Publicado originalmente en: Sin Embargo
El Gobierno federal lanzó la plataforma “Fuerza México” para promover la rendición de cuentas, transparencia y seguimiento a los recursos públicos destinados para la reconstrucción de los daños por los sismos, de acuerdo con lo que ahí se consigna. Entre el “sistema de fondos” destaca el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que para este año cuenta con 9 mil millones de pesos, 6 mil millones asignados más los 3 mil millones del fideicomiso disponibles del año pasado.
Sin embargo, investigadoras de México Evalúa y el CIEP alertaron que hubo irregularidades en el 5 por ciento de los recursos del Fonden ya usados tras desastres naturales en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Además enfatizaron la importancia de un mecanismo de seguimiento por lo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en años pasados: empresas que no contaban con la capacidad ni con los recursos para ejecutar los contratos, a algunas no se les pudo acreditar ni siquiera su existencia, retrasos en el inicio y entrega de obras, recursos que no se aplicaron o de los que no se comprobó su ejercicio….
Diversas organizaciones ya presionan para que el dinero de los donativos y públicos se transparenten ante la desconfianza sobre el manejo de estos recursos por parte de los gobiernos federal y locales.
Más de 153 mil viviendas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México registran algún tipo de daño tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, de acuerdo con censos oficiales. Para el proceso de reconstrucción, el Gobierno federal tiene recursos de la Federación y de los estados, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en la aplicación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Los fideicomisos locales, por la falta de control en las contrataciones de empresas, tienden a la corrupción, advirtió la organización México Evalúa.
En esta línea, la agrupación Nosotrxs ha llamado a un fondo único que reúna todas las aportaciones internacionales, bancarias, partidarias, sociales y privadas con el propósito de “coordinar los recursos, aumentar la capacidad de vigilancia y evitar el uso político-electoral en términos de transparencia” mediante un comité técnico con perfiles profesionalizados, observadores internacionales y con autoridad moral sin afiliación partidista que gocen de la suficiente credibilidad para impulsar el proceso que requiere un conocimiento en políticas públicas, administración y ejercicio de recursos, dijo en entrevista su director Luis F. Fernández.
Por ahora, el Gobierno federal lanzó la plataforma “Fuerza México” para publicar una base de datos y dar seguimiento con transparencia y rendición de cuentas el uso de los recursos públicos destinados al reto de la reconstrucción.
Con pérdida total, hasta el momento se reportaron 33 mil viviendas en Oaxaca; 16 mil 813 en Chiapas; 3 mil 319 en Puebla; mil 695 en el Estado de México; mil 527 en Guerrero y 349 en Morelos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los recursos públicos disponibles para la población afectada en situación de extrema pobreza son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones de pesos para 2017 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un monto de 27 mil millones de pesos etiquetados para todos los estados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.
Fiorentina García, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupueataria (CIEP), explicó que la fuente de financiamiento más importante ante desastres como los sismos es el Fonden, el cual se financia de dos formas. Una parte son recursos federales (6 mil 400 millones de pesos asignados este año) y otra parte es un fideicomiso (3 mil millones de pesos disponibles desde el año pasado). Para 2018 se propusieron 7 mil millones de pesos, un 5 por ciento más.
Los recursos no se entregan directamente a los estados porque existe un mecanismo con lineamientos específicos. Cuando el Gobierno federal levanta la declaratoria de emergencia y señala a las entidades afectadas, éstas son responsables de hacer un Comité de evaluación de daños, integrado por un representante del ejecutivo federal o estatal, de Protección Civil y de diferentes sectores (educación, salud, infraestructura…). Tras evaluar y cuantificar los daños, el Comité estatal hace una petición de recursos a la Secretaría de Gobernación, expuso García.
No obstante, resaltó que desde la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los estados a contar con su propio fondo para atender los desastres naturales, pero no existe un registro de ello. Hasta el primer trimestre de 2017, se había empleado el 5 por ciento del Fonden por los desastres naturales anteriores (en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), documentó.
Fiorentina García dijo que la principal herramienta para evitar que exista un desvío de recursos es seguir el proceso de los comités de evaluación de daños, así como los avances de las obras.
Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización México Evalúa, alertó que estos recursos federales que forman “un sistema de fondos” se depositarán en fideicomisos estatales, los cuales se encargarán de contratar obras y servicios. Aunque estos se caracterizan por “su opacidad y riesgo de corrupción” por la falta de control en la contratación y evaluación de las empresas –al haber adjudicación directa por caso extraordinario– por parte de las autoridades locales.
Sobre las auditorías al ejercicio de los recursos del Fonden, ejemplificó que tras las inundaciones que sufrió Chiapas en 2011 los resultados fueron “lamentables”. El Fonden se emplea cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales superan la capacidad financiera de las entidades o dependencias de la administración pública.
“Las autoridades estatales [de Chiapas] contrataron a empresas que no contaban con la capacidad técnica ni con los recursos materiales y humanos para ejecutar los contratos. El gobierno estatal no se aseguró de haber conseguido las mejores condiciones de contratación para el erario en 84 contratos de obra pública por mil 250 millones de pesos”, dijo Campos con base en la ASF.
“Una de las observaciones más graves fue que no se integró la información y documentación que acreditara la existencia legal de 47 empresas contratadas. Las obras avanzaron lentamente por lo que no se cumplió con el principio de inmediatez, que es el elemento fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de emergencia”, agregó.
Por ello, Campos enfatizó que en la discusión que realiza el Congreso actualmente sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 deben establecerse mecanismos para una mejor ejecución del Fonden a nivel local y federal. Además, urgió a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación a capacitar a los estados para el control y transparencia de la contratación.
Además, el colectivo de analistas Data4 expuso que pueden pasar muchos meses para que las entidades que sufrieron un desastre reciban los recursos del Fonden, por lo que se creó la figura de los “Apoyos Parciales Inmediatos” (APIN) para financiar en situaciones urgentes y críticas, pero el proceso también es tardado. En 2014 pasaron 55 días para su aprobación, documentó.
LAS OTRAS IRREGULARIDADES DE FONDEN
En la cuenta pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación observó que el Fonden puso a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recursos por 432 millones 789 mil pesos para la reconstrucción de obras en el estado de Oaxaca para atender los fenómenos naturales ocurridos en 2012 (huracán Carlota) y 368 millones 190 mil pesos para los registrados en 2013 (huracán Ingrid y Manuel). También se puso a disposición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un importe de 25 millones 976 mil pesos para la reconstrucción de obras en Oaxaca.
De esos datos, el organismo fiscalizador concluyó que la Secretaría de Gobernación, la SCT y la Conagua “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables” porque la Conagua y la SCT adjudicaron contratos mediante invitación a cuando menos tres personas cuando debieron hacerlo mediante el procedimiento de licitación pública; y la SCT no acreditó la contratación y el ejercicio de 210 millones 657 mil pesos autorizados, aunque el plazo para ejercerlos ya se había cumplido.
En el mismo informe de 2013, la ASF también revisó los 3 mil 025 millones de pesos del Fonden para la atención de los desastres provocados por las fuertes lluvias en Guerrero, pero las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas”.
La Sedatu inició obras y acciones con atrasos de más de cien días, comprometió recursos mediante contrataciones por 445 millones 403 miles pesos, superior a los 120 millones 582 mil pesos autorizados. Asimismo, no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y tampoco corroboró que las viviendas fueran entregadas por parte del contratista a la dependencia en la fecha estipulada en el contrato.
La SCT, por su parte, no comprobó que un contratista diera cumplimiento al plazo de ejecución de la obra y comprometió recursos mediante contrataciones por 3 mil 626 millones de pesos, más de los mil 769 millones autorizados por el Fonden.
LOS OTROS FONDOS Y LOS “CRÉDITOS PREFERENCIALES”
Contra la catástrofe ocasionada por los sismos, además del Fonden y el FAIS también se puede recurrir al Fondo de Reconstrucción (Fonrec) con siete mil millones de pesos a través de una línea de crédito solicitada por los estados que administra Banobras con los bonos cupón cero.
Si el Banco Mundial los autoriza hasta la primera quincena de octubre, de igual manera se contaría con el Bono Catastrófico hasta por 150 millones de dólares.
En el caso de la Ciudad de México, que concentra más de 500 casas en nivel rojo, está el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México con 9 mil 400 millones de pesos. Este fin de semana el titular de Protección Civil, Luis Felipe Puente, aseguró que la capital no tendría acceso al Fonden federal porque es exclusivo para los mexicanos en situación de pobreza, algo “que no le queda”. Además, afirmó que el Fonden está en “cero pesos” por lo que “requiere en estos momentos de una atracción de fondos de la Secretaría de Hacienda”.
Sin embargo, el domingo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, declaró que la capital del país es “la primera entidad” en entregar documentación completa de los reportes de daños en las delegaciones para acceder a los recursos del Fonden. En la Ciudad hay 155 mil personas en pobreza extrema y 2 millones 434 mil en pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Con ello, dijo, se apoyará para el retiro de cascajo en la fase de demolición con un gasto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportaría mil 250 millones de pesos y el resto serían recursos de la metrópoli. El segundo destino es para las personas damnificadas aunado a los apoyos que brinda el gobierno local.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda aseguró que las personas de la Ciudad de México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala, tendrán acceso a “créditos preferenciales” los cuales se alimentarán con recursos federales, estatales o municipales para la reconstrucción o reparación de sus viviendas.
Serán provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), la cuales emitirán créditos hipotecarios para la adquisición, reconstrucción y atención de daños estructurales parciales de vivienda.
Para los municipios de Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala declarados en emergencia, las familias recibirán recursos directos del Fonden, al igual que en los estados de Chiapas y Oaxaca, según el tipo de daño y sustentado en un censo.
El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México también lanzaron el “Plan Billetes”, el cual consiste en establecer Módulos de Atención de Servicios para el retiro de efectivo con tarjetas bancarias que faciliten el acceso al Fondo de Desastres Naturales.
Son cinco módulos de atención y servicios en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, operados por Banjercito, para la disposición de efectivo con la tarjeta de débito emitida y entregada por BANSEFI a los beneficiarios de los recursos del FONDEN. Serán custodiados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
