Publicado en Reporte Índigo
Por Montserrat Sánchez
Pese a que gobiernos estatales recibieron más de 4 mil millones de pesos para hacer accesible el transporte público a las personas con discapacidad, estos no transparentan en qué los utilizaron
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de un transporte que garantice la movilidad de las personas con discapacidad y la poca transparencia en el ejercicio de recursos para este fin.
En conferencia de prensa, las organizaciones Nosotrxs, Yo También, Red Nayarita de Personas con Discapacidad, El Día Después, el Consejo Nacional de Gente Pequeña y el INAI alzaron la voz para informar sobre la opacidad de los recursos federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
De 2011 a 2019 se destinaron al FOTRADIS 4 mil 450 millones de pesos distribuidos entre las 32 entidades de la República con el objetivo de poder brindar transporte públicoadaptado a este sector así como infraestructura incluyente, sin embargo, esto no se ha cumplido.
“La realidad es que el transporte no está adecuado a mí”, afirmó Cecilia Dimas, integrante del Consejo Nacional de Gente Pequeña.
Para Cecilia acciones cotidianas como sujetarse del pasamanos del metro, sentarse en un lugar reservado o subir escalones altos en las instalaciones del transporte se vuelven casi imposibles de lograr en la Ciudad de México, lugar donde radica.
De acuerdo con las organizaciones, los gobiernos que no cumplen con el transporte incluyente, vulneran el derecho a la accesibilidad de 7.65 millones de personas con discapacidad en México
Para Katia D’ Artigues, fundadora de Yo También, la exigencia de que se transparenten los recursos no es nada más que un tema de justicia.
“Queremos que las autoridades dejen de ser omisas porque una sociedad accesible nos conviene a todos, si bien ahora no tenemos discapacidad puede que le tengamos en los últimos años de nuestra vida. La discapacidad no es una tragedia, la exclusión sí”, expresó.
En la denuncia resaltaron tres problemáticas. En primer lugar los criterios poco o nada claros ya que, aseguraron, hasta 2019 los recursos se dieron de manera discrecional a cada entidad. Es decir, que no existe una relación entre las personas con discapacidad en cada estado y el monto asignado.
En segundo lugar está la opacidad ya que a pesar de que en los lineamientos del FOTRADIS se establece la necesidad de hacer un portal público en el cual se incluya la información sobre los proyectos, en la mayoría de los estados esto se incumplió y los que cuentan con una plataforma presentan datos incompletos.
Además señalaron que para la fiscalización de los recursos se han destinado 4 millones 450 mil pesos de presupuesto a contralorías estatales y otros 2 millones 500 mil pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realicen los reportes sobre lo erogado a través del Fondo, sin que hasta el momento hayan entregado los informes.
“Se necesita y urge implementar políticas de transparencia y generar proyectos en conjunto con las organizaciones.
“Es importante esta información para las organizaciones y la población para que así puedan evaluar lo que se hizo, para empoderarse y demandar que sean tomados en cuenta”, aseveró Joel Salas Suárez, comisionado del INAI.
Para poder presionar a los intermediarios responsables, las organizaciones dieron a conocer la página movilidadsinlimite. org y así incidir en la demanda de transparencia.
También pidieron que las autoridades responsables puedan verificar que las obras se hayan realizado o que el transporte público esté en funcionamiento a través del mapa publicado en el sitio web.
EXCLUSIÓN A PERDONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 4T
Joaquín Alva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo en entrevista que luchar por la accesibilidad va más allá de hacer rampas para sillas de ruedas.
“Estamos luchando por la igualdad de condiciones, un digno acceso al entorno físico, tener transporte para participar en todos los ámbitos de la vida, para vivir de manera autónoma e independiente tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser humano”, dijo.
Alva destacó que desde hace dos sexenios se carece de una estrategia para la inclusión.
“Desde 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho recomendaciones al país porque no se cuenta con una Ley General de Accesibilidad, es necesario que en este tema trabaje el presidente y encabece el Plan Nacional, que no prometa resultados inmediatos sino que entienda que es un proceso de décadas, de lo contrario, el problema no se va a resolver”, agregó.
Por su parte, D’ Artigues explicó que no avanzar en la inclusión es perjudicial para todos. “La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que si todas las personas con discapacidad tuvieran las condiciones necesarias para trabajar, el PIB de cada país crecería de siete a ocho por ciento”, expuso.
La representante de Yo También, aseguró que la intención del gobierno de dar el apoyo a personas con discapacidad de manera directa no va a resolver el problema de fondo.
“Se va a dar el dinero a un millón de personas quienes recibirán una beca, sin embargo, esta o cualquier otra pensión no garantiza su sobrevivencia, con ese dinero no se va a poder hacer transporte incluyente, no hay pensión que alcance para que cada quien se compre su camión o haga su propia línea del metro, tiene que entenderse que hay derechos que deben salir directamente de políticas públicas que no se hacen en este momento”, añadió.
Por último, la también periodista puntualizó la situación actual del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Persona con Discapacidad (Conadis) el cual, desde que inició el sexenio, no tiene titular.
“Cuando el presidente tomó la decisión de eliminar las direcciones generales adjuntas, se eliminó el cargo de encargado del despacho del Consejo, ahorita esa dependencia no puede hacer nada porque cualquier acción se puede considerar hasta ilegal. Deben poner atención a este problema y sobre todo, ponerse a trabajar”, concluyó.