Jacqueline Peschard urgió al gobierno a sumarse al ejercicio de articulación que la sociedad civil ha comenzado para asegurar una rendición de cuentas sobre los recursos para la reconstrucción tras los sismos.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) urgió al gobierno a sumarse a un trabajo de articulación con la sociedad civil para la creación de un Fondo Único para la Reconstrucción, con reglas de operación definidas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas eficientes.
En entrevista con El Financiero, la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, informó que existe una urgencia por conocer las reglas de operación que permitirán la entrega de recursos a las personas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre.
“Lo que nos urge es claridad sobre las reglas de operación, sobre cómo se pueden vigilar los fondos. Si no hay reglas de operación es casi imposible hacer la vigilancia y monitoreo de cómo fluyen los recursos y si llega a los destinatarios que debe llegar”, señaló la doctora Peschard.
Explicó que en días pasados el CPC se reunió con dos coaliciones de asociaciones (#Epicentro y Noxotros) preocupadas por la transparencia de los recursos utilizados tanto para la emergencia como para la reconstrucción tras los sismos.
De esa reunión se realizaron diagnósticos de los fideicomisos que existen, de los que están dispersos y fragmentados, tanto de fondos públicos como privados, así como las reglas de operación que tienen y qué zonas de reconstrucción tienen como objetivo.
“Entonces a partir de este trabajo con estas coaliciones de organizaciones hemos empezado a buscar al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda, para ver si podemos conformar esta mesa de coordinación”, agregó.
Detalló que la propuesta del CPC es convertirse en una especie de enlace entre la sociedad civil, la academia, los empresarios y el gobierno para la conformación de un Fondo Único para la Reconstrucción, que tomaría su ejemplo en las acciones realizadas después del terremoto de 1985, pero con la garantía de una sociedad civil involucrada.
“Ahora hay una sociedad civil mucho más robusta, con conocimientos y profesionalización mucho más fuerte. Creo que sería algo semejante (a la comisión para la reconstrucción de 1985), pero en el entendido de que ya hay un mayor nivel de exigencia de parte de la sociedad, para que participe la sociedad, para que se pueda hacer claramente la transparencia. Estas son cosas nuevas que en 1985 no estaban”, afirmó.
De esta manera instó al gobierno para participar en este ejercicio de transparencia ante las acciones que ya se realizan, como la entrega de tarjetas para la reconstrucción de viviendas, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Oaxaca y Chiapas.
“Tenemos que saber muy claramente cómo llegan las tarjetas a los damnificados, si efectivamente se está teniendo acceso a los recursos, si son los beneficiarios los que deciden cómo tener los materiales de construcción o si esto tiene que ser con cierto tipo de empresas. Lo que queremos es impulsar mayor claridad, y creemos que si esto se integra, se logra conformar a partir de reglas de operación, ese sería el ideal para que se transparenten de manera más clara sin esta dispersión que ya existe”, sostuvo.
Publicado en El Economista el 13/11/2017
