La justicia social tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico.
Por Pablo Andrade Martínez
@PabloAnd89
El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con el objetivo de visibilizar la urgencia de construir sociedades más equitativas. Pero más allá de la efeméride, la justicia social es una necesidad que se juega en la vida cotidiana de millones de personas. En México, esto se traduce en una lucha constante por el reconocimiento de derechos básicos: salarios justos, seguridad social, condiciones laborales dignas y la posibilidad de vivir con dignidad.
Hablar de justicia social es hablar de trabajo digno, de oportunidades reales para quienes sostienen el día a día del país. Un ejemplo claro de esta deuda pendiente es la situación de las trabajadoras del hogar, quienes históricamente han sido invisibilizadas y relegadas a la informalidad. A pesar de la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Seguro Social en 2019, que reconoce su derecho a la seguridad social, la tasa de inscripción sigue siendo baja. Y es que la justicia social no es solo cuestión de leyes escritas; es cuestión de voluntad política, de cultura social y de decisiones cotidianas de quienes contratan sus servicios.
La justicia social no es un concepto abstracto ni una simple aspiración ética. Tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico. En México, un porcentaje alto de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que millones de personas carecen de acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad económica. Esto no es un accidente ni una casualidad: es el reflejo de un modelo económico que ha priorizado la precariedad como regla, convirtiendo la desigualdad en un rasgo estructural de nuestra sociedad.
Pero la justicia social también nos obliga a preguntarnos sobre el sentido de lo público. ¿Para qué y para quién están diseñadas nuestras instituciones? En demasiadas ocasiones, lo público ha sido capturado por intereses privados, desviando recursos y esfuerzos que deberían estar destinados a garantizar derechos colectivos. La corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia han convertido lo público en botín, cuando debería ser el espacio de lo común, de lo accesible, de lo incluyente. Sin justicia social, la democracia se convierte en un espejismo que deja intactas las estructuras de desigualdad.
Históricamente, la lucha por la justicia social ha estado en manos de los propios sectores excluidos: trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y obreros han alzado la voz para exigir lo que les corresponde. Hoy, la pregunta es si la sociedad en su conjunto está dispuesta a acompañar esas luchas, a construir redes de solidaridad y a transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad.
México enfrenta una encrucijada: o fortalece políticas públicas que garanticen la redistribución del ingreso y la protección de los derechos fundamentales, o sigue permitiendo que la justicia social sea un discurso vacío en medio de una creciente polarización. La tarea no es sencilla, pero es impostergable.
* Pablo Andrade Martínez (@PabloAnd89) es coordinador de la causa de Construcción de Paz en Nosotrxs.
Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/justicia-social-deude-pendiente-desigualdad