Dr. Francisco Landa Reyes (Agua que Corre)
Dr. Fermín Reygadas Robles Gil (Cántaro Azul)
En el interior del país se libran duras batallas por el derecho al agua. Los ciudadanos organizados enfrentamos a gobernadores y congresos locales que emiten leyes abusivas que atentan contra nuestros derechos y favorecen a poderes fácticos. Estas luchas, además de su complejidad local, hallan difícil llegar a un fin debido a la indefinición de los poderes legislativo y judicial a nivel federal.
En Querétaro, en 2022 la legislatura local aprobó fast-track una ley que legalizó la inequidad, permitiendo a unos pocos obtener beneficios del agua a costa del resto de la población. Dicha ley omitió la participación ciudadana —tanto en el proceso de aprobación como en su texto, dejando en el aire garantías sobre el reparto justo del líquido, lo que violentó derechos reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.
En respuesta a esta violación jurídica, ciudadanos interpusimos varios amparos, primero desestimados por jueces de distrito, que tras un año llegaron a la Suprema Corte sin ningún tipo de protección en el ínter para la ciudadanía.
Este 2024, la Primera Sala atrajo uno de estos amparos, decidió revisarlo y a finales de marzo publicó un proyecto de sentencia en el que reconoció las omisiones del Congreso de Querétaro, exigiéndole aprobar una nueva Ley que tomara en cuenta cinco directrices fundamentales que buscaban resarcir las inconstitucionalidades. Uno: establecer modalidades para el uso equitativo y sustentable del agua en época de estrés hídrico. Dos: contemplar mecanismos de abasto mínimo para las personas ante la falta de pago del servicio y la falta de conexión a la red de suministro estatal. Tres: diseñar el sistema de planeación de proveeduría del servicio de acuerdo con los criterios de igualdad y no discriminación. Cuatro: prever un sistema de saneamiento y tratamiento de los recursos hídricos. Y cinco: que integrara mecanismos reales de participación ciudadana.
Es decir, lo conminó a emitir una ley de aguas integral y acorde a los derechos de todxs. En respuesta al proyecto de sentencia de la Primera Sala, el Congreso de Querétaro, para evitar una sanción de la Suprema Corte, presentó, dictaminó y aprobó en tan sólo nueve días una reforma a la Ley de 2022. La reforma aprobada el 9 de abril, un día antes de que la Primera Sala
votara el proyecto de sentencia, maquilló parcialmente la Ley, buscando engañar a la Corte respecto a tomar en cuenta las directrices por ella establecidas, pero omitiendo establecer modalidades y controles claros para el uso equitativo, así como crear mecanismos de participación ciudadana real y plena que mandata el Acuerdo de Escazú.
Al parecer, la Primera Sala transigió con la estratagema del Congreso de Querétaro: creó un nuevo proyecto de sentencia que votaría el 8 de mayo, el cual propuso dejar sin materia nuestro amparo y avalar la reforma. El contraste entre el primer proyecto de sentencia y el actual no podría ser mayor: el primero defendía nuestros derechos; el segundo los desprotegía. La votación del día 8 se pospuso. A la fecha queda pendiente por discutir en la Primera Sala de la Corte un nuevo proyecto que propone sobreseer en el juicio de amparo en revisión pendiente, permitiendo sigan en pie la ley de aguas de Querétaro, dejando de lado la rigurosa exigencia de cumplimiento de Derechos que el ministro encargado manifestó en el proyecto inicial.
Desde cierto ángulo, resultó una victoria parcial para la ciudadanía que el Congreso de Querétaro, ante la evidente inconstitucionalidad de su Ley de 2022 haya reformado algunos artículos, garantizando un mínimo de abasto del líquido a la población, lo cual no hacía en el texto original. Sin embargo, las reformas aprobadas por el Congreso de Querétaro no son suficientes para cumplir con los criterios contenidos en el primer proyecto de sentencia, y mucho menos con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos; tan es así que desde la presidencia de la República ha sido interpuesto otro recurso legal contra la ley reformada, en días recientes. Hoy por hoy los ciudadanos sin poder de cabildeo parecemos depender de los arreglos entre los gobiernos estatales y la Corte. Desafortunadamente esto ocurre por la participación de otras complicidades: el poder legislativo federal sigue sin aprobar, tras 12 años de demora, una Ley General de Aguas que permita armonizar los diversos niveles normativos, acotar los intereses de grupos de poder fáctico y atenuar los conflictos entre los poderes de la Unión.
Esto impide colocar en primacía nuestros Derechos al Agua, a la Participación y a un Medio Ambiente Sano.
Por lo pronto, las pugnas locales seguirán, y serán trascendentes para todo México. Verbigracia: sólo para la resolución del tema queretano han llegado a la Corte opiniones de 20 estados del país.
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