Por Cristopher Echenique (@Echenique_MX), integrante de Nosotrxs
Quien niegue que la discriminación está presente en la cotidianidad de los mexicanos, ya sea como víctimas o como victimarios, es, en el mejor de los casos, poco observador, sino es que un agente discriminador inconsciente. Para muestra basta voltear a ver los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que permiten reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones en el país.
Lo que deja ver es que aún a finales de la segunda década del siglo XXI, existen millones de individuos a los cuales se les excluye por motivos como el sexo, la edad, origen étnico, apariencia, nacionalidad, preferencia sexual o por tener alguna discapacidad. Los resultados además, reflejan que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión y desprecio hacia ciertos grupos. Esta discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la sociedad y se reproduce por medio de valores culturales.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), define discriminación como: “(…)toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.” Así mismo, los artículos 1º, 2º y 4º de nuestra Carta Magna están dedicados a garantías constitucionales en contra de la discriminación; sin embargo, una de cada cinco personas mayores de edad en México fue discriminada durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física.
Es importante reflexionar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas pues éstos son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad en oportunidades para acceder a ellos; lo que influye en que las personas vivan en aislamiento y violencia. Los índices de discriminación están directamente relacionados con los de democracia pues según los resultados de esta encuesta, los prejuicios limitan derechos y el acceso a prestaciones básicas tales como la salud y vivienda.
El panorama de la discriminación en México empeora de forma alarmante si se amplía el rango a los últimos cinco años, cuando hasta un 23% de las personas encuestadas, señalaron que se les negó sin justificación algún derecho en ese periodo, principalmente atención médica o medicamentos, acceso a programas sociales e incluso ser atendidos en oficinas de gobierno. De ese universo, el grupo que mayoritariamente declaró que le fue negado al menos un derecho son las trabajadoras del hogar (39%), seguidas de las personas con discapacidad (30.9%), las personas indígenas (29.2%), las mujeres (25.8%), los adultos mayores (24.8%), quienes profesan alguna religión distinta a la preponderante (23.8%) y los menores de 30 años (15.7%). Esta encuesta reconoce a las trabajadoras del hogar como uno de los sectores más vulnerables. Más del 90% de ellas considera que su labor es poco valorado por la mayoría de la gente, 87.7% mencionó que no cuenta con prestaciones laborales y 57.1% de ellas dijo que se respetan poco o nada sus derechos.
La democracia y el ejercicio de la ciudadanía deben ser entendidos como elementos que trascienden el ámbito electoral e incluyen las prácticas, sentimientos y valores que experimentaban los individuos que confirman una sociedad y que se traducen en prácticas sociales determinadas. Desde la visión de la ciudadanía integral desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se define ciudadanía como: ‘un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional […] un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales’.
Hablar de ciudadanía integral es considerar que la o el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. En una democracia de calidad, el sistema legal es respetado y reconocido, ya que la ley se asume, entonces, como la mejor manera para establecer las reglas del juego y generar confianza ante la incertidumbre. Si las acciones de un gobierno se sujetan a los límites del Estado de derecho, los derechos humanos y civiles de las personas estarán protegidos; en ese sentido, el respeto a los derechos ciudadanos harán que un gobierno sea más aceptado.
En suma, la práctica de la discriminación está y seguirá muy presente en la sociedad mexicana. Por ello, la lucha contra ese flagelo no sólo depende de las leyes y autoridades, sino que recae en gran medida en la sociedad en su conjunto. Es imperativo conocernos de mejor manera, confrontar nuestra realidad y entender que la igualdad es el sentido fundamental y originario de la democracia. Somos una sola raza: la humana, y por lo tanto todas y todos merecemos gozar de los mismos derechos.
