Por Daniel Cortés Martínez
Coordinador de la causa de defensa de los derechos de las personas trabajadoras agrícolas en Nosotrxs A.C.
@danielcormar89
El retorno de los republicanos a la toma de decisiones en el gobierno de Estados Unidos ha traído de vuelta el discurso, y probable toma de acción, en contra de las personas migrantes, planteando como un punto central de la política migratoria las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados o sin un estatus legal permanente.
La idea de las deportaciones masivas se alimenta de un sentimiento proteccionista que pretende favorecer el aumento de empleos y de salarios para los norteamericanos nativos, y que además fue respaldada por un gran porcentaje (alrededor del 54%) de votantes que le otorgaron la victoria a Donald Trump en las pasadas elecciones en noviembre.
Esta situación es especialmente preocupante para el sector agrícola y para los trabajadores de origen mexicano o de países centroamericanos que laboran y sostienen prácticamente toda la cadena de distribución de alimentos en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, alrededor de 60.65% de las personas que se encuentran trabajando en el campo norteamericano nacieron en México, mientras que 5.6% provienen de países centroamericanos, lo que arroja un total de 67.39% de la fuerza laboral en el campo, es decir más de la mitad del total de trabajadores. Por otra parte, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, se estima que existen 2.9 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 1.7 millones son inmigrantes indocumentados.
Así pues, en el escenario hipotético que ha planteado Donald Trump en el que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados es una constante, estamos hablando de que afectaría a más de la mitad de la fuerza productiva en el campo, que además, a partir de la pandemia de Covid-19, ha sufrido una escasez muy importante de mano de obra. La idea de que los trabajos que desocupen los inmigrantes indocumentados serán sustituidos por mano de obra norteamericana tampoco tiene un sustento sólido, pues de acuerdo con un estudio que registró el retiro de aproximadamente medio millón de trabajadores mexicanos en el campo tras la cancelación del programa de braceros en 1965, arrojó que la exclusión de estos trabajadores no se tradujo inmediatamente en la mejora de los empleos para estadounidenses, ni el aumento de los salarios. Por el contrario, los empleadores buscaron ajustar la escasez de mano de obra con otro tipo de estrategias como la mecanización de los procesos de siembra y cultivo, el uso de otras variedades de semillas y el empleo de agroquímicos y pesticidas, o sencillamente la contratación de inmigrantes indocumentados.
Las disrupciones en la cadena de producción de alimentos que provocaría la deportación masiva de la fuerza laboral en el campo son amplias y altamente costosas puesto se perderían ingresos fiscales esenciales, además de que se verían afectados los precios de los alimentos al perder gran parte de la mano de obra esencial, sumado a las perturbaciones de la economía norteamericana en general. En suma, la contribución de las personas jornaleras agrícolas migrantes para el funcionamiento del sistema alimentario de Estados Unidos es incalculable, y la falta de reconocimiento del mismo es un gran problema que los impulsores de la política migratoria trumpista están tomando muy a la ligera sin prever las graves consecuencias que ello podría tener para la vida misma de millones de norteamericanos.
Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/personas-jornaleras-agricolas-y-deportaciones-22091182