Por Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs
Publicado originalmente en El Universal
La Corte está para protegernos. Su función como contrapeso de los otros poderes se realiza en situaciones dramáticas, donde los derechos de personas de carne y hueso reclaman su intervención. Si los ministros abdican de esa función y se limitan a citar leyes sin vincularlas con los derechos atropellados, invalidan su misión principal. En un régimen democrático, la Corte es el poder de quienes no tienen poder.
El derecho de amparo no se puede convertir, a consecuencia de la construcción de alegatos técnicos sin espíritu, en el desamparo de los más débiles. Y aunque los ministros están obligados a reaccionar ante cada caso, lo cierto es que sus criterios influyen de modo decisivo en la salvaguarda o la destrucción jurídica del principio de igualdad.
Por eso es inaceptable el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán respecto el caso de una trabajadora del hogar que buscó a la Corte para defender sus derechos laborales, después de prestar sus servicios para una misma familia por mas de cincuenta años, hasta que su patrona decidió despedirla cuando cruzaba ya los 80 de edad y dejó de serle útil, abandonándola, literalmente, al más completo desamparo.
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