Las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatir la corrupción, pero tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales, menos cuando se trata de la salud de las personas.
Publicado originalmente en Animal Político
Imagina que para vivir y tener salud necesitaras de un medicamento, pero por su alto costo te resultara imposible pagarlo. Probablemente ése no sea tu caso y en este momento te encuentres sano, pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros, podría enfermar. Si desafortunadamente pasara, entonces nuestra preocupación debería ser, iniciar el tratamiento, no preguntarnos si acaso podemos acceder a él.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018 se presentaron 18.1 millones de casos de cáncer y 9.6 millones de muertes por esta causa en el mundo (1). En México, el cáncer representa la tercera causa de muerte y cada año se estiman 148 mil nuevos casos (2). Respecto a VIH y Sida, actualmente en México hay poco más de 141 mil personas en tratamiento y una de cada tres personas desconoce su diagnóstico (3).
Afortunadamente, debido a los adelantos científicos, quienes padecen estas enfermedades pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos no podríamos costear estos tratamientos por el elevado costo que representan, por lo que el diagnóstico se convertiría en una sentencia de muerte para la mayoría de la población del país, considerando que, de las 52.9 millones de personas ocupadas en la economía mexicana, 43.3 millones ganan de 0 a 5 salarios mínimos (4).
Si el Estado no les proporciona el medicamento, la inversión individual sería hasta de 178 mil pesos al año (5)(el precio al que los adquiere el gobierno es mucho menor por los convenios con distribuidores) (6), y algunos de ellos ni siquiera están disponibles al público en general por el nivel de especialidad de los fármacos.
Las leyes nacionales e internacionales que ha suscrito México establecen que es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a la salud y, por ende, el acceso a los tratamientos para las personas que viven con alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las leyes internacionales, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo décimo que toda persona tiene derecho a la salud. Este instrumento, define a la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” y la considera un bien público y un derecho humano interdependiente e indivisible, ya que resulta requisito para el ejercicio de otros derechos (7). Asimismo, el artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud (8).
No obstante, la vulneración del derecho a la salud en nuestro país es una realidad, al tal grado que en las últimas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado diversos pronunciamientos a partir de las quejas que ciudadanos han interpuesto ante este organismo en materia de salud, hasta ubicarse entre las primeras causas de denuncia de violación de derechos (9).
En una de las últimas solicitudes de medidas cautelares emitidas por este organismo autónomo, se reiteró el llamado a la Secretaría de Salud federal para garantizar el suministro de tratamientos antirretrovirales en todo el país y, con ello, asegurar el derecho a la salud.
El problema de desabasto afecta especialmente los derechos de las personas con VIH afiliadas al Seguro Popular que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAI); es decir, personas sin acceso a ningún otro servicio de seguridad social. Sin embargo, se prevé que la afectación alcance eventualmente a los demás sistemas de salud y seguridad social.
Después de los reportes de desabasto de antirretrovirales y de la respuesta de las autoridades de proveer el medicamento, la preocupación persiste tanto en las personas con VIH, como en las organizaciones que siguen manifestando la falta de entrega de medicamentos, situación que es corroborable en el sitio del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar) de CENSIDA (10).
La falta de entrega oportuna de medicamentos para personas con VIH además de deteriorar la salud de las personas afectadas, también ocasiona que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que implicaría mayores erogaciones por la atención a las afectaciones que se desprendan del desabasto.
También se debe subrayar que el costo de los tratamientos por infecciones oportunistas, además de enfermedades concomitantes y comorbilidades que atacan a quienes padecen VIH al verse afectado su sistema inmunológico, no lo cubre el Seguro Popular, por lo que tiene que ser solventado por el propio paciente, lo que se conoce como gasto de bolsillo (11). Este gasto es una forma ineficiente e injusta de financiar la atención a la salud, ya que los que más pagan son los más enfermos, quienes con frecuencia son también los más pobres (12).
Por último, si bien la corrupción representa uno de los problemas más graves del país y las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatirla, tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales (13), menos cuando se trata de la preservación de un derecho fundamental que en caso de dejar de garantizarse, tendría potenciales implicaciones negativas en la salud de 97 mil personas (14).
En respuesta a esta grave problemática, Nosotrxs y DVVIMSS, en alianza con FUNDAR, la Red de Personas Viviendo con VIH, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, lanzaron una iniciativa para crear comunidades de pacientes, familiares de pacientes y médicos que identifiquen y reporten casos de desabasto de medicamentos e insumos médicos. El objetivo es combatir las redes de corrupción y las ineficiencias que generan escasez de medicamentos. Conoce más sobre esta iniciativa y el problema que representa la corrupción en el sector salud en huachicoldemedicinas.org.
1 Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018, disponible aquí.
2 Panorama del cáncer en México, disponible aquí.
3 Desconoce 1 de cada 3 personas que vive con VIH, disponible aquí.
4 ¿Cuánto ganan los mexicanos?, disponible aquí.
5 Hasta 178 mil pesos, costo del tratamiento contra VIH, disponible aquí.
6 Precios de los Medicamentos ARV, 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/243931/MEDICAMENTOS_ANTIRRETROVIRALES_2017.pdf
7 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 10, adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Diario Oficial de la Federación. México, 07 de mayo de 1981.
9 El derecho a la salud como derecho fundamental, disponible aquí.
10 Tablero de cobertura de medicamentos antirretrovirales. Consultado el 3 de mayo de 2019.
11 El gasto de bolsillo en salud, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, se define como “la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias”.
12 Datos sobre el gasto de bolsillo. Disponibles aquí.
13 Comunicado de prensa CNDH, disponible aquí.
14 Organizaciones y pacientes con VIH Sida de cinco estados denuncian nuevo desabasto de antirretrovirales, disponible aquí.
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