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Atento, colectivo Nosotrxs, sobre actuar de diputados en proceso de selección de comisionado del IZAI

Publicado originalmente en La Jornada Zacatecas

■ “Nombramiento no debe servir de pretexto para cumplir cuotas entre partidos”: Valerio

■ Opina que se debe escoger a alguien con un perfil “que abone en la consolidación de la autonomía y de la profesionalización del Instituto”

El colectivo Nosotrxs, capítulo Zacatecas, se manifestó “atento” al actuar de los diputados a la 63 Legislatura respecto del proceso de selección del comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), que expuso, debe caracterizarse por ser “sano y legítimo”.

“Consideramos un deber a cargo de los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), que involucra a la totalidad de los integrantes de la 63 Legislatura del estado, el de actuar con apego a los principios que rigen las actividades de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que son: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la eficacia, el profesionalismo, la transparencia y la máxima publicidad”.

El tema dijo Francisco Valerio Quintero, cabeza de Nosotrxs en la entidad, debe apegarse a los criterios establecidos en la convocatoria publicada en el mes de febrero y sustentados en los artículos 123, 125, 126 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Zacatecas, para que se escoja un perfil “que abone en la consolidación de la autonomía y de la profesionalización del Instituto”.

Expuso como elemento fundamental en esta selección que debe abonar a garantizar desde el IZAI el derecho humano de acceso a la información, el que la persona que ocupará el encargo de comisionado, no tenga conflictos de interés, y por tanto, “que no haya sido responsable de los actos conducentes a la información que será su deber entregar a la sociedad”.

Dijo que el nuevo integrante del pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe contar con conocimientos, trayectoria y experiencia en los temas que serán su competencia, conocer la legislación en la materia y haberse desempeñado en entidades relacionadas con la misma.

Su nombramiento recalcó, no debe servir entonces “de pretexto para el cumplimiento de cuotas entre partidos políticos ni moneda de cambio para retribuir lealtades ajenas al interés públicos”.

Opuso a este escenario indeseable para el IZAI como organismo autónomo, y que constituiría un obstáculo para que la ciudadanía “se informe de todo aquello que forma parte de sus derechos”, la necesidad de que se refuerce al interior del mismo “la voluntad de participación ciudadana”.

En ese sentido Valerio Quintero llamó la atención a “las señoras y los señores diputados” para que consigan con la toma de decisiones respecto de quien ocupará un sitio en el IZAI que el organismo sea un auténtico garante “de un derecho ciudadano antes que patrimonio de grupos de interés o una oficina más del Ejecutivo del estado”.

“Estamos atentos al proceso y habremos de señalar o reconocer, activamente, la decisión de nuestros representantes. Una decisión equivocada podría impactar en el ánimo de una ciudadanía que ha sabido castigar democráticamente, con su voto”, advirtió en un comunicado fechado este 9 de marzo.

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La mal llamada sociedad civil, OSC intermediarias y la creación de valor social

Por Ignacio Macedo Castillejos, representante Nosotrxs en Chiapas

¿Quién demonios es la sociedad civil? Técnicamente es más fácil responder a esta pregunta señalando quiénes no son sociedad civil. No son sociedad civil los policías, los militares, los clérigos, los funcionarios públicos, gobernantes y autoridades en general. De tal forma que hay una dicotomía entre los que cuentan con autoridad legítima enmarcada por la Constitución y los que no cuentan con esa autoridad, es decir, los gobernados, que son los llamados civiles, que en su conjunto, constituimos eso llamado sociedad civil; y aun así, un funcionario fuera de servicio, se considera como civil.

En México y otras partes del mundo, existen organizaciones creadas por civiles con el propósito de desarrollar actividades no lucrativas que contribuyan al desarrollo social. Algunas de esas organizaciones se han constituido utilizando la figura de persona moral bajo la forma de Asociación Civil, las llamadas AC. Cabe señalar que en México, algunas de estas asociaciones son llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC), que es el punto inicial de confusión sobre si las OSC son equivalentes a la sociedad civil o no.

El centro del debate respecto a la posición del gobierno de AMLO y las llamadas “organizaciones de la sociedad civil” es que durante los últimos años, este tipo de asociaciones se han utilizado como intermediarias entre en gobierno y los beneficiarios de programas sociales al asignar recursos públicos a estas asociaciones por medio de entidades como la SEDESOL o el INDESOL. Esto nos lleva a un escenario en el que recursos públicos son ejercidos por personas que no son servidores públicos.

Otorgar recursos públicos a asociaciones civiles que funjan como intermediarios entre el gobierno y el beneficiario final de los programas, es hasta cierto punto un engaño a los ciudadanos, pues el ejercicio de los recursos públicos no se da por la vía del gobierno que ellos eligieron sino a través de intermediarios que pueden ser afines a ideologías políticas distintas a las de los gobernantes electos. No obstante, hay diferencias entre organizaciones de civiles que fungen como intermediarias y aquellas que se limitan la creación de valor social, la diferencia radica en si se otorga o no la decisión a una organización civil de seleccionar a los beneficiarios de un programa público, que de otorgársele se le está dando el poder de intermediación.

Puntos clave de este debate:

Estas OSC no representan directamente a la sociedad civil al no haber sido electos en proceso alguno avalado por autoridades electorales. De este modo, la opinión de una o varias OSC, no es equivalente a la opinión de la sociedad civil en su conjunto, solo una opinión más.

Si bien, varias asociaciones de civiles han mostrado eficacia para el cumplimiento de sus objetivos, el debate no debe centrarse en si las OSC hacen bien o no su trabajo, sino en si deben o no de utilizarse como intermediarios entre el gobierno y el beneficiario final de un programa público.

No hay que confundir ser intermediario entre gobierno y beneficiario final, y generar un servicio de creación de valor social. Hay organizaciones civiles que cuentan con experiencia probada en el desarrollo de capacidades o generación de información; esto último no es ser intermediario y no crea conflicto alguno sobre su legitimidad para hacerlo, pues el resultado de la intervención de la organización no implica decidir sobre la asignación del recurso público hacia un beneficiario.

En una economía de mercado, las asociaciones civiles no pueden operar con reglas distintas a las de otras organizaciones, la diferencia es que en este ámbito se crea valor social y ese valor social debiera ser reconocido por medio de una correcta administración que cree esquemas que no impliquen la intermediación de recursos públicos.

En el entorno mundial, este debate no es nuevo, desde 2002, John Hariss en su libro Depoliticizing Development (Despolitizando al Desarrollo) pone el dedo en la llaga al cuestionar la legitimidad de las organizaciones civiles para ejercer recursos públicos y el uso faccioso del término “capital social” en los discursos de desarrollo.

Concluyo con la aclaración de que soy un convencido del poder de la sociedad civil organizada. Actualmente soy miembro de Nosotrxs, un movimiento de civiles que no se erige como el representante de toda la sociedad civil, que no busca ser partido político y que sus fuentes de financiamiento son vía recaudación de fondos y por cuotas de recuperación de eventos que crean valor social en torno a una pedagogía política que busca contribuir a reducir la desigualdad y combatir la corrupción. Eso somos Nosotrxs.

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Desigualdades estructurales dificultan acceso de mujeres a cargos públicos: Silva

Publicado originalmente en El Sol de Talxcala

Aun cuando en la actualidad son cada vez más las mujeres que ostentan un cargo público o de elección popular, existen desigualdades estructurales que aunque no son perceptibles a simple vista están presentes y dificultan ese libre acceso, sostuvo la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, integrante del Pleno de la Sala Regional Ciudad de México.

Durante su ponencia denominada “Violencia política por razón de género y su tratamiento ante órganos jurisdiccionales”, la especialista manifestó que los espacios públicos están masculinizados y no son incluyentes.

Hay muchos obstáculos que tenemos las mujeres y son muy conocidos, pero hay muchos otros que permanecen sin ser visibles porque vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos roles y estereotipos de género y vivimos con ellos y por ello no nos damos cuenta… lo que venimos a plantear las personas que pugnamos por la paridad no es feminizar los espacios públicos, sino hacerlo incluyente y que quepamos todos y todas.

 

Como ejemplo citó que las dependencias de gobierno carecen de una guardería o lactario, lo que representa una desventaja para las mujeres que desean desarrollarse, pero no solo eso, también limita a los hombres a ejercer su paternidad pues la responsabilidad de los hijos debe ser compartida entre ambos progenitores.

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Por su parte, Luis Manuel Muñoz Cuahutle refirió que la responsabilidad del Tribunal Electoral de Tlaxcala que encabeza no se limita a ejercer solamente la función jurisdiccional, ya que también tiene un deber con la promoción y difusión de la cultura democrática en el Estado, misma que debe ir de la mano de la sociedad civil organizada para encontrar conjuntamente estrategias que permitan un mejor acercamiento con los ciudadanos.

 

En su oportunidad, la representante de la asociación civil Nosotrxs, Eréndira Jiménez Montiel, aseveró que la violencia política de género no solo lacera a las mujeres que la padecen, sino a la sociedad en su conjunto ya que

ningún hombre en su sano juicio podría permanecer indolente ante un atropello político que sufriese alguna integrante de su familia y eso debe hacerlo solidario con el resto.

Al acto asistió el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia; los titulares de los órganos electorales local y nacional, Elizabeth Piedras y Jesús Lule, legisladores locales y magistrados del Poder Judicial, así como Marlene Alonso Meneses, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad.

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La paz es una construcción colectiva de la sociedad sobre la misma sociedad: Mauricio Merino

Publicado originalmente en La Jornada Zacatecas

Mauricio Merino recordó el manotazo sobre la mesa acompañado de un airado ¡Ya basta!, con el que Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México paró la retahíla de datos con que el experto en seguridad pública, Eduardo Guerrero, le estaba documentando que su “Guerra contra el narco” no estaba funcionando y por el contrario, empeoraba la situación de violencia en México.

Los argumentos tenían el objetivo de demostrar “que incrementar los niveles de violencia para abatir la violencia era una ridiculez”, dijo Merino.

El hecho ocurrió en el Castillo de Chapultepec a donde aquel mandatario convocó asimismo entre otros expertos al investigador del CIDE, de manera que atestiguó el estallido emocional del mandatario.

“Y se enojó el Presidente. Es un evento que no se me va a olvidar, de repente ¡pas! pegó un manotazo en la mesa en la que estábamos (…) a ver, tiene usted todos sus datos yo estoy de acuerdo (…) ¿Yo que hago, tengo a los criminales ahí y tengo que enfrentarlos como jefe del Estado, qué quieres que haga?”.

La respuesta del especialista fue que cambiara de estrategia, entre otras cosas, porque mencionó también el caso Eduardo Guerrero, se había abatido a un jefe narcotraficante y surgieron otros tres, multiplicándose asimismo el nivel de homicidios dolosos vinculados con el narcotráfico en sendos estados del país.

La estrategia de Calderón no iba dirigida a terminar con las causas de la violencia sino se centraba en los criminales, algo que criticó ayer Merino Huerta al ofrecer en Zacatecas como cabeza nacional de la organización no gubernamental Nosotrxs, su conferencia magistral “Prevención del delito”.

Al compartir con el auditorio convocado en la Casa Municipal de Cultura la anécdota de los “Diálogos de Chapultepec”, que fueron “un desastre”, dijo; agregó que “este video deberíamos pasárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no vaya a cometer el mismo error con la Guardia Nacional. Porque el presidente está muy preocupado y tiene razón respecto de la incompetencia de las policías en la mayor parte del país y en el municipio, incluso la Policía Federal”.

Dijo que la incompetencia es cierta y está documentado que no lograron profesionalizarse y desarrollar capacidades de investigación serias, de tal manera que no pudieron detener al crimen, sobre todo el organizado.

“Entonces tiene razón –López Obrador- tiene que recurrir a lo que hay para poder imponer por lo menos una sensación en el país de seguridad. En lo que creo que no tiene razón es en creer que esa obligación les corresponde únicamente a los militares. En creer que la seguridad se construye como no violencia”.

Aquí expresó otro concepto que fue reiterado ayer en su charla, “la paz no equivale a la no violencia, la paz es una construcción colectiva de la sociedad sobre la misma sociedad”.

Mauricio Merino consideró “que el Presidente va a rectificar eso. Si ha de ser consistente con su argumento, espero que rectifique, no con lo de la Guardia Nacional –su creación-, eso a todas luces lo va a mantener, sino con la forma de diseñarla y de contener el exceso de los militares”.

Expuso, como han refrendado los críticos de que esta corporación tenga mandato militar, que los ejércitos están diseñados para “ganar guerras”, “someter al enemigo”, “derrotar”, y que por eso vulneran derechos humanos.

Observó por ello que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha promovido convenciones “de las que México es parte, para insistir en que no se puede aceptar la militarización de la sociedad”; un fenómeno que empieza en los países con el argumento de su intervención en seguridad pública.

“Entonces yo espero que el Presidente sea consistente con sus propios argumentos y logre matizar la idea de la Guardia Nacional”.

El tema refirió, fue abordado por López Obrador en su último libro, donde ya la proponía pero a modo de reforzar la carencia de policías de manera temporal en tanto su falta de profesionalización se corrigiera “y con una lógica de participación ciudadana muy amplia”.

Al hablar de la prevención del delito, Mauricio Merino inició señalando como una condición indispensable, que la corrupción al igual que la delincuencia pasa por la captura del Estado.

Para ello utilizó el ejemplo del huachicol, sobre el que expuso, no hubiera sido posible esta venta de combustibles en el mercado negro, un robo estimado en 60 mil millones de pesos anuales, si Pemex no hubiera sido capturada por el crimen organizado, que tejió “redes –delictivas- combinadas” que implicaban tanto a funcionarios que toleraban o participaban, como a criminales externos que tenían el negocio de la venta en las calles o comunidades.

Subrayó utilizando este ejemplo, que si no se modifican las circunstancias, si no se identifican las causas que originan el crimen y los modos en que opera, en este caso, “sabemos que el problema está en los ductos y que se controlan desde Pemex”, no importa a quienes se capture siempre habrá quienes los sustituyan.

Agregó asimismo la necesidad de que el análisis del crimen se “humanice”; saber quiénes lo hacen revisando las historias detrás de los hechos para sistematizar toda esta información y producir “inteligencia institucional”.

En este sentido aunque tocó el tema de la impunidad, lo expuso como “una secuela” del crimen y “no el origen”, lo que no quiere decir que este fenómeno no debe combatirse, también advirtió.

Pero lo importante es contextualizar al delito en el entorno en que se comete y poner más atención en las víctimas entre en las que sorprendentemente se podrán encontrar a “muchos de los criminales” que son forzados a integrarse a los grupos delictivos cada vez a edades más tempranas, “dejar de pensar en detenerlos” y sí en cambiar el entorno que propicia el crimen.

Instó a las autoridades a convocar a la sociedad a no fijar la atención en el castigo o en el incremento de las penas para los criminales, pues aseveró que esto “no va a modificar las causas” que originan los delitos, sino justamente sucederá cuando se implemente la inteligencia institucional.

Así mencionó respecto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que es un error pensar que castigar a los corruptos, “meter a la cárcel a los peces gordos”, es combatirlos, y que aún es penoso que mejor cualquier ciudadano en la calle tenga más información de cómo, dónde y quiénes cometen los ilícitos que los superfuncionarios.

Explicó en ese sentido que el SNA se construyó para que entre todas las dependencias e instancias que lo integran construyeran con los datos de que disponen, información sistematizada para generar inteligencia institucional.

En este sentido dijo también de la participación de la sociedad en la prevención del delito, que no se le puede pedir que se defienda sola como sucedió por omisión e incapacidad del Estado para hacerlo con los autodefensas que surgieron en Michoacán, pero que la ciudadanía organizada sí puede construir solidaridad vecinal, intercomunicación e información, de manera que se cuiden unos ciudadanos a otros construyendo una protección colectiva.

Agregó que para el caso de la prevención del delito hay “enormes oportunidades” de cambio, pero no incrementando el armamento o los niveles de violencia tanto como lo hagan los criminales sino modificando las condiciones, las circunstancias que permiten el delito, refiriéndose también a los espacios públicos que lo propician, por ello hay que hacerlos menos peligrosos por ejemplo, con iluminación y convivencia pública, como se ha hecho en experiencias exitosas de ciudades como Barcelona en España o Cali en Colombia.

Mauricio Merino hizo referencia también a la reacción ciudadana respecto del combate al huachicol.

Dijo que si se sabe que hay poco combustible porque las pipas están supliendo a los ductos, pero que esto se corregirá cuando la distribución por parte de Pemex sea mejor gestionada, algo que dijo debe exigirse. Y se espera que se vuelvan a abrir los ductos una vez que este delito sea eliminado “¿A qué va a la gasolinera a llenar su tanque?”.

Sostuvo que el problema de escasez de gasolina en la Ciudad de México se generó por las compras de pánico y tradujo esta conducta como un boicot que los propios mexicanos se están haciendo, cuando “por fin enfrentamos una pieza clave del crimen organizado con valentía, eso hay que reconocérselo al Presidente”.

Criticó que en lugar de contribuir para que este propósito se logre y la situación se aligere, “vamos a ver como la enredamos, vamos a complicarle la vida (…) la única razón por la que se volvió tan problemático es porque la gente se está boicoteando a sí misma”.

Merino Huerta también expuso su desacuerdo, y dijo le parece ridículo, “que nos indignemos por falta de gasolina y no celebremos que por fin estamos en un caso, iniciando el sexenio, combatiendo a uno de los grupos del crimen organizado más potentes del país”.

El académico, investigador y ex funcionario público, presidente nacional de Nosotrxs fue invitado por el representante de esta organización en Zacatecas, Francisco Valerio Quintero, para realizar el evento que tuvo el respaldo del diputado a la 63 Legislatura, Javier Calzada Vázquez.

Ayer acudieron a esta conferencia magistral funcionarios y funcionarias públicas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en general.

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Transición de la representación de Nosotrxs Tlaxcala

Publicado originalmente en El Sol de Tlaxcala

“Tlaxcala puede modificar su proceso de administración para combatir la corrupción”, propuso en su visita al estado el dirigente nacional de la organización Nosotroxs, Mauricio Merino Huerta.

Al asistir para testificar el cambio de dirigencia estatal que pasó de José Vicente Sáiz Tejero a Eréndira Jiménez Montiel, y ofrecer la conferencia “Únete a la revolución de conciencias”, en el Teatro Universitario de la Máxima Casa de Estudios, recordó que Nosotroxs nace para interesarse colectivamente de los problemas públicos que afectan al país, por eso propuso que los Sistemas Anticorrupción modifiquen las causas que provocan la corrupción.

“Es perfectamente posible, que Tlaxcala se convierta en un ejemplo nacional, modificando el sistema que hoy tiene para crear una nueva oferta de administración pública, tenemos el mejor ánimo de colaboración para que eso sea posible”.

Con la presencia del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez y el rector Luis Armando González Placencia, el coordinador nacional de Nosotroxs reconoció la trayectoria y el trabajo de José Vicente Sáiz Tejero al frente de Nosotroxs en Tlaxcala, pues a largo de 18 meses emprendió acciones para cumplir con los objetivos nacionales.

De hecho, apuntó, en Tlaxcala fue donde se conformó la primera representación estatal de la organización. “Mil gracias José Vicente por hacer esta labor, el compromiso y por permitirnos hacer público este reconocimiento”.

Ante los asistentes compartió parte de la historia del también columnista de El Sol de Tlaxcala y agradeció su compromiso para Nosotroxs. “En su columna nos enteramos con sentido republicano y con verdadero compromiso democrático de qué es lo que pasa en la entidad, no solo de hechos, de ideas, autores”.

Por su parte, Sáiz Tejero agradeció el reconocimiento y compartió su anécdota de cuando el entonces presidente de México, Luis Echeverría autorizó la fundación de la UAT.

Finalmente, sugirió que para Nosotroxs le sigue fortalecer su influencia y modificar sus áreas actuación.

TRAYECTORIA DE MERINO

  • Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Madrid
  • Ha escrito y coordinado 20 libros
  • Es investigador nacional nivel 3
  • Fue consejero electoral del primer Consejo General del Instituto Federal Electoral
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#Torrente: la plataforma para la transparencia en reconstrucción

Publicado originalmente en Debate

Tras la tormenta que azotó en Sinaloa los pasados 19 y 20 de septiembre, se espera la recepción y aplicación de recursos económicos (fondos públicos y privados), destinados a la reconstrucción y reparación de los daños. El proyecto busca dar seguimiento al origen y uso de dichos recursos, a través de la plataforma única denominada #Torrente, en la que se pretende concentrar la información de manera abierta y transparente.

Para fortalecer la confianza entre sociedad y gobierno, consideramos importante la suma de esfuerzos y la participación de la sociedad civil en este proceso. Como observadores ciudadanos buscaremos que se garantice la reparación del daño de manera efectiva y transparente, mediante procesos participativos y con enfoque de derechos humanos.

El proyecto recibe la asesoría y el acompañamiento de Transparencia Mexicana, organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México. La plataforma está abierta para que cualquier ciudadano y/o organización que se quiera sumar, lo haga a través de cualquiera de las siguientes instituciones y colectivos:

-Colectivo RecuperArte
-Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome 
transparenciaahome.com
-Coparmex
-Iniciativa Sinaloa
iniciativasinaloa.org.mx
Mexicanos Primero Sinaloa
mexicanosprimerosinaloa.org
Nosotrxs Sinaloa
Observatorio Ciudadano de Mazatlán
ocm.org.mx

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Desatención a damnificados

La rendición de cuentas precisa de los recursos económicos que se han asignado desde 2017 en los diferentes órganos de gobierno aún es incierta.

Por Daniel Salín, Nosotrxs CDMX

A casi nueve meses de los sismos que sacudieron violentamente cuando menos a ocho estados de la República mexicana, en septiembre de 2017, muchos damnificados no han recibido los apoyos que les han ofrecidos los diferentes órdenes de gobierno, y quienes los han obtenido, ha sido a cuentagotas. Pareciera que sólo han realizado compromisos a mediano y largo plazo, como parte de una estrategia o táctica dilatoria para aprovechar los cambios de gobierno y desentenderse de sus compromisos, en un ambiente que muestra su ineficiencia e ineficacia en el servicio público para atender las demandas de la población que, por cierto, fue quien los eligió como sus representantes de gobierno.

En la Ciudad de México, a pesar de contar con una plataforma que aglutina la información, aún no puede rendir cuenta precisa de la asignación de 11,591 millones de pesos para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 2017 y 2018 (que incluye tan solo 25 millones de pesos por donativos). La información genérica presenta reportes agregados sobre apoyos destinados a alquiler temporal y reparaciones parciales de viviendas o para asignaciones presupuestarias a dependencias del Gobierno de la Ciudad, mientras que damnificados exigen -en las calles- respuestas a su situación; no pidiendo más que ello.
Los sismos llegaron en medio de una coyuntura electoral que demandaba la atención de nuestras autoridades, sin embargo muchas de ellas dejaron sus posiciones para aspirar a nuevos cargos políticos o, al menos, para concentrarse en el proceso electoral. La desatención sobre las necesidades de los damnificados no fue la única consecuencia, sino que hasta hoy no puede asegurarse que los recursos destinados para la reconstrucción no hayan sido utilizados para fines político electorales.

Estas acciones sólo han contribuido a diluir la solidaridad de la ciudadanía en favor de los damnificados y minar los avances para la reconstrucción, que incluye la de nuestro tejido social. La petición no es descabellada: exigimos transparencia y rendición de cuentas de nuestros recursos económicos; demandamos que nuestros representantes estén a la altura para diseñar e implementar soluciones ante catástrofes naturales; requerimos certeza jurídica para los damnificados y respuestas para recuperar la seguridad, tranquilidad y confianza.

Hoy nos cuestionamos qué medidas tomarán nuestros representantes para evitar que los cientos de edificios dañados -y que deben de ser demolidos- no sigan poniendo en riesgo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Queremos saber qué planes se establecerán para amortiguar las condiciones de indefensión y pánico que estos fenómenos naturales producen entre los pobladores de zonas sísmicas. Aspiramos conocer qué programas, logística o tácticas del servicio público asistirán la reconstrucción y ansiamos entender el diseño y establecimiento de planes integrales preventivos y correctivos, para la atención expedita de “desastres naturales”, que interrumpan la continuidad a los programas improvisados utilizados hasta hoy por nuestras autoridades. La desinformación es tan dañina como el sismo; sin información la incertidumbre seguirá siendo la constante de miles de damnificados.

Nosotrxs no quita el dedo del renglón: exigimos transparencia, priorización en el ejercicio del gasto y certeza jurídica para cada damnificado. Mucha, mucha, difusión sigue siendo necesaria. El censo sigue pendiente, para la Ciudad y para las entidades afectadas. Que las elecciones no acaben de nublar -aún más- la óptica de nuestras autoridades.

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Ocho meses después del sismo

El 19 de mayo habrán transcurrido 8 meses del sismo que cimbró la tierra.

Por: Vania Salgado, publicado originalmente en El Sol de México

Este conteo sólo lo llevan los damnificados, porque la gran mayoría sigue viviendo donde puede. La mayoría no tiene claridad sobre el destino de sus inmuebles; algunos ni siquiera un diagnóstico definitivo del daño; y peor aún, se desconocen los riesgos del subsuelo, vulnerándose el derecho a una vivienda digna y al de una ciudad segura.

El único programa al que los damnificados han podido acceder de manera homogénea es al de los apoyos para la renta; sin embargo, temporal e insuficiente. Los esquemas de reconstrucción, por el cuestionamiento al principio de redensificación y la vía del endeudamiento (propuesto a la gran mayoría), pero también por su complejidad en trámites y estudios, así como por el menester de un consenso vecinal, no han brindado soluciones a casi nadie. Sólo donde se han aportado recursos privados se ha logrado un inicio de reconstrucción, en un puñado de lugares.

La visión de política pública para atender un desastre natural y a una población vulnerable ha sido limitada. Por un lado, pareciera que ha habido un intento deliberado por minimizar el tamaño del problema, pues a la fecha no hay certidumbre sobre el número total de damnificados y el número total de inmuebles dañados, y se desconoce públicamente la información sobre los polígonos de riesgo en la ciudad. Por el otro lado, con la creación de una Ley, un Fondo Único y una Comisión para la Reconstrucción no se ha logrado, o no se ha querido, implementar una política con prioridades públicas, con base en las verdaderas necesidades de damnificados y de la ciudad; sino que más bien se está permitiendo el acceso discrecional a recursos públicos.

Quizá los intentos de implementación de una buena política pública fueron fallidos por encontrarnos en tiempos electorales y la voracidad de algunos políticos, que la opinión pública calificó de cleptocracia. Un equipo honesto en la Comisión para la Reconstrucción, que promovía un fideicomiso para lograr una mejor transparencia, tuvo que renunciar para que la ciudadanía escrutara el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción, dejando a los damnificados con mayores incertidumbres. Hoy desconocemos si los recursos públicos de 2017 y los aprobados para el 2018 están siendo realmente destinados a tareas de reconstrucción y atención a damnificados, o con objetivos clientelares.

Todo lo anterior indigna a los damnificados, pero posiblemente también esté contribuyendo a que la clase media se organice, exija y haga de contrapeso al poder gubernamental. La ciudadanía está exigiendo la rendición de cuentas sobre los recursos para la reconstrucción, y Nosotrxs va a ser fundamental en este movimiento.

Nosotrxs promovió el fondo único para mayor visibilidad de los recursos, y puso a disposición pública información relevante sobre su manejo (http://nosotrxs.org/?p=6977). Con ello, esperamos que autoridades informen de manera detallada cada actividad destinada a la reconstrucción. Fomentaremos la participación de la ciudadanía, centrada en la protección de los de los derechos de los damnificados. En conjunto con damnificados, vigilaremos el correcto uso, justificación y priorización de los recursos para la reconstrucción.

@NosotrxsMX

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El dinero de los damnificados del sismo puede ser usado para las campañas

El movimiento Nosotrxs y damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 temen que el dinero de la reconstrucción de la Ciudad de México se esté utilizando con fines político electorales.

 

La mayoría de los delegados de las demarcaciones que pidieron dinero destinado a la reconstrucción para comprar tabletas, uniformes escolares, llantas, papelería o mantenimiento de áreas verdes, pidieron licencia y hoy van por una diputación local o se unieron a una campaña presidencial.

En delegaciones como Benito Juárez, damnificados de Petén 915, Colonia Del Valle, y Zapata 56, en Portales Sur, aseguran que las autoridades delegaciones les dijeron que no recibirán ayuda porque únicamente es para los pobres y que en trabajos de demolición la demarcación se llevó cocinas integrales, paneles solares y clósets para cubrir parte del costo de la demolición.

 

Publicado originalmente en Sin Embargo, el 14 de mayo del 2018

El uso de los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México debe transparentarse, pues podrían utilizarse con fines electorales, dijo Vania Salgado Hernández, damnificada del sismo del 19 de septiembre de 2017 y activista de la iniciativa Nosotrxs.

“Hay mucha incertidumbre sobre cómo se han utilizado estos recursos. Todos tenemos que exigir transparencia. Es dinero público, dinero de todos los mexicanos que pagan impuestos. Hay una probabilidad de que los recursos se utilicen con fines político electorales”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El jueves el movimiento Nosotrxs dio a conocer que a través de solicitudes de acceso a la información pública obtuvo 47 oficios de autorización presupuestaria del ejercicio del 2018 para diversas unidades de gasto del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones, en los cuales identificó la asignación de millones destinados a todo, menos a la reconstrucción.

Derivado de los oficios se identificó la asignación de 5 mil 301 millones de pesos para las delegaciones, adicionales a su gasto anual, entre las cuales destacan gastos que no tienen que ver con los damnificados como en Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez gastó casi 200 millones de pesos en un proyecto de poda, mantenimiento y restitución de áreas verdes, así como en la adquisición de pintura; material eléctrico; aceite, anticongelante, baterías y vara de perlilla, pero ninguna solicitud fue para los damnificados.

“La mayoría de los damnificados estamos en la calle, en campamentos no reconocidos, otros en casas de familiares, encima de nuestros amigos, pagando renta mientras todo esto sucede y se utiliza la causa delos damnificados para apoyar tareas que son inútiles. Es bastante indignante”, dijo Vania Salgado.

De las delegaciones que usaron dinero para gastos que nada tienen que ver con la reconstrucción,  Álvaro Obregón –donde se pidieron 150 millones para imagen urbana, 150 para ayudas sociales, 90 millones para papelería, toners, utensilios de cocina, fertilizantes, medicinas–conserva a su Delegada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) María Antonieta Hidalgo.

Lo mismo sucede en la Delegación Iztapalapa con Dioné Anguiano Flores como Delegada también del PRD.

De acuerdo con el movimiento Nosotrxs la demarcación solicitó 100 millones para juguetes para el día del niño y obsequios para el día de las madres de los recursos para la reconstrucción.

El resto de los delegados pidieron licencia para ir por un puesto de elección popular o sumarse a una campaña política.

Por ejemplo, el Delegado panista de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, pidió licencia y busca una diputación local.

Mientras que el perredista Valentín Maldonado Salgado pidió licencia en Coyoacán–donde se solicitaron 159.27 millones para la adquisición de tabletas electrónicas para estudiantes de nivel básico y otros 100 millones para útiles escolares– para buscar diputación local por el distrito 32.

En Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien gobernaba bajo las siglas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solicitó licencia para sumarse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República.

La delegación que gobernaba el morenista al momento en el que se solicitaron los recursos  pidió 45 millones de pesos para el equipamiento de diversas áreas de la delegación y fortalecimiento de su operatividad.

“En mi grupo de damnificados conozco a personas que les han ofrecido vajillas u otros regalos, como materiales de construcción, que son inútiles para las necesidades verdaderas. Es más importante que hacerse los dictámenes, antes que cualquier otro tipo de dádiva que se da de manera clientelar, para que la gente pueda votar por cualquier partido político”, dijo Salgado.

La activista enfatizó que la razón de Nosotrxs de publicar la información que obtuvo a través de transparencia sobre el uso de los recursos, es para visibilizar lo que está sucediendo con los fondos para la reconstrucción y que cada grupo de damnificados tome las medidas que crea conveniente.

 “En Benito Juárez vamos a pedir explicaciones a nuestro Delegado en un oficio. Le vamos a preguntar cómo se han utilizado todos los fondos para la reconstrucción en 2017 y 2018”, explicó.

NO TIENEN ACCESO A FONDOS PORQUE NO SON POBRES

María Ugalde, damnificada de Petén 915 en Colonia Del Valle, afirmó que el “director jurídico”  de la Delegación Benito Juárez les dijo a los vecinos del edifico en donde murieron 10 personas y que colapsó por completo, que ellos no recibirían apoyo del fondo para la reconstrucción porque no eran pobres.

“La delegación siempre nos dijo que no tenía recursos. Estamos muy preocupados porque la única opción que nos han dejado es que reconstruyamos buscando un constructor o que vendamos. El director jurídico de la delegación nos dijo que que nosotros no éramos sujetos de esos recursos, porque no éramos pobres, sino de un nivel medio. Que aunque nos hubiésemos quedado en la calle, sin vivienda, no calificábamos porque no somos pobres”, dijo a este medio.

Ugalde precisó  que con los 200 millones que pidió Benito Juárez, de acuerdo con la información de Nosotrxs, se podría reconstruir la totalidad de los edificios colapsados o dañados de la demarcación.

“Reconstruir un edificio como el nuestro desde cero cuesta 25 millones. Hay edificios que con 2 millones se pueden reconstruir”, agregó.

Eliud González López, damnificada de Zapata 56, en Portales Sur, Delegación Benito Juárez, dijo a SinEmbargo que su edificio ni siquiera se terminó de demoler y que durante la demolición la demarcación se llevó paneles solares, cocinas integrales intactas y clósets.

“Yo vi cómo lo iban desmantelando. Era un edificio nuevo; se llevaron los paneles solares, se llevaron todo lo que quedó en pie. Quedaban cocinas integrales, closets, todo se lo llevaron. Cuando preguntamos, uno que trabaja con el jurídico de la delegación no dijo que nuestra demolición había costado 3 millones de pesos y que habían tomado las cosas para pagar la demolición”, narró.

La damnificada consideró que todos los delegados de las demarcaciones que gastaron dinero de la reconstrucción para otros rubros, deben ser llamados a rendir cuentas.