Por Juan Francisco Valerio Quintero, representante de Nosotrxs en Zacatecas
El pasado 12 de marzo, concluyó su periodo como comisionado del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (izai) uno de sus miembros. A inicios de febrero, la Legislatura del Estado publicó la convocatoria correspondiente para reemplazarlo. A la fecha, el cargo sigue vacante y la Legislatura entrampada. Entre la opinión pública se sostiene que la “línea” para el nombramiento ha sido trazada desde el ejecutivo estatal.
He ahí la piedra del escándalo, pues la mayoría legislativa no ha conseguido los votos necesarios para “sacar” el tema de la agenda legislativa. La convocatoria respectiva tiene dos claroscuros evidentes. Primero, señaló apenas siete días para que los interesados presentaran la documentación respectiva; y, segundo, que la actuación de la Legislatura transcurre en la oscuridad. Se trata de una seria contradicción, pues está en juego el nombramiento de un miembro del órgano garante de fortalecer la transparencia en el desempeño de los organismos públicos.
Hasta ahora, las oposiciones legislativas han mantenido sus objeciones para nombrar una comisionada o comisionado “a modo”; pero la maquinaria oficialista continúa su labor. Por ello la representación del movimiento Nosotrxs en Zacatecas, emitió un pronunciamiento público dirigido a la Legislatura, exigiendo apego a los principios y normas que rigen el desempeño del organismo, particularmente los establecidos en los artículos 123, 125, 126 y 157 de la Ley de Transparencia del Estado.
En esos dispositivos se establecen los requisitos inherentes al cargo: conocimientos, trayectoria y experiencia en el área, así como dominio de la legislación aplicable. Nosotrxs Zacatecas manifestó su exigencia para que dicho nombramiento se apegue a sus lineamientos antes que efectuar una designación como resultado de negociaciones ajenas al interés público.
La desconfianza de la sociedad se funda en el hecho de que diversas notas periodísticas y en los corrillos oficiales, consideran un hecho el nombramiento de la anterior secretaria general de gobierno, quien tiene escasos seis meses de haber dejado el cargo.
Según la Ley, son criterios de inteligibilidad al cargo de comisionado los siguientes: el haberse desempeñado como ministro de culto, a menos de haberse separado definitivamente, haberse desempeñado como dirigente de partido o asociación política, así como haber sido candidato a un cargo de elección popular al menos un año antes. Sin embargo no existe impedimento alguno para los ex funcionarios públicos, quienes tampoco tienen mayores restricciones de temporalidad entre el ejercicio de un cargo y otro.
De concretarse el nombramiento de la exsecretaria de gobierno, habría necesariamente conflicto de interés, pues debería informar sobre lo que hizo o dejó de hacer en su desempeño como funcionaria. Por cierto, un conflicto de interés igual o mayor que si se nombrase a un dirigente de partido.