Por Andrea Santiago
En 2014, Osorio Chong encabezó la entrega de los Premios por la Igualdad y la No Discriminación que otorga el Conapred. Una de las premiadas fue Marcelina Bautista, reconocida por su larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar. El titular de la Secretaría de Gobernación resaltó lo fundamental de que “les sean respetados sus derechos en los términos que establece la Constitución y gocen de protección efectiva para que desempeñen sus actividades en condiciones de empleo equitativas y decentes”. Habló de la importancia de pasar “de las relaciones culturales de servidumbre, a las de un trabajo digno con derechos y responsabilidades”, y de lo central que resultaba hacer adecuaciones a las propias leyes y a las políticas para combatir la desigualdad y discriminación.
Finalmente, se comprometió, en ese mismo acto, a enviar al Senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su ratificación, el cual reúne una serie de normas y lineamientos específicos para garantizar los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del hogar. Entre otros, la afiliación obligatoria a la seguridad social, establecimiento de un horario de trabajo y de días de descanso, pago de vacaciones y horas extras. Ni más ni menos que un piso mínimo de derechos para vivir dignamente.
El Convenio 189 obliga a los países que lo ratifiquen a modificar sus leyes, a crear políticas públicas, a trabajar y coordinar las instituciones para adoptar medidas que garanticen los derechos de este sector. La ratificación de dicho Convenio involucraría un cambio sustancial en las condiciones laborales de 2.4 millones de trabajadores en México, que por primera vez en la historia transitarían a la formalidad.
Lo dicho hace tres años en esa ceremonia por Osorio Chong desafortunadamente se quedó en la promesa incumplida y, a la fecha, la ratificación del Convenio 189 se encuentra estancada. La semana pasada el Senado de la República reiteró el exhorto al Ejecutivo Federal para que realicen los trámites necesarios para dicha ratificación. Al día de hoy continuamos a la espera.
La pregunta es ¿quiénes llevan esperando y qué costos tiene esa espera? Las cifras nos guían hacia una respuesta. 97% de trabajadoras y trabajadores del hogar no tiene derecho al sistema de salud ni al ahorro para el retiro: el coste lo cargan sus bolsillos y sus familias cuando enferman o envejecen. El 84% no tiene vacaciones pagadas: el coste lo carga el cuerpo de estos trabajadores que no pueden descansar pues esto implicaría una disminución significativa en sus ingresos. El 99% no cuenta con contrato escrito de trabajo: el coste lo cargan quienes trabajan pues no tienen un documento que los respalde jurídicamente cuando sus derechos sean vulnerados.
Lo que es evidente es que quienes más pierden día con día con esta alargada espera, son las millones de personas que se dedican a estas labores junto con sus familias. La promesa de Osorio Chong no es por tanto banal en este contexto, no es una de esas palabras que pueden decirse y olvidarse, porque olvidar en este caso significa hacer de la desigualdad y discriminación un destino con el aval de las autoridades federales.
Cofundadora de Nosotrxs
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