Autor: Víctor Hugo Castellanos Lemus
Twitter: @VicCastellanosS
- Se debe respetar el derecho a las personas con VIH a no ser criminalizadas y a ser tratadas con igualdad
Todavía en 2024, se sigue criminalizando y discriminando a las personas con VIH, lo cual afecta su dignidad y la respuesta efectiva contra la epidemia. Es primordial crear entornos donde cualquier persona, sin importar su condición de salud, pueda ser visible y tenga acceso garantizado a mecanismos de prevención, detección y tratamiento, sin temor a ser discriminada o criminalizada.
En enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México eliminó del Código Penal local el delito de “peligro de contagio”, el cual castigaba a quienes, sabiendo que tenían una enfermedad grave y contagiosa, ponían en riesgo la salud de otra persona. Es decir, si alguien con una enfermedad contagiosa tenía contacto con otra persona sin informarle de su condición, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Aunque este delito no se refería específicamente al VIH, se entendía para esta condición, lo cual presentaba varios problemas.
Penalizar la transmisión del VIH desincentiva la realización voluntaria de pruebas de detección, ya que las personas podrían preferir no conocer su estado de salud para evitar ser criminalizadas. Esto resultaba en una baja tasa de detección, uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la epidemia. Conocer la condición de salud es crucial para detener la transmisión del VIH. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA), la mayoría de las personas con VIH y son conscientes de su condición toman las medidas necesarias para evitar la transmisión. Además, el tratamiento antirretroviral que es prescrito a las personas con VIH elimina la posibilidad de transmisión ya que una persona con una cantidad de virus baja, denominada “indetectable” no puede transmitir el VIH, de acuerdo con el informe sobre salud pública de ONUSIDA.
Otro inconveniente de penalizar el “peligro de contagio” es la dificultad de determinar quién transmitió el VIH, lo que podría llevar a condenas erróneas. Este riesgo se agrava, ya que puede afectar mayormente a grupos históricamente discriminados por su condición socioeconómica, pertenencia étnica, identidad u orientación sexual. Asimismo, ONUSIDA ha dado cuenta que no hay datos que demuestren que la amenaza de sanciones penales prevenga los comportamientos que pueden provocar la transmisión del VIH, y que no hay diferencias en los comportamientos entre las regiones con y sin leyes que penalicen la transmisión del VIH.
Aunque el Código Penal de la Ciudad de México eliminó el delito de “peligro de contagio”, prácticamente todos los códigos en el país aún lo contienen, por lo que es necesario que los congresos estatales reconozcan que la respuesta penal no es la solución. Se requiere atención a la salud, sensibilización y garantía de derechos humanos.
La criminalización de las personas con VIH no es el único obstáculo que enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el INEGI, CONAPRED y la CNDH, muestra que el 35% de los hombres mayores de 18 años no estaría dispuesto a rentarle un cuarto a una persona con VIH; el 15% no estaría de acuerdo en contratar a alguien con VIH, y un alto porcentaje considera que convivir con personas con VIH siempre es un riesgo.
En Argentina se conmemora hoy 12 de agosto, el Día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH, gracias al esfuerzo de activistas y organizaciones, y al apoyo de legisladores. Esta fecha conmemora el nacimiento de Roberto Jáuregui, destacado activista y la primera persona en hacer público su estado como persona con VIH. Jáuregui falleció el 13 de enero de 1994 y siempre luchó por el acceso a medicamentos y derechos humanos para las personas con VIH.
La eliminación del delito de “peligro de contagio” representa un avance significativo en la lucha contra la criminalización de las personas con VIH. Esta medida reconoce que la penalización perpetúa el estigma y la discriminación, obstaculizando los esfuerzos de prevención y tratamiento. Así como en Argentina se reconocen los derechos de las personas con VIH como algo importante, en México también ha habido avances en la materia como se muestra con la eliminación del delito, acciones necesarias para lograr la igualdad.
Es crucial que los congresos y autoridades adopten un enfoque basado en la salud, la educación y la sensibilización, en lugar de la criminalización. El desafío es trabajar para erradicar los prejuicios y estigmas que enfrentan las personas con VIH en todos los ámbitos de su vida. Es fundamental crear entornos donde las personas con VIH no tengan que esconder su diagnóstico y el acceso a la salud y al resto de sus derechos humanos sea plenamente garantizado.
Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/vih-criminalizacion-reconocimiento-derechos