Movimiento

Yo acuso

By abril 15, 2019 No Comments

Publicado originalmente en El Universal

Por Mauricio Merino

Sería buena cosa que el proyecto de Ricardo Monreal para modificar la composición y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirviera como revulsivo para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, boicoteado desde su concepción por el gobierno anterior e incomprendido por la clase política actual. Y sería aún mejor que, además, ese revulsivo ayudara a revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones que lo componen.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con fórceps en el sexenio anterior, tras los escándalos provocados por la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pero una vez que se ganó la oportunidad de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas más graves, de promulgar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que modificó de tajo el régimen disciplinario de México, de tipificar con mucha mayor precisión los delitos de corrupción en el Código Penal, de regular el intercambio de información entre instituciones que no se hablaban y de establecer la participación directa de los ciudadanos en la vigilancia y la operación de los órganos que integran ese sistema —todo en un solo trazo que no se compara con ninguna otra reforma concebida antes en esa delicada materia—, la clase política se dispuso a cerrar las puertas de la implementación. Aceptaron las leyes, pero no su cumplimiento. Si había de funcionar un entramado sofisticado para cerrarle el paso a la corrupción, tendría que ser hasta el sexenio siguiente.

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