Las personas privadas de libertad se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.
Diversos organismos internacionales de protección a los derechos humanos han llamado a los estados a generar acciones en favor de esta población.
Las organizaciones de la sociedad civil exigimos mecanismos de acción que contribuyan a garantizar la salud de las personas privadas de libertad en el marco del COVID-19.
Que se establezca un protocolo de atención específico para niñas y niños que nacen y viven en prisión, así como para los grupos vulnerables que están privados de la libertad.
Conoce el documento dando click aquí.
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