Publicado en El Sol de México

Por Melissa Ayala

5 de diciembre de 2018. Para muchos, fue un día como cualquier otro; para muchas, fue la victoria de una batalla que llevaban dando poco más de 20 años. El 5 de diciembre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para refrescar la memoria, le recuerdo al lector lo que ocurrió en el amparo directo 9/2018. En dicha resolución, por unanimidad la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas del hogar ante el IMSS. Ello, ya que no existe ninguna razón constitucionalmente válida ni razonable por la cual la Ley del IMSS pueda excluir a las trabajadoras del hogar del llamado “régimen obligatorio” de seguridad social, lo cual significa que existía una discriminación legal contra esas trabajadoras.

En el caso citado, la Corte concedió el amparo para poner a conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y se le planteó que dentro de un plazo prudente implementara un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

En ese régimen especial la Corte señaló que se debían proporcionar, como mínimo, los seguros de: (1) riesgos de trabajo; (2) enfermedades; (3) maternidad y guarderías; (4) invalidez y vida; (5) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Como bien dijo la Corte, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, extensas jornadas, bajos salarios y trabajo forzoso; si a todo lo anterior se le suma la ausencia de una adecuada cobertura y protección social, tenemos como resultado lo que viven día a día miles de trabajadores del hogar: enfrentar una mayores condiciones de marginación que contribuyen a más desigualdades laborales y sociales entre el hombre y la mujer, así como a mantener estereotipos y prejuicios sobre la supuesta “carencia de valor” que tiene el trabajo doméstico.

Las labores domésticas y de cuidado no son invisibles, vivimos en un sistema que nos ha enseñado a invisibilizar de manera activa estas labores y a minimizar su importancia. Organizaciones de la sociedad civil y mujeres como Marcelina Bautista llevan poco más de 20 años buscando que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y aquellos que lo realizan sean reconocidas como trabajadoras, ni más ni menos.

Hace tan solo unos días, el INEGI presentó los resultados de la “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2018”, que proporciona información sobre la valoración económica del trabajo no remunerado mostrando la importancia de este tipo de trabajo en el consumo y en el bienestar de la población.

Así, de acuerdo a los datos presentados, en 2018 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que representó el 23.5% del PIB del país.

La mayor parte de las labores de y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 76.4% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 75.1% si se habla en términos del valor económico.

Modificar y mejorar las instituciones y rasgos culturales profundamente arraigados es complejo y requiere un compromiso de muchas personas, pero, sobre todo, de los líderes políticos y los gobiernos que implementan políticas públicas en distintos niveles.

Afortunadamente, hemos visto voluntad política por parte del Estado y gracias a activistas como Marcelina Bautista, a organizaciones como CACEH, SINACTRAHO, Nosotrxs, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Hogar Justo Hogar, WIEGO, Semillas y a películas como Roma, hoy la seguridad social para las trabajadoras del hogar es una realidad.

El propio 5 de diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció el envío al Senado de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, algo que había sido demandado por las trabajadoras del hogar y las organizaciones de la sociedad civil por años.

Ahora, si bien es cierto que nos encontramos ante una gran victoria, no podemos obviar los retos que se avecinan, por ejemplo, cómo hacer del conocimiento de todas las trabajadoras del hogar el derecho que tienen a la seguridad social.

Asimismo, no dejemos de recordarle al Estado la existencia de un sistema comprehensivo de diversas estructuras de opresión que, en la simultaneidad de su ocurrencia, reducen en mayor medida los márgenes de libertad de las mujeres que pertenecen a determinados grupos sociales.

Finalmente, como sociedad también nos toca reconocer que las labores domésticas y de cuidado son trabajo, que quienes las realizan son trabajadoras que cuentan con la protección de la ley y que la sociedad y el propio Estado dependen de sus labores para sostenerse.

@NosotrxsMX

Publicado en El Sol de México

Por Ana Fernanda Hierro

“Tu destino está en tus manos”, “el esfuerzo es la clave del éxito”. Abundan libros y discursos con frases que “invitan” a asumir la responsabilidad de nuestro presente y definir nuestro futuro. Bajo esta lógica, la riqueza, el éxito y hasta la tranquilidad mental están bajo nuestro control, independientemente del contexto. La realidad es más compleja: en México, 70% de quienes nacen en una situación de pobreza, permanecerán en esta condición por toda su vida (CEEY, 2018).  ¿Esas personas son flojas y derrotistas? No. México es el país de la OCDE con más horas trabajadas por persona (OCDE, 2018).

Privilegios. Esa es la palabra mágica. Nacer y acceder a una vida donde los mantras de la autoayuda son realizables, dependiendo de qué tantos privilegios tenga una persona. En México, esa persona tiene características definidas: ser hombre, de clase media alta o alta, con educación superior, ser del norte del país, heterosexual y de tez clara. En contraste, ser mujer, de clase baja, sin educación básica, del sur del país o perteneciente a alguna minoría sexual, étnica y de tez oscura, equivale a estar en enorme desventaja.

Las mujeres ocupan solamente el 36.6% del total de empleos formales en el país. Además, México tiene la peor brecha salarial en América Latina, pues una mujer debe trabajar, en promedio, 35 días más al año para equiparar el salario de un hombre; una diferencia mensual en salarios de 16% (Observatorio del Trabajo Digno, 2019).

Paradójicamente, para muchas mujeres, tener el privilegio de contratar a una trabajadora del hogar, equivale a ampliar las posibilidades de acceder al mundo laboral en condiciones que nivelen su situación con la de los hombres. Según la ENUT (INEGI, 2014), mientras que los hombres dedican 23% del total de horas al trabajo doméstico y cuidados no remunerados, las mujeres cargan con el 77%. Sin embargo, emplear a una trabajadora doméstica casi siempre implica reproducir esquemas de discriminación y desigualdad.

En América Latina hay 14 millones de mujeres trabajadoras del hogar remuneradas, con un promedio salarial mensual de 3,295 pesos (OIT, 2019) y el 87% de ellas no cuentan con prestaciones laborales (CONAPRED, 2017). De acuerdo a CONAPRED (2015), 36% empezó a trabajar antes de los 18 años y el 81% de estas labora por necesidad económica. 55% no ha concluido la educación básica y solamente 8% sigue estudiando. Encima, sus condiciones de empleo son precarias: 46% labora más de 8 horas establecidas por ley, 75% nunca ha recibido un aumento, solo 57% recibe aguinaldo y apenas 30% tiene vacaciones (CONAPRED, 2017).

Recientemente se dio una decisión que podría ser un parteaguas: la Suprema Corte declaró inconstitucional y discriminatorio que estas personas no tengan acceso a la seguridad social. Esta informalidad y precarización está normalizada: sin ahorro; sin prestaciones; sin tiempo para educarse; sin redes profesionales y sociales ¿en qué momento y con qué recursos estas personas podrían construir un mejor futuro por sí mismas? De ahí la importancia de empujar estos cambios, comenzando por reivindicar su relación y dignidad laboral.

Publicado en Nexos

Por Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs

Nosotrxs, como movimiento, desde el origen ha defendido el ejercicio pleno de derechos sociales para reducir la desigualdad en nuestro país, a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Estamos convencidos que todos somos iguales ante la ley y creemos en la universalidad de nuestros derechos, de forma que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y, por medio de la intervención del gobierno, podamos resolver fallas de mercado y garantizar la protección de los grupos más vulnerables, en este caso de las trabajadoras del hogar.

El trabajo decente, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, de equidad, y de seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza. ¿Cómo garantizar estas condiciones como Estado, de forma que el ingreso mínimo para cualquier trabajo en el mercado laboral sea igual o mayor a la línea mínima de bienestar?

Ilustración: Víctor Solís

Comparto tres ideas que pueden contribuir a responder esta pregunta y sumar al debate que vendrá los siguientes meses para votar en diciembre la propuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que propone que el salario mínimo para los trabajadores del hogar sea de 248.72 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020:

I. El salario mínimo es un instrumento de política pública y un mecanismo regulatorio que permite reducir condiciones de desigualdad.
II. El salario mínimo debe ser una referencia universal del reconocimiento del valor del trabajo que permita alcanzar los recursos necesarios para estar igual o por encima de la línea de bienestar.
III. Estamos ante un contexto propicio, que no se repetirá en décadas, para aprovechar la oportunidad de fijar un salario mínimo profesional que se convierta en el parteaguas y referencia para mejorar progresivamente la política de salarios mínimos en México.

En relación con la primera idea, el salario mínimo es un instrumento de política pública en la medida en la que se convierte en una herramienta más para resolver un problema público. Si entendemos que las políticas públicas son un conjunto de decisiones y acciones que persiguen un objetivo específico y buscan modificar el status quo, un instrumento de política pública es un medio, entre muchos más, para intervenir en la resolución de un problema público desde una posición de autoridad. La fijación del salario mínimo es un mecanismo normativo que busca establecer u operacionalizar valores o ideales sociales resultantes de la intervención del Estado; significa, en esencia, establecer un mínimo de condiciones materiales para lograr un nivel de subsistencia que no raye en la precariedad.

Si identificamos como problema público que el salario del mercado laboral de trabajos específicos es insuficiente para garantizar la calidad de vida del trabajador o trabajadora y sus familias y, por tanto, de reducir la desigualdad, entonces las autoridades responsables y hacedores de política pública deben identificar, primero, las causas y efectos del problema público, y, después, identificar los medios disponibles —instrumentos y mecanismos— para resolverlo. En este caso, el salario mínimo como instrumento regulatorio es un medio, dentro de un conjunto de instrumentos normativos e institucionales, para fijar un piso mínimo de ingreso para las personas trabajadoras, de forma que éstas puedan alcanzar un estándar mínimo reconocido socialmente —y técnicamente— para tener una calidad de vida digna.

En segundo lugar, el salario mínimo como instrumento de política pública debe establecer un conjunto de valores y principios sociales que definirán los parámetros de la acción o decisión pública. Para exponer la segunda idea de que el salario mínimo debe ser una referencia universal del reconocimiento del valor del trabajo, éste debe servir como instrumento para igualar las condiciones de los sectores más vulnerables. Ése es su valor más importante, además de ser un instrumento redistributivo que reduce desigualdades.

Otro valor que debe mantenerse en el núcleo duro de la política pública es la universalidad de la medida, es decir, el salario mínimo debe garantizar el mínimo para trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, estén sindicalizados o no, ya que socialmente establece un umbral mínimo de reconocimiento monetario sobre el trabajo e, indirectamente, sobre la calidad de vida aceptable socialmente para las poblaciones más vulnerables.

De esta forma, el principio preponderante debe ser que el salario mínimo no se encuentre, bajo ninguna circunstancia en México por debajo de la línea de pobreza por ingresos establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que establece para marzo de 2019 en $3,108.18 pesos mensuales, es decir, sin considerar sábados y domingos, en promedio $141 pesos diarios.

La CONASAMI propuso el jueves 30 de mayo fijar el salario mínimo profesional para el trabajo en el hogar en 248.72 pesos y, así, cubrir una obligación y deuda histórica que tenía con el sector desde hace casi 50 años, cuando en la reforma de 1970 a la Ley Federal del Trabajo estableció en el artículo 335 que debía fijar su salario, cosa que sucederá hasta este diciembre. Establecer el salario mínimo -nos lo recuerda el economista y cofundador de Nosotrxs, Ricardo Becerra- debe fijar como criterio irrenunciable que toda persona que trabaje honesta y arduamente debería salir de la pobreza con su propio salario. El salario establecido, si se mantuviera una jornada laboral regular de 8 horas diarias por cinco días a la semana, el salario mensual rondaría los $5,471.84pesos mensuales, $2,363.66pesos por encima de la línea de pobreza por ingreso que cubre la canasta alimentaria y no alimentaria más alta establecida por CONEVAL.

Con base en los criterios y lineamientos metodológicos de CONASAMI, esta medida beneficiaría al 61% del sector, alrededor de 1.42 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. Si se analizan los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 1er trimestre de 2019) podría beneficiar a más de 1.98 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy ganan menos de dos salarios mínimos (menos de 205.36 pesos). Asimismo, se estima, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2016) que el 92.9% (1.85 millones de hogares), de los hogares empleadores se encuentran en condiciones de cubrir el salario propuesto.

Al monto de $5,471.84 debemos considerar un valor social adicional reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera semana de diciembre de 2018, en la que estableció que la seguridad social para trabajadoras del hogar debía ser obligatoria, que el poder Ejecutivo debía garantizar las condiciones para su inscripción obligatoria e iniciar un programa piloto, y que el poder Legislativo debía modificar las leyes Federal del Trabajo y la de Seguridad Social que eran discriminatorias en contra del sector. Dicha sentencia, ya ejecutada parcialmente por medio del programa piloto de inscripción de las trabajadoras del hogar a la seguridad social, aumenta el valor monetario pagado actualmente a las trabajadoras del hogar. De acuerdo con el monto pagado mensualmente y las características de múltiples patrones, los montos pagados rondan entre el 6% y el 28% del total del salario mensual pagado. En el caso de un salario de $5,471.84, el monto final para un solo empleador que cubra seguridad social sería de $6,676.63, un 18% adicional al salario propuesto, lo que daría un salario diario promedio de $303.48 pesos.

Por último, en tercer lugar, esto no significa que no pueda establecerse un salario mínimo mayor a eso. Existen externalidades positivas (beneficios) intangibles en el mercado laborar del trabajo en el hogar que cada agente económico estaría dispuesto a asumir o monetizar como el valor de la confianza o el valor de la capacidad de cuidado de personas cercanas. Adicional a ello y en ventaja favorable al sector, la tercera idea es que estamos ante un contexto favorable y propicio para el sector -con los tres poderes de la Unión y la población sensibilizada- que no se repetirá en décadas.Es posible aprovechar la oportunidad de fijar un salario mínimo profesional que se convierta en el parteaguas y referencia para reducir la desigualdad y mejorar progresivamente la política de salarios mínimos en México para otros sectores.

La fijación de este salario mínimo profesional debería funcionar, con un sistema prediseñado de monitoreo y seguimiento, como un programa piloto del salario mínimo que sea capaz de generar indicadores y evidencia sobre los cambios en las dinámicas del mercado laboral. Para ello, es indispensable desde ahora llevar a cabo un análisis exhaustivo de datos para obtener el salario promedio del trabajo en el hogar en todo el país por hora y por día, por tipo de empleador, por tipo de ocupación y por características sociodemográficas, que hoy ni la ENOE ni la ENIGH permiten obtener. Este perfil estadístico y sociodemográfico del sector permitiría no sólo identificar los salarios promedios vigentes, sino permitiría, por medio de un monitoreo detallado y un diseño muestral adecuado, identificar la evolución de los salarios y la dinámica laboral en el sector a lo largo de un periodo determinado.

Es momento de combatir la desigualdad, cambiar las relaciones de poder y mandar un mensaje contundente a la población sobre la dignificación del trabajo. También es muy importante reconocer y tener presente que cualquier medida económica de esta naturaleza es y debe ser progresiva. No sólo debemos implementar las medidas de cambio de manera paulatina para generar las menores distorsiones posibles al mercado, sino que las medidas que se implementen tardarán un tiempo en permear el mercado laboral, lo cual estabilizará poco a poco la dinámica del mercado.