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OSC fueron clave en reforma a política de drogas: Aram Barra

Por Aram Barra, cofundador de Nosotrxs

Publicado originalmente en Político.mx

Aram Barra, defensor de Derechos Humanos, es el ciudadano que recibió el quinto amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para consumir y cultivar marihuana con fines lúdicos.  La decisión de la SCJN respecto a Barra sentójurisprudencia y abrió la puerta para dar libertad al resto de los mexicanos de hacer lo mismo. Político.mx charló con él sobre el papel de la sociedad civil, siendo un activista desde hace tiempo a favor del consumo de la hierba, y lo que viene para el país respecto al tema.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la despenalización de la marihuana?

Creo que la sociedad civil, no solo en México sino alrededor del mundo, ha jugado un papel clave en la reforma de las políticas de drogas; las políticas de drogas fueron creadas alrededor del siglo pasado, en los mil novecientos cuando había una influencia muy fuerte de Estados Unidos en la discusión global y después en el periodo entre guerras, el puritanismo ‘gringo’ tuvo una influencia muy fuerte en la definición de las convenciones internacionales, que es donde se define la prohibición que México adopta a mediados del siglo pasado.

México ya había legalizado las drogas antes.

Hay que decir que justo México, pensando en su interés nacional en 1938, legalizó la marihuana, no solo la marihuana, la heroína y muchas otras drogas, durante la administración de Lázaro Cárdenas y muy rápidamente el lobbying ‘gringo’ vino a México para pedir que quitaran eso y empezaron a ejercer presión pues a través de varios mecanismos, incluido recortes de cooperación internacional, etcétera.

Ese proceso de certificación, por cierto, el Congreso de Estados Unidos lo sigue haciendo, todos los años. A principio de año el Congreso de Estados Unidos publica una lista de los países que según ello no están teniendo una fuerza suficiente de la guerra contra las drogas. Entonces como todo el mecanismo, el andamiaje de la prohibición fue una política desde un punto de vista ideológico, crecida por el presidente Nixon desde Estados Unidos.

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¿Cuál es la postura de la sociedad civil frente a la marihuana?

La sociedad civil, alrededor del mundo, ha ido abogando políticas desde hace muchos años, basados en evidencias, en experimentación de política pública para, en los últimos años, llegar a proponer que un modelo regulado es la única forma de poner bajo control a las sustancias, y que la prohibición es más bien un modelo bajo el cual es mucho más complicado controlar las sustancias; yo no conozco a ningún ‘dealer’ o a ningún miembro del crimen organizado que pida INE para vender marihuana; por el contrario. El Estado suele trabajar con comportamientos de riesgo con modelos de regulación, por ejemplo, una de las muertes más altas a nivel global por causas no naturales son accidentes automovilísticos y a nadie se le ocurre decir ‘están prohibidos los coches’; más bien lo que hacen es decir hay un límite de velocidad, hay una obligación de utilizar un cinturón de seguridad, hay un proceso de licencias para quien puede conducir bajo qué circunstancias y cuáles no y cuales son castigadas.

¿Cual debe ser el papel del Estado frente a la marihuana? 

No es el papel del Estado definir qué puede y que no puede hacer una persona, es el papel del Estado definir las reglas bajo las cuales, si una persona adulta consciente decide hacer algo que puede poner en potencial riesgo su salud, lo pueda hacer.

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¿Qué papel jugó la SCJN al otorgar amparos para consumir marihuana?

La SCJN hizo lo suyo al juzgar que la prohibición es inconstitucional porque contraviene otros derechos fundamentales de la Constitución, y que le toca al Poder Legislativo establecer un modelo de control.

¿Cómo ves el papel que jugará el Poder Legislativo?

Creo que eso es lo que está empezando a suceder, que varios grupos parlamentarios están proponiendo sus ideas y probablemente eso avance hacia un debate parlamentario, que será muy rico, técnico, con muchos expertos; yo me imagino y a partir de ahí definir un modelo de regulación que responda a las necesidades y a los intereses de México.

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Ratificar el Convenio 189 de lxs trabajadorxs del hogar

Por Aram Barra

La Organización Internacional del Trabajo aprobó en el año 2011 el Convenio 189 sobre las y los trabajadores del hogar, el cual estableció los derechos del gremio, así como las medidas que los Estados deben cumplir para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo digno. Al mismo tiempo, se aprobó una Recomendación 201, en la que se establecen complementos a las obligaciones definidas en el Convenio.

En el caso de México, las implicaciones no son menores. Como he dicho antes, las cuidadoras de personas, lavanderas, planchadoras, cocineras, choferes, vigilantes, porteros y jardineros en México suman 2.4 millones de personas. El 97% no cuenta con ningún tipo de servicio de salud; el 75% gana entre uno y dos salarios mínimos; el 96% no cuenta con contrato de trabajo; el 67% no tiene derecho a vacaciones, y sólo el 57% recibe aguinaldo.

Para todas estas personas, la entrada en vigor del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT formalizaría los derechos otorgados por la Ley Federal del Trabajo y les otorgaría ingreso a los sistemas de seguridad social. Para un inmenso gremio que se encuentra normalmente desprotegido legalmente y sin seguridad social, la ratificación del Convenio haría un mundo de diferencia.

Han pasado siete años –y contando– y el gobierno de México no ha promovido que el acuerdo internacional se convierta en ley. El principal argumento durante este periodo ha sido que las implicaciones presupuestarias de dicha ratificación serían de un peso importante para el gobierno federal. Ésa ha sido, al menos, la excusa. De acuerdo con un reciente documento publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), hay al menos dos implicaciones legislativas y de implementación.

Por un lado, la adecuación de ordenamientos legales y administrativos con el objetivo de “reconocer, proteger y garantizar el derechos los trabajadores domésticos a la protección de la seguridad social, con lo que se mandataría la incorporación para aseguramiento voluntario al régimen obligatorio, que implica acceso limitado a seguros, prestaciones y servicios”.

Por el otro, la ratificación del Convenio implicaría la instrumentación de políticas públicas focalizadas, así como mecanismos “para dar seguridad y certeza laboral a los trabajadores domésticos […] así como para regular y supervisar las relaciones laborales entre empleador y [trabajador] doméstico, y observar medidas para la determinación de salarios y prestaciones laborales”.

En este sentido, la ratificación del Convenio tendría implicaciones presupuestales. Al respecto, el IBD estima que considerando el régimen obligatorio que cubre los seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y, el de Guarderías y Prestaciones Sociales, el gobierno federal aportaría para 2017, 28 mil 414 millones de pesos para asegurar a las trabajadoras del hogar.

En otras palabras, ofrecer seguro social a 2.4 millones de trabajadores que hoy forman parte de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad nos costaría a las y los mexicanos casi 10 mil millones de pesos menos de lo que ha gastado Enrique Peña Nieto durante su administración en publicidad.

Queda entonces la pregunta sobre si el argumento constantemente utilizado por los opositores a la ratificación del Convenio está simplemente mal fundamentado o si es una mera excusa política. Existen indicios suficientes para pensar en lo segundo. Mientras tanto, 2.4 millones de empleadas del hogar siguen desprotegidas por el Estado.

Integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs

@NosotrxsMX