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Posicionamiento del colectivo Cero Desabasto ante la crisis de acceso a medicamentos

El colectivo Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs e integrado por casi cincuenta organizaciones de pacientes y diversas personas de la sociedad civil, presentó públicamente un Posicionamiento ante la crisis de acceso a medicamentos que estamos viviendo.

¿Por qué?

  • Porque estamos viviendo una crisis de acceso a medicamentos, ya que el número de casos de no surtimiento de medicamentos se ha agudizado los últimos años, aun cuando las atenciones de salud para pacientes no covid-19 han disminuido considerablemente desde el inicio de la pandemia. 
  • Porque las consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud cayeron 52% entre 2019 y 2020, aunque también lo hicieron los indicadores de surtimiento efectivo o completo de recetas a nivel nacional. 
  • Porque pese a las más de 23 mil quejas que hemos interpuesto en los últimos dos años en los subsistemas de salud, las Comisiones de Derechos Humanos y las Comisiones de Arbitraje Médico, sólo un puñado de casos han sido solucionados o, en el peor escenario, retribuidos post-mortem. 
  • Porque nos parece incomprensible la actitud del Gobierno de la República al tratar de desvirtuar las demandas de miles de pacientes que requerimos de una atención médica, oportuna y de calidad.  Nos parece contradictoria la posición humanista del actual gobierno, cuando ha dejado en el desamparo a millones de personas en una de las peores crisis humanitarias y sanitarias de la historia.

 Conoce el Posicionamiento del colectivo Cero Desabasto ante la crisis de acceso a medicamentos, 23mar21.

Ve nuestro Posicionamiento en Youtube.

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El ingreso mínimo vital a debate

Frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), alrededor del mundo se han implementado diversas medidas extraordinarias para mitigar los impactos negativos, particularmente en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Una de esas medidas extraordinarias se refiere a un ingreso mínimo de emergencia o medidas relacionadas que se han aprobado ya en Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Italia o Portugal. En México, diversas fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil han propuesto un ingreso mínimo vital, temporal y no condicionado, por al menos tres meses por un monto equivalente a un salario mínimo general mensual de $3,746 pesos.

La Fundación Friedrich Ebert en México y el movimiento Nosotrxs buscamos alimentar el debate público sobre dicha propuesta. En esta breve publicación, reunimos las opiniones y los argumentos de diversos especialistas, quienes dan respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué significa un ingreso mínimo vital? ¿En qué medida es el ingreso mínimo vital una propuesta progresista? ¿Por qué sí o no es el ingreso mínimo vital un mecanismo viable para enfrentar la crisis derivada de la pandemia? ¿Existen en México las condiciones necesarias para un ingreso mínimo vital? ¿Contribuye el ingreso mínimo vital a los objetivos planteados por la administración actual? ¿Qué perspectivas tendría esta medida tras la pandemia?

Conoce el documento:

organizaciones sociales respaldan ingreso vital urgente y temporal (1)

ORGANIZACIONES SOCIALES RESPALDAN INGRESO VITAL URGENTE Y TEMPORAL

 

  • Solicitan  a la Comisión Permanente aprobar el punto de acuerdo a la brevedad.
  • Respaldan iniciativa presentada por 124 diputadas y diputados de las mayores fuerzas políticas.
  • Buscan apoyar con un ingreso de $3,746.00 mensuales, durante 3 meses, a la población más afectada por la crisis sanitaria.

 

Ciudad de México, 21 de mayo de 2020.- Organizaciones sociales instan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a aprobar el Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a implementar un Ingreso Vital, urgente y temporal. Ante las medidas necesarias de sana distancia, millones de personas han visto, o verán, reducidos o eliminados sus ingresos, por lo que esta propuesta les permitiría subsistir mientras se retoman las actividades económicas.

El Punto de Acuerdo sobre Ingreso Vital, presentado el pasado miércoles 20 de mayo y respaldado por 124 legisladoras y legisladores de seis fracciones parlamentarias (Morena, MC, PAN, PRI, PRD, PES y una diputada independiente), propone implementar transferencias directas a todas las personas que se encuentran en grave riesgo alimentario o de salud y que no cuentan con otros apoyos sociales. 

El Punto de Acuerdo plantea que las y los trabajadores informales, así como las y los trabajadores formales que pierdan su empleo, cuenten con un ingreso único vital, temporal y no condicionado directo, a través de los medios que sean necesarios, por un monto de $3,746.00 pesos mensuales (el equivalente a un salario mínimo general mensual, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigente para 2020), por al menos tres meses. 

Las organizaciones firmantes constatamos que desde el inicio de la pandemia el número de personas que han perdido su empleo o han visto sus ingresos disminuidos ha crecido de una manera sin precedentes. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en marzo y abril han perdido el empleo formal 685,840 personas como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria. En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser “descansadas” o no poder salir a buscar trabajo por la contingencia, de acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó el 11 de mayo que la población en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará en 2020 entre 6.1 y 10.7 millones de personas. En ese mismo sentido, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha estimado que ante el choque económico de la pandemia alrededor de 21 millones de personas más podrían caer en condición de pobreza por ingreso.

Ante este escenario de emergencia nacional, quienes suscribimos este comunicado  estamos convencidas de que, como parte de un conjunto de medidas para contener los costos sociales de la emergencia, el ingreso vital ayudaría a mitigar los efectos económicos inmediatos de la pandemia.

El Punto de Acuerdo realizado en conjunto con insumos de organizaciones como Nosotrxs, Oxfam México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Plataforma contra la Desigualdad por el COVID-19, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias -entre varias más-, con académicos y organismos como CONEVAL y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentado por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Martha Tagle (MC), Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Verónica Juárez Piña (PRD), y por los diputados Porfirio Muñoz Ledo (MORENA), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), muestra la capacidad de sumar esfuerzos para lograr consensos. 

Los poderes de este país pueden y deben tomar acción con el más amplio acuerdo para evitar que millones de personas pierdan el ingreso básico que necesitan para subsistir en esta situación extraordinaria. Debemos evitar todo tipo de disccriminación para no dejar a nadie atrás, porque no es suficiente con echarle ganas: ¡Ingreso Vital, ya!

FIRMAN:

Nosotrxs
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C.
Plataforma contra la desigualdad en México
WIEGO – Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH)
Hogar Justo Hogar
El Día Después
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
TECHO México
Agenda Migrante
Transversal
Red Viral
Renace
La Bola A.C.
Motiva
CEMECOP
Mujeres con Poder
Sumando Vidas, A.C
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) Jalisco
Oxfam México

La ley de amnistía no es la única vía para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria ante el Covid-19

En el contexto de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel mundial, y una vez declarada la fase de 3 en México, las organizaciones de la sociedad civil y colectivos firmantes, con base en los argumentos que  emitimos el 14 de abril, a través del comunicado: “Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid- 19”, seguimos haciendo un llamado enérgico a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que, conforme a las leyes vigentes y a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, se garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de las niñas y los niños que se encuentran al interior de los centros penitenciarios, tomando en cuenta el impacto que la pandemia ya ha tenido sobre ellos.

Consideramos que la aprobación de la Ley de Amnistía, no será suficiente para abatir las muertes por contagio que se están suscitando (como es en el caso del Reclusorio Norte de la Ciudad de México) ya que de su simple lectura se observa que existen plazos para su aplicación y que al cumplirse, probablemente será demasiado tarde. Por lo anterior nos pronunciamos bajo los siguientes lineamientos:

  1. Aunque la Ley de Amnistía es un acto de humanidad que tuvo como  fin perdonar a cierto número de personas y, evitar un mayor número de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios, ella no exenta al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho humano a la salud que tienen todas y cada una de las personas que aún se encuentran privadas de la libertad, las cuales y debido a las condiciones en las que viven, tienen una mayor vulnerabilidad de contraer el virus.
  2. Debido al grave problema de sobrepoblación en los centros penitenciarios de todo el país, es necesario implementar medidas urgentes que prevengan y atiendan el contagio del virus de Covid-19. De manera que se generen espacios destinados a las personas dentro de los centros penitenciarios que se encuentren bajo este supuesto, salvaguardando la salud e integridad de todas y cada una de ellas.
  3. Llamamos a las autoridades penitenciarias a proteger la salud de las mujeres embarazadas, niñas y niños que nacen y viven, y a aquellos grupos que la Ley Nacional de Ejecución Penal considera como vulnerables.
  4. Es necesario que se observe lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 146, con el fin de tramitar, agilizar y alcanzar el mayor número de beneficios preliberacionales, libertades condicionadas y/o cualquier otra alternativa a la prisión.
  5. Deben implementarse los servicios postpenitenciarios de inmediato a nivel nacional, con el fin de acompañar a todas las personas que por cualquier medio lícito pudiesen alcanzar la libertad.
  6. Exhortamos al titular del Ejecutivo Federal para que el proceso de conformación de la Comisión que indica el artículo 3ro párrafo quinto, de la Ley de Amnistía, sea público y transparente.
  7. Exhortamos a los gobiernos federal y estatales, que constituyan a la brevedad las Comisiones Intersecretariales, con el fin de proporcionar los servicios necesarios al interior de los centros penitenciarios de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, siendo de importancia relevante los servicios de salud para prevenir y combatir los casos de contagio por COVID- 19.
  8. Exhortamos a las 32 presidentas y presidentes del  poder judicial estatales a que los juzgados de ejecución penal funcionen y operen regularmente para poder garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dando prioridad a las personas con enfermedades crónicas para que sean beneficiadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
  9. Solicitamos a los congresos estatales elaborar y discutir sus leyes locales de amnistía con apego a las necesidades de la población penitenciaria de sus entidades.
  10. Es necesario mantener informadas e informados a los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad sobre su condición y el protocolo de atención que se elaboró para darles atención durante la cuarentena.
  11. Solicitamos garantizar la salud del personal penitenciario, personal de custodia, y de todas y todos aquellos que tengan contacto con las personas privadas de la libertad.

La situación demanda que todas y todos los actores involucrados actúen de manera inmediata a contener, en la medida de lo posible, la crisis de salubridad y derechos humanos que se está desarrollando. Desde la sociedad civil, ponemos al alcance todas las herramientas que tenemos para lograr hacer un frente unido y eficaz contra los retos supuestos por el Covid-19.

Atentamente:

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Ante la pandemia, el Colectivo de Médicos en Formación  exige condiciones mínimas en los campos clínicos

  1. Los estudiantes pre-clínicos deberán continuar su ciclo académico fuera de los campos clínicos.
  2. Se solicita se retiren -sin consecuencias- a todos los médicos en formación con factores de riesgo para COVID-19, tales como: embarazo o periodo de lactancia, enfermedades crónicas no transmisibles (pulmonar, cardíaca, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, hipertensión) o inmunosupresión ya sea adquirida o provocada.
  3. Retiro de Médicos Internos de Pregrado y Pasantes de Servicio Social de las áreas de tamizaje, urgencias, críticas y/o especializadas para la atención de potenciales infectados de COVID-19, o de cualquier otro escenario clínico de riesgo.
  4. Divulgar los programas académicos y operativos actualizados a las nuevas condiciones en donde se especifique, por unidad médica, las responsabilidades y obligaciones de los médicos en formación.
  5. Capacitación formal para la autoprotección, así como protocolos de procedimientos para la detección y logística en la atención de casos de COVID-19. Aún a médicos en formación que no estén en una unidad asignada para pacientes con COVID-19.
  6. Garantía de atención médica en caso de complicaciones por el uso del equipo de protección personal (por ejemplo: lesiones dérmicas y oftálmicas) y en caso de infección por COVID-19 y sus secuelas.
  7. Cuidado y atención a la salud mental a través de acompañamiento y atención psicológica.
  8. Los campos clínicos deberán proporcionar a los médicos en formación el equipo de protección adecuado, que cumpla con las normas internacionales, de acuerdo con el área de asignación:
    • Área verde (cualquier área): guantes, bata desechable, cubre bocas tricapa, protección ocular (goggles o careta).
    • Área amarilla (Consulta de Triaje, Urgencias, áreas atención asignadas a COVID-19): guantes, bata desechable, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
    • Área roja (Unidades de Terapia Intensiva, contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles): guantes, bata quirúrgica impermeable cerrada u overol, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
  9. Respetar las jornadas laborales de acuerdo con las normas vigentes, procurando jornadas no mayores a 24 horas y en un formato mínimo de guardias ABCD.
  10. Integrar a los médicos en formación a los órganos en donde se tomen decisiones que les involucren.
  11. Establecer un mecanismo para denunciar quejas y dar seguimiento a las mismas.

Todos los que aquí firmamos tenemos como prioridad apoyar al pueblo de México para contener el virus y cuidar de la salud de los y las mexicanos. Este compromiso nos impulsa a solicitar por la vía institucional que el Estado mexicano nos garantice las condiciones de seguridad y protección para realizar nuestra labor.

Acudiremos a todas las instancias necesarias para que los médicos en formación podamos cumplir con nuestra vocación de manera segura así proteger la salud de la población.

Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid-19

Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid-19

Las personas privadas de libertad se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.

Diversos organismos internacionales de protección a los derechos humanos han llamado a los estados a generar acciones en favor de esta población.

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos mecanismos de acción que contribuyan a garantizar la salud de las personas privadas de libertad en el marco del COVID-19.

Que se establezca un protocolo de atención específico para niñas y niños que nacen y viven en prisión, así como para los grupos vulnerables que están privados de la libertad.

Conoce el documento dando click aquí.

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Ante la pandemia, exigimos garantizar el derecho a la salud de los médicos en formación en México

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En México, las y los médicos en formación somos un eje medular en el Sistema Nacional de Salud. Una tercera parte de las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud tienen como responsable a un estudiante de la carrera de medicina en servicio social, la mayoría de las veces sin supervisión (Nigenda 2013; Salud 2018). Asimismo, la cantidad de médicos en formación va en aumento: en 2018, el número registrado de estudiantes de medicina escaló a 133 mil personas — casi un 50% mayor a las cifras de 2010— (Salud 2018). Además, existen alrededor de 26 mil residentes en todas las especialidades médicas (DGIS 2018). Es decir, al menos 150 mil estudiantes comprenden este sector de médicos en formación, en quienes recae la actual y futura responsabilidad del Estado de garantizar y promover el derecho de la salud.

Nosotrxs, en conjunto con la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C. (AMMEF), la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) y diversos colaboradores del área de salud, unimos esfuerzos para exigir el respeto y la garantía del derecho a la salud de médicos en formación. Nuestro colectivo integra a estudiantes de medicina, internos de pregrado (MIP), pasantes de servicio social (MPSS) y residentes (MR)—correspondientes a las cuatro etapas del proceso de formación de las y los médicos en México-.

La actual crisis de salud que enfrentan México y el mundo por el SARS-CoV-2 representa un enorme reto para el sistema de salud y para el gobierno mexicano. Hasta el 21 de abril, en México se han reportado +8,700 casos confirmados y 712 fallecimientos a causa del virus. En consecuencia, la Secretaría de Salud dictaminó algunas medidas especiales de prevención y protección para las y los médicos en formación; principalmente, el retiro del personal en formación de las zonas de riesgo de contagio, envío de insumos de protección (cubrebocas, guantes, mascarillas N95, guantes, etc.) y capacitación en protocolos de atención, aislamiento y protección ante el COVID-19.

A raíz de esto, el Colectivo de Médicos en Formación se dio la tarea de investigar en qué medida están siendo implementadas estas acciones concretas para la salud y seguridad de las y los estudiantes, internos, pasantes y residentes que siguen acudiendo a los campos clínicos, con el afán de apoyar al gobierno a identificar en dónde pueden concentrar mejores esfuerzos para proteger a nuestros médicos —quienes estarán en la primera línea de la contingencia. El miércoles 25 de marzo lanzamos un cuestionario digital a través de nuestras redes sociales para analizar lo antedicho. Más de 4670 personas respondieron el formulario, de los cuales 3985 son médicos pasantes, internos y residentes, y sólo el 10% estudiantes. El análisis estadístico excluye al 10% de los estudiantes que aún acude a campos clínicos, a pesar de las contraindicaciones de las autoridades, ya que en la mayoría de los casos los estudiantes no están a cargo de la atención clínica. La muestra concentra respuestas de los 32 estados de la República.

Primero, el 95% de encuestados respondió seguir acudiendo a los campos clínicos; de éstos, el 43% son médicos internos, 37% pasantes, y 20% residentes. El 44% de encuestados labora en hospitales de la Secretaría de Salud (INSABI), el 41% en el IMSS y el 15% restante están distribuidos entre el ISSSTE, Pemex y hospitales privados. Las universidades, responsables de la protección de los médicos en formación, han demostrado serias deficiencias en la comunicación con sus médicos, ya que únicamente 2 de cada 10 han recibido algún apoyo o comunicado por parte de sus universidades responsables.

Segundo, el 69% de los médicos en formación afirmó estar expuesto o asignado a áreas críticas para la atención de los pacientes con COVID-19. El 95% respondió no contar con el material necesario para su protección. De acuerdo con las personas encuestadas, en los hospitales y clínicas hace falta: alcohol, batas, cubrebocas, mascarillas N95, guantes, gel antibacterial, jabón, gasas y lentes protectores. En el lado positivo, 7 de cada 10 de los médicos encuestados ya recibió alguna capacitación en materia de protección (30%), atención (36%) y aislamiento de pacientes infectados (8%). En el lado negativo, el 94% de las personas encuestadas considera que ni las clínicas u hospitales donde trabajan, ni ellas mismas, están preparadas para hacer frente a la pandemia.

Estos datos se acompañan de otras dos encuestas realizadas con fechas similares, una por la AMMEF y otra por la ANMR. En ambas, los datos corroboran la información presentada arriba. Por ejemplo, en la encuesta hecha por residentes, el 43% de encuestados respondió no contar con protocolos de atención en sus hospitales y el 58% respondió no haber tenido alguna capacitación. Además, las y los estudiantes fueron retirados de la muestra total, ya que el ejecutivo federal decretó el 24 de marzo la suspensión de clases en todo el país y en todos los niveles educativos como respuesta a la segunda fase de la epidemia. para la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. De igual forma, en la encuesta a médicos internos y pasantes, el 93% respondió no contar con el material adecuado para hacer frente a la crisis. Cabe señalar que, la AMMEF ya ha presentado oficios, en diversas ocasiones, a Presidencia de la República respecto a las cuestionables condiciones en las que laboran los médicos en formación.

En palabras de un médico en formación encuestado por nuestro colectivo: “Se están tomando medidas arbitrarias en contra de los internos y se siguen dejando en áreas denominadas de riesgo a pesar de los oficios emitidos por las autoridades de salud; los insumos no se dan por ser de ‘menor grado’; las pruebas diagnósticas son insuficientes, además de que no existe un plan por parte de las universidades en coordinación con autoridades sobre qué medidas se tomarán con nosotros en Fase III o posteriores”. El hecho primordial de que la salud de las y los estudiantes de medicina, internos, pasantes y residentes sea mermada, impide que el sector salud se desarrolle plenamente en el ejercicio de sus atribuciones, afectando así la salud pública y los esfuerzos de la administración actual por hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2. Confiamos en que esta información será de utilidad para las autoridades; los exhortamos a tomar cartas en el asunto y así juntos garantizar la seguridad y la salud de las y los médicos en formación.

REVISA LAS GRÁFICAS Y TESTIMONIOS AQUÍ.

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