Notas en categoría: Movimiento

En lo que llevamos del Siglo XXI, el lenguaje de las políticas públicas ha ido ganando terreno. El lenguaje, digo: no los contenidos sustantivos ni el método, pero sí la jerga.

Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs

Publicado originalmente en El Universal

Por eso escuchamos que muchos políticos dicen que hacen falta políticas públicas para resolver esto o aquello o modificar las que ya tenemos, porque no sirven. También se refieren con frecuencia a las causas de los problemas, como si de veras supieran de qué hablan.

En realidad, los problemas no existen sino hasta que alguien los nombra y no se resuelven sino hasta que se definen. Por excéntrico que suene esto, los problemas no nacen sino hasta el momento exacto en que una persona describe una situación que causa dolor o molestia y que debe modificarse, porque los problemas reclaman siempre una solución. Y esto vale tanto para la vida pública, como para la íntima. Por eso es tan conocida la frase acuñada por Gonzalo N. Santos, que algo sabía del poder: “La mejor forma de resolver un problema es no mencionarlo”.

Eso podía decirse en el régimen anterior, cuando la prensa era controlada, la oposición sometida y no había internet. Hoy, en cambio, resulta imposible ocultar las situaciones que causan dolor, indignación o molestia a un gran número de personas y que reclaman la intervención del Estado. Y el primer paso para afrontar esas situaciones es reconocerlas como problemas públicos: asumir su existencia y la obligación de poner manos a la obra. Pero describir no es lo mismo que definir.

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La definición de un problema no solo exige aceptar, por ejemplo, que hay corrupción, violencia y desigualdad: la triada infernal del país. Tampoco es suficiente pasar por encima de las causas que los generan o creer que las políticas consisten en paliar sus efectos visibles. No hay política pública en la obsesión de meter a la cárcel a los corruptos sin modificar el régimen donde prosperan, ni en acumular policías o concentrar el mando de todos los cuerpos para desterrar la violencia, ni en repartir dinero a los pobres para evitar la desigualdad. Pescar peces gordos, empoderar a las fuerzas armadas o repartir mejores limosnas, son salidas falsas a los problemas públicos, porque ninguna está antecedida por una definición de las causas que los generan ni, mucho menos, de su factibilidad y sus destinos finales.

¿Cuántos corruptos investigados por una comisión internacional hay que meter a la cárcel para acabar con la corrupción? ¿Cuántas manos hay que cortar antes de anunciar que, ahora sí, el país es honesto? ¿Cuántos conversos se necesitan para terminar de barrer las escaleras de arriba hacia abajo? Mientras las oportunidades de capturar puestos, presupuestos y decisiones públicas sigan intactas y sigan eslabonándose con los intereses de los privados, los leales y los amigos, la corrupción seguirá siendo un problema sin soluciones.

¿Cuántos cárteles hay que desmembrar, cuántos capos y cuántos sicarios hay que abatir para contener la violencia? Una vez que se llene la planilla de la lotería con las caras de los mayores delincuentes de México, como la que alguna vez hizo pública el presidente Calderón, habrá que sacar la que sigue. Parece una mala broma: “Hemos dado un golpe mortal a la obesidad: detuvimos un carguero lleno de chocolates”.

¿Cuánto dinero quieren seguir repartiendo nuestros líderes para decir que ya no hay pobres en México? ¿Tanto como sea necesario, acaso, para garantizar las clientelas que habrán de apoyarlos en las próximas elecciones?

Ninguno de los problemas nacionales que nos agobian está siendo definido a partir de sus causas y ninguno tiene salidas acabadas ni rutas verificables. Lo que habrá el 1 de julio no será una competencia entre políticas públicas, sino entre agravios, empatía y emociones. Así son las campañas electorales. Pero luego, hay que gobernar.

Los contenidos de la política mexicana empiezan a ser predecibles hasta la exasperación.

Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs.

Publicado originalmente en El Universal.

Además de los lugares comunes que incluyen las descalificaciones cruzadas y la reiteración de las tesis que ya conocemos de cada uno de los candidatos que aparecerán en la boleta, también conocíamos de antemano los silencios ominosos que han recorrido las campañas. El debate no hizo sino confirmarlos.

No se habló de la discriminación que padecen las trabajadoras del hogar, ni de la necesidad urgente de ratificar el Convenio 189 de la OIT, para poner al día la legislación laboral que las ha sometido por décadas y que produce una de las zanjas más profundas de desigualdad en el país. Esta causa fundamental no produce votos entre las clases medias ni apoyos empresariales ni tampoco es clientelar. No ha sido una causa enderezada por los partidos que compiten, ni tiene el Copyright del líder. Por eso ha pasado inadvertida.

No se habló de la reconstrucción. Tampoco, por cierto, en el debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Como si México no hubiese vivido uno de los episodios más traumáticos de su vida colectiva el pasado 19 de septiembre, excepto para aprovechar esa tragedia para tratar de ganar votos a cambio de la demagogia y como si no hubiera decenas de miles de personas que siguen esperando una respuesta de las autoridades y una política de largo aliento. O peor aún, como si el dinero que debió ser utilizado para la reconstrucción no se estuviera usando para otros fines, medrando con la tragedia que sembró el cataclismo.

Por otra parte, los candidatos siguen creyendo que combatir la corrupción consiste en acusarse mutuamente y en autoproclamarse como adalides de la honestidad. Pero guardan silencio sobre la forma en que están utilizando los dineros que les entregamos para hacer política y sobre la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Ninguna de las coaliciones ha rendido cuentas claras ante el INE, ni ha cumplido cabalmente con la Ley General de Transparencia. Los ciudadanos seguimos sin saber de dónde vienen los recursos privados que financian las campañas, ni cómo se gastan los caudales públicos que ponemos en sus manos.

Todos tienen ideas para combatir la corrupción, pero ninguno está cumpliendo con las leyes que ya existen. Ninguno. Por el contrario, los partidos han venido boicoteando la creación franca e imparcial de los sistemas anticorrupción que ya están plasmados en las constituciones y en las leyes. Han preferido la negociación de posiciones estratégicas para no perder espacios de poder y han impedido que nazcan las instituciones que estaban destinadas a evitar, desde sus causas, que la corrupción siga siendo el cáncer que corroe al país. Por desconfianza, por interés o por cinismo, sus hechos han negado sus palabras. En cambio, su mensaje de fondo es semejante: las cosas sucederán —se dicen entre ellos— cuando lleguen a Los Pinos.

No se habló de la captura generalizada de los puestos públicos, sino como argumento para ofender al adversario. Ninguno está dispuesto a modificar las redes de influencia que han minado la operación cotidiana de las administraciones públicas. El mérito, para ellos, significa cercanía, confianza y amistad. Cada uno desde su propio mirador, anuncia que los cambios que proponen vendrán condicionados por el reparto de los cargos públicos entre los suyos, porque la disputa electoral es también (y, sobre todo) una disputa por el botín de puestos y de presupuestos.

Se han vuelto predecibles, porque el proyecto democrático de México ha sucumbido a la captura de los intermediarios políticos que han dominado y corrompido el escenario público de México. Ninguno logrará lo que propone, porque los demás lo impedirán. Pero solo uno ganará las elecciones, mientras los problemas del país se agigantan como nunca.

El régimen que tenemos produce corrupción porque está basado en la captura de los puestos públicos por afinidad política, cercanía o interés

Por Mauricio Merino, Coordinador general de Nosotrxs

Publicado originalmente en El Universal

En este momento quizás resulte inútil escribirlo, pero lo que este país necesita para sobrevivirse no es un nuevo presidente, sino un nuevo consenso. Drogados por el efecto de la competencia electoral, estamos siendo incapaces de advertir al elefante de la sala: el régimen político de México no es viable. Equivocados desde el origen, creímos que la pluralidad era el remedio a los defectos del partido que fue único. Pero no fue así.

El régimen que tenemos produce corrupción, porque está basado en la captura de los puestos públicos por afinidad política, por cercanía o por interés. No es necesario bordar mucho sobre esta idea simplísima: ganar las elecciones equivale a hacerse de los puestos públicos para repartirlos enseguida entre los leales. Si nos dolemos de los despropósitos de los intermediarios políticos es porque los sabemos dueños de las decisiones. Más allá de las simpatías que nos puedan producir sus líderes, el hecho puro y duro es que las coaliciones que están compitiendo por los votos en realidad están en pugna para quedarse con los puestos y los presupuestos que habrán de repartir.

A lo largo del siglo que ya cumple 18 años, intentamos cercarlos con instituciones imaginadas para contener los excesos que cometen. Creímos que los contrapesos de la pluralidad servirían para mitigar los efectos más nocivos de esa captura sistemática: si habrían de quedarse con los puestos y los presupuestos, al menos había que llamarlos a rendir cuentas de sus actos. Pero tropezamos con el mismo error que quisimos combatir: esas instituciones también fueron capturadas. Y más: entregadas a las cámaras legislativas, se convirtieron en un nuevo botín y en un nuevo espacio para negociar y ejercer posiciones de poder.

La tragedia que están viviendo los nuevos órganos (supuestamente) autónomos en varios estados del país —véanse ahora mismo los casos de Tlaxcala, que ya se está convirtiendo en un emblema del cinismo, o los despropósitos sin tregua de la Asamblea Legislativa de la CDMX en el nombramiento de los nuevos magistrados o de comisionados del órgano de transparencia o la magulladura que sufrió el prestigio del Inai por causas semejantes— no obedece sino a ese mismo proceso de captura. El resultado es que los funcionarios que debían construir un cerco de exigencia para evitar los abusos de quienes toman decisionesestán siendo designados o sometidos por quienes regulan los latidos del verdadero corazón del régimen.

Los intermediarios políticos aprendieron muy de prisa la lección: tener órganos destinados al control democrático de las autoridades, cuyos integrantes no respondan a las instrucciones del sistema, no es un buen negocio para nadie. Así que primero se propusieron descalificarlos y luego hacerse de ellos. Cuando se demoran los nombramientos de fiscales, de comisionados o de magistrados, no es porque falte gente inteligente, sino porque los partidos no logran los arreglos adecuados, al margen de los méritos de las personas. Hacen listas de sus leales y, en cuanto pueden, las imponen. Así que capturadas desde el origen o sometidas a lo largo del trayecto, esas instituciones dejan de cumplir sus cometidos democráticos para perpetuar el ejercicio autoritario del poder. Todos se están cuidando las espaldas.

Se engañan quienes creen que las cosas cambiarán después de los comicios. El régimen político consiste en una trama de leyes y estructuras apuntaladas por valores autoritarios ampliamente compartidos, que seguirá vigente y no hará sino reproducir la mecánica de la captura, al amparo de otra narrativa. Podrán cambiar los nombres, las palabras y los ademanes, pero no las prácticas. Lo hemos visto una y otra vez en todos los ámbitos de la vida política de México. Y mientras ese régimen se mantenga intacto, tampoco cambiarán las consecuencias.

@NosotrxsMx