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#Ayotzinapa5Años: ausencias y complicidades del Estado

por con Sin Comentarios Justicia y Paz

Publicado en El Sol de México

Por: Cristopher Echenique

El pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, práctica que históricamente ha sido empleada para infundir terror, pues la sensación de inseguridad que genera, no se limita a los familiares de las personas desaparecidas –que nunca tuvieron certeza de su paradero o incluso de si sigue o no con vida, y por ende, sin un cuerpo para enterrar– sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Recordamos con terror, hechos distantes a nuestros días, pero que continúan frescos en la memoria de una generación entera, como las muertes y desapariciones de la Guerra Sucia en la década de los 70, después de los cuales habríamos esperado un aprendizaje y maduración de las instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, la realidad demuestra que no fue así. Precisamente, están por cumplirse cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Cinco años de un caso que se ha convertido en un triste símbolo del problema de las desapariciones forzadas en nuestro país, donde hay al menos, en cifras oficiales, más de 40,000 personas sin localizar, 26,000 cuerpos sin identificar y más de 3,000 fosas clandestinas, encontradas casi en su totalidad por colectivos de mujeres buscadoras; con investigaciones atascadas por la complicidad y la corrupción que alcanza a todos los niveles de gobierno, lo que tiene como consecuencia que muchos de los responsables continúen impunes, y lo más grave, decenas de miles de personas que siguen desaparecidas.

Contra toda esa monstruosidad y ante la evidente inacción, incapacidad y hasta obstrucción de las investigaciones por parte de la autoridad, los y las familiares de las víctimas de desaparición forzada se han agrupado para formar colectivos de búsqueda. Un ejemplo es el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes han exhumado más de 189 cuerpos. Sólo por mencionar uno de tantos esfuerzos de búsqueda en el país por parte de ciudadanos organizados.

El gran desafío para la actual administración, es responder lo más rápido posible ante los nuevos casos de personas desaparecidas que se siguen registrando diariamente. La búsqueda en vida deberá ser la principal prioridad, para por lo menos evitar que la abrumadora cifra siga creciendo. Por ello, resultan indispensables comisiones de búsqueda y fiscalías, nacional y estatales, dotadas de los recursos necesarios para que funcionen. El mismo presidente López Obrador ha expresado que es la herencia más triste que ha recibido al llegar al gobierno.

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Desabasto de medicamentos: podría ser cualquiera

por con Sin Comentarios #NosTocaMedicinas Para TodxsMovimiento

Las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatir la corrupción, pero tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales, menos cuando se trata de la salud de las personas.

huachicol de medicinas

Publicado originalmente en Animal Político

Imagina que para vivir y tener salud necesitaras de un medicamento, pero por su alto costo te resultara imposible pagarlo. Probablemente ése no sea tu caso y en este momento te encuentres sano, pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros, podría enfermar. Si desafortunadamente pasara, entonces nuestra preocupación debería ser, iniciar el tratamiento, no preguntarnos si acaso podemos acceder a él.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018 se presentaron 18.1 millones de casos de cáncer y 9.6 millones de muertes por esta causa en el mundo (1). En México, el cáncer representa la tercera causa de muerte y cada año se estiman 148 mil nuevos casos (2). Respecto a VIH y Sida, actualmente en México hay poco más de 141 mil personas en tratamiento y una de cada tres personas desconoce su diagnóstico (3).

Afortunadamente, debido a los adelantos científicos, quienes padecen estas enfermedades pueden vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos no podríamos costear estos tratamientos por el elevado costo que representan, por lo que el diagnóstico se convertiría en una sentencia de muerte para la mayoría de la población del país, considerando que, de las 52.9 millones de personas ocupadas en la economía mexicana, 43.3 millones ganan de 0 a 5 salarios mínimos (4).

 

Si el Estado no les proporciona el medicamento, la inversión individual sería hasta de 178 mil pesos al año (5)(el precio al que los adquiere el gobierno es mucho menor por los convenios con distribuidores) (6), y algunos de ellos ni siquiera están disponibles al público en general por el nivel de especialidad de los fármacos.

Las leyes nacionales e internacionales que ha suscrito México establecen que es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a la salud y, por ende, el acceso a los tratamientos para las personas que viven con alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las leyes internacionales, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo décimo que toda persona tiene derecho a la salud. Este instrumento, define a la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” y la considera un bien público y un derecho humano interdependiente e indivisible, ya que resulta requisito para el ejercicio de otros derechos (7). Asimismo, el artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud (8).

No obstante, la vulneración del derecho a la salud en nuestro país es una realidad, al tal grado que en las últimas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado diversos pronunciamientos a partir de las quejas que ciudadanos han interpuesto ante este organismo en materia de salud, hasta ubicarse entre las primeras causas de denuncia de violación de derechos (9).

En una de las últimas solicitudes de medidas cautelares emitidas por este organismo autónomo, se reiteró el llamado a la Secretaría de Salud federal para garantizar el suministro de tratamientos antirretrovirales en todo el país y, con ello, asegurar el derecho a la salud.

El problema de desabasto afecta especialmente los derechos de las personas con VIH afiliadas al Seguro Popular que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAI); es decir, personas sin acceso a ningún otro servicio de seguridad social. Sin embargo, se prevé que la afectación alcance eventualmente a los demás sistemas de salud y seguridad social.

Después de los reportes de desabasto de antirretrovirales y de la respuesta de las autoridades de proveer el medicamento, la preocupación persiste tanto en las personas con VIH, como en las organizaciones que siguen manifestando la falta de entrega de medicamentos, situación que es corroborable en el sitio del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar) de CENSIDA (10).

La falta de entrega oportuna de medicamentos para personas con VIH además de deteriorar la salud de las personas afectadas, también ocasiona que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que implicaría mayores erogaciones por la atención a las afectaciones que se desprendan del desabasto.

También se debe subrayar que el costo de los tratamientos por infecciones oportunistas, además de enfermedades concomitantes y comorbilidades que atacan a quienes padecen VIH al verse afectado su sistema inmunológico, no lo cubre el Seguro Popular, por lo que tiene que ser solventado por el propio paciente, lo que se conoce como gasto de bolsillo (11). Este gasto es una forma ineficiente e injusta de financiar la atención a la salud, ya que los que más pagan son los más enfermos, quienes con frecuencia son también los más pobres (12).

Por último, si bien la corrupción representa uno de los problemas más graves del país y las autoridades tienen la facultad y la obligación de revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios que impliquen el ejercicio de recursos públicos para combatirla, tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales (13), menos cuando se trata de la preservación de un derecho fundamental que en caso de dejar de garantizarse, tendría potenciales implicaciones negativas en la salud de 97 mil personas (14).

En respuesta a esta grave problemática, Nosotrxs y DVVIMSS, en alianza con FUNDAR, la Red de Personas Viviendo con VIH, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, lanzaron una iniciativa para crear comunidades de pacientes, familiares de pacientes y médicos que identifiquen y reporten casos de desabasto de medicamentos e insumos médicos. El objetivo es combatir las redes de corrupción y las ineficiencias que generan escasez de medicamentos. Conoce más sobre esta iniciativa y el problema que representa la corrupción en el sector salud en huachicoldemedicinas.org.

@NosotrxsMX

1 Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018, disponible aquí.

2 Panorama del cáncer en México, disponible aquí.

3 Desconoce 1 de cada 3 personas que vive con VIH, disponible aquí.

4 ¿Cuánto ganan los mexicanos?, disponible aquí.

5 Hasta 178 mil pesos, costo del tratamiento contra VIH, disponible aquí.

6 Precios de los Medicamentos ARV, 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/243931/MEDICAMENTOS_ANTIRRETROVIRALES_2017.pdf

7 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 10, adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Diario Oficial de la Federación. México, 07 de mayo de 1981.

8 Disponible aquí. 

9 El derecho a la salud como derecho fundamental, disponible aquí.

10 Tablero de cobertura de medicamentos antirretrovirales. Consultado el 3 de mayo de 2019.

11 El gasto de bolsillo en salud, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, se define como “la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias”.

12 Datos sobre el gasto de bolsillo. Disponibles aquí.

13 Comunicado de prensa CNDH, disponible aquí.

14 Organizaciones y pacientes con VIH Sida de cinco estados denuncian nuevo desabasto de antirretrovirales, disponible aquí.

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Con la salud, no

por con Sin Comentarios Medicinas Para Todxs

Si has pasado por una gasolinera en la última semana probablemente habrás visto cartulinas con la leyenda “No hay gasolina”. El problema tiene consecuencias como largas filas o que los autos dejen de circular. Ahora imagina pasar por hospitales y ver cartulinas que digan “No hay medicamentos”.

Por Cristopher R. Echenique (@Echenique_MX), integrante de Nosotrxs

Publicado originalmente en El Sol de México

Si has pasado por una gasolinera en la última semana probablemente habrás visto cartulinas con la leyenda “No hay gasolina”. El problema tiene consecuencias como largas filas o que los autos dejen de circular. Ahora imagina pasar por hospitales y ver cartulinas que digan “No hay medicamentos”. El problema es una realidad, solo que afecta a los más vulnerables y tiene menor visibilidad que la escasez de combustible. Las consecuencias de la falta de medicamentos van desde el deterioro de la salud de los pacientes, resistencia a medicamentos o desarrollo de enfermedades, hasta la muerte.

Los principales afectados son pacientes que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque no tienen forma de solventar el elevado costo de los tratamientos. Muchos de ellos son personas que viven con enfermedades como VIH o cáncer quienes desde mediados de diciembre, reportaron que no les son surtidas sus recetas en las unidades del Seguro Social. El motivo, nos dicen, que la administración pasada no consolidó la compra de medicamentos ni para terminar el 2018, y la responsabilidad alcanzó a la actual administración, que durante el periodo de transición, no se percató del problema que dejaban los otrora funcionarios del sector salud.

La escasez de fármacos en hospitales públicos orilla a personas de escasos recursos a conseguirlos en el mercado ilegal, donde, de acuerdo con la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, son hasta 146 por ciento más baratos; sin embargo, al ser de mala calidad, ponen en grave riesgo su salud.

El desabasto no se limita a los medicamentos para estas enfermedades, sino que alcanza hasta los insumos básicos para atender urgencias, incluso en el Hospital General de la Ciudad de México, según reportan los mismos médicos. El propio director general del IMSS, Germán Martínez, reconoció que durante sus visitas sorpresa a diferentes unidades y clínicas médicas del país, detectó un desabasto severo de insumos y medicamentos básicos.

El problema no es nuevo, pero es un mal inicio para un gobierno que se ha comprometido a consolidar un sistema único y universal de los servicios de salud con equidad, calidad y eficacia en todos los niveles de atención. Para alcanzar ese objetivo se debe empezar por garantizar que haya medicamentos suficientes para todos los que lo requieren.

Si algo debe aprender el nuevo gobierno de todo esto, es que la salud de las personas es algo muy delicado, en donde no cabe la improvisación y la falta de planeación. Vulnerar el derecho a la salud de manera sistemática pone en riesgo la vida de miles de personas, lo cual no debería suceder en casos prevenibles que sólo dependen de insumos básicos para la salud.

En los esfuerzos para terminar con el desabasto, resulta imperativo que las autoridades del sector salud trabajen de la mano con las organizaciones de pacientes y sociedad civil para informar de manera oportuna cualquier desabasto de insumos médicos o de medicamentos y para que señale cualquier vulneración de derechos que ponga en riesgo su vida o la de sus familiares.  

Ojalá no veamos este escenario repetirse en el próximo mes de marzo, cuando el Seguro Popular renueve contratos a proveedores.

ENADIS 2017. CONAPRED

Discriminación y democracia

por con Un Comentario Medicinas Para TodxsMovimientoTrabajadoras del hogar

Por Cristopher Echenique (@Echenique_MX), integrante de Nosotrxs

Quien niegue que la discriminación está presente en la cotidianidad de los mexicanos, ya sea como víctimas o como victimarios, es, en el mejor de los casos, poco observador, sino es que un agente discriminador inconsciente. Para muestra basta voltear a ver los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que permiten reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones en el país.

Lo que deja ver es que aún a finales de la segunda década del siglo XXI, existen millones de individuos a los cuales se les excluye por motivos como el sexo, la edad, origen étnico, apariencia, nacionalidad, preferencia sexual o por tener alguna discapacidad. Los resultados además, reflejan que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión y desprecio hacia ciertos grupos. Esta discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la sociedad y se reproduce por medio de valores culturales.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), define discriminación como: “(…)toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.” Así mismo, los artículos 1º, 2º y 4º de nuestra Carta Magna están dedicados a garantías constitucionales en contra de la discriminación; sin embargo, una de cada cinco personas mayores de edad en México fue discriminada durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física.

Es importante reflexionar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas pues éstos son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad en oportunidades para acceder a ellos; lo que influye en que las personas vivan en aislamiento y violencia. Los índices de discriminación están directamente relacionados con los de democracia pues según los resultados de esta encuesta, los prejuicios limitan derechos y el acceso a prestaciones básicas tales como la salud y vivienda.

El panorama de la discriminación en México empeora de forma alarmante si se amplía el rango a los últimos cinco años, cuando hasta un 23% de las personas encuestadas, señalaron que se les negó sin justificación algún derecho en ese periodo, principalmente atención médica o medicamentos, acceso a programas sociales e incluso ser atendidos en oficinas de gobierno. De ese universo, el grupo que mayoritariamente declaró que le fue negado al menos un derecho son las trabajadoras del hogar (39%), seguidas de las personas con discapacidad (30.9%), las personas indígenas (29.2%), las mujeres (25.8%), los adultos mayores (24.8%), quienes profesan alguna religión distinta a la preponderante (23.8%) y los menores de 30 años (15.7%). Esta encuesta reconoce a las trabajadoras del hogar como uno de los sectores más vulnerables. Más del 90% de ellas considera que su labor es poco valorado por la mayoría de la gente, 87.7% mencionó que no cuenta con prestaciones laborales y 57.1% de ellas dijo que se respetan poco o nada sus derechos.

La democracia y el ejercicio de la ciudadanía deben ser entendidos como elementos que trascienden el ámbito electoral e incluyen las prácticas, sentimientos y valores que experimentaban los individuos que confirman una sociedad y que se traducen en prácticas sociales determinadas. Desde la visión de la ciudadanía integral desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se define ciudadanía como: ‘un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional […] un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales’.

Hablar de ciudadanía integral es considerar que la o el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. En una democracia de calidad, el sistema legal es respetado y reconocido, ya que la ley se asume, entonces, como la mejor manera para establecer las reglas del juego y generar confianza ante la incertidumbre. Si las acciones de un gobierno se sujetan a los límites del Estado de derecho, los derechos humanos y civiles de las personas estarán protegidos; en ese sentido, el respeto a los derechos ciudadanos harán que un gobierno sea más aceptado.

En suma, la práctica de la discriminación está y seguirá muy presente en la sociedad mexicana. Por ello, la lucha contra ese flagelo no sólo depende de las leyes y autoridades, sino que recae en gran medida en la sociedad en su conjunto. Es imperativo conocernos de mejor manera, confrontar nuestra realidad y entender que la igualdad es el sentido fundamental y originario de la democracia. Somos una sola raza: la humana, y por lo tanto todas y todos merecemos gozar de los mismos derechos.

ENADIS 2017. CONAPRED

El pasado proceso electoral quedará marcado por la profunda crisis de representación y legitimidad de los intermediarios políticos, al mismo tiempo que la nutrida participación, el amplio margen con el que el ganador de la contienda por la presidencia llegará al poder el primero de diciembre y el haber obtenido la mayoría en ambas cámaras, dotará de legitimidad y amplio margen de acción al gobierno entrante. La pregunta es ¿usarán ese poder para implementar las acciones que el país requiere, cumplir con las promesas de campaña y las autoimpuestas altísimas expectativas? Lo cierto es que los resultados electorales reflejaron un contundente hartazgo de la ciudadanía frente a temas como los índices de pobreza y desigualdad, inseguridad, violencia y finalmente, el tema que será medular en los siguientes seis años, la corrupción.

Después de votar, inició nuestro deber de participar en lo público, porque debemos entender la democracia como algo que trasciende las elecciones. Proponemos ver el primero de julio como el inicio de la renovación democrática, en la que nosotros, los ciudadanos, tomamos el control democrático de los poderes públicos. Será crucial para concretar los cambios que le urgen a México, que todos asumamos un papel más activo como sociedad, crítica y propositiva; una sociedad que no tiene miedo de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, el buen funcionamiento de nuestras instituciones, el uso honesto y transparente de nuestros recursos y la eficiente administración y provisión de bienes y servicios públicos. Tendremos que pasar de las palabras a la acción, alzar la voz por los que no pueden y transitar de un pensamiento individual a uno colectivo; ejerciendo nuestra ciudadania, con los derechos y obligaciones que ello implica.

Después de todo el ruido de las campañas y de haber escuchado por meses las promesas y discursos de los candidatos, ahora nos toca a los ciudadanos —con la misma responsabilidad de quienes resultaron electos y siendo conscientes de nuestro potencial cuando actuamos en colectivo, así como el 19S— asumir compromisos para convertir toda esa tendencia de cambio en la conducción de la gobernanza del país que se vio claramente reflejada en los resultados del primero de julio, en acciones concretas y constantes que lleven a reconstruir la democracia desde la ciudadanía.

La responsabilidad no sólo recaerá en la clase política. Para que haya un cambio, cada ciudadano deberá asumir el papel que le toca.

Hoy, que la oposición social es tan necesaria, nos toca apostar por la formación de nuevos liderazgos que respondan a los desafíos que presentan los procesos de democratización, gobierno y desarrollo. Apostar por el replanteamiento de la política desde una perspectiva ética que revalúe su dimensión ciudadana en la búsqueda del bien común. Nosotros, los ciudadanos, seguiremos siendo los primeros en exigir que se haga valer la ley para fortalecer el ejercicio pleno de nuestros derechos y para promover la legalidad en todo el país, porque sabemos que la democracia se construye todos los días. El reto será pasar de la simple queja a la exigencia crítica y propositiva. Buscaremos incidir democráticamente en el plan de gobierno de los candidatos que hayan resultado electos y posicionarnos como ese tan necesario contrapeso al poder, independientemente de los colores.

A quienes estarán asumiendo en los próximos meses los puestos públicos para los que resultaron electos, contarán con nuestro completo respaldo, al mismo tiempo que vigilaremos y exigiremos que cumplan con los compromisos que asumieron. Ha comenzado el gran reto de la reconciliación política, pues se deberá gobernar para todos. Estamos frente a un cambio diametral en la configuración de las fuerzas, esperando que los triunfos, más que para los candidatos y partidos que fueron favorecidos con los sufragios, sean para todos los mexicanos. Sabemos que no será de la noche a la mañana, sabemos que no será fácil, pero para que nuestro mensaje llegue a millones, debemos empezar por Nosotrxs.

@Echenique_MX

Cristopher Echenique – De las palabras a la acción