A partir del próximo 2 de julio, nuestro país entrará en una nueva etapa de su historia.
Por Jesús Caudillo
Publicado originalmente en El Sol de México
A partir del próximo 2 de julio, nuestro país entrará en una nueva etapa de su historia. Sin embargo, ello no ocurrirá por la sola llegada de un presidente electo, sino porque habrá necesariamente un reacomodo de las fuerzas políticas a partir de lo que ocurra en la elección presidencial. En ese sentido, vale recordar una premisa: el país no será transformado en automático y en el corto plazo, sin importar quien asuma el poder.
Las problemáticas más graves que vive México no tienen su origen únicamente en lo que haga o deje de hacer el presidente, en lo que se decida desde la administración pública, en lo que negocien los congresos y lo que fallen los jueces. De todos estos actores es necesario esperar el cumplimiento de su labor, pero con eso no basta.
La desesperanza hacia el futuro y la urgencia del cambio han marcado el proceso electoral que está a punto de terminar. Los mexicanos queremos que la realidad del país sea mejor, que los grandes problemas encuentren cauces de solución y que las oportunidades sean para todos. Pero los espacios públicos siguen sin llenarse de acciones colectivas orientadas a satisfacer estos deseos; a los responsables de lo público se les exige todavía de forma insuficiente.
Lo cierto es que, pasado el proceso electoral, los grandes problemas seguirán ahí: la inseguridad y la presencia del crimen organizado en amplias regiones de la geografía nacional, las pugnas en la relación entre México y su socio comercial más importante, los pendientes en el diseño institucional para acabar con la corrupción, las violaciones sistemáticas y cotidianas a los derechos humanos.
Aquellos que llegarán a ocupar los cargos públicos en los siguientes meses, ¿están preparados para enfrentar un contexto tan complejo? La historia reciente de nuestro país deja claro que los gobiernos tienen límites y su poder permite solucionar problemas públicos hasta cierto punto, pero al final del proceso ha faltado la presencia de la sociedad civil para evaluar, validar y legitimar sus acciones.
Los actores públicos de la etapa que está por comenzar tendrán que dar frente a tres problemas si buscan tener éxito en sus funciones. En primera instancia, la crisis de credibilidad hacia los gobiernos, los partidos políticos, lo público, la democracia. En segundo lugar, la crisis de representatividad ciudadana en el espacio público y en las instituciones. Y el tercero, la atrofia cívica que padece nuestro país, la más grave de estas enfermedades.
El año en curso, el 2018, y el proceso electoral que está por concluir, tienen que marcar el rompimiento con la usual ausencia de lo público de los ciudadanos. Los espacios públicos deben ocuparse con iniciativas comunes que busquen, sí, la transformación del país, pero también de aquellas que obliguen a rendir cuentas de forma transparente, en distintas dimensiones, a quienes ostentan los cargos públicos.
Este momento de la historia de nuestro país reclama la presencia de contrapesos al poder, de una verdadera oposición social que defienda nuestra democracia y a las instituciones como patrimonio común. Para eso está, para estará Nosotrxs.
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