Por: Itzayana Borgua
El pasado 17 de octubre, la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República, aprobó el dictamen que reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que se incluye el enfoque de paridad de género para que se contemple a mujeres, niñas y niños en reclusión, y reconozca a los varones en prisión, para que puedan permanecer con sus hijas e hijos.
La búsqueda de la paridad de género en México ha llevado a algunos legisladores a crear acuerdos y decretos con buenas intenciones más que con justificaciones objetivas y apegadas a la realidad vigente. La reciente inclusión para que los hombres privados de la libertad también puedan permanecer con sus hijos, refleja la falta de experiencia de las y los legisladores respecto a los centros penitenciarios y lo que conlleva vivir en prisión.
Es un hecho que las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad no deben vivir en las prisiones, por las razones expresas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el cual se exhibe que los centros penitenciarios, tienen serios problemas de hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno y falta de clasificación penitenciaria. Situaciones que se exacerban en las prisiones varoniles.
En el supuesto que se permita que las niñas y niños permanezcan con sus padres en prisión, estas problemáticas deben ser primero erradicadas. Sin embargo, la reciente fuga registrada en el penal de Aguaruto, Sinaloa, hacen evidentes las grandes deficiencias del actual sistema de reinserción social.
Aunque la justificación para esta ley haya sido ‘salvaguardar el interés superior de la niñez’ es un hecho que este será violado y que además quienes proponen este dictamen, no prestaron atención al Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión realizado y presentado por Reinserta ante la Cámara Alta el pasado 1 de octubre, en el que se demostraron las condiciones en las que viven los menores y los años que les ha tomado para mejorar la estancia de las niñas y niños que se encuentran cumpliendo condenas que no son suyas.
Es necesario replantearse el significado del término ‘interés superior de la niñez’. Es cierto que los hombres y mujeres tienen el derecho a ser madres y padres, pero no a costa de la integridad, salud y bienestar del menor, sobre todo cuando ni la CNDH ni los directores de algunos centros penitenciarios conocen la realidad en la viven, tal como Saskia Niño de Rivera, lo expone en una de sus entrevistas realizadas en 2018, ya que permitir que los menores vivan en las prisiones, perpetúa la violación sistemática de los derechos de la infancia.
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