharse (o justificarse, acaso, por razones estrictamente excepcionales).

Lo que hemos visto durante décadas es exactamente lo contrario: los programas presupuestarios han discriminado de manera sistemática a los grupos vulnerables, aun a pesar del marco normativo que los rige y, hasta ahora, no es evidente en absoluto que esa tendencia haya cambiado. Por el contrario, repartir dinero de manera individual a grupos selectos de la población, al margen de los derechos de las minorías y de la situación singular de los más pobres, no contribuye a disminuir los sesgos de la desigualdad. Se podrá alegar lo que se quiera, que el reparto indiscriminado de dinero entre pobres y no pobres es un error indiscutible de cualquier política distributiva.

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seguro popular

Acceso efectivo al derecho a la protección en salud: personas de primera y de segunda.

Publicado en Animal Político

Por Alejandro González Arreola, ex-Director de Gestión Social y Cooperación (GESOC) e integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs.

El inicio del milenio fue próspero para la inversión pública en el sistema de salud en México y, en conexión, para la expansión en la cobertura de las personas que no contaban con aseguramiento bajo los modelos contributivos existentes, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De la mano de las reformas que introdujeron el Seguro Popular, la inversión total en salud pasó de 5.2% del PIB en el año 2003 al 6.5% en el año 2009 (1). De igual forma, la brecha de cobertura en salud se redujo significativamente: para el año 2010 se habían incorporado al Seguro Popular 34.3 millones de personas que antes no contaban con aseguramiento en salud (con datos de la ENIGH-MCS).

Sin embargo, la etapa de prosperidad sostenida en la inversión pública en salud terminó con la administración federal que recién concluyó su mandato el año pasado. La inversión total como proporción del PIB para el año 2018 bajó a niveles del 5.9%, de la cual sólo el 52% correspondió a inversión pública y la restante, en su mayoría, a gasto de bolsillo de las personas. Al estancamiento de la inversión pública en salud se sumó un creciente número de casos de irregularidades administrativas en la utilización de los fondos destinados al sector salud (principalmente del Seguro Popular), por parte de no pocos gobiernos estatales, como bien lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de la cuenta pública de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Si consideramos que, para el año 2010, el 80% del total de las personas afiliadas al Seguro Popular (34.3 millones) se atendían en los servicios de salud estatales de cada entidad federativa (financiados principalmente por el Seguro Popular), esta desafortunada combinación de estancamiento del financiamiento público a la salud y crecimiento de corrupción en el uso de los fondos públicos del Seguro Popular, ha tenido efectos terriblemente negativos en el desempeño agregado de los sistemas estatales de salud, ensanchando aún más las brechas de desempeño entre los sub-sistemas contributivos y no-contributivos, particularmente entre el IMSS y el Seguro Popular.

De acuerdo con datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018 del IMSS (2), la tendencia de la tasa de mortalidad para cuatro padecimientos de alta incidencia y costo en atención de personas sin seguridad social (mayoritariamente afiliadas al Seguro Popular) se ha ido incrementado de forma sostenida, o bien, se ha estancado, para los últimos cinco años. Estos padecimientos son: (i) Diabetes mellitus; (ii) Hipertensivas, isquémicas del corazón y cerebrovasculares; (iii) Cáncer de mama; y (iv) SIDA. En sentido inverso, la progresión de la tasa de mortalidad para estos mismos padecimientos en pacientes atendidos por el IMSS ha mostrado un declive sostenido, o al menos, se ha logrado detener la progresión negativa.

En conexión, las tasas de riesgo relativo de muerte para una persona afiliada al Seguro Popular y otra afiliada al IMSS se han ido ensanchando en los últimos años hasta configurar diferencias (brechas) alarmantes. De esta forma, con datos al cierre de 2016, el riesgo relativo de muerte para una persona con diabetes mellitus que se atiende en el Seguro Popular, es 80% mayor que para una persona que se atiende en el IMSS. Para enfermedades hipertensivas es 100% mayor; para cáncer de mama es 46% mayor; mientras que para SIDA es 120% mayor (3).Estas cifras dan cuenta de un sistema público de salud altamente inequitativo y regresivo en términos de su desempeño e integridad, que trata de forma desigual y desproporcionada a los excluidos de siempre.

Revertir estas tendencias resulta urgente. Reclama de más (muchos más) recursos fiscales pero invertidos de forma progresiva, es decir, más para quienes presentan las brechas de resultados más amplias; así como de un uso más eficiente e íntegro de los recursos públicos en salud, particularmente de aquellos que financian la cobertura de la población sin seguridad social (típicamente más pobre). El aporte de la sociedad civil resulta clave e insustituible para estos fines, a partir de iniciativas de contraloría social como la de “No al huachicol de medicinas” de Nosotrxs, la cual busca que los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos no se pierdan en las porosas redes de corrupción del sistema (4).

 

1. De acuerdo con datos del Subsistema SICUENTAS de la Dirección General de Información en Salud. 

2. Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad. Disponible aquí. 

3. Estimaciones propias con base en los datos del del “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018” del IMSS, disponible aquí (Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad).

4. Más información de la iniciativa aquí. 

 

@NosotrxsMX