Publicado en Proceso
POR MATHIEU TOURLIERE ,
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al igual que en las demás partes de la administración, el gobierno federal pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concentre las compras de medicinas, lo que ya generó un desabasto de algunos insumos como los antirretrovirales, deploró Luis Adrián Quiroz, director de Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del IMSS (DVVIMSS).
“Raquel Buenrostro (la oficial mayor de la SHCP) va a ser la súpercompradora y es preocupante, la semana pasada, por ejemplo, se anunció que habrá retrasos en la compra de libros de texto”, deploró el activista, quien recordó que “en un hecho histórico, tuvimos que volver a salir a las calles después de 15 años y exigir que las medicinas estén disponibles”.
El plan de combate a la corrupción en el sector salud, que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador –consistió, entre otros, en vetar a tres de los proveedores farmacéuticos más importantes del gobierno federal–, atrasó las convocatorias para comprar tratamientos de enfermedades crónicas y degenerativas, como lo documentó Proceso esta semana.
El académico Mauricio Merino aplaudió la voluntad de AMLO de acabar con la corrupción, pero sostuvo que “el objetivo final de la política pública es que las medicinas lleguen a los pacientes; cualquier decisión que ponga en riesgo la vida de las personas debe ser muy cuestionada”.
“Lo que pasó con el huachicol de gasolina, no queremos que pase con las medicinas: se cortó de tajo”, lamentó Quiroz, y abundó: “Nos dijeron que pagáramos nosotros las medicinas, que nos reembolsarían, pero un antirretroviral puede costar hasta 17 mil 500 pesos mensuales”.
Según activistas, el “huachicol” de medicinas en el sistema de salud público ocurre en cada etapa de este mercado de alrededor de 135 mil millones de pesos anuales: desde el proceso de compra-venta con sobreprecios pactados entre empresas farmacéuticas e instituciones, hasta el robo hormiga en los centros de salud, pasando por los desvíos de insumos en las cadenas de abasto.
“El 10% de los medicamentos totales proviene del mercado negro, que representa entre 13 y 30 mil millones de pesos de ganancias y pone en riesgo el derecho a la vida”, resaltó Luis Fernando Fernández, el director ejecutivo de la organización política NosotrXs, que presentó hoy una plataforma para que los pacientes, familiares y médicos denuncien en tiempo real el desabasto de medicinas en el sistema de salud pública.
“Detrás de estas cadenas de corrupción hay vidas”, resaltó Merino. En las instituciones de salud, añadió, “los inventarios están en orden en el papel, pero luego descubrimos que las medicinas están en venta en la farmacia particular que está a la vuelta”.
“No es un problema nuevo. No es un problema que nació en el gobierno actual. Es un problema muy antiguo que ha venido afectando sistemáticamente los derechos de las personas”, insistió el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Para una persona con cáncer, recibir su tratamiento a tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo Brenda Ponce, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.
Según la activista, los pacientes son los primeros testigos y los principales afectados por el robo de medicinas, pero prefieren “no denunciar, por temor a ser cancelado su tratamiento o que el medico mismo les niegue su tratamiento”.
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