Notas en categoría: Documentos

Por Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@Mags_19_82

El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales, en referencia al día en que el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa (Convenio 108), quedó abierto a firma.

A través de este instrumento, se garantiza a toda persona el respeto a su derecho a la vida privada, con énfasis en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el cual surgió como una respuesta del Consejo de Europa al aumento de circulación de datos personales y su innegable consecuencia: la imperante necesidad de ampliar la protección a la vida privada, preocupación que en nuestros días es más latente.

Nuestro país se adhirió a este tratado en 2018 y adquirió la obligación de implementar los principios básicos contenidos en él, entre los más relevantes, establecer medidas de protección e implementar sanciones y recursos contra las infracciones a las mismas. Bajo esa aspiración y deber se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano constitucional autónomo encargado de velar por la debida protección de los datos personales.

El 21 de diciembre de 2024, entró en vigor la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que ordenó la extinción del INAI y determinó que, ahora los encargados de proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales son los propios sujetos obligados que posean la información y será hasta el 21 de marzo de 2025 que el legislador secundario definirá el órgano gubernamental competente que asumirá las funciones anteriormente desarrolladas por el INAI.

Es indudable que la reforma supone una serie de retos para las autoridades del país, pues todo ente público o privado deberá definir cómo tratar datos personales dentro de sus procesos administrativos.

Si bien, se vislumbra que las atribuciones del órgano extinto podrían pasar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no es seguro si ésta será en definitiva la protectora de los datos personales.

En ese contexto, el desafío más próximo para las autoridades es brindar las condiciones necesarias para que todo ente público o privado pueda conocer y aplicar las medidas indispensables para garantizar la protección de los datos de carácter personal, por lo que -desde nuestro punto de vista- debería observarse el principio de minimización de datos para recabar sólo aquellos estrictamente necesarios para operar los procesos sin dificultar la libre circulación de esos datos.

También, se deberán reforzar las obligaciones de quienes determinan el tratamiento de datos personales para garantizar un nivel eficaz de protección, así como para concientizar a los propietarios de los datos de la importancia de la salvaguarda de este derecho.

Sin duda, nuestro país afronta un contexto crucial en materia de protección de datos y tiene ante sí la necesidad generar nuevos mecanismos y modelos de protección de la privacidad de aquella información que pertenece a la esfera más íntima de las personas, a efecto de brindar certeza respecto a la garantía de este derecho fundamental.

Referencias
• Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa https://rm.coe.int/16806c1abd
• Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_268_20dic24.pdf

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-proteccion-de-datos-personales-21391939

Por Renata Beltrán y Luis Enrique Madrid,
Consultores en educación y desarrollo
@renata_beltran @luisenmad

“El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas”

El próximo 24 de enero se conmemorará el Día Mundial de la Educación bajo el lema “Inteligencia Artificial y Educación: Preservar la Autonomía en un Mundo Automatizado”. Esta jornada busca reflexionar sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está transformando profundamente las formas de enseñar y aprender. La creciente adopción de herramientas de IA generativa por estudiantes pone de manifiesto la urgencia de este debate. Según la UNESCO, más de dos tercios de los estudiantes de secundaria en países desarrollados ya emplean estas tecnologías para completar tareas académicas.

La IA está marcando un antes y un después en los sistemas educativos. Desde modelos de aprendizaje adaptativo y personalizado, que ajustan contenidos a las necesidades de cada estudiante, hasta la automatización de procesos como la evaluación de exámenes y la generación de informes académicos, su impacto es palpable. En la educación superior, la influencia de la IA es aún mayor: algoritmos optimizan la admisión de estudiantes, la gestión de recursos académicos y la planificación de horarios. Además, desempeña un papel clave en la orientación vocacional, ayudando a los estudiantes a identificar sus habilidades e intereses, facilitando decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Ante estos cambios, es imprescindible desarrollar políticas educativas sólidas y marcos éticos que guíen la integración de la IA en la educación. Esto garantizará que la tecnología actúe como un aliado del aprendizaje, sin comprometer la autonomía humana.

En México, la integración de la IA en la educación está en una etapa inicial, con esfuerzos destacados de universidades, el sector privado y organizaciones internacionales. La Universidad Autónoma Metropolitana analiza la creación de la licenciatura en IA, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México investiga el impacto de la IA en el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico. Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara resalta el potencial de la IA para cerrar brechas tecnológicas y educativas. En el sector privado, Fundación Telefónica Movistar y la Organización de Estados Iberoamericanos han presentado informes sobre los retos y oportunidades de la IA en América Latina. También organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad han subrayado la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública diseñe políticas públicas claras para consolidar estos esfuerzos, enfrentando desafíos como la brecha tecnológica y la formación docente, esenciales para democratizar el acceso a estas herramientas.

Mientras México comienza a explorar el potencial de la IA en la educación, otros países, como Corea del Sur, avanzan con pasos firmes. Desde 2019, Corea ha incorporado la IA en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la formación docente. En preescolar, se utiliza para fomentar la creatividad y las habilidades socioemocionales mediante juegos adaptativos; en primaria y secundaria, los estudiantes aprenden programación, fundamentos de IA y ética digital; y en bachillerato se ofrecen materias especializadas como “Introducción a la IA”. Este año, Corea planea implementar libros de texto digitales basados en IA, que personalizan el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante. Además, en 2024, el gobierno destinó aproximadamente 2 mil millones de pesos mexicanos para mejorar laboratorios digitales, redes de conexión y la velocidad de internet en 6,000 escuelas. Estas iniciativas se complementan con un robusto programa de formación docente, enfocado en el uso ético y eficiente de estas tecnologías.

El Día Mundial de la Educación 2025 nos recuerda que la tecnología, en especial la IA, tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser ética, equitativa y centrada en las personas. En México, donde casi el 19% de la población aún no tiene acceso a internet (INEGI, 2023), la IA puede ser una herramienta para cerrar brechas educativas, siempre y cuando esté acompañada de políticas públicas sólidas que garanticen igualdad de oportunidades.

Es esencial sensibilizar a directivos y docentes, adaptar los currículos y capacitar al personal educativo para que la IA potencie el aprendizaje sin comprometer la creatividad ni la autonomía humana. México puede inspirarse en casos como el coreano donde la IA ya está transformando aulas. No sin antes adaptarlo a los distintos entornos nacional y locales, adoptando una visión estratégica y colaborativa. México tiene la oportunidad de construir un sistema educativo más inclusivo, preparado para los retos del futuro y capaz de garantizar que nadie quede al margen de las oportunidades del mundo digital.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/potencial-transformador-inteligencia-artificial

Por Sofía Teresa Díaz-Torres
Residente de Investigación en Centro Médico ABC
X: @SaludMentalMed

La depresión y los trastornos de salud mental son un problema de salud pública que requieren de un abordaje en colectivo. En México, se estima que aproximadamente 3 millones de personas fueron diagnosticadas con depresión en 2022 (Secretaría de Salud, 2022). Sin embargo, esta cifra apenas refleja la magnitud del problema. La depresión está subdiagnosticada, muchas personas que experimentan síntomas depresivos no reciben un diagnóstico formal. En primer lugar, por la dificultad en el acceso a los servicios de salud. En segundo lugar, porque los criterios clínicos actuales —como los del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)— no abarcan toda la complejidad de la experiencia humana.

La salud mental no es un estado binario de salud o enfermedad, sino un continuo en el que todas las personas fluctuamos. Todas hemos atravesado momentos de vulnerabilidad emocional y, la mayoría hemos enfrentado síntomas depresivos. No se trata de trivializar y decir “todos estamos tristes”, sino de reconocer que la salud mental y la depresión son un asunto colectivo que no debe ser reducido a lo individual ni tratado exclusivamente desde lo farmacológico.

La depresión afecta a todo el tejido social y, por lo tanto, su abordaje debe ser colectivo y estructural. Este texto apuesta por la seguridad social para enfrentar este desafío, garantizando tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, pero sobretodo condiciones de vida dignas que promuevan el bienestar.
La depresión, como muchas otras condiciones de salud, tiene determinantes estructurales. No es simplemente un desbalance químico que pueda corregirse exclusivamente con medicamentos. Es el resultado de dinámicas de vida y trabajo que se entrelazan con la historia personal y las condiciones sociales. En el pasado, la construcción del yo, la seguridad del hogar y la satisfacción de necesidades básicas y emocionales. En el presente, el entorno laboral, las relaciones interpersonales y las oportunidades de desarrollo. En el futuro, la posibilidad de realizarse plenamente sin temor a la precariedad o la inseguridad.

Por lo tanto, aunque los medicamentos pueden ser herramientas valiosas e incluso salvar vidas, abordar la depresión de manera integral requiere transformar las condiciones estructurales que determinan el bienestar: que las personas puedan vivir sin frío ni hambre, sin miedo al desempleo o a la exclusión, y con acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente. Esta perspectiva ha sido desarrollada por autores como Amartya Sen (2002) y Martha Nussbaum (2012) bajo el enfoque de las capacidades, quienes sostienen que el bienestar no se reduce a la ausencia de enfermedad o al nivel de ingreso, sino a la posibilidad de vivir una vida digna y plena.

En este sentido, la seguridad social se concibe como un “sistema de protección integral y universal, financiado colectivamente, que busca garantizar el bienestar de las personas ante contingencias como enfermedad, vejez, desempleo y discapacidad, asegurando la equidad y la dignidad en la sociedad” (Beveridge, 1942). Desde esta perspectiva, la atención de la salud mental implica crear entornos donde las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse plenamente. Así, en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el compromiso con la salud mental implica una cambio profundo en la atención: no responder a los síntomas individuales, sino intervenir sobre sus causas estructurales. Este abordaje de salud mental garantizaría el acceso a la educación, condiciones laborales dignas, entornos seguros y una vida libre de precarización. La salud mental colectiva sólo existirá cuando se asegure el derecho a existir con dignidad y justicia social.

Referencias:
• Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services. London: HMSO.
• Nussbaum, M. C. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder Editorial.
• Secretaría de Salud. (2022). 2º Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones. Secretaría de Salud.
• Sen, A. (2002). Why health equity? Health Economics, 11(8), 659-666. https://doi.org/10.1002/hec.762

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/seguridad-social-para-la-salud-mental-21132098

Por Jaime Hernández Colorado,
Director General de Nosotrxs
X: @jhcolorado

En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1122 OIC u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados arriba. Respecto de esos 1122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4171, una disminución de 65.5% respecto de 2020, cuando se reportaron 12103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la LGRA, se reportaron 1576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 —frente a 4377 en 2020—, 1039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) —en oposición a 2296 en 2020— y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) —ante 2250 en 2020.

Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24054 auditorías a los 2469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3443 fueron hechas por OIC; del resto: 15902 por contraloría interna, 3022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1122 OIC municipales, se puede observar que éstos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.

Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24054 auditorías hechas en total, 18769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación: “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”, es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3118 fueron a obra pública y 1348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.

Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6% frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2% menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.

En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9% respecto de 2021, en que se hicieron 10159. De esas 6923, 3444 fueron hechas por los OIC, 1128 por las secretarías de contraloría, 1059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.

En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7% respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47%. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).

Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del artículo 8 constitucional.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-informacion-organos-control-interno-2

Por Frida Romay Hidalgo,
Coordinadora de Salud y Bienestar en Nosotrxs-Práctica: Laboratorio para la Democracia y consultora del “Global Nurse Executive Leadership Fellowship” de Partners in Health
X: @FridaRomayHgo
Bluesky: @fridaromayhgo.bsky.social

El personal de enfermería en México enfrenta numerosos desafíos, pero en zonas de alta marginación y controladas por el crimen organizado, los retos son aún más severos. En estos lugares, donde el acceso a la salud es ya de por sí limitado, la violencia y el abandono por parte de las autoridades complican aún más la situación, poniendo en riesgo no solo la calidad de la atención médica, sino la vida misma de quienes la brindan.

Uno de los fenómenos que se ha visto con mayor frecuencia es la partida del personal médico ante los altos índices de violencia. Muchos profesionales de la salud, ante las amenazas, el acoso o incluso los secuestros por parte de grupos criminales, optan por buscar un entorno más seguro, lejos de sus lugares de trabajo originales. Esto deja una brecha crítica en la atención sanitaria de estas comunidades, que termina siendo cubierta principalmente por el personal de enfermería y los trabajadores comunitarios de salud. En su mayoría, las y los trabajadores de salud son personas de las mismas comunidades afectadas, quienes, a pesar del peligro, permanecen porque son el último recurso para brindar asistencia a su comunidad.

La situación para estas enfermeras y enfermeros es extremadamente peligrosa. Además de las carencias que suelen enfrentar, como la falta de recursos médicos, insumos o medicamentos, deben lidiar con el temor constante a ser víctimas de la violencia. Algunos enfrentan amenazas directas por parte de los grupos delictivos, quienes ven en el sector salud una herramienta de control o incluso una fuente de ingresos a través de la extorsión. Otros han sido obligados a atender a personas vinculadas con estos grupos bajo condiciones coercitivas, sin poder recurrir a las autoridades, ya que en muchos casos estas también están infiltradas o coludidas con el crimen organizado.

Esta exposición a la violencia no solo afecta su seguridad física, sino también su salud mental y emocional. El estrés constante, la ansiedad y el miedo de ser atacados en cualquier momento generan un ambiente de trabajo insostenible. A pesar de estas adversidades, muchas enfermeras siguen adelante, conscientes de que, sin su presencia, las comunidades quedarían completamente desamparadas en términos de salud.

Es fundamental subrayar que la seguridad de las enfermeras y los enfermeros en estos contextos es, antes que todo, una responsabilidad del gobierno. Las autoridades deben garantizar condiciones que les permitan trabajar sin temor y en un ambiente seguro. Sin embargo, a menudo la respuesta gubernamental es insuficiente, dejando al personal de salud vulnerable en zonas de conflicto. Es imperativo que se implementen políticas públicas más efectivas que protejan a los trabajadores de la salud y aborden de manera integral los riesgos que enfrentan.

No obstante, la responsabilidad no recae solo en el gobierno. Las organizaciones e instituciones donde labora el personal de enfermería también tienen el deber de cuidar y abogar por el cumplimiento de sus derechos y su bienestar. Estas entidades deben implementar medidas de protección, proporcionar apoyo emocional y psicológico, y promover condiciones laborales dignas. Asimismo, deben exigir que los derechos de su personal sean respetados y trabajar de la mano con las autoridades para garantizar un entorno seguro. Solo con una alianza sólida entre el gobierno y las instituciones será posible mejorar la calidad de vida de quienes dedican su vida a cuidar la salud de otros.

La labor del personal de enfermería en estos entornos va más allá de la atención médica; se convierten en figuras de apoyo emocional, consejeras y defensoras de la dignidad de sus pacientes. En medio de la adversidad, muestran una valentía admirable, permaneciendo al servicio de las personas que más lo necesitan, incluso cuando ello implica riesgos extremos para sus vidas.

La región fraislesca, en el estado de Chiapas, es un ejemplo claro de este tipo de situaciones. Enfrentando una grave crisis de inseguridad, las enfermeras, a quienes dedico este texto con profunda admiración, han elegido quedarse y continuar con su labor en medio de la violencia. Ellas son un símbolo de resistencia, profesionalismo y compromiso con su comunidad. A pesar de vivir en un entorno controlado por el crimen organizado, con recursos limitados y un sistema de salud precario, siguen desempeñando su trabajo con una dedicación inquebrantable, arriesgando sus vidas cada día.

La situación que enfrentan ellas, no es única. A lo largo de México, miles de enfermeras enfrentan condiciones similares en áreas marginadas. Su entrega y valentía deben ser reconocidas y apoyadas. El personal de enfermería, en especial en estas zonas, merece el respaldo total de las autoridades y la sociedad, así como medidas concretas que garanticen su seguridad y el cumplimiento de su importante labor. La violencia no debería ser parte de la rutina de quienes tienen como misión cuidar la salud y la vida de los demás.

Es fundamental generar conciencia sobre esta problemática y exigir cambios estructurales que protejan a los trabajadores de la salud en las zonas mayores índices de violencia y con mayores carencias estructurales. La seguridad, el apoyo emocional y psicológico, así como mejores condiciones laborales, son derechos que deben ser garantizados. El coraje y la dedicación del personal de enfermería en estos contextos es un ejemplo del compromiso humano con el bienestar de los demás, pero no debería ser a costa de su propia seguridad o su vida. 

Este texto es para todas las enfermeras que luchan cada día no solo contra la enfermedad, sino contra un sistema y una realidad que muchas veces las deja desprotegidas. Su labor es invaluable, y su coraje, admirable. Que este mensaje sirva para visibilizar su situación y honrar el inmenso valor de su trabajo, no solo en Día de la Enfermería sino todos los días.

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/la-valentia-del-personal-de-enfermeria-20883731

Autor: Víctor Hugo Castellanos Lemus
Twitter: @VicCastellanosS

• Se debe respetar el derecho a las personas con VIH a no ser criminalizadas y a ser tratadas con igualdad

Todavía en 2024, se sigue criminalizando y discriminando a las personas con VIH, lo cual afecta su dignidad y la respuesta efectiva contra la epidemia. Es primordial crear entornos donde cualquier persona, sin importar su condición de salud, pueda ser visible y tenga acceso garantizado a mecanismos de prevención, detección y tratamiento, sin temor a ser discriminada o criminalizada.

En enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México eliminó del Código Penal local el delito de “peligro de contagio”, el cual castigaba a quienes, sabiendo que tenían una enfermedad grave y contagiosa, ponían en riesgo la salud de otra persona. Es decir, si alguien con una enfermedad contagiosa tenía contacto con otra persona sin informarle de su condición, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Aunque este delito no se refería específicamente al VIH, se entendía para esta condición, lo cual presentaba varios problemas.

Penalizar la transmisión del VIH desincentiva la realización voluntaria de pruebas de detección, ya que las personas podrían preferir no conocer su estado de salud para evitar ser criminalizadas. Esto resultaba en una baja tasa de detección, uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la epidemia. Conocer la condición de salud es crucial para detener la transmisión del VIH. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA), la mayoría de las personas con VIH y son conscientes de su condición toman las medidas necesarias para evitar la transmisión. Además, el tratamiento antirretroviral que es prescrito a las personas con VIH elimina la posibilidad de transmisión ya que una persona con una cantidad de virus baja, denominada “indetectable” no puede transmitir el VIH, de acuerdo con el informe sobre salud pública de ONUSIDA.

Otro inconveniente de penalizar el “peligro de contagio” es la dificultad de determinar quién transmitió el VIH, lo que podría llevar a condenas erróneas. Este riesgo se agrava, ya que puede afectar mayormente a grupos históricamente discriminados por su condición socioeconómica, pertenencia étnica, identidad u orientación sexual. Asimismo, ONUSIDA ha dado cuenta que no hay datos que demuestren que la amenaza de sanciones penales prevenga los comportamientos que pueden provocar la transmisión del VIH, y que no hay diferencias en los comportamientos entre las regiones con y sin leyes que penalicen la transmisión del VIH.

Aunque el Código Penal de la Ciudad de México eliminó el delito de “peligro de contagio”, prácticamente todos los códigos en el país aún lo contienen, por lo que es necesario que los congresos estatales reconozcan que la respuesta penal no es la solución. Se requiere atención a la salud, sensibilización y garantía de derechos humanos.

La criminalización de las personas con VIH no es el único obstáculo que enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el INEGI, CONAPRED y la CNDH, muestra que el 35% de los hombres mayores de 18 años no estaría dispuesto a rentarle un cuarto a una persona con VIH; el 15% no estaría de acuerdo en contratar a alguien con VIH, y un alto porcentaje considera que convivir con personas con VIH siempre es un riesgo.

En Argentina se conmemora hoy 12 de agosto, el Día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH, gracias al esfuerzo de activistas y organizaciones, y al apoyo de legisladores. Esta fecha conmemora el nacimiento de Roberto Jáuregui, destacado activista y la primera persona en hacer público su estado como persona con VIH. Jáuregui falleció el 13 de enero de 1994 y siempre luchó por el acceso a medicamentos y derechos humanos para las personas con VIH.

La eliminación del delito de “peligro de contagio” representa un avance significativo en la lucha contra la criminalización de las personas con VIH. Esta medida reconoce que la penalización perpetúa el estigma y la discriminación, obstaculizando los esfuerzos de prevención y tratamiento. Así como en Argentina se reconocen los derechos de las personas con VIH como algo importante, en México también ha habido avances en la materia como se muestra con la eliminación del delito, acciones necesarias para lograr la igualdad.

Es crucial que los congresos y autoridades adopten un enfoque basado en la salud, la educación y la sensibilización, en lugar de la criminalización. El desafío es trabajar para erradicar los prejuicios y estigmas que enfrentan las personas con VIH en todos los ámbitos de su vida. Es fundamental crear entornos donde las personas con VIH no tengan que esconder su diagnóstico y el acceso a la salud y al resto de sus derechos humanos sea plenamente garantizado.

Publicación original:  https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/vih-criminalizacion-reconocimiento-derechos

Autor: José Alberto Plascencia Jiménez
Maestro en bioestadística con especialidad en análisis de datos en políticas de salud por la Universidad de Nueva York.
Twitter: @Josplascencia

Hace ya una década, mientras aún era estudiante de medicina caminando por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara, era común ver pacientes hospitalizados por complicaciones de una infección por el virus de la Hepatitis C que no había sido diagnosticado tempranamente. La mayoría de estos pacientes sufría una muerte prolongada y agónica, y poco podíamos cambiar su curso con las opciones limitadas de tratamiento con las que contábamos.

En 2014, los esfuerzos revolucionarios de la ciencia nos ofrecieron una cura para la Hepatitis C: una tableta diaria que eliminaba el virus en 12 semanas y con una efectividad del 95%. ¿Por qué entonces, casi 10 años después, mientras trabajaba ya como médico en los Servicios de Salud de Urgencias en mi municipio, seguía atendiendo pacientes que morían por una infección de Hepatitis que desconocían y sin acceso a tratamiento? Los avances científicos son solo la punta del iceberg para lograr los objetivos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar las hepatitis virales en 2030. Mis pacientes tenían algo en común, pertenecían a los grupos poblacionales más marginalizados y vulnerabilizados. Las inequidades sociales perpetúan las injusticias en salud, y la continuación de las desigualdades es, fundamentalmente, una decisión política.

Los sistemas de salud son destino y origen de las inequidades estructurales, pero también son un potencial vehículo para alcanzar la justicia social. Este objetivo requiere que el sistema de salud mexicano atraviese un cambio estructural radical para ser capaz de incorporar acciones multidisciplinarias en todos los niveles de atención. Y solo será posible si cambiamos nuestro enfoque desde la atención clínica del individuo hacia un modelo social y comunitario, es decir, si nuestros esfuerzos son dictados por los pilares de la salud pública. Debemos implementar esfuerzos en educación científica y social, prevención e innovación, empoderamiento y participación ciudadana, comunicación clara y concisa de paquetes de atención, y principalmente, desarrollo de políticas públicas con participación activa de todos los actores políticos y privados.

El Programa Nacional de Eliminación (PNE) de Hepatitis C, liderado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) es un paso significativo hacia esta idea de cambio radical. El programa evolucionó desde un Consenso mexicano en 2018, a un Programa de Acción Específica y posteriormente a su incorporación en el Plan de Desarrollo de Salud 2018 – 2024. Desde su inicio en 2020, ha capacitado a 198,111 profesionales de la salud, incrementando la capacidad de diagnóstico y detección oportuna, y con ello incrementado las unidades de diagnóstico de Hepatitis C de 42 en 2020 a 629 en 2023 alcanzando así 840,563 pruebas realizadas, con 18,457 casos reactivos identificados. El acceso al tratamiento también mejoró, al menos en papel. El precio de un tratamiento completo de Hepatitis C por persona rondaba los $84,000 dólares en 2018 (el equivalente a $1,489,803 pesos mexicanos), esto sugeriría que el costo era el impedimento para lograr la cobertura total en curación, sin embargo, uno de los principales pilares para alcanzar acceso universal al tratamiento también fue la negociación directa de costos con la industria farmacéutica, a través de los mecanismos usados en otras experiencias, como la negociación de costos en tratamiento para VIH, logrando reducir el precio del tratamiento a $65,000 pesos por persona. Estos mecanismos esperan alcanzar la meta de la Organización Panamericana de Salud (OPS) de mantener los tratamientos con un costo entre $80 y $150 dólares por persona.

La experiencia nacional con el tratamiento de VIH proporcionó también las bases para la atención clínica y distribución de los tratamientos, utilizando las estructuras locales y regionales para llevar los medicamentos a las clínicas de atención especializadas y proveer atención clínica puntual. Sin embargo, uno de los primeros aportes del PNE de Hepatitis C al cambio de paradigma en la salud púbica de México es el enfoque de la atención médica en un modelo basado en el nivel de atención primaria de salud. Esto implica asegurarnos que el personal de salud esté plenamente capacitado para diagnosticar, brindar atención y seguimiento a un paciente con diagnóstico de Hepatitis C (educación), que las unidades de salud cuenten con las herramientas adecuadas (financiamiento), y que la atención sea de calidad e integral, es decir, que involucre soporte clínico, psicológico, social, y político (transversalidad).

Aquí reside nuestra mayor debilidad. En México, a menudo se argumenta que los cambios sociales transformativos no suceden for falta de voluntad política. Sin embargo, este término es una simplificación: la voluntad política es la combinación entre facilitadores estructurales y oportunidades políticas en un momento determinado. El caso de cómo Egipto logró erradicar la Hepatitis C en 2023 es un ejemplo perfecto de ello. Combinando decisiones basades en evidencia, y con el apoyo de organismos internacionales, diseñaron una campaña cuya intención no solo era erradicar la hepatitis C, sino transformar profundamente el sistema de salud nacional con el objetivo de lograr cobertura universal y mejorar la atención de salud pública de todas las enfermedades.

Estas lecciones desde el sur global son invaluables. México debe adoptar este enfoque holístico y ambicioso, que vea más allá del modelo médico-individual. Al abordar las disparidades sociales y fomentar el compromiso político, podemos traducir los avances científicos en una equidad en salud tangible, asegurando que nadie quede atrás en la lucha contra la Hepatitis C.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/hepatitis-c-eliminacion-lecciones

Autor: Daniel Cortés Martínez
Coordinador de la Causa: Derechos de las Personas Jornales Agrícolas Migrantes en Nosotrxs
Twitter: @danielcormar89

El pasado 25 de junio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en reunión con mujeres de distintos colectivos en la Ciudad de México, retomó la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), el cual, de acuerdo con sus dichos en campaña, iniciará con el apoyo a mujeres jornaleras y maquiladoras del país. Resulta relevante recordar que no se trata de una propuesta nueva sino que más bien es una deuda pendiente que el gobierno saliente no ha logrado cumplir y que, de no materializarse en los últimos meses, pasará a ser materia del gobierno entrante como se vislumbra que sucederá.

Es pertinente entonces hacer una revisión de lo que ha pasado con el SNC hasta el momento para conocer las razones por las cuales su creación se ha estancado en el periplo legislativo. Desde el año 2020 se aprobó una reforma constitucional en la Cámara de Diputados que reconoce el derecho a cuidar y a recibir cuidados, además de establecer el derecho al tiempo libre, y sentar la base para la creación de una ley regulatoria de un SNC. Sin embargo, su paso por la Cámara de Senadores no fue tan exitosa y su análisis ha permanecido en la congeladora, sepultada debajo de otros temas considerados de mayor prioridad en la agenda legislativa.

Posteriormente han existido algunos nuevos intentos para revivir la propuesta como en 2021, año en el que un grupo de senadoras presentaron la iniciativa de una ley general que permitiera avanzar en la creación del SNC, pero por cuestiones presupuestarias principalmente, tampoco se ha logrado concretar. Entre otros obstáculos para su implementación también encontramos la falta de voluntad política, la poca y deficiente infraestructura para ofertar servicios de cuidados, el desmantelamiento de la infraestructura y programas existentes como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, y la falta de acceso a la seguridad social para quienes se encuentran empleados en la informalidad.

Por otra parte, el hecho de que Sheinbaum se refiera específicamente a que el SNC iniciará con el sector de mujeres jornaleras y maquiladoras también resulta de alta relevancia, puesto que se trata de sectores de la población cuyas problemáticas son sistemáticamente invisibilizadas y cuyas condiciones laborales son precarias por decir lo menos. Con respecto a las problemáticas que presentan las mujeres jornaleras particularmente se pueden mencionar las situaciones de explotación grave que padecen al laborar jornadas de hasta 13 o 14 horas en el campo, muchas de ellas con muy bajos salarios o incluso sin recibir un pago; el poco o nulo acceso a servicios de salud, y la falta de prestaciones de ley. Además, relacionado con la ausencia de un SNC, también es necesario mencionar que las mujeres jornaleras tienen dobles o triples jornadas de trabajo debido a los trabajos de cuidado y del hogar no remunerado que realizan ya sea antes y/o después de su jornada laboral en el campo.

El efecto pernicioso de esta realidad lleva a que finalmente los periodos de descanso de las mujeres jornaleras dependan en gran medida del cultivo en el que están trabajando, o de la voluntad del patrón que les emplea, además de las condiciones de vida en las que se encuentran y de si tienen bajo su cuidado a otras personas o no. Esta situación refleja la urgente necesidad del establecimiento de un SNC que “por un sentido simple de justicia” en palabras de Claudia Sheinbaum, permita que las mujeres jornaleras puedan liberarse de la carga extra de trabajo no remunerado y conciliar su vida laboral con la vida familiar, además de garantizar las condiciones para que las mujeres jornaleras gocen de tiempo propio y disponibilidad para invertirlo en sus proyectos de vida, que tengan la libertad para desarrollarse fuera del hogar, y, en un sentido más amplio, mejorar su condición socioeconómica y sus condiciones de vida en general.

Publicación original: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/las-mujeres-jornaleras-y-el-sistema-nacional-de-cuidados-12318625.html

El reconocimiento del error del INSABI por parte del presidente permite a la nueva administración dar vuelta a la página y hacer frente a uno de sus más grandes retos de los primeros años: terminar de consolidar el IMSS-Bienestar OPD y el Servicio Nacional de Salud Pública.

Autor: Andrés Castañeda Prado
Twitter: @castanedaprado

El 10 de julio, en respuesta a Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia mañanera los retos y fracasos que implicó el INSABI. El presidente dijo textualmente: “En el caso de la salud, lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado. Desde el principio, ¿eh?, teníamos pensado lo del IMSS-Bienestar…”. [1]

Este reconocimiento, inusual viniendo del presidente, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable del “fracaso” de la administración, otorgando una aparente “victoria” a la oposición. Sin embargo, quisiera aprovechar este espacio para destacar que más que un signo de debilidad, reconocer nuestros errores debe ser visto como una virtud, como una oportunidad invaluable para mejorar.

En el ámbito de la salud, rara vez hablamos de nuestros errores, especialmente en lo que respecta a las políticas públicas. No obstante, es precisamente ahí donde más se aprende. Reconocer nuestros errores no solo es inusual por parte del presidente, sino que también ocurre diariamente en nuestras clínicas y hospitales. De hecho, a nivel mundial, se calcula que los errores médicos se encuentran entre las principales causas de mortalidad, como es el caso en Estados Unidos. [2] [3]

Sin embargo, no es la mera ocurrencia de estos errores lo que define su impacto, sino nuestra respuesta a ellos. La capacidad de enfrentar y corregir los errores es lo que verdaderamente marca la diferencia. No hablar de los errores solo perjudica a los ya de por sí perjudicados: los pacientes. Si de verdad queremos un sistema de salud que garantice los derechos de quienes vivimos en México, necesitamos hablar de cara a la evidencia, poniendo a las personas en el centro, dejando a un lado nuestras ideologías y trabajando juntos con miras al futuro.

Aprender de lo que ha funcionado, pero también de lo que no, es esencial. Admitir que el INSABI fue un error costoso en el peor momento posible (la pandemia por COVID-19) es un primer paso crucial. Reconocer un error y hacerlo público es la primera etapa para comenzar a mejorar nuestra realidad.

El reconocimiento del error del INSABI por parte del presidente permite a la nueva administración dar vuelta a la página y hacer frente a uno de sus más grandes retos de los primeros años: terminar de consolidar el IMSS-Bienestar OPD y el Servicio Nacional de Salud Pública. Y no solo consolidarlos, sino establecer cimientos sólidos que permitan su desarrollo y continuidad con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para quienes vivimos en México.
Construir un proyecto de salud sólido no es tarea de poco tiempo; requiere de continuidad y una visión a largo plazo. La oportunidad ahora es mejorar, aprender de los errores y garantizar que el acceso a la salud sea una realidad efectiva para todos los mexicanos.

El reconocimiento de los errores, lejos de ser una señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y madurez política. Ojalá el presidente y todas nosotras lo hiciéramos más seguido. Solo así, construyendo sobre los cimientos de la honestidad y la autocrítica, podremos avanzar hacia un sistema de salud incluyente y plural que realmente funcione para todas las personas.

Desde la ciudadanía, es nuestro deber exigir que las lecciones aprendidas se traduzcan en políticas efectivas y en la garantía de nuestros derechos. La lucha por la salud continúa, y no nos detendremos hasta lograr un acceso efectivo sin que nadie se quede atrás.

* Andrés Castañeda Prado (@castanedaprado) es coordinador de la causa Salud y Bienestar de Nosotrxs.

[1] 10.07.24 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible aquí.
[2] Makary, M. A., & Daniel, M. (2016). Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ, i2139. doi:10.1136/bmj.i2139
[3] Newman-Toker DE, Nassery N, Schaffer AC, et al. Burden of serious harms from diagnostic error in the USABMJ Quality & Safety 2024; 33:109-120.

Publicación original: https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/el-error-del-insabi