Notas en categoría: Documentos

Las personas en situación de migración en México no pierden de ninguna manera sus derechos humanos, pero en la realidad los principales derechos que se les vulneran son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

Por Daniel Cortés Martínez
@danielcormar89

Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que podemos encontrar mencionado constantemente en convenciones, declaraciones, resoluciones e instrumentos internacionales, es el de la universalidad. Éste establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin importar el lugar de residencia que tengan, su nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra característica o situación particular. En otras palabras, los derechos humanos son inalienables, esto quiere decir que no deben suprimirse, y pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser precisamente humanos, y no pueden ser negados a ninguna persona por diferencias culturales, políticas, históricas, sociales o económicas.

En ese sentido, las personas que inician o están en un proceso migratorio en curso no pierden de ninguna manera sus derechos humanos por esa condición migratoria, ya sea por situación de migración forzada, voluntaria, permanente, temporal, regular o irregular. Sin embargo, la realidad de las personas en situación de migración es muy distinta puesto que se enfrentan constantemente a prácticas y discursos discriminatorios que vulneran de múltiples formas sus derechos humanos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las quejas que han recibido de las personas en situación de migración en México arrojan que los principales derechos que se les vulneran son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

Detrás de estas quejas, la propia CNDH ha logrado documentar las situaciones específicas en las que ocurren las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en distintos momentos del proceso migratorio; por ejemplo, durante el aseguramiento sufren de robos o extorsiones, golpes, amenazas con armas, y son detenidos arbitrariamente por autoridades que no tienen facultad para llevar a cabo esas funciones. Por otra parte, las personas migrantes que acuden a las estaciones migratorias carecen de servicios sanitarios o condiciones dignas para su estancia, sin posibilidad de acceder a atención médica de calidad o a medicamentos, viven en condiciones de hacinamiento, y en la mayoría de las ocasiones sin información pertinente y necesaria sobre su situación migratoria o los pasos a seguir para cualquier tipo de trámite que garantice la protección de sus derechos.

En el caso de las infancias en condición de migración se enfrentan, por ejemplo, a la privación de la libertad, situaciones en las que son separados de sus familias, hacinamiento en áreas destinadas para personas adultas y, en general, no tienen un trato diferenciado o especial por su condición de menores. La situación de las mujeres migrantes es todavía más delicada puesto que enfrentan una realidad de vulnerabilidad adicional por cuestión de género, entre los que se encuentran la falta de atención de personal femenino en el traslado a las estaciones migratorias y en su estancia en las mismas estaciones, lo que tiene como consecuencia que sufran tratos vejatorios como el despojo de sus ropas para supuestas valoraciones médicas, o son sometidas a revisiones corporales invasivas, e incluso existen múltiples casos de tocamientos indebidos y violaciones por parte de agentes estatales. Además, tampoco tienen acceso a servicios médicos diferenciados, y las mujeres embarazadas reciben poca o nula atención médica.

Existen otro tipo de violaciones a los derechos humanos que son particularmente preocupantes por la omisión de las autoridades y la falta de atención integral por parte del Estado mexicano, como son la trata de personas y el secuestro de personas en situación de migración. México es un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, y por ello es susceptible de presentar tanto trata transfronteriza, pero también un gran problema de trata interna en el que miles de personas incluyendo niñas y niños son víctimas de este delito, el cual está estrechamente vinculado con los flujos de migración, la pobreza, la degradación del tejido social, la desigualdad y el crimen organizado.

Así pues, es necesaria e imperativa la creación o el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a atender y prevenir las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, además del diseño de estrategias de corte regional para romper con los patrones sistemáticos de vulneración por medio de protocolos de prevención, identificación y atención a víctimas. El respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas en condición de migración sigue siendo una tarea pendiente del Estado mexicano, que no ha logrado formular una política migratoria integral con una perspectiva de género y de derechos humanos, y que en su omisión y letargo continúa perpetuando la serie de violaciones sistemáticas mencionadas.

* Daniel Cortés Martínez (@danielcormar89) es coordinador de la Causa de Defensa de los Derechos de las Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes en Nosotrxs (@NosotrxsMx).

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derechos-humanos-personas-migrantes

Por Pablo Andrade Martínez
@PabloAnd89

Cada 30 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Sin embargo, para millones de ellas, la fecha pasa desapercibida, como si la historia, las leyes y la sociedad todavía se resistieran a reconocer el valor de su trabajo. En América Latina, y particularmente en México, el trabajo del hogar ha sido históricamente un trabajo invisibilizado, mal pagado y realizado mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas indígenas, migrantes o en condiciones de alta vulnerabilidad.

En este país, más de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y más del 90% son mujeres. Su labor —limpiar, cocinar, cuidar, ordenar, criar, acompañar— permite que otras personas salgan a trabajar, estudien, emprendan, produzcan. Sin ellas, la economía se detiene. Y, sin embargo, ellas casi nunca figuran en los discursos sobre desarrollo, justicia o derechos laborales.

Pese a los avances normativos —como la reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza el acceso a la seguridad social—, la realidad es que menos del 5% de las trabajadoras del hogar están afiliadas al IMSS. Muchas desconocen sus derechos, otras temen exigirlos por miedo a ser despedidas, y no pocas enfrentan situaciones de discriminación o violencia dentro de los hogares donde trabajan. La informalidad no es una elección: es una trampa estructural.

Durante décadas, se ha tolerado una visión clasista y racista del trabajo del hogar. Se le ha confundido con “ayuda”, se le ha cubierto con un manto de afecto para evitar hablar de derechos, y se ha perpetuado la idea de que “son como de la familia” para no reconocer que son, ante todo, trabajadoras. Esa retórica ha servido para justificar salarios precarios, jornadas extenuantes y la ausencia de contratos o prestaciones. Y también ha servido para acallar las voces de quienes se organizan, luchan, denuncian y exigen dignidad.

Reconocer el trabajo del hogar como trabajo es un primer paso. Pero no basta. Se necesita voluntad política, campañas masivas de información, inspecciones laborales efectivas, justicia accesible y, sobre todo, una transformación cultural profunda. Porque no se trata sólo de cambiar leyes, sino de cambiar mentalidades.

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar es una oportunidad para poner el foco en una lucha histórica. Es un día para escuchar las voces que han sido silenciadas, para mirar a los ojos a quienes hacen posible la vida cotidiana, y para comprometernos con una idea simple pero poderosa: todos los trabajos merecen derechos, pero hay trabajos que merecen justicia urgente.

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-las-trabajadoras-del-hogar-22334463

El crecimiento urbano e industrial debe someterse al camino del agua y a la vida, y no viceversa. El modelo vigente, que ha significado ganancias privatizadas y costos cargados a la población humana y otras formas de vida, debe terminar ya.

Por René Romero y Francisco Landa
@NosotrxsMX

“El camino del agua siembra vida si es respetado, o muerte y enfermedad si es violentado”.

La cuenca de Anáhuac ha sido transformada en una entidad voraz que destruye y drena los ecosistemas que son clave en la atracción, captación, infiltración y almacenamiento de lluvia (cuencas del Alto Lerma y Balsas en los Estados de México y Michoacán). La megalópolis consume también enormes cantidades de agua de sus acuíferos, al punto de abatirlos. Al mismo tiempo, expulsa agua residual de uso urbano e industrial sin ningún tipo de tratamiento, mezclada con precipitación pluvial que, al no contar con una salida natural hacia un río y el mar, debe ser evacuada mediante una costosa infraestructura hacia la subcuenca del Río Tula, parte inicial de la Cuenca Pánuco-Moctezuma.

Al recibir el agua residual de la zona metropolitana y sumarla a la que es usada y contaminada por las industrias locales más tóxicas, la denominada Región Tolteca al sur del Valle del Mezquital se convierte en un infierno socioambiental o zona de sacrificio (no olvidar que, además, en 2021 esa región fue inundada deliberadamente para justificar la destrucción del ecosistema milenario con la ampliación y revestimiento del cauce del Río Tula en la zona urbana de este municipio).

Los pueblos de Hidalgo no solo son obligados a recibir los desechos de la Ciudad de México, también son expoliados de su agua. De manantiales ubicados en la zona de Zimapán (que deberían irrigar ecosistemas en camino hacia el Pánuco), se bombea líquido para las zonas urbanas e industriales de Querétaro. El acueducto construido para este trasvase destruyó bosques, dañó manantiales, y no incluyó abastecimiento para comunidades a su paso.

Esta es la absurda panorámica: agua en enormes cantidades es arrebatada a los bosques del Estado de México, trasvasada, usada y contaminada en la CDMX, para luego trasvasarla de nuevo en forma de drenaje hacia la cuenca del Pánuco, convirtiendo a Hidalgo en una fosa séptica (presa Endhó) y paso de cañería.

A su vez, agua limpia es extraída de cuencas en ese estado para de nuevo trasvasarla, esta vez hacia Querétaro, donde se integra vía fluvial a la cuenca del Lerma (sí, la misma de donde la CDMX extrajo su agua). Pasando por Guanajuato y Jalisco, donde es aún más contaminado, el cauce llega hasta la zona industrial de El Salto-Juanacatlán, que por la concentración tóxica se convierte en otro de los infiernos ambientales de nuestro país. Ese mismo líquido desemboca en el lago de Chapala, ¡que abastece a la ciudad de Guadalajara! Como la, el lector puede notar, los costos en degradación ambiental, riesgos sanitarios, infraestructura de trasvases e inviabilidad a largo plazo de esta absurda circulación del agua son enormes.

El descrito no es solo un mapa regional plagado de daños y errores históricos determinados por un duro entramado de intereses. También dibuja líneas que hermanan territorios y pueblos interconectados que sufrimos los efectos de la devastación eco-hidrosocial. Si bien ninguna solución podrá ser simple, nuestro diagnóstico sí que es claro: nuestra agua no puede seguir siendo sometida a la exigencia del crecimiento urbano-industrial. Nuestra agua no puede continuar siendo considerada una mercancía acaparable por entidades depredadoras. Nuestros ríos no pueden seguir siendo cañerías a cielo abierto. Los trasvases no pueden seguir siendo coartadas para evitar asumir un necesario cambio de paradigma sociedad-territorio. El crecimiento urbano e industrial debe someterse al camino del agua y a la vida, y no viceversa. El modelo vigente, que ha significado ganancias privatizadas y costos cargados a la población humana y otras formas de vida, debe terminar ya.

En términos de políticas concretas, el reto hídrico no puede seguir siendo abordado con una visión exclusivamente ingenieril “para garantizar el abasto”, sobre todo si ‘abasto’ sigue implicando acaparamiento, ilegalidad, desperdicio e irresponsabilidad medioambiental. Tampoco tienen sentido magnas obras de tratamiento para el reúso del líquido, sin que el enfoque dominante sea, de inicio, dejar de contaminarlo masivamente.

Al día de hoy, y arrastrando la penosa situación de no contar con una nueva Ley General de Aguas, movimientos de defensa territorial resistimos con propuestas en mano y en el más auténtico cuidado de nuestras comunidades. Exigimos políticas y acciones determinantes por parte de los tres poderes de la Unión, que deben ser diseñadas en todo momento con una participación real y significativa de la sociedad.

Los poderes establecidos no pueden seguir operando desde la postergación, la simulación propagandística ni la implementación de decisiones paliativas expresadas en planes “integrales”, de “saneamiento” o de “justicia” que escondan nuevas versiones de expansión desarrollista o de negocio de concesiones.

El futuro es de todxs: lo construimos juntos, o no será.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/dia-mundial-agua-estados-crecimiento-urbano

Nosotrxs por la Democracia nació hace ocho años con la convicción de que los derechos se exigen en colectivo, se defienden en comunidad y se ejercen con dignidad. Se trata de la suma de voluntades, la coincidencia de objetivos y la acción concreta para lograr un cambio social duradero en pos del bienestar común.

Por Daniel Cortés Martínez y Pablo Andrade Martínez
@NosotrxsMx

Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental para el bien común, pues su principal función práctica es identificar los vacíos que el gobierno va dejando en su desempeño, para tratar de subsanar los efectos perjudiciales que estos vacíos dejan y, por medio de la acción colectiva y la participación ciudadana, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanos. En otras palabras, las organizaciones de la sociedad civil existen porque el gobierno no siempre cumple su parte. Ahí donde hay un derecho vulnerado, una injusticia normalizada o una burocracia que se cierra en lugar de abrirse, hay personas que deciden organizarse para exigir lo que les corresponde. Esa es la esencia de Nosotrxs por la Democracia, una organización que nació hace ocho años con la convicción de que los derechos se exigen en colectivo, se defienden en comunidad y se ejercen con dignidad. Se trata de la suma de voluntades, la coincidencia de objetivos y la acción concreta para lograr un cambio social duradero en pos del bienestar común.

A lo largo de estos años, Nosotrxs ha trabajado en distintas causas que tienen algo en común: la lucha por la justicia y la igualdad. Desde el inicio de sus actividades, una de sus principales banderas ha sido la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, un sector históricamente invisibilizado que, gracias a la presión organizada, ha logrado avances clave como la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la incorporación de miles de trabajadoras del hogar al IMSS. Pero la lucha no ha sido solo ahí. También ha estado presente acompañando a las personas jornaleras agrícolas migrantes que pasan su vida en condiciones de explotación extrema, sin acceso a derechos laborales ni servicios básicos. Ha estado en los hospitales, documentando y denunciando el desabasto de medicinas que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas. Ha estado en las calles, codo a codo con los repartidores de aplicaciones digitales que, sin prestaciones ni seguridad, trabajan a la intemperie mientras las empresas se deslindan de toda responsabilidad. Y ha estado en las comunidades, llevando estrategias de construcción de paz a un país que ha normalizado la violencia, pero que aún cree en la posibilidad de sanar.

Entre las actividades más importantes que Nosotrxs ha desarrollado en sus 8 años de existencia está el cometido de informar, promover y capacitar para que las personas conozcan sus derechos y tengan los medios para exigirlos, entender cómo funcionan y cómo se pueden poner en práctica con las herramientas institucionales disponibles en el país. En ese sentido, la formación de capacidades y la promoción y difusión de la información parten y se instrumentan desde la perspectiva de la organización comunitaria y la exigencia colectiva ante la vulneración de los derechos, con la finalidad de contribuir a crear espacios de igualdad, fomentar la no discriminación, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de exigir que las instituciones públicas ejecuten sus funciones siendo garantes de los derechos de todas las personas respetando a cabalidad las leyes existentes.

Así pues, es imprescindible afirmar que la fuerza de Nosotrxs está en la ciudadanía, en las personas que han encontrado en este movimiento un espacio para organizarse y exigir. En estos años ha tejido alianzas con más de 135 organizaciones dentro y fuera de México, y ha logrado financiamiento de instituciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia, Open Society Foundations y Nacional Monte de Piedad, entre muchas otras. Gracias a esa red de apoyo, ha logrado cambios concretos: acceso a seguridad social para las trabajadoras del hogar, presión efectiva para transparentar la reconstrucción tras los sismos de 2017, programas constantes de capacitación en derechos laborales y humanos y organización comunitaria, programas de capacitación y sensibilización a personas funcionarias públicas y autoridades, campañas de visibilización de las problemáticas que se trabajan, y el diseño de mecanismos y estrategias de incidencia pública que han permitido tener presencia en los procesos de toma de decisiones para lograr el fin último que es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

Pero el reto sigue siendo enorme. En México, la desigualdad sigue marcando la vida de millones de personas y la diferencia entre tener o no acceso a los derechos sigue dependiendo, muchas veces, del lugar en el que se nace, el trabajo que se hace o el dinero que se tiene en la bolsa. Nosotrxs existe para demostrar que la historia puede ser distinta, que el acceso a los derechos no debe depender de la voluntad de los gobiernos, sino de la capacidad de la ciudadanía para organizarse y exigir lo que le corresponde.

A ocho años de haber comenzado este camino, Nosotrxs sigue con la misma convicción con la que inició: la lucha por la justicia no es individual, es colectiva. Porque cuando exigimos derechos #EnBola, la historia cambia.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/ocho-aniversario-derechos-en-bola

Por Daniel Cortés Martínez
Coordinador de la causa de defensa de los derechos de las personas trabajadoras agrícolas en Nosotrxs A.C.
@danielcormar89

El retorno de los republicanos a la toma de decisiones en el gobierno de Estados Unidos ha traído de vuelta el discurso, y probable toma de acción, en contra de las personas migrantes, planteando como un punto central de la política migratoria las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados o sin un estatus legal permanente.

La idea de las deportaciones masivas se alimenta de un sentimiento proteccionista que pretende favorecer el aumento de empleos y de salarios para los norteamericanos nativos, y que además fue respaldada por un gran porcentaje (alrededor del 54%) de votantes que le otorgaron la victoria a Donald Trump en las pasadas elecciones en noviembre.

Esta situación es especialmente preocupante para el sector agrícola y para los trabajadores de origen mexicano o de países centroamericanos que laboran y sostienen prácticamente toda la cadena de distribución de alimentos en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, alrededor de 60.65% de las personas que se encuentran trabajando en el campo norteamericano nacieron en México, mientras que 5.6% provienen de países centroamericanos, lo que arroja un total de 67.39% de la fuerza laboral en el campo, es decir más de la mitad del total de trabajadores. Por otra parte, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, se estima que existen 2.9 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 1.7 millones son inmigrantes indocumentados.

Así pues, en el escenario hipotético que ha planteado Donald Trump en el que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados es una constante, estamos hablando de que afectaría a más de la mitad de la fuerza productiva en el campo, que además, a partir de la pandemia de Covid-19, ha sufrido una escasez muy importante de mano de obra. La idea de que los trabajos que desocupen los inmigrantes indocumentados serán sustituidos por mano de obra norteamericana tampoco tiene un sustento sólido, pues de acuerdo con un estudio que registró el retiro de aproximadamente medio millón de trabajadores mexicanos en el campo tras la cancelación del programa de braceros en 1965, arrojó que la exclusión de estos trabajadores no se tradujo inmediatamente en la mejora de los empleos para estadounidenses, ni el aumento de los salarios. Por el contrario, los empleadores buscaron ajustar la escasez de mano de obra con otro tipo de estrategias como la mecanización de los procesos de siembra y cultivo, el uso de otras variedades de semillas y el empleo de agroquímicos y pesticidas, o sencillamente la contratación de inmigrantes indocumentados.

Las disrupciones en la cadena de producción de alimentos que provocaría la deportación masiva de la fuerza laboral en el campo son amplias y altamente costosas puesto se perderían ingresos fiscales esenciales, además de que se verían afectados los precios de los alimentos al perder gran parte de la mano de obra esencial, sumado a las perturbaciones de la economía norteamericana en general. En suma, la contribución de las personas jornaleras agrícolas migrantes para el funcionamiento del sistema alimentario de Estados Unidos es incalculable, y la falta de reconocimiento del mismo es un gran problema que los impulsores de la política migratoria trumpista están tomando muy a la ligera sin prever las graves consecuencias que ello podría tener para la vida misma de millones de norteamericanos.

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/personas-jornaleras-agricolas-y-deportaciones-22091182

Este 8M debe ser el momento para articular nuestras luchas con consciencia política. No importa a qué feminismo pertenezcamos, el denominador común es claro: debemos ir contra esos sistemas que nos oprimen, porque no hay feminismo que no luche contra esto.

Por Edith Díaz Gutiérrez
@EdMacrina

Cada 8M queda más lejano a aquellos días donde recibíamos una rosa como felicitación y estamos más cerca de entender la conmemoración de este día. Poco a poco, logramos que la sociedad vea este día como una fecha para visibilizar las violencias a las que estamos expuestas. Sin embargo, aún nos queda una lucha pendiente: evitar que el capitalismo se apodere de este día.

Este sistema salvaje ha logrado colarse en la conmemoración del 8M, específicamente, llevando la esencia de la protesta a un espacio consumista, donde las nuevas generaciones –y quizás las no tan jóvenes– creen que para ser parte de este día hay que vestir “apropiadamente” o pagar por talleres para hacer pancartas. Como si la consciencia política pudiera comprarse.

Cada 8M deberíamos evitar caer en la parafernalia que nos desvíe del verdadero propósito del movimiento. Participar en las marchas no tendría que ser solo una cuestión de “pertenecer” a una causa, sino un acto consciente contra el sistema patriarcal y económico. Es un recordatorio de que muchas mujeres aún no tienen acceso a la tierra ni a la toma de decisiones en sus comunidades, o que, aún hay una división desigual en las tareas de cuidados al interior de las familias.

No se necesita ser experta en Ciencia Política, Filosofía o Sociología para conocer la realidad de las mujeres, basta con escuchar las historias de quienes nos rodean: nuestras madres, hermanas, amigas, vecinas. Al percatarnos de las realidades de las mujeres en nuestra comunidad, podemos entender el propósito de cada marcha y manifestación.

Al observar desde una perspectiva crítica cómo se desarrollan las marchas multitudinarias, vemos hasta qué punto el capitalismo ha penetrado en nuestras luchas. Y ni siquiera abordar temas como la brecha salarial, la feminización de los trabajos, la falta de liderazgo femenino en espacios de toma de decisiones y tantas otras condiciones sociales que nos afectan a las mujeres.

No se trata de juzgar el gozo de celebrar la vida y la resistencia, porque en un país donde entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día 1 estar vivas es, sin duda, un logro. Pero debemos cuestionarnos el verdadero sentido del Día Internacional de las Mujeres en pleno 2025. ¿Nos lo cuestionamos?

Tampoco se trata de ganarse el derecho a la manifestación, porque todas tenemos algo por qué luchar. Cada mujer, en su particular contexto, lleva una carga de opresión y violencia que exige ser escuchada, ¿la reconocemos?

También hay que desmitificar que es un privilegio el poder salir a las calles a protestar, porque se trata de una exigencia que hemos ganado con años de resistencia y que seguimos defendiendo.

Participar desde la consciencia en el 8M es reconocer y honrar la lucha de todas las mujeres: por la educación, la participación política, la denuncia de la violencia doméstica, la lucha contra la opresión y la precariedad laboral, entre muchas más. Es justo esto lo que el capitalismo no quiere que hagamos: cuestionar y desafiar el sistema que nos explota y nos margina.

Por lo que este 8M debe ser el momento para articular nuestras luchas con consciencia política. No importa qué tipo de militancia feminista tengamos, el denominador común es claro: debemos ir contra esos sistemas que nos oprimen, porque no hay feminismo -ni mujer- que no deba luchar contra esto.

Esta intervención en este espacio digital es un llamado a buscar nuestra raíz en esta lucha, apropiarnos de nuestras formas de manifestación sin caer en un ideal feminista pop del que se está haciendo cargo de dar a conocer el capitalismo.

* Edith Díaz Gutiérrez (@EdMacrina) es comunicóloga con perspectiva feminista y locutora del podcast Ruido Violeta

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/internacional/bbc/50-mil-muertos-gaza-conflicto-israel-hamas

La justicia social tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico.

Por Pablo Andrade Martínez
@PabloAnd89

El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con el objetivo de visibilizar la urgencia de construir sociedades más equitativas. Pero más allá de la efeméride, la justicia social es una necesidad que se juega en la vida cotidiana de millones de personas. En México, esto se traduce en una lucha constante por el reconocimiento de derechos básicos: salarios justos, seguridad social, condiciones laborales dignas y la posibilidad de vivir con dignidad.

Hablar de justicia social es hablar de trabajo digno, de oportunidades reales para quienes sostienen el día a día del país. Un ejemplo claro de esta deuda pendiente es la situación de las trabajadoras del hogar, quienes históricamente han sido invisibilizadas y relegadas a la informalidad. A pesar de la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Seguro Social en 2019, que reconoce su derecho a la seguridad social, la tasa de inscripción sigue siendo baja. Y es que la justicia social no es solo cuestión de leyes escritas; es cuestión de voluntad política, de cultura social y de decisiones cotidianas de quienes contratan sus servicios.

La justicia social no es un concepto abstracto ni una simple aspiración ética. Tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico. En México, un porcentaje alto de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que millones de personas carecen de acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad económica. Esto no es un accidente ni una casualidad: es el reflejo de un modelo económico que ha priorizado la precariedad como regla, convirtiendo la desigualdad en un rasgo estructural de nuestra sociedad.

Pero la justicia social también nos obliga a preguntarnos sobre el sentido de lo público. ¿Para qué y para quién están diseñadas nuestras instituciones? En demasiadas ocasiones, lo público ha sido capturado por intereses privados, desviando recursos y esfuerzos que deberían estar destinados a garantizar derechos colectivos. La corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia han convertido lo público en botín, cuando debería ser el espacio de lo común, de lo accesible, de lo incluyente. Sin justicia social, la democracia se convierte en un espejismo que deja intactas las estructuras de desigualdad.

Históricamente, la lucha por la justicia social ha estado en manos de los propios sectores excluidos: trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y obreros han alzado la voz para exigir lo que les corresponde. Hoy, la pregunta es si la sociedad en su conjunto está dispuesta a acompañar esas luchas, a construir redes de solidaridad y a transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad.

México enfrenta una encrucijada: o fortalece políticas públicas que garanticen la redistribución del ingreso y la protección de los derechos fundamentales, o sigue permitiendo que la justicia social sea un discurso vacío en medio de una creciente polarización. La tarea no es sencilla, pero es impostergable.

* Pablo Andrade Martínez (@PabloAnd89) es coordinador de la causa de Construcción de Paz en Nosotrxs.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/justicia-social-deude-pendiente-desigualdad

La experiencia del Colectivo Cero Desabasto nos ha enseñado que los datos bien utilizados pueden transformar vidas. Pero también nos ha mostrado que, sin transparencia y protección adecuada, estos datos pueden ser manipulados o desaparecer, dejando a las personas sin voz, sin recursos y sin garantizar su derecho a la salud.

Por Frida Romay Hidalgo
@FridaRomayHgo

En un mundo cada vez más digitalizado, los datos se han convertido en un recurso invaluable para la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la salud pública. Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad: la de proteger y gestionar adecuadamente la información que puede salvar vidas. Desde el Colectivo Cero Desabasto, que coordino y que se conforma por más de 130 organizaciones, llevamos seis años combatiendo la falta de acceso a medicamentos esenciales en México y uno de nuestros ejes es la investigación. A lo largo de este tiempo he aprendido que la transparencia y el cuidado de los datos no son solo principios éticos, sino herramientas fundamentales para garantizar el derecho a la salud.

Desarrollamos herramientas tecnológicas como la plataforma cerodesabasto.org y el chatbot de WhatsApp “Aba”, que han facilitado el reporte, documentación y mapeo de casos de desabasto. Además, hemos realizado más de 1,200 solicitudes de información pública, obteniendo más de 2 terabytes de datos que han servido para elaborar 11 informes sobre el acceso a medicamentos, vacunas y métodos anticonceptivos en México.

Estos datos no son solo números; representan historias de personas que han visto vulnerado su derecho a la salud. Según la “Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2023“, más de 7.5 millones de recetas no se surtieron en las principales instituciones de seguridad social. Sin datos precisos y accesibles, estas historias podrían quedar en el olvido, y las soluciones, en el limbo.

En mi experiencia al frente de Cero Desabasto he visto cómo los tomadores de decisiones en instituciones gubernamentales y subsistemas de salud enfrentan desafíos significativos, como la falta de datos desagregados sobre el acceso a medicamentos, la burocracia y la falta de coordinación entre subsistemas. Para abordar estas problemáticas, nos hemos auxiliado del Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud (OCAMIS), que proporciona datos desagregados y monitoreables a través de su Sistema de Monitoreo de Indicadores. Este tipo de herramientas no solo facilita la toma de decisiones informadas, sino que también promueve la rendición de cuentas y la transparencia.

Sin embargo, en México estamos enfrentando un retroceso en materia de transparencia y protección de datos con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según las reformas propuestas, el INAI será reemplazado por múltiples autoridades, lo que podría fragmentar y debilitar la capacidad de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. Esto es especialmente preocupante en el ámbito de la salud, donde la privacidad de los datos personales es crucial. La desaparición del INAI no solo pone en riesgo la transparencia, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Mientras en México enfrentamos estos desafíos internos, en Estados Unidos también se están dando movimientos preocupantes en materia de datos de salud. Durante la administración de Trump se reportó la eliminación de información en sitios web de agencias federales de salud, incluyendo la eliminación de referencias a temas como la salud de la comunidad transgénero. Este tipo de acciones no solo limitan el acceso a información vital para ciertas comunidades, sino que también reflejan un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas en materia de salud pública.

Como señaló la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), la eliminación de recursos relacionados con el VIH y la comunidad LGBTQ+ de los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias de salud es profundamente preocupante. “Esto crea un vacío peligroso en la información científica y los datos necesarios para monitorear y responder a brotes de enfermedades”, afirmó la IDSA en un comunicado. Asimismo, mencionaron: “ El acceso a esta información es crucial para lxs profesionales de la salud que atienden a personas con VIH y miembros de la comunidad LGBTQ+, y es fundamental para los esfuerzos para poner fin a la epidemia del VIH“.

Este tipo de acciones no solo afectan a las comunidades históricamente excluidas, sino que también socavan los esfuerzos globales para combatir enfermedades y garantizar el acceso equitativo a la salud. La eliminación de datos específicos sobre poblaciones vulnerables, como las personas LGBTQ+ o aquellas que viven con VIH, no solo es un acto de discriminación, sino también una amenaza para la salud pública en su conjunto.

En México, un equivalente a lo sucedido en Estados Unidos sería la desaparición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), un instrumento clave para entender las condiciones de salud de la población. La ENSANUT, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Sin datos como los que proporciona la ENSANUT, sería imposible monitorear problemas críticos como la obesidad o diseñar estrategias efectivas para mejorar la salud de la población.

En el tiempo que he acompañado al Colectivo Cero Desabasto he visto cómo la falta de datos desagregados puede perpetuar la inequidad. Por ejemplo, sin información específica sobre el desabasto de medicamentos en zonas rurales o entre poblaciones jóvenes es imposible diseñar políticas públicas efectivas que aborden estas problemáticas. La recopilación y el análisis de datos desagregados son esenciales para identificar brechas y garantizar que nadie quede atrás.

Es urgente que tanto en México como en otros países se establezcan marcos legales y políticas públicas que garanticen la protección de los datos personales y el acceso a la información en salud, especialmente para las poblaciones históricamente excluidas. La desaparición del INAI y la purga de datos en Estados Unidos son recordatorios de que la lucha por la transparencia y la justicia en salud no es solo un tema técnico, sino una batalla por los derechos humanos.

En un mundo donde los datos son poder, debemos asegurarnos que ese poder esté en manos de quienes más lo necesitan: las personas. Los gobiernos no son dueños de los datos; son custodios temporales de información que impacta directamente en el bien público. El cuidado de los datos no es solo una cuestión de privacidad, sino de justicia social. Cuando los datos se manipulan, se ocultan o se eliminan, se vulnera el derecho de las personas a saber, a participar y a exigir cuentas.

La experiencia del Colectivo Cero Desabasto nos ha enseñado que los datos bien utilizados pueden transformar vidas. Pero también nos ha mostrado que, sin transparencia y protección adecuada, estos datos pueden ser manipulados o desaparecer, dejando a las personas sin voz y sin recursos. Por eso, es fundamental que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en su conjunto reconozcan que los datos son un bien público y que su manejo debe estar guiado por principios de transparencia, inclusión y respeto a los derechos humanos.

Solo así podremos garantizar que el derecho a la salud no sea solo una promesa, sino una realidad para todas, todos y todes, sin excepciones.

* Frida Romay Hidalgo (@fridaromayhgo.bsky.social / @FridaRomayHgo) es coordinadora de Salud y Bienestar en Nosotrxs-Práctica: Laboratorio para la Democracia y coordinadora del Colectivo Cero Desabasto.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-salud-datos-cero-desabasto

Por Jaime Hernández Colorado

La discriminación es, quizás, una de las expresiones más absurdas del libre albedrío. Implica el establecimiento de diferencias sociales a partir de estereotipos, prejuicios y estigmas, es decir, humo.

El trato desigual e inequitativo a una persona o grupos de personas carece de toda racionalidad, cuando nos detenemos a pensar que ninguno de esos estereotipos, prejuicios o estigmas existe en la realidad. Se trata de construcciones mentales a las que se otorga valor social como instrumentos de diferenciación, cuando no deberían tener valor más allá del mundo de las ideas —por llamarlas de alguna forma.

Ahora bien, ese humo pesa. Y tiene la capacidad de limitar la garantía de los derechos y de cancelar el acceso a medios y formas de vida a muchas personas y colectivos, sencillamente porque otro grupo de personas considera que son diferentes y, por lo tanto, deberían recibir un trato disminuido.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, producto de la colaboración entre el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue un ejercicio de seguimiento al primer esfuerzo, en 2017. Los resultados de la ENADIS 2022 nos ofrecen una visión panorámica del peso que tiene el humo que anima la discriminación.

No es menor reconocer que hay, al menos, diez colectivos en México que padecen las diferencias que se establecen con base en estereotipos, prejuicios y estigmas. Los resultados de la ENADIS 2022 permiten toparnos con realidades concretas. Por ejemplo, con la traducción específica de las discriminaciones en la limitación y falta de garantía de diversos derechos. Por mencionar algunos casos: las personas indígenas identifican como los principales problemas asociados con la discriminación hacia ellas: la falta de empleo, falta de recursos económicos para comer y vestir y la falta de atención médica; las personas afrodescendientes identifican a la discriminación por apariencia y a la falta de empleo; las personas discapacitadas a las instalaciones inadecuadas, costo en cuidados, terapias, entre otros; las personas migrantes, a la falta de empleo, falta de recursos económicos y xenofobia; las personas de la diversidad religiosa, a la falta de respeto a sus tradiciones; las personas adultas mayores, a la falta de empleo, la insuficiencia de las pensiones y al maltrato/abandono, y; las mujeres, a la inseguridad, la violencia de género y el machismo.

Esto lo que nos evidencia es que en México hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda y hasta de tercera. Por supuesto, los de primera no consideran que exista la discriminación y tampoco que sea relevante atender estos problemas —porque no los sufren—. De otro lado, hay personas que no tienen acceso a sus derechos, debido a que los grupos mayoritarios, ensoberbecidos, consideran que sus ‘ideas’ (si cabe llamarlas así) son sustento suficiente para tratar de forma injusta e inhumana a otros grupos.

La reflexión a la que nos invitan los resultados de la ENADIS y el reconocimiento del problema de la discriminación, en sus vertientes múltiples, es la de pensar en los límites que tienen las mayorías: los derechos no pueden estar sujetos a las preferencias de ninguna mayoría. Y la tolerancia hacia la discriminación tampoco puede estarlo, pues significa la cancelación de esos derechos.

La historia universal está llena de ejemplos en los que el exceso de la mayoría, para discriminar y cancelar derechos, ha derivado en atrocidades que nadie con dos dedos de frente pretendería repetir. En esa ruta estamos, entre despreciar la discriminación —y desterrarla— o abrazar la idea de un salto hacia atrás que nos devuelva a antes de caminar en dos pies. Y la decisión es perfectamente racional, a diferencia del humo en el que se sustenta la discriminación.

Director general de Nosotrxs

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/lo-que-pesa-el-humo-21841314