Ayer, la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs acordó, por unanimidad, respaldar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, por haber honrado y dignificado la división de poderes y el refrendo de las instituciones para evitar los abusos del poder político. Conoce el posicionamiento público de nuestra Comisión Ejecutiva.
En el contexto de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel mundial, y una vez declarada la fase de 3 en México, las organizaciones de la sociedad civil y colectivos firmantes, con base en los argumentos que emitimos el 14 de abril, a través del comunicado: “Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid- 19”, seguimos haciendo un llamado enérgico a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que, conforme a las leyes vigentes y a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, se garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de las niñas y los niños que se encuentran al interior de los centros penitenciarios, tomando en cuenta el impacto que la pandemia ya ha tenido sobre ellos.
Consideramos que la aprobación de la Ley de Amnistía, no será suficiente para abatir las muertes por contagio que se están suscitando (como es en el caso del Reclusorio Norte de la Ciudad de México) ya que de su simple lectura se observa que existen plazos para su aplicación y que al cumplirse, probablemente será demasiado tarde. Por lo anterior nos pronunciamos bajo los siguientes lineamientos:
La situación demanda que todas y todos los actores involucrados actúen de manera inmediata a contener, en la medida de lo posible, la crisis de salubridad y derechos humanos que se está desarrollando. Desde la sociedad civil, ponemos al alcance todas las herramientas que tenemos para lograr hacer un frente unido y eficaz contra los retos supuestos por el Covid-19.
Atentamente:
Las personas privadas de libertad se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.
Diversos organismos internacionales de protección a los derechos humanos han llamado a los estados a generar acciones en favor de esta población.
Las organizaciones de la sociedad civil exigimos mecanismos de acción que contribuyan a garantizar la salud de las personas privadas de libertad en el marco del COVID-19.
Que se establezca un protocolo de atención específico para niñas y niños que nacen y viven en prisión, así como para los grupos vulnerables que están privados de la libertad.
Conoce el documento dando click aquí.
Publicado en El Sol de México
Por: Cristopher Echenique
El pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, práctica que históricamente ha sido empleada para infundir terror, pues la sensación de inseguridad que genera, no se limita a los familiares de las personas desaparecidas –que nunca tuvieron certeza de su paradero o incluso de si sigue o no con vida, y por ende, sin un cuerpo para enterrar– sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Recordamos con terror, hechos distantes a nuestros días, pero que continúan frescos en la memoria de una generación entera, como las muertes y desapariciones de la Guerra Sucia en la década de los 70, después de los cuales habríamos esperado un aprendizaje y maduración de las instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, la realidad demuestra que no fue así. Precisamente, están por cumplirse cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Cinco años de un caso que se ha convertido en un triste símbolo del problema de las desapariciones forzadas en nuestro país, donde hay al menos, en cifras oficiales, más de 40,000 personas sin localizar, 26,000 cuerpos sin identificar y más de 3,000 fosas clandestinas, encontradas casi en su totalidad por colectivos de mujeres buscadoras; con investigaciones atascadas por la complicidad y la corrupción que alcanza a todos los niveles de gobierno, lo que tiene como consecuencia que muchos de los responsables continúen impunes, y lo más grave, decenas de miles de personas que siguen desaparecidas.
Contra toda esa monstruosidad y ante la evidente inacción, incapacidad y hasta obstrucción de las investigaciones por parte de la autoridad, los y las familiares de las víctimas de desaparición forzada se han agrupado para formar colectivos de búsqueda. Un ejemplo es el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes han exhumado más de 189 cuerpos. Sólo por mencionar uno de tantos esfuerzos de búsqueda en el país por parte de ciudadanos organizados.
El gran desafío para la actual administración, es responder lo más rápido posible ante los nuevos casos de personas desaparecidas que se siguen registrando diariamente. La búsqueda en vida deberá ser la principal prioridad, para por lo menos evitar que la abrumadora cifra siga creciendo. Por ello, resultan indispensables comisiones de búsqueda y fiscalías, nacional y estatales, dotadas de los recursos necesarios para que funcionen. El mismo presidente López Obrador ha expresado que es la herencia más triste que ha recibido al llegar al gobierno.
