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Publicado en Milenio

DIEGO ENRIQUE OSORNO Ciudad de México / 29.04.2019 04:49:18

Publicado en Animal Político

Por Alejandro González Arreola, ex-Director de Gestión Social y Cooperación (GESOC) e integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs.

El inicio del milenio fue próspero para la inversión pública en el sistema de salud en México y, en conexión, para la expansión en la cobertura de las personas que no contaban con aseguramiento bajo los modelos contributivos existentes, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De la mano de las reformas que introdujeron el Seguro Popular, la inversión total en salud pasó de 5.2% del PIB en el año 2003 al 6.5% en el año 2009 (1). De igual forma, la brecha de cobertura en salud se redujo significativamente: para el año 2010 se habían incorporado al Seguro Popular 34.3 millones de personas que antes no contaban con aseguramiento en salud (con datos de la ENIGH-MCS).

Sin embargo, la etapa de prosperidad sostenida en la inversión pública en salud terminó con la administración federal que recién concluyó su mandato el año pasado. La inversión total como proporción del PIB para el año 2018 bajó a niveles del 5.9%, de la cual sólo el 52% correspondió a inversión pública y la restante, en su mayoría, a gasto de bolsillo de las personas. Al estancamiento de la inversión pública en salud se sumó un creciente número de casos de irregularidades administrativas en la utilización de los fondos destinados al sector salud (principalmente del Seguro Popular), por parte de no pocos gobiernos estatales, como bien lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de la cuenta pública de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Si consideramos que, para el año 2010, el 80% del total de las personas afiliadas al Seguro Popular (34.3 millones) se atendían en los servicios de salud estatales de cada entidad federativa (financiados principalmente por el Seguro Popular), esta desafortunada combinación de estancamiento del financiamiento público a la salud y crecimiento de corrupción en el uso de los fondos públicos del Seguro Popular, ha tenido efectos terriblemente negativos en el desempeño agregado de los sistemas estatales de salud, ensanchando aún más las brechas de desempeño entre los sub-sistemas contributivos y no-contributivos, particularmente entre el IMSS y el Seguro Popular.

De acuerdo con datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018 del IMSS (2), la tendencia de la tasa de mortalidad para cuatro padecimientos de alta incidencia y costo en atención de personas sin seguridad social (mayoritariamente afiliadas al Seguro Popular) se ha ido incrementado de forma sostenida, o bien, se ha estancado, para los últimos cinco años. Estos padecimientos son: (i) Diabetes mellitus; (ii) Hipertensivas, isquémicas del corazón y cerebrovasculares; (iii) Cáncer de mama; y (iv) SIDA. En sentido inverso, la progresión de la tasa de mortalidad para estos mismos padecimientos en pacientes atendidos por el IMSS ha mostrado un declive sostenido, o al menos, se ha logrado detener la progresión negativa.

En conexión, las tasas de riesgo relativo de muerte para una persona afiliada al Seguro Popular y otra afiliada al IMSS se han ido ensanchando en los últimos años hasta configurar diferencias (brechas) alarmantes. De esta forma, con datos al cierre de 2016, el riesgo relativo de muerte para una persona con diabetes mellitus que se atiende en el Seguro Popular, es 80% mayor que para una persona que se atiende en el IMSS. Para enfermedades hipertensivas es 100% mayor; para cáncer de mama es 46% mayor; mientras que para SIDA es 120% mayor (3).Estas cifras dan cuenta de un sistema público de salud altamente inequitativo y regresivo en términos de su desempeño e integridad, que trata de forma desigual y desproporcionada a los excluidos de siempre.

Revertir estas tendencias resulta urgente. Reclama de más (muchos más) recursos fiscales pero invertidos de forma progresiva, es decir, más para quienes presentan las brechas de resultados más amplias; así como de un uso más eficiente e íntegro de los recursos públicos en salud, particularmente de aquellos que financian la cobertura de la población sin seguridad social (típicamente más pobre). El aporte de la sociedad civil resulta clave e insustituible para estos fines, a partir de iniciativas de contraloría social como la de “No al huachicol de medicinas” de Nosotrxs, la cual busca que los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos no se pierdan en las porosas redes de corrupción del sistema (4).

1. De acuerdo con datos del Subsistema SICUENTAS de la Dirección General de Información en Salud. 

2. Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad. Disponible aquí. 

3. Estimaciones propias con base en los datos del del “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018” del IMSS, disponible aquí (Cap. V Seguro de Enfermedades y Maternidad).

4. Más información de la iniciativa aquí. 

@NosotrxsMX

Publicado en Acustik Noticias

En respuesta a lo anunciado el pasado martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde afirma que su gobierno transparentará la compra de medicamentos, bajo supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo reiteró.

• Adjudicación directa, que tendrá́ una vigencia del 16 de abril al 30 de junio.
• Licitación internacional, con la finalidad de proveer estos bienes durante el segundo semestre del año.

Lo anterior, con el fin de mejorar y modernizar los procesos de adquisición de bienes y servicios; también garantizar el combate a la corrupción, como lo menciona la SHCP.

Publicado en Animal Político

Un solo proveedor de medicamentos acaparó el 35.2% de las compras consolidadas hechas el sexenio pasado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): Grupo Fármacos Especializados SA de CV.

Esta empresa ganó 106 mil 813 millones de pesos, del total de 303 mil que se pagaron, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundido por Presidencia, sobre las 10 empresas que concentraron el 80% de las compras de medicinas y equipo médico, hechas por el gobierno.

Ese monto fue el triple de lo que ganaron los dos siguientes proveedores en la lista: Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), con 35 mil y 34 mil millones, respectivamente.

La mayor parte de los contratos de Fármacos Especializados fue para proveer al IMSS de medicinas y vacunas, 72 mil 214.5 millones en siete años. Tan solo en 2018, sus ventas a esta dependencia alcanzaron los 12 mil 393 millones, cuando en 2012 apenas venía 8 mil millones.

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Por Luis F. Fernández, Julián Patricio Alvarado Castro y Carlos Jesús González Martín

Publicado originalmente en Animal Político

Nosotrxs impulsa en todo el país un movimiento en contra del huachicoleo de medicinas, en contra de la corrupción e ineficiencia que genera el desabasto de medicamentos en todo el país. Pedimos a pacientes, familiares de pacientes, médicos y personal que trabaje en clínicas y hospitales que reporte el desabasto de medicamentos o insumos médicos aquí. ¡Ayúdanos a compartir tu experiencia o esta campaña con quienes puedan compartir su caso!

La información recopilada servirá para identificar las principales zonas del país que enfrentan desabasto de medicinas o insumos médicos, con el fin de investigar las causas de corrupción o ineficiencia y resolver entre todos los que uno no puede.

Ya lo expresamos en la carta publicada en este espacio por Mauricio Merino y Luis Adrián Quiroz al inicio de la semana:

No aceptamos que la corrupción siga siendo el combustible del sistema, que pierde millones de pesos en un huachicoleo cotidiano que extrae nuestros recursos en todos los sectores de nuestro país. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con todas las autoridades para terminar, de una vez por todas, con la corrupción en México. Estamos dispuestos a alzar la voz, a recolectar información, evidencia y voces y, sobre todo, a organizar a miles de ciudadanos que identifiquen y señalen en dónde están las deficiencias, las perforaciones de las tuberías de nuestro sistema político e institucional que requiere esos recursos para garantizar nuestros derechos. Estamos dispuestos a actuar en bola, como un Estado organizado, para resolver en colectivo los problemas que uno sólo no puede.

A continuación presentamos un breve recuento del contexto reciente de desabasto de medicamentos en México. Han surgido notas periodísticas que, por un lado, agrupan los reclamos en redes en cuanto al desabasto de medicinas en distintos centros de salud pública, y, por otro lado, reportan el mismo fenómeno a nivel nacional, en Sonora, Coahuila, Tabasco, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Campeche. En el centro de esta corriente de noticias están las declaraciones de Rafael Gual Cosío, director general del Canifarma, quien afirmó que por retrasos en los procedimientos de producción e importación –a causa de la velocidad en la administración de la Cofepris- podría ocurrir un desabasto de medicamentos en el futuro próximo.

Aunque es posible que algunos de los recientes desabastos de medicinas tengan que ver con la falta de gasolina como afirma el gobernador de Michoacán, es claro que éste no es un tema nuevo. Diversas organizaciones agrupadas en la Red de Acceso han denunciado que éste es un problema sistémico y posicionan agendas en favor de los pacientes afectados desde hace varios años. Por ejemplo, al observar las búsquedas en Google referentes al tema de medicamentos del IMSS se observa que cada cierto tiempo existen picos en la búsqueda del tema. Si corroboramos esta información con notas en prensa se observa lo mismo. Es común ver notas de hace años o meses que denuncian el desabasto de medicamentos. Al analizar las tendencias de los últimos 3 años se observa, como ejemplo, un pico en julio del 2015, cuando el senador de Aguascalientes, Martín Orozco, exigió a distintas instituciones hacerse cargo del tema de desabasto de medicamentos. Otro ejemplo es el caso del mayo del 2018 cuando 5 mil empleados del sector marcharon en Toluca denunciando el desabasto de medicamentos y otras problemáticas del sistema de salud.

A pesar de los distintos picos en la búsqueda del tema de medicamentos, lo que resalta es la tendencia de los últimos días. Parece ser que precisamente en estas últimas dos semanas la tendencia de búsqueda sobre medicamentos en el IMSS está en su punto más alto. La alerta de la Cofepris, la mención del presidente sobre el tema de “huachicoleo” de medicamentos, la relación con el tema de desabasto de gasolina y la polarización sobre temas relacionados a la eficiencia en la administración del nuevo gobierno, han situado al tema de desabasto de medicamentos en una coyuntura.

Lo desastroso de este problema es que no sólo es un problema en México, sino que, como informan investigadores de la Organización Mundial de la Salud, la escasez de medicamentos se extiende al resto del mundo[1]. Las razones se rastrean por cómo ha evolucionado el mundo, y con ello, cómo se han procurado soluciones.

Nuestra sociedad, la mexicana, se desplazó de reproducir y contener enfermedades infecto-contagiosas a albergar y convivir con enfermedades crónico-degenerativas[2]. Lo que este cambio exige es un aumento en la atención médica: que haya más manos, más ojos y más medicamentos. Visto desde nuestro sistema de salud, el cambio implica que los flujos financieros y materiales –sean de infraestructura o de profesionales- aumenten y que las instituciones de salud procesen una carga mayor de responsabilidades. Bajo estas condiciones, una solución admisible es que los medicamentos –específicos y patentados- se entreguen de manera oportuna para remediar los padecimientos de los pacientes. Con la muerte siguiéndonos el rastro hasta olernos a ras de piel, se vuelve necesario que el tratamiento sea rápido y eficaz.

Una posible y comprobable línea de causalidad comienza con el paciente que busca medicamentos en determinada institución de salud. En caso de encontrarlos, se acabó la historia y el paciente recibe su tratamiento en tiempo y forma. En caso de no encontrarlo, el paciente -o sus familiares- deben conseguirlos, ya sea por medio de la presión y la exigencia al sistema de salud o incurriendo en un gasto de bolsillo al conseguirlos en farmacias particulares. México se ha vuelto un país en el que no sólo se obstaculiza la recuperación del paciente, sino que, para hacerlo, éste debe voltear sus bolsillos. Más de la mitad del gasto en salud proviene del gasto de bolsillo[3], es decir, los casos en que las instituciones públicas proveen los medicamentos son los menos.

Buscando remediar esta situación, el sistema ha operado con las compras consolidadas. Esta estrategia mantiene dos objetivos. El primero es ahorrar, volver eficiente el gasto público. El segundo es garantizar la cobertura de la población. No obstante, como lo demuestran Martínez Moreno, Ferreyra López y Cano García en su estudio Las compras consolidadas de medicamentos: ¿una política pública de salud eficiente?, aunque las compras consolidadas han logrado una lista de precios menores en comparación al mercado privado, de modo que se realiza un ahorro, persisten una serie de deficiencias. Al momento de constatar que el abasto en la mayoría de las instituciones de salud no se logra con las compras consolidadas, el ahorro se pone en duda. La falta de puntualidad en el registro de las necesidades de cada instituto o centro de salud ocasiona que la solución a tomar sean las Compras No Consolidadas o Individuales, dentro de las cuales, al no hacerse bajo una licitación, no hay ninguna garantía de un precio menor al del mercado, por el contrario.

La amplitud del problema se entiende cuando se sabe que la institución que lleva a cabo este proceso, responsable de cada paso, es el IMSS. Pareciese que corretean al IMSS, de no ser que, como lo indicó la Auditoría Superior de la Federación en su reporte Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos, los procesos de adquisición, administración y distribución de medicamentos no poseen ni claridad en los objetivos ni control riguroso en los procedimientos, es decir, “cuando no se fijan los precios y cantidades de los medicamentos con precisión, o si los contratos no se firman en tiempo y forma, o si no se emiten los pagos a los proveedores, el número de fabricantes que participa se reduce y ello representa el riesgo de no garantizar el acceso a medicamentos a bajo precio y de manera oportuna”[4]

Lo anterior se comprueba con 4 distribuidoras de medicinas que concentran las compras que el IMSS requiere. Nada alentador se encuentra en este panorama. Al final, el temperamento de investigación que nuestra historia ha generado exige por un culpable, pero con tenerlo el problema no desaparece. Aunque es posible discutir si el tema de la escasez actual es producto de una nueva administración con errores o de una historia de mala organización del sector salud, sería más útil dejar el tema de polarización a un lado y enfocarse en las soluciones.

Para ello, recuerda, lector, al escritor de este artículo, identifica de dónde provienen las palabras y con qué justificación las emitimos. Lee el comienzo y comprueba que quienes escribimos somos Nosotrxs. La movilización sólo es posible por medio de la unión concertada de las voces de quienes exigimos. Tu voz es nuestra voz, y por esto es que queremos escucharte: conocer tu historia como paciente, como familiar de algún paciente o como médico, enfermero o enfermera. En No al Huachicoleo de Medicinas puedes compartir el nombre del hospital, clínica o farmacia que no cuenta con medicamentos o insumos médicos; puede ayudar al compartir esta campaña con más personas.

La recopilación de información de esta manera ayudaría por ejemplo a identificar en que centros de salud está ocurriendo el problema para tener evidencia, solicitar atención de las autoridades correspondientes e investigar las raíces del problema como corrupción o fallas de logística administrativa.

Ni tú, ni yo, ni ellos, Nosotrxs.