Por Yadira Itzayana Borgua, egresada del Programa LID de Nosotrxs.
Publicado originalmente en El Sol de México
Según datos de la asociación Reinserta, existen aproximadamente 800 niños y niñas que nacen y viven en prisión, esto debido a que las leyes nacionales, así como los tratados internacionales de los que México es parte, reconocen el derecho a la maternidad en prisión. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su Artículo 10, enuncia cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos de las niñas y niños que viven en las cárceles. Sin embargo, aunque están reconocidos en las leyes, existe una constante violación a sus derechos fundamentales, como su derecho a la salud, alimentación y a vivir en un ambiente sano, o, en el mejor de los casos, estos les son otorgados de manera limitada, de la misma forma que a sus madres que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo una sentencia.
Las cárceles, al no estar pensadas para albergarlos, no cuentan con las instalaciones e infraestructura adecuadas, y tienen que hacer sus necesidades fisiológicas frente al resto de las reclusas y compartir las celdas para dormir. ¿Sabrán que por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a la dignidad? Se trata de niñas y niños que, sin haber cometido delito alguno, nacen privados de su libertad y continúan en estas condiciones de constantes violaciones a sus derechos, por lo menos los primeros tres años de su vida -la edad límite que la ley permite-, aunque en casos especiales, llegan a permanecer hasta los 5 o 6 años.
Cabe destacar que el presupuesto destinado al sistema penitenciario, no especifica cuánto es el recurso que le corresponde a cada rubro, además, el presupuesto penitenciario solo contempla a la población para la que tiene capacidad cada centro de reinserción, por lo tanto, las niñas y niños no son contemplados en este. En consecuencia, al no haber recursos, no se les puede garantizar el derecho a la salud, educación, alimentación y vestido, puesto que el artículo 18 constitucional, únicamente reconoce a las mujeres, hombres y adolescentes en conflicto con la ley como poblaciones del sistema penitenciario.
Por lo anterior, es indispensable y urgente la implementación de protocolos integrales para la atención de las niñas y niños, que especifiquen cómo deben garantizarse, respetarse, promoverse y protegerse los derechos de este sector tan vulnerado, en el que sería idónea y necesaria la participación de con asociaciones y organismos no gubernamentales como Derechos Sin Barreras, el movimiento Nosotrxs y demás organizaciones que promueven y defienden los derechos de la niñez, así como crear un consejo que vigile el respeto a sus derechos, además de promover la pronta reinserción para las mujeres que sean madres en prisión, para evitar que permanezcan separados demasiado tiempo.
Leave A Comment