Publicado originalmente en: Proceso
La desconfianza ciudadana hacia las autoridades crece a medida que se acerca el proceso de reconstrucción de las viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Aun cuando el gobierno federal y los estatales, así como empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras y partidos políticos prometieron sumas millonarias para esa tarea, el problema es cómo aplicarlas sin que se cuele la corrupción, advierte a Proceso Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Aún no termina la atención humanitaria a los más de 250 mil damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre y la sociedad civil ya comenzó a organizar estrategias de reconstrucción para evitar la corrupción, pues son muchos los ciudadanos que desconfían de las autoridades.
En vísperas del arranque del proceso electoral 2018 –que se anuncia muy disputado–, la apuesta ciudadana está en vigilar los fondos multimillonarios destinados a la reconstrucción para evitar la compra de votos, así como el clientelismo político y empresarial.
La ecuación no resulta sencilla, ya que el gobierno federal y los estatales, empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras, organizaciones de la sociedad civil e incluso partidos políticos prometieron sumas millonarias a las labores de reconstrucción.
Pero la desconfianza impera entre estos actores, pues “cada quien quiere mantener el control sobre sus propios recursos”, señala Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En entrevista con Proceso, la socióloga advierte: sin coordinación y transparencia máxima en la asignación de los recursos y sin la participación de los propios damnificados en la planeación habrá muchos espacios para la corrupción.
“Lo que nos preocupa es que se cuele la corrupción en esto. Sería el peor de los mundos que todo ese esfuerzo, todo ese deseo ciudadano de participar, apoyar y trabajar para los otros termine beneficiando a no sabemos quién y por esto le tenemos que poner un dique.”
El 27 de septiembre, el Comité de Participación Ciudadana propuso la formación de una comisión integrada por organismos de la sociedad civil, empresarios y autoridades, que se encargue de monitorear el uso de los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción y dé seguimiento a las investigaciones de presuntos casos de corrupción.
La idea, recalca Peschard, consiste en “articular los distintos fondos” y exigir que se transparenten sus reglas de operación y objetivos –de los fideicomisos también–, con el afán de evitar su dispersión y manejo discrecional.
Recuerda que existe una propuesta más radical: desde la semana antepasada el movimiento Nosotrxs subió a las redes un mensaje para proponer que todo el dinero se reúna en un “fondo único de reconstrucción nacional”, desde el cual se manejarían los recursos con “la más absoluta transparencia en tiempo real”.