Por Jaime Hernández Colorado,
Director General de Nosotrxs
X: @jhcolorado
En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1122 OIC u homólogos, es decir, un número diferente a los datos concentrados mencionados arriba. Respecto de esos 1122 OIC, el número de personas servidoras públicas adscritas para 2022 fue de 4171, una disminución de 65.5% respecto de 2020, cuando se reportaron 12103. En el desglose que tiene que ver con la integración prevista por el Artículo 115 de la LGRA, se reportaron 1576 personas servidoras públicas adscritas a las áreas de investigación en 2022 —frente a 4377 en 2020—, 1039 adscritas a las áreas de sustanciación (2022) —en oposición a 2296 en 2020— y 900 adscritas a las áreas de resolución o sanción (2022) —ante 2250 en 2020.
Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24054 auditorías a los 2469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3443 fueron hechas por OIC; del resto: 15902 por contraloría interna, 3022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1122 OIC municipales, se puede observar que éstos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.
Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24054 auditorías hechas en total, 18769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación: “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”, es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3118 fueron a obra pública y 1348 a fondos y subsidios federales. Las 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.
Acerca del ejercicio de la función de control interno en el ámbito estatal, los datos tampoco son halagüeños. Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6% frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2% menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.
En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9% respecto de 2021, en que se hicieron 10159. De esas 6923, 3444 fueron hechas por los OIC, 1128 por las secretarías de contraloría, 1059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.
En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7% respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47%. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).
Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno, respecto de la función de control interno, es posible decir que las estructuras en esa materia no están a día de hoy en condiciones de cumplir a cabalidad con las obligaciones que ya tienen. Si tenemos en cuenta eso, la idea de que puedan hacerse cargo, además, de las atribuciones de los órganos garantes destruidos, no sólo es una ficción, también una broma de pésimo gusto. A menos, desde luego, que la intención sea hacer naufragar definitivamente la garantía de los derechos consagrados en el artículo 6 de la Constitución y ponerlos a dormir el sueño de los justos, igual que el derecho de petición del artículo 8 constitucional.
Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derecho-informacion-organos-control-interno-2