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Este 8M debe ser el momento para articular nuestras luchas con consciencia política. No importa a qué feminismo pertenezcamos, el denominador común es claro: debemos ir contra esos sistemas que nos oprimen, porque no hay feminismo que no luche contra esto.

Por Edith Díaz Gutiérrez
@EdMacrina

Cada 8M queda más lejano a aquellos días donde recibíamos una rosa como felicitación y estamos más cerca de entender la conmemoración de este día. Poco a poco, logramos que la sociedad vea este día como una fecha para visibilizar las violencias a las que estamos expuestas. Sin embargo, aún nos queda una lucha pendiente: evitar que el capitalismo se apodere de este día.

Este sistema salvaje ha logrado colarse en la conmemoración del 8M, específicamente, llevando la esencia de la protesta a un espacio consumista, donde las nuevas generaciones –y quizás las no tan jóvenes– creen que para ser parte de este día hay que vestir “apropiadamente” o pagar por talleres para hacer pancartas. Como si la consciencia política pudiera comprarse.

Cada 8M deberíamos evitar caer en la parafernalia que nos desvíe del verdadero propósito del movimiento. Participar en las marchas no tendría que ser solo una cuestión de “pertenecer” a una causa, sino un acto consciente contra el sistema patriarcal y económico. Es un recordatorio de que muchas mujeres aún no tienen acceso a la tierra ni a la toma de decisiones en sus comunidades, o que, aún hay una división desigual en las tareas de cuidados al interior de las familias.

No se necesita ser experta en Ciencia Política, Filosofía o Sociología para conocer la realidad de las mujeres, basta con escuchar las historias de quienes nos rodean: nuestras madres, hermanas, amigas, vecinas. Al percatarnos de las realidades de las mujeres en nuestra comunidad, podemos entender el propósito de cada marcha y manifestación.

Al observar desde una perspectiva crítica cómo se desarrollan las marchas multitudinarias, vemos hasta qué punto el capitalismo ha penetrado en nuestras luchas. Y ni siquiera abordar temas como la brecha salarial, la feminización de los trabajos, la falta de liderazgo femenino en espacios de toma de decisiones y tantas otras condiciones sociales que nos afectan a las mujeres.

No se trata de juzgar el gozo de celebrar la vida y la resistencia, porque en un país donde entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día 1 estar vivas es, sin duda, un logro. Pero debemos cuestionarnos el verdadero sentido del Día Internacional de las Mujeres en pleno 2025. ¿Nos lo cuestionamos?

Tampoco se trata de ganarse el derecho a la manifestación, porque todas tenemos algo por qué luchar. Cada mujer, en su particular contexto, lleva una carga de opresión y violencia que exige ser escuchada, ¿la reconocemos?

También hay que desmitificar que es un privilegio el poder salir a las calles a protestar, porque se trata de una exigencia que hemos ganado con años de resistencia y que seguimos defendiendo.

Participar desde la consciencia en el 8M es reconocer y honrar la lucha de todas las mujeres: por la educación, la participación política, la denuncia de la violencia doméstica, la lucha contra la opresión y la precariedad laboral, entre muchas más. Es justo esto lo que el capitalismo no quiere que hagamos: cuestionar y desafiar el sistema que nos explota y nos margina.

Por lo que este 8M debe ser el momento para articular nuestras luchas con consciencia política. No importa qué tipo de militancia feminista tengamos, el denominador común es claro: debemos ir contra esos sistemas que nos oprimen, porque no hay feminismo -ni mujer- que no deba luchar contra esto.

Esta intervención en este espacio digital es un llamado a buscar nuestra raíz en esta lucha, apropiarnos de nuestras formas de manifestación sin caer en un ideal feminista pop del que se está haciendo cargo de dar a conocer el capitalismo.

* Edith Díaz Gutiérrez (@EdMacrina) es comunicóloga con perspectiva feminista y locutora del podcast Ruido Violeta

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/internacional/bbc/50-mil-muertos-gaza-conflicto-israel-hamas

La justicia social tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico.

Por Pablo Andrade Martínez
@PabloAnd89

El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con el objetivo de visibilizar la urgencia de construir sociedades más equitativas. Pero más allá de la efeméride, la justicia social es una necesidad que se juega en la vida cotidiana de millones de personas. En México, esto se traduce en una lucha constante por el reconocimiento de derechos básicos: salarios justos, seguridad social, condiciones laborales dignas y la posibilidad de vivir con dignidad.

Hablar de justicia social es hablar de trabajo digno, de oportunidades reales para quienes sostienen el día a día del país. Un ejemplo claro de esta deuda pendiente es la situación de las trabajadoras del hogar, quienes históricamente han sido invisibilizadas y relegadas a la informalidad. A pesar de la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Seguro Social en 2019, que reconoce su derecho a la seguridad social, la tasa de inscripción sigue siendo baja. Y es que la justicia social no es solo cuestión de leyes escritas; es cuestión de voluntad política, de cultura social y de decisiones cotidianas de quienes contratan sus servicios.

La justicia social no es un concepto abstracto ni una simple aspiración ética. Tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico. En México, un porcentaje alto de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que millones de personas carecen de acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad económica. Esto no es un accidente ni una casualidad: es el reflejo de un modelo económico que ha priorizado la precariedad como regla, convirtiendo la desigualdad en un rasgo estructural de nuestra sociedad.

Pero la justicia social también nos obliga a preguntarnos sobre el sentido de lo público. ¿Para qué y para quién están diseñadas nuestras instituciones? En demasiadas ocasiones, lo público ha sido capturado por intereses privados, desviando recursos y esfuerzos que deberían estar destinados a garantizar derechos colectivos. La corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia han convertido lo público en botín, cuando debería ser el espacio de lo común, de lo accesible, de lo incluyente. Sin justicia social, la democracia se convierte en un espejismo que deja intactas las estructuras de desigualdad.

Históricamente, la lucha por la justicia social ha estado en manos de los propios sectores excluidos: trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y obreros han alzado la voz para exigir lo que les corresponde. Hoy, la pregunta es si la sociedad en su conjunto está dispuesta a acompañar esas luchas, a construir redes de solidaridad y a transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad.

México enfrenta una encrucijada: o fortalece políticas públicas que garanticen la redistribución del ingreso y la protección de los derechos fundamentales, o sigue permitiendo que la justicia social sea un discurso vacío en medio de una creciente polarización. La tarea no es sencilla, pero es impostergable.

* Pablo Andrade Martínez (@PabloAnd89) es coordinador de la causa de Construcción de Paz en Nosotrxs.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/justicia-social-deude-pendiente-desigualdad

La experiencia del Colectivo Cero Desabasto nos ha enseñado que los datos bien utilizados pueden transformar vidas. Pero también nos ha mostrado que, sin transparencia y protección adecuada, estos datos pueden ser manipulados o desaparecer, dejando a las personas sin voz, sin recursos y sin garantizar su derecho a la salud.

Por Frida Romay Hidalgo
@FridaRomayHgo

En un mundo cada vez más digitalizado, los datos se han convertido en un recurso invaluable para la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la salud pública. Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad: la de proteger y gestionar adecuadamente la información que puede salvar vidas. Desde el Colectivo Cero Desabasto, que coordino y que se conforma por más de 130 organizaciones, llevamos seis años combatiendo la falta de acceso a medicamentos esenciales en México y uno de nuestros ejes es la investigación. A lo largo de este tiempo he aprendido que la transparencia y el cuidado de los datos no son solo principios éticos, sino herramientas fundamentales para garantizar el derecho a la salud.

Desarrollamos herramientas tecnológicas como la plataforma cerodesabasto.org y el chatbot de WhatsApp “Aba”, que han facilitado el reporte, documentación y mapeo de casos de desabasto. Además, hemos realizado más de 1,200 solicitudes de información pública, obteniendo más de 2 terabytes de datos que han servido para elaborar 11 informes sobre el acceso a medicamentos, vacunas y métodos anticonceptivos en México.

Estos datos no son solo números; representan historias de personas que han visto vulnerado su derecho a la salud. Según la “Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2023“, más de 7.5 millones de recetas no se surtieron en las principales instituciones de seguridad social. Sin datos precisos y accesibles, estas historias podrían quedar en el olvido, y las soluciones, en el limbo.

En mi experiencia al frente de Cero Desabasto he visto cómo los tomadores de decisiones en instituciones gubernamentales y subsistemas de salud enfrentan desafíos significativos, como la falta de datos desagregados sobre el acceso a medicamentos, la burocracia y la falta de coordinación entre subsistemas. Para abordar estas problemáticas, nos hemos auxiliado del Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud (OCAMIS), que proporciona datos desagregados y monitoreables a través de su Sistema de Monitoreo de Indicadores. Este tipo de herramientas no solo facilita la toma de decisiones informadas, sino que también promueve la rendición de cuentas y la transparencia.

Sin embargo, en México estamos enfrentando un retroceso en materia de transparencia y protección de datos con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según las reformas propuestas, el INAI será reemplazado por múltiples autoridades, lo que podría fragmentar y debilitar la capacidad de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. Esto es especialmente preocupante en el ámbito de la salud, donde la privacidad de los datos personales es crucial. La desaparición del INAI no solo pone en riesgo la transparencia, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Mientras en México enfrentamos estos desafíos internos, en Estados Unidos también se están dando movimientos preocupantes en materia de datos de salud. Durante la administración de Trump se reportó la eliminación de información en sitios web de agencias federales de salud, incluyendo la eliminación de referencias a temas como la salud de la comunidad transgénero. Este tipo de acciones no solo limitan el acceso a información vital para ciertas comunidades, sino que también reflejan un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas en materia de salud pública.

Como señaló la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), la eliminación de recursos relacionados con el VIH y la comunidad LGBTQ+ de los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias de salud es profundamente preocupante. “Esto crea un vacío peligroso en la información científica y los datos necesarios para monitorear y responder a brotes de enfermedades”, afirmó la IDSA en un comunicado. Asimismo, mencionaron: “ El acceso a esta información es crucial para lxs profesionales de la salud que atienden a personas con VIH y miembros de la comunidad LGBTQ+, y es fundamental para los esfuerzos para poner fin a la epidemia del VIH“.

Este tipo de acciones no solo afectan a las comunidades históricamente excluidas, sino que también socavan los esfuerzos globales para combatir enfermedades y garantizar el acceso equitativo a la salud. La eliminación de datos específicos sobre poblaciones vulnerables, como las personas LGBTQ+ o aquellas que viven con VIH, no solo es un acto de discriminación, sino también una amenaza para la salud pública en su conjunto.

En México, un equivalente a lo sucedido en Estados Unidos sería la desaparición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), un instrumento clave para entender las condiciones de salud de la población. La ENSANUT, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Sin datos como los que proporciona la ENSANUT, sería imposible monitorear problemas críticos como la obesidad o diseñar estrategias efectivas para mejorar la salud de la población.

En el tiempo que he acompañado al Colectivo Cero Desabasto he visto cómo la falta de datos desagregados puede perpetuar la inequidad. Por ejemplo, sin información específica sobre el desabasto de medicamentos en zonas rurales o entre poblaciones jóvenes es imposible diseñar políticas públicas efectivas que aborden estas problemáticas. La recopilación y el análisis de datos desagregados son esenciales para identificar brechas y garantizar que nadie quede atrás.

Es urgente que tanto en México como en otros países se establezcan marcos legales y políticas públicas que garanticen la protección de los datos personales y el acceso a la información en salud, especialmente para las poblaciones históricamente excluidas. La desaparición del INAI y la purga de datos en Estados Unidos son recordatorios de que la lucha por la transparencia y la justicia en salud no es solo un tema técnico, sino una batalla por los derechos humanos.

En un mundo donde los datos son poder, debemos asegurarnos que ese poder esté en manos de quienes más lo necesitan: las personas. Los gobiernos no son dueños de los datos; son custodios temporales de información que impacta directamente en el bien público. El cuidado de los datos no es solo una cuestión de privacidad, sino de justicia social. Cuando los datos se manipulan, se ocultan o se eliminan, se vulnera el derecho de las personas a saber, a participar y a exigir cuentas.

La experiencia del Colectivo Cero Desabasto nos ha enseñado que los datos bien utilizados pueden transformar vidas. Pero también nos ha mostrado que, sin transparencia y protección adecuada, estos datos pueden ser manipulados o desaparecer, dejando a las personas sin voz y sin recursos. Por eso, es fundamental que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en su conjunto reconozcan que los datos son un bien público y que su manejo debe estar guiado por principios de transparencia, inclusión y respeto a los derechos humanos.

Solo así podremos garantizar que el derecho a la salud no sea solo una promesa, sino una realidad para todas, todos y todes, sin excepciones.

* Frida Romay Hidalgo (@fridaromayhgo.bsky.social / @FridaRomayHgo) es coordinadora de Salud y Bienestar en Nosotrxs-Práctica: Laboratorio para la Democracia y coordinadora del Colectivo Cero Desabasto.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-salud-datos-cero-desabasto

Por Jaime Hernández Colorado

La discriminación es, quizás, una de las expresiones más absurdas del libre albedrío. Implica el establecimiento de diferencias sociales a partir de estereotipos, prejuicios y estigmas, es decir, humo.

El trato desigual e inequitativo a una persona o grupos de personas carece de toda racionalidad, cuando nos detenemos a pensar que ninguno de esos estereotipos, prejuicios o estigmas existe en la realidad. Se trata de construcciones mentales a las que se otorga valor social como instrumentos de diferenciación, cuando no deberían tener valor más allá del mundo de las ideas —por llamarlas de alguna forma.

Ahora bien, ese humo pesa. Y tiene la capacidad de limitar la garantía de los derechos y de cancelar el acceso a medios y formas de vida a muchas personas y colectivos, sencillamente porque otro grupo de personas considera que son diferentes y, por lo tanto, deberían recibir un trato disminuido.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, producto de la colaboración entre el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue un ejercicio de seguimiento al primer esfuerzo, en 2017. Los resultados de la ENADIS 2022 nos ofrecen una visión panorámica del peso que tiene el humo que anima la discriminación.

No es menor reconocer que hay, al menos, diez colectivos en México que padecen las diferencias que se establecen con base en estereotipos, prejuicios y estigmas. Los resultados de la ENADIS 2022 permiten toparnos con realidades concretas. Por ejemplo, con la traducción específica de las discriminaciones en la limitación y falta de garantía de diversos derechos. Por mencionar algunos casos: las personas indígenas identifican como los principales problemas asociados con la discriminación hacia ellas: la falta de empleo, falta de recursos económicos para comer y vestir y la falta de atención médica; las personas afrodescendientes identifican a la discriminación por apariencia y a la falta de empleo; las personas discapacitadas a las instalaciones inadecuadas, costo en cuidados, terapias, entre otros; las personas migrantes, a la falta de empleo, falta de recursos económicos y xenofobia; las personas de la diversidad religiosa, a la falta de respeto a sus tradiciones; las personas adultas mayores, a la falta de empleo, la insuficiencia de las pensiones y al maltrato/abandono, y; las mujeres, a la inseguridad, la violencia de género y el machismo.

Esto lo que nos evidencia es que en México hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda y hasta de tercera. Por supuesto, los de primera no consideran que exista la discriminación y tampoco que sea relevante atender estos problemas —porque no los sufren—. De otro lado, hay personas que no tienen acceso a sus derechos, debido a que los grupos mayoritarios, ensoberbecidos, consideran que sus ‘ideas’ (si cabe llamarlas así) son sustento suficiente para tratar de forma injusta e inhumana a otros grupos.

La reflexión a la que nos invitan los resultados de la ENADIS y el reconocimiento del problema de la discriminación, en sus vertientes múltiples, es la de pensar en los límites que tienen las mayorías: los derechos no pueden estar sujetos a las preferencias de ninguna mayoría. Y la tolerancia hacia la discriminación tampoco puede estarlo, pues significa la cancelación de esos derechos.

La historia universal está llena de ejemplos en los que el exceso de la mayoría, para discriminar y cancelar derechos, ha derivado en atrocidades que nadie con dos dedos de frente pretendería repetir. En esa ruta estamos, entre despreciar la discriminación —y desterrarla— o abrazar la idea de un salto hacia atrás que nos devuelva a antes de caminar en dos pies. Y la decisión es perfectamente racional, a diferencia del humo en el que se sustenta la discriminación.

Director general de Nosotrxs

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/lo-que-pesa-el-humo-21841314

Por Frida Romay Hidalgo
X y bluesky: @FridaRomayHgo

Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de romper barreras y construir un futuro donde todas, sin excepción, tengamos la oportunidad de explorar, aprender y contribuir al mundo de la ciencia.

Aunque hemos avanzado, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una participación equitativa de las mujeres en este ámbito. Por eso, he decidido ocupar este espacio no solo para compartir una reflexión, sino para enviar una carta dirigida a todas las niñas de México y, en especial, a mis queridas hermanas:

Queridas Sofía y Miranda, y todas las niñas que lean esto,

La ciencia y la tecnología son motores del progreso humano, pero históricamente las mujeres hemos sido excluidas de estos campos. Según la UNESCO, menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres, y en áreas como la ingeniería y la inteligencia artificial, la representación femenina es aún menor. Esto no se debe a falta de capacidad, sino a barreras culturales, estereotipos y falta de oportunidades.

Ustedes, como niñas, tienen un potencial inmenso. Sin embargo, muchas veces los mensajes que reciben les hacen creer que la ciencia es “cosa de hombres” o que no tienen las habilidades necesarias. Esto es falso. Mujeres como Marie Curie, la primera persona en ganar dos premios Nobel en distintas disciplinas, o Katherine Johnson, la matemática afroamericana que hizo posibles los viajes espaciales de la NASA, demuestran que el talento no tiene género. Lo que necesitamos son más ejemplos, más mentores y más espacios donde las niñas puedan explorar su curiosidad sin límites.

Incentivar la participación de las mujeres en la ciencia no es solo una cuestión de igualdad, sino de necesidad. Imaginen cuántos problemas del mundo podríamos resolver si todas las mentes brillantes, sin importar su género, tuvieran la oportunidad de contribuir. La diversidad en la ciencia enriquece la investigación, aporta nuevas perspectivas y acelera la innovación. Además, las mujeres en la ciencia suelen enfocarse en temas que benefician directamente a la sociedad, como la salud, la educación y el medio ambiente.

Por eso, quiero animarlas a que no tengan miedo de explorar, de hacer preguntas, de equivocarse y de soñar en grande. La ciencia no es solo para unos pocos; es para todas aquellas que sienten curiosidad por entender el mundo y quieren contribuir a mejorarlo. Ustedes tienen el poder de ser parte de esta generación que rompe estereotipos y abre caminos para las que vienen detrás.

Recuerden que cada vez que una niña elige estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, no solo está cumpliendo un sueño personal, sino que está inspirando a otras a hacer lo mismo. Juntas podemos construir un futuro donde las mujeres y las niñas no solo participen en la ciencia, sino que lideren los avances que transformarán el mundo.

Con cariño y esperanza,

Una persona que cree en ustedes

Coordinadora de Salud y Bienestar en Nosotrxs-Práctica: Laboratorio para la Democracia y Coordinadora del Colectivo Cero Desabasto

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-21615955

Por Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@Mags_19_82

El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales, en referencia al día en que el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa (Convenio 108), quedó abierto a firma.

A través de este instrumento, se garantiza a toda persona el respeto a su derecho a la vida privada, con énfasis en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el cual surgió como una respuesta del Consejo de Europa al aumento de circulación de datos personales y su innegable consecuencia: la imperante necesidad de ampliar la protección a la vida privada, preocupación que en nuestros días es más latente.

Nuestro país se adhirió a este tratado en 2018 y adquirió la obligación de implementar los principios básicos contenidos en él, entre los más relevantes, establecer medidas de protección e implementar sanciones y recursos contra las infracciones a las mismas. Bajo esa aspiración y deber se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano constitucional autónomo encargado de velar por la debida protección de los datos personales.

El 21 de diciembre de 2024, entró en vigor la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que ordenó la extinción del INAI y determinó que, ahora los encargados de proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales son los propios sujetos obligados que posean la información y será hasta el 21 de marzo de 2025 que el legislador secundario definirá el órgano gubernamental competente que asumirá las funciones anteriormente desarrolladas por el INAI.

Es indudable que la reforma supone una serie de retos para las autoridades del país, pues todo ente público o privado deberá definir cómo tratar datos personales dentro de sus procesos administrativos.

Si bien, se vislumbra que las atribuciones del órgano extinto podrían pasar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no es seguro si ésta será en definitiva la protectora de los datos personales.

En ese contexto, el desafío más próximo para las autoridades es brindar las condiciones necesarias para que todo ente público o privado pueda conocer y aplicar las medidas indispensables para garantizar la protección de los datos de carácter personal, por lo que -desde nuestro punto de vista- debería observarse el principio de minimización de datos para recabar sólo aquellos estrictamente necesarios para operar los procesos sin dificultar la libre circulación de esos datos.

También, se deberán reforzar las obligaciones de quienes determinan el tratamiento de datos personales para garantizar un nivel eficaz de protección, así como para concientizar a los propietarios de los datos de la importancia de la salvaguarda de este derecho.

Sin duda, nuestro país afronta un contexto crucial en materia de protección de datos y tiene ante sí la necesidad generar nuevos mecanismos y modelos de protección de la privacidad de aquella información que pertenece a la esfera más íntima de las personas, a efecto de brindar certeza respecto a la garantía de este derecho fundamental.

Referencias
• Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa https://rm.coe.int/16806c1abd
• Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_268_20dic24.pdf

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-proteccion-de-datos-personales-21391939

Por Renata Beltrán y Luis Enrique Madrid,
Consultores en educación y desarrollo
@renata_beltran @luisenmad

“El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas”

El próximo 24 de enero se conmemorará el Día Mundial de la Educación bajo el lema “Inteligencia Artificial y Educación: Preservar la Autonomía en un Mundo Automatizado”. Esta jornada busca reflexionar sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está transformando profundamente las formas de enseñar y aprender. La creciente adopción de herramientas de IA generativa por estudiantes pone de manifiesto la urgencia de este debate. Según la UNESCO, más de dos tercios de los estudiantes de secundaria en países desarrollados ya emplean estas tecnologías para completar tareas académicas.

La IA está marcando un antes y un después en los sistemas educativos. Desde modelos de aprendizaje adaptativo y personalizado, que ajustan contenidos a las necesidades de cada estudiante, hasta la automatización de procesos como la evaluación de exámenes y la generación de informes académicos, su impacto es palpable. En la educación superior, la influencia de la IA es aún mayor: algoritmos optimizan la admisión de estudiantes, la gestión de recursos académicos y la planificación de horarios. Además, desempeña un papel clave en la orientación vocacional, ayudando a los estudiantes a identificar sus habilidades e intereses, facilitando decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Ante estos cambios, es imprescindible desarrollar políticas educativas sólidas y marcos éticos que guíen la integración de la IA en la educación. Esto garantizará que la tecnología actúe como un aliado del aprendizaje, sin comprometer la autonomía humana.

En México, la integración de la IA en la educación está en una etapa inicial, con esfuerzos destacados de universidades, el sector privado y organizaciones internacionales. La Universidad Autónoma Metropolitana analiza la creación de la licenciatura en IA, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México investiga el impacto de la IA en el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico. Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara resalta el potencial de la IA para cerrar brechas tecnológicas y educativas. En el sector privado, Fundación Telefónica Movistar y la Organización de Estados Iberoamericanos han presentado informes sobre los retos y oportunidades de la IA en América Latina. También organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad han subrayado la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública diseñe políticas públicas claras para consolidar estos esfuerzos, enfrentando desafíos como la brecha tecnológica y la formación docente, esenciales para democratizar el acceso a estas herramientas.

Mientras México comienza a explorar el potencial de la IA en la educación, otros países, como Corea del Sur, avanzan con pasos firmes. Desde 2019, Corea ha incorporado la IA en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la formación docente. En preescolar, se utiliza para fomentar la creatividad y las habilidades socioemocionales mediante juegos adaptativos; en primaria y secundaria, los estudiantes aprenden programación, fundamentos de IA y ética digital; y en bachillerato se ofrecen materias especializadas como “Introducción a la IA”. Este año, Corea planea implementar libros de texto digitales basados en IA, que personalizan el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante. Además, en 2024, el gobierno destinó aproximadamente 2 mil millones de pesos mexicanos para mejorar laboratorios digitales, redes de conexión y la velocidad de internet en 6,000 escuelas. Estas iniciativas se complementan con un robusto programa de formación docente, enfocado en el uso ético y eficiente de estas tecnologías.

El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, en especial la IA, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas. En México, donde casi el 19% de la población aún no tiene acceso a internet (INEGI, 2023), la IA puede ser una herramienta para cerrar brechas educativas, siempre y cuando esté acompañada de políticas públicas sólidas que garanticen igualdad de oportunidades.

Es esencial sensibilizar a directivos y docentes, adaptar los currículos y capacitar al personal educativo para que la IA potencie el aprendizaje sin comprometer la creatividad ni la autonomía humana. México puede inspirarse en casos como el coreano donde la IA ya está transformando aulas. No sin antes adaptarlo a los distintos entornos nacional y locales, adoptando una visión estratégica y colaborativa. México tiene la oportunidad de construir un sistema educativo más inclusivo, preparado para los retos del futuro y capaz de garantizar que nadie quede al margen de las oportunidades del mundo digital.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/potencial-transformador-inteligencia-artificial

Por Sofía Teresa Díaz-Torres
Residente de Investigación en Centro Médico ABC
X: @SaludMentalMed

La depresión y los trastornos de salud mental son un problema de salud pública que requieren de un abordaje en colectivo. En México, se estima que aproximadamente 3 millones de personas fueron diagnosticadas con depresión en 2022 (Secretaría de Salud, 2022). Sin embargo, esta cifra apenas refleja la magnitud del problema. La depresión está subdiagnosticada, muchas personas que experimentan síntomas depresivos no reciben un diagnóstico formal. En primer lugar, por la dificultad en el acceso a los servicios de salud. En segundo lugar, porque los criterios clínicos actuales —como los del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)— no abarcan toda la complejidad de la experiencia humana.

La salud mental no es un estado binario de salud o enfermedad, sino un continuo en el que todas las personas fluctuamos. Todas hemos atravesado momentos de vulnerabilidad emocional y, la mayoría hemos enfrentado síntomas depresivos. No se trata de trivializar y decir “todos estamos tristes”, sino de reconocer que la salud mental y la depresión son un asunto colectivo que no debe ser reducido a lo individual ni tratado exclusivamente desde lo farmacológico.

La depresión afecta a todo el tejido social y, por lo tanto, su abordaje debe ser colectivo y estructural. Este texto apuesta por la seguridad social para enfrentar este desafío, garantizando tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, pero sobretodo condiciones de vida dignas que promuevan el bienestar.
La depresión, como muchas otras condiciones de salud, tiene determinantes estructurales. No es simplemente un desbalance químico que pueda corregirse exclusivamente con medicamentos. Es el resultado de dinámicas de vida y trabajo que se entrelazan con la historia personal y las condiciones sociales. En el pasado, la construcción del yo, la seguridad del hogar y la satisfacción de necesidades básicas y emocionales. En el presente, el entorno laboral, las relaciones interpersonales y las oportunidades de desarrollo. En el futuro, la posibilidad de realizarse plenamente sin temor a la precariedad o la inseguridad.

Por lo tanto, aunque los medicamentos pueden ser herramientas valiosas e incluso salvar vidas, abordar la depresión de manera integral requiere transformar las condiciones estructurales que determinan el bienestar: que las personas puedan vivir sin frío ni hambre, sin miedo al desempleo o a la exclusión, y con acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente. Esta perspectiva ha sido desarrollada por autores como Amartya Sen (2002) y Martha Nussbaum (2012) bajo el enfoque de las capacidades, quienes sostienen que el bienestar no se reduce a la ausencia de enfermedad o al nivel de ingreso, sino a la posibilidad de vivir una vida digna y plena.

En este sentido, la seguridad social se concibe como un “sistema de protección integral y universal, financiado colectivamente, que busca garantizar el bienestar de las personas ante contingencias como enfermedad, vejez, desempleo y discapacidad, asegurando la equidad y la dignidad en la sociedad” (Beveridge, 1942). Desde esta perspectiva, la atención de la salud mental implica crear entornos donde las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse plenamente. Así, en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el compromiso con la salud mental implica una cambio profundo en la atención: no responder a los síntomas individuales, sino intervenir sobre sus causas estructurales. Este abordaje de salud mental garantizaría el acceso a la educación, condiciones laborales dignas, entornos seguros y una vida libre de precarización. La salud mental colectiva sólo existirá cuando se asegure el derecho a existir con dignidad y justicia social.

Referencias:
• Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services. London: HMSO.
• Nussbaum, M. C. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder Editorial.
• Secretaría de Salud. (2022). 2º Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones. Secretaría de Salud.
• Sen, A. (2002). Why health equity? Health Economics, 11(8), 659-666. https://doi.org/10.1002/hec.762

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/seguridad-social-para-la-salud-mental-21132098

Por Jaime Hernández Colorado,
Director General de Nosotrxs
X: @jhcolorado

En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1122 OIC u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados arriba. Respecto de esos 1122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4171, una disminución de 65.5% respecto de 2020, cuando se reportaron 12103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la LGRA, se reportaron 1576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 —frente a 4377 en 2020—, 1039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) —en oposición a 2296 en 2020— y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) —ante 2250 en 2020.

Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24054 auditorías a los 2469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3443 fueron hechas por OIC; del resto: 15902 por contraloría interna, 3022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1122 OIC municipales, se puede observar que éstos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.

Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24054 auditorías hechas en total, 18769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación: “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”, es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3118 fueron a obra pública y 1348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.

Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6% frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2% menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.

En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9% respecto de 2021, en que se hicieron 10159. De esas 6923, 3444 fueron hechas por los OIC, 1128 por las secretarías de contraloría, 1059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.

En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7% respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47%. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).

Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del artículo 8 constitucional.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-informacion-organos-control-interno-2