FONDO_UNICO-21

Transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción

Estado actual del ejercicio, prioridad en la asignación y acceso a los recursos públicos.

 

A diez meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, el colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs pone a disposición de damnificados y ciudadanía en general este documento que analiza el uso, asignación y acceso a los recursos públicos destinados a la reconstrucción en la CDMX, con el fin de exigir certeza jurídica para damnificados, a través de la transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos justificados, hacia sus necesidades más apremiantes. Los otros ejes del colectivo se encuentran descritos en ésta página.

Nosotrxs hemos abogado por la consolidación de un fondo único de reconstrucción, que concentre todos los recursos para la reconstrucción, en una perspectiva de eficiencia y transparencia. Desde una sola ventanilla, se lograría un mejor control para una asignación justificada, además de un mejor seguimiento y facilidad para informar públicamente todo lo relacionado al origen y uso de los recursos. La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente respondió a esta necesidad, creando el Fondo para la Reconstrucción.

A pesar de ese esfuerzo gubernamental y de la creación del portal digital Plataforma CDMX para registrar todas las afectaciones y recursos disponibles, no existe hoy un panorama claro sobre cuánto se ha aprobado, cuánto se ha ejercido, en qué y cuánto queda disponible. A continuación se resumen cinco problemas que pudieran explicarlo:

  • Es complejo comprender cuántos recursos se están destinando realmente a tareas de reconstrucción, debido a la multiplicidad de orígenes de los recursos, incluyendo las donaciones privadas, internacionales y fuentes públicas de diferentes órdenes gubernamentales, como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN).
  • En segundo lugar, no se logró la claridad que debió haber dado el Fondo para la Reconstrucción, pues los recursos se siguieron etiquetando en el Presupuesto de Egresos 2018 (PE2018) a distintas dependencias, órganos, niveles de gobierno y demás unidades ejecutoras de gasto. En algunos casos se sugirió una orientación “preferentemente” dedicada a tareas de reconstrucción, sin alguna obligación vinculante.
  • Tercero, a diez meses del sismo, no se tiene un censo de inmuebles y personas afectadas finalizado, ni un diagnóstico integral de necesidades públicas, que sean la base para comprender si los recursos están siendo ejercidos de manera coherente y prioritaria con las necesidades apremiantes de los damnificados
  • Cuarto, no existe información pública y nítida sobre el ejercicio del gasto a mitad del ciclo fiscal 2018. Según la Secretaría de Finanzas, sólo 4.7% de los montos aprobados por la Comisión para la Reconstrucción ha sido ejercido por las dependencias a las que les fueron asignados. Se desconoce cuánto hay realmente disponible, que pudiera reasignarse a tareas apremiantes, como la reconstrucción de vivienda, que no fue una prioridad para el legislativo ni el ejecutivo de la Ciudad de México.
  • Finalmente, no fue sino hasta junio de 2018 que se creó un fideicomiso específico para atender la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles multifamiliares. Si bien éste es un instrumento financiero transparente y que permite la disponibilidad de los recursos más allá de un ciclo fiscal, no es lo mismo que un fondo único para la reconstrucción. Además, sus reglas actuales de acceso y otorgamiento de montos adicionales a los establecidos son poco claras, pudiéndose prestar a decisiones discrecionales, y no cuenta con mecanismos de control y vigilancia social.Este documento analiza exclusivamente los recursos aprobados en los ciclos fiscales 2017 y 2018 registrados en Plataforma CDMX, es decir, 2,584.15 millones en 2017 y 8,772 millones en 2018, pues es la única información analizable en cuanto a la asignación y gasto se refieren. Adicionalmente, el 21 de julio de 2018, se aprobaron 2,500 millones por la Secretaría de Finanzas destinados a la reconstrucción y rehabilitación de vivienda, provenientes del FONADEN.

El objetivo de este documento es por tanto, proveer a mitad del ciclo fiscal 2018 un análisis sintético del estado actual de los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Tres temas se tratan aquí: (1) trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos; (2) prioridad en la asignación de esos recursos; y (3) claridad en las reglas de acceso a los recursos.

1. Opacidad en el ejercicio de los recursos

Plataforma CDMX fue contemplada dentro de la Ley de Reconstrucción como un instrumento de certeza jurídica, para registrar y validar la información de inmuebles, personas y espacios públicos afectados por el sismo, y poder entonces realizar cualquier proceso de reconstrucción. En dicha plataforma se integra también la información de asignaciones y gastos de dependencias. Sin embargo, la plataforma no ha logrado cumplir con el objetivo secundario de ser un instrumento para la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos.

Su alcance es limitado, pues no incluye la totalidad de las donaciones privadas, internacionales, las realizadas por artistas, deportistas y otras figuras públicas. Sólo incluye las realizadas por Grupo Walmart y ciudadanos al FONADEN. Tampoco es claro si se considera la totalidad de los recursos públicos del FONDEN y FONADEN que no se hayan orientado dentro del PE2018. Por otro lado, aunque la plataforma da cuenta de los montos aprobados por unidad ejecutora de gasto, ésta no provee información detallada para dar confianza sobre un justo ejercicio de los recursos públicos. A pesar de estas limitaciones, se analizó la información sobre asignaciones y gasto en 2017 y 2018, y se solicitó información directamente a las unidades ejecutoras del gasto.

Ejercicio fiscal 2018

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en diciembre de 2017 el PE2018 con un monto de 8,772 millones para tareas de reconstrucción. El artículo 14 especifica las siguientes erogaciones:Del monto aprobado, la Comisión para la Reconstrucción autorizó al 4 de julio de 2018 43 acciones solicitadas por dependencias, por un total de 6,017.05, provenientes de las fracciones I y II. La Fracción III depende de las reglas de operación federales del FAIS. No está claro si alguna dependencia o delegación haya logrado cumplir con esos requisitos y accedido a los recursos aprobados. La Fracción IV, por un lado, no obliga a las dependencias o delegaciones a utilizar para tareas de reconstrucción esos recursos asignados adicionales a su presupuesto anual. Por el otro lado, la Plataforma CDMX no registra las liquidaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas provenientes de la fracción IV, que debieran hacerse con base en los planes de acción de la Comisión para la Reconstrucción, según la enmienda al PE2018 del 23 de febrero 2018.

A mitad del ciclo fiscal 2018 se desconocen los montos ejercidos respecto a las asignaciones aprobadas. Plataforma CDMX no da cuenta del gasto 2018 en tiempo real. Esta información se ha solicitado a través del derecho a la información pública. Sin embargo, sólo el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) indicó que los 63 millones que le fueron asignados para la remoción de anuncios en azoteas ya fueron comprometidos en su totalidad.

Es alarmante que según la declaración de la Secretaría de Finanzas en la vigésima segunda sesión de la Comisión para la Reconstrucción del 4 de julio 2018, de las 43 acciones aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción, que ascienden a un total de 6,017.05 millones, sólo se ha logrado comprobar el ejercicio de 4.7% (286.3 millones).

Tampoco es claro el monto realmente disponible. En la misma sesión, la Secretaría de Finanzas informó que hay disponibles cerca de 838.88 millones en las fracciones I y II del artículo 14 del PE2018. Posterior a esa sesión, algunas autoridades han indicado de manera informal que en realidad se contempla un total de 1,400 millones que no ha sido aún ejercido por las dependencias y que está por tanto disponible, dentro del marco de las asignaciones del artículo 14 del PE2018.

De manera paralela, y sin que exista aún claridad en el ejercicio del gasto de los 8,772 millones aprobados en el PE2018, nuevos recursos se han orientado a la reconstrucción. El 20 de julio de 2018 se aprobaron 2,500 millones del FONADEN, destinados a la reconstrucción y rehabilitación de multifamiliares, a través del fideicomiso creado para ese fin.

En resumen, es posible que los recursos para la reconstrucción no estén siendo diligentemente ejercidos, a pesar de las grandes necesidades que tienen los damnificados, por ejemplo, en materia de reconstrucción de sus viviendas.

Ejercicio fiscal 2017

También existen dudas en cuanto al ejercicio adecuado en 2017. Plataforma CDMX reporta un total de 2,584.15 millones, destinados a tareas de reconstrucción. Sin embargo, en los detalles, la asignación presupuestal no siempre coincide con el gasto comprobado.

A nivel delegacional ocurren las mayores discrepancias entre asignación y comprobación del gasto. A la Delegación Álvaro Obregón se le asignaron 130.23 millones; sin embargo, sólo se comprobó el gasto por 78.97 millones. En Benito Juárez se reportan 324.31 millones asignados y únicamente se comprobaron 182.7 millones. En Tláhuac se reporta una asignación por 8.73 millones de pesos y una comprobación por 6.44 millones.

En el caso de la Delegación Benito Juárez, según declaraciones en prensa de la Secretaría de Finanzas, la diferencia se debe a que en Plataforma CDMX se reportaron todos los montos asignados luego del sismo, que la delegación solicitó, fueran o no orientados a la reconstrucción. En éstos se incluyen tanto los destinados a tareas de reconstrucción (182.7 millones), por ejemplo, la adquisición de maquinaria para demolición, retiro de escombros, reparaciones de zonas afectadas en vía pública y mantenimiento de edificios delegacionales, así como los del gasto corriente (141.6 millones), tales como la adquisición de tóner, servicios de impresión, materiales de limpieza y refacciones para equipo de cómputo y vehículos de la delegación, entre otros. Este tipo de aclaraciones son indispensables, para que la ciudadanía pueda hacer un análisis certero sobre las prioridades de cualquier demarcación, luego del sismo.

A nivel de dependencias hacen falta detalles importantes en la información, también problemático a nivel delegacional. Plataforma CDMX no incluye información detallada para una auditoría contable, como costos unitarios, número de unidades adquiridas o beneficiadas, inmuebles intervenidos y, sobre todo, mayor precisión sobre las acciones realizadas. Mientras esta información no se publique, el ejercicio del gasto seguirá siendo opaco, evidenciando una limitada rendición de cuentas.

2. Falta de conocimiento sobre la prioridad en las asignaciones de los recursos

Preocupa la falta de certeza sobre los criterios utilizados para determinar las prioridades del gasto. A pesar de conocer los montos destinados a la reconstrucción, no existe claridad sobre el proceso de autorización de los recursos a las unidades ejecutoras de gasto, ni certeza de que su asignación se haya realizado de manera justificada, con base en necesidades apremiantes.

Para subsanar la controversia sobre por qué la ALDF autorizaba el destino específico de los recursos para la reconstrucción, en vez de la Secretaría de Finanzas, el 23 de febrero de 2018 se aprobó una enmienda al PE2018, confirmando que dicha facultad correspondía al ejecutivo, conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción. No obstante, en la práctica, las autorizaciones de los recursos se realizan con base en las solicitudes que las dependencias presentan a la Comisión para la Reconstrucción, sin atender a un diagnóstico integral de necesidades y prioridades, que la Comisión para la Reconstrucción debiera concluir de antemano.

Por tanto, es difícil discernir si las asignaciones de los recursos están debidamente justificas. Por ejemplo, pese a la indiscutible necesidad de canalizar recursos a la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles, en apoyo al derecho humano del acceso a la vivienda (Contenido en el artículo 4o constitucional, y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), durante nueve meses, luego del sismo, sólo se autorizaron 500 millones en créditos por parte del INVI (originalmente destinados a la construcción de 11 edificios). No fue hasta el 20 de junio que se dotó al Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares con 635.43 millones.

Nosotrxs realizó un trabajo previo sobre 47 solicitudes de asignación a la Secretaría de Finanzas entre el 10 de enero y 15 de febrero de 2018, para asignar recursos a dependencias, delegaciones y entidades gubernamentales. Estos oficios se solicitaron con la firma de tres asambleístas, quienes tenían entonces la facultad de autorizar los recursos para la reconstrucción. Las autoridades señalaron la cancelación de estos oficios vía una declaración del Jefe de Gobierno en prensa. Sin embargo, no existe la certeza de dicha cancelación, a la luz de que algunas de las solicitudes realizadas en los oficios mencionados están autorizadas entre las 43 acciones registradas en Plataforma CDMX al 4 de julio de 2018. Este es el caso de la solicitud del 15 de febrero de la Secretaría de Educación, por un total de 25 millones para la realización de una estrategia para una ciudad del “Conocimiento Resiliente”, un protocolo para la atención de la emergencia en el sector educativo y material didáctico y papelería para una campaña de respuesta en caso de una emergencia sísmica. Actualmente, están aprobadas las mismas acciones, sólo con un monto menor de 22 millones.

Sin terminar los censos de inmuebles, personas y espacios públicos afectados, y sin un diagnóstico integral de necesidades, los damnificados y ciudadanos no tenemos una manera objetiva de saber con certeza si la asignación de los recursos es justificada y las acciones autorizadas prioritarias, ni por qué.

3. Reglas poco claras para el acceso a recursos públicos

El Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares, creado el 7 de junio de 2018, es sin duda el instrumento financiero más adecuado para lograr la máxima transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Permitirá la disponibilidad de los recursos más allá de las actuales administración gubernamental y legislatura. Basado en el espíritu de una sola ventanilla del fondo único para la reconstrucción, sin ser sin embargo lo mismo, con este fideicomiso podría darse un mejor seguimiento de los recursos destinados a esta tarea específica.

Sin embargo, no hay claridad en las reglas de creación y para acceder a los recursos, pues no se definieron los criterios específicos de vulnerabilidad que permitirían el acceso a ellos, siendo que el fideicomiso se creó para atender a la población vulnerable. El problema es que ante la falta de prioridad a la reconstrucción de viviendas, los beneficiarios de los recursos públicos serán quienes logren cumplir con los procesos técnicos y burocráticos, retrasando la atención de otros damnificados que probablemente estén en condiciones de mayor desventaja social. Por otro lado, los lineamientos tampoco son claros sobre los criterios para otorgar un monto mayor al establecido (hasta 300 mil para rehabilitación o 410 mil para reconstrucción por vivienda). Lo anterior puede prestarse a una asignación discrecional por parte de la Comisión de la Reconstrucción, quienes deciden el acceso y el monto total a otorgarse.

Finalmente, el fideicomiso necesita mecanismos de fiscalización social que permitan la participación y vigilancia ciudadana para asegurar el buen uso de los recursos. Se creó sin un comité orgánico en el que participen expertos, damnificados y otras dependencias encargadas de la reconstrucción y rehabilitación de vivienda. Se decidió como un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se necesita también que sea lo suficientemente flexible para destinar recursos para la reconstrucción de viviendas por la vía que los damnificados consideren conveniente para sus inmuebles.

Conclusiones

Es alarmante no tener información clara sobre el ejercicio del gasto de los recursos asignados a la reconstrucción. La falta de transparencia y rendición de cuentas de estos dineros públicos, la ausencia de un diagnóstico integral de necesidades para organizar y justificar las asignaciones presupuestales, y la ausencia de reglas claras para el acceso a los recursos públicos han propiciado: (1) dudas sobre la justa utilización de los recursos públicos; (2) desesperación entre damnificados que llevan ya diez meses sin soluciones reales; y (3) un posible escenario donde no se logre reasignar los recursos disponibles a las necesidades más apremiantes, que están sin duda en la reconstrucción de las viviendas.

Ante este panorama, Nosotrxs exigimos al Jefe de Gobierno, el Dr. José Ramón Amieva, la inmediata transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, antes del 19 de septiembre de 2018, cuando se cumplirá un año del sismo. En específico, exigimos a la Secretaría de Finanzas la publicación de los montos ejercidos y disponibles del artículo 14 del Presupuesto de Egresos 2018, en sus cuatro fracciones; y a la Comisión para la Reconstrucción la publicación y socialización de los informes trimestrales presentados al órgano legislativo por su órgano de control social.

Solicitamos a las actuales autoridades gubernamentales poner en el centro de sus intereses a los damnificados y reasignar también antes del 19 de septiembre de 2018 los recursos disponibles a la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles a través en una sola ventanilla que representa el Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares. Esto permitiría resolver un problema social de falta de acceso a la vivienda de miles de damnificados y evitaría el subejercicio de los recursos para la reconstrucción.

Finalmente, exhortamos a las instancias ejecutivas, la Comisión para la Reconstrucción y las demás dependencias que participaron en la creación de los lineamientos del fideicomiso, a que afinen las reglas de operación que determinan el acceso, los casos en que se puede otorgar un monto mayor al establecido, y su flexibilidad para destinar los recursos de reconstrucción a la vía que damnificados consideren la más conveniente. Asimismo, solicitamos un mecanismo de fiscalización social dentro del fideicomiso, para controlar y vigilar el buen ejercicio de esos recursos.

El no haber consolidado un fondo único para la reconstrucción es una oportunidad perdida, que puede todavía encausarse. Pongamos los esfuerzos en una #ReconstrucciónTransparente.

 

Colectivo #ReconstrucciónTransparente Nosotrxs

 

Coordinación del colectivo y redacción del documento: Vania Salgado

Investigación, análisis, diseño y comunicación a cargo del colectivo #Reconstrucción Transparente

Abel Valdez / Balám Garcés Esparza / Cristopher Echenique / Daniel Salín / María de Jesús Suárez / Oscar Arredondo /Erika García / Hugo Caballero / Julio Mena / Manuel Padrón / Yessica Corral / Karla Montaño

 Director Ejecutivo: Luis F. Fernández

Coordinador Nacional: Mauricio Merino Huerta

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