La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y su Consejo Consultivo presentan los resultados de la primera encuesta de satisfacción a personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 llevada a cabo del 14 de noviembre de 2019 al 24 de enero de 2020 con una muestra representativa de 1,223 encuestas seleccionadas a partir la base de datos de la Comisión del total de viviendas identificadas como afectadas.
I.
El Consejo Asesor de Nosotrxs está integrado por personas cuya obra y trayectoria encarnan y simbolizan la filosofía y las causas del movimiento, tanto en lo individual como colectivamente. La sola mención de sus nombres se vincula indiscutiblemente con la lucha por la democracia, la igualdad, la defensa de los derechos fundamentales, la cultura, la ciencia y la honestidad.
II.
Las y los integrantes del Consejo asesoran al movimiento a través de sus órganos de dirección nacional, sin que necesariamente militen en alguna de sus causas. Lo hacen desde su experiencia propia, mediante la formulación de sugerencias y recomendaciones sobre el contenido de su filosofía política, sobre las circunstancias que rodean sus acciones colectivas, sobre las causas más deseables, sobre la estrategia y la organización políticas del movimiento o sobre cualquier tema que, individual o colectivamente, consideren pertinente.
III.
El Consejo Asesor es presidido por una persona mexicana. El resto de las y los integrantes del Consejo son personas mexicanas o de otra nacionalidad, residentes dentro o fuera del país, seleccionadas de conformidad con los criterios señalados en el punto I de estas definiciones.
IV.
La persona que preside el Consejo Asesor es propuesta por el Coordinador Nacional del movimiento y aprobada por la Comisión Ejecutiva. Las personas que integran el Consejo son propuestas por quien lo preside y por la Comisión Ejecutiva, aprobadas siempre por la persona que preside el Consejo. Los nombramientos son honorarios y se consideran un reconocimiento público, sin más vínculo con las actividades del movimiento que la coincidencia con su filosofía política, sus causas y su organización y la voluntad expresa de contribuir a su fortalecimiento y consolidación.
V.
Las y los integrantes del Consejo Asesor se reúnen mediante convocatoria directa y personal emitida por la persona que preside el Consejo, para tratar los temas que considere convenientes, sin que haya una periodicidad establecida de antemano. También hay reuniones virtuales, apoyadas con medios electrónicos, convocadas directa y personalmente en los términos ya señalados. A las reuniones se convoca al Coordinador Nacional del movimiento y a cualquier otra persona que el Consejo considere pertinente para sus fines.
VI.
Las y los integrantes del Consejo Asesor se reúnen con la Comisión Ejecutiva, a solicitud de la mayoría de los integrantes de ésta y previo acuerdo de la persona presidente del Consejo, para intercambiar opiniones, deliberar sobre las causas y las estrategias políticas del movimiento y recibir sugerencias y recomendaciones. No hay una periodicidad previamente establecida para la celebración de esas reuniones que, como en el caso mencionado en el punto anterior, pueden llevarse a cabo por medios electrónicos.
VII.
El Coordinador Nacional y la Comisión Ejecutiva pueden solicitar a las y los integrantes del Consejo Asesor, tanto colectiva como individualmente, que participen en actividades específicas del movimiento. Sin embargo, dada la misión del Consejo como cuerpo asesor, dicha participación es estrictamente voluntaria y casuística. Para todo efecto práctico, las tareas cotidianas del movimiento corresponden a sus órganos ejecutivos, a las y los líderes de causa y las representaciones estatales, sin que en ellas exista ninguna responsabilidad por parte de las y los integrantes del Consejo Asesor.
VIII.
En armonía con el punto anterior, se entiende que ninguna de las decisiones o actividades del movimiento vincula a las y los integrantes del Consejo Asesor, más allá de su voluntad de contribuir con sus sugerencias y recomendaciones a los fines que lo animan, ni existe entrambos ninguna relación ajena a la simpatía por su filosofía, las causas que persigue y su organización. El único lazo que une a las y los integrantes del Consejo Asesor con el movimiento es la identificación política y la voluntad de hacer posible su fortalecimiento y consolidación.
IX.
Las expresiones públicas, las actividades personales y los asuntos privados de las y los integrantes del Consejo Asesor no comprometen la filosofía, las causas ni la organización del movimiento. Se entiende que el vínculo de este cuerpo colegiado con el movimiento está basado en la libertad y la buena voluntad.
X.
De manera general, las deliberaciones colectivas del Consejo Asesor se basan en las reglas conocidas bajo la denominación de Chatham House, según las cuales no hay una identificación nominativa individual de las opiniones que se emiten, excepto cuando de manera expresa así lo solicita alguna de las personas integrantes. Asimismo, es decisión autónoma del Consejo Asesor pronunciarse públicamente, en esa calidad, sobre los asuntos que considere pertinentes.
XI.
Las definiciones contenidas en este documento son aprobadas libremente por las y los integrantes del Consejo Asesor y pueden ser modificadas o adicionadas en cualquier momento con la misma libertad, en tanto se refieran a su funcionamiento interno, sus deliberaciones y sus consecuencias.
El Dr. Mauricio Merino Huerta coordinó los proyectos de formación de liderazgos para la innovación democrática, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina- ción (CONAPRED), de los cuales se desprende la premisa de utilizar el derecho de acceso a la información pública para exigir otros derechos. El presente diagnóstico surge de este planteamiento y pone a prueba dicha premisa con 31 activistas de distintas partes del país.
En la última década, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos hu- manos en nuestro país, se dio el primer paso para combatir las desigualdades sociales, frenar las violaciones y mejorar la impartición de justicia que por décadas habían sido acciones recurrentes. Sin embargo, aún son muchos los problemas que amenazan el reconocimiento y garantía de derechos humanos que debemos enfrentar: las redes de corrupción, la violencia e inseguridad, la debilidad institucional, la discriminación y negligencia en la provisión de bienes y servicios básicos, el abuso de autoridad, entre muchos más.
Consulta aquí la versión en español
En 2017 convocamos a una revolución de conciencias para poner en manos de los ciudadanos el control democrático de los poderes públicos. Sembramos la semilla de un movimiento que vigila y exige de los partidos, representantes políticos y gobiernos, el cumplimiento de sus obligaciones para detener abusos y denunciar actos de negligencia y de corrupción. Decidimos, desde entonces, formar colectivos de colaboración y apoyo mutuo, fijar agendas compartidas, asumir nuestros derechos y exigir activamente el cumplimiento de la ley. Así ha sido.
El avance más importante de la Comisión para la Reconstrucción ha sido la identificación de todas y cada una de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo cual permitirá la atención a estas personas, la reconstrucción de sus viviendas y de la Ciudad de México. A agosto de 2019, 16,504 viviendas unifamiliares y 403 multifamiliares han sido a identificadas como afectadas por el sismo, representando aproximadamente a 96,394 personas. De éstas, la Comisión para la Reconstrucción se hará cargo de intervenir en un total de 13,504 viviendas unifamiliares y 403 multifamiliares a lo largo del siguiente año y medio que se espera concluya la tarea de reconstrucción. El resto de viviendas ha decidido reconstruir por su cuenta, bajo los nuevos lineamientos de reconstrucción.
Ante el desabasto recurrente de medicamentos en los servicios de salud pública del país para todo tipo de enfermedades, Nosotrxs y DVVIMSS, en alianza con FUNDAR, la Red de Personas Viviendo con VIH y las asociaciones de Lucha Contra el Cáncer y de Fibrosis Quística, lanzan un proyecto para crear comunidades de pacientes, familiares de pacientes y médicos que identifiquen y reporten casos de desabasto de medicamentos e insumos médicos.
Reportan que el desabasto de medicamentos se genera por corrupción e ineficiencia de las autoridades. Por el lado de corrupción hacen referencia al “Huachicol de medicinas”, ya que personas, intermediarios del sector salud o funcionarios se roban medicamentos para obtener beneficios propios. Se presenta como robo hormiga cuando se roban medicamentos de las farmacias públicas y los revenden en mercados o farmacias privadas; como robo en alguna etapa de la cadena de suministro y la corrupción en las grandes licitaciones públicas.
Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), en las que el mercado de medicinas y fármacos está valuado en 185 mil millones de pesos. El robo de medicamentos y el mercado negro representa entre 13 mil mdp y 30 mil mdp anuales. Tan sólo en el sexenio pasado, se documentaron irregularidades cometidas en el sector salud por 3 mil 137 millones de pesos (Auditoria Superior de la Federación). De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), se estima que el 10% de los medicamentos a nivel mundial derivan del mercado ilegal; y, con base en datos de la CANIFARMA, 8 millones de personas podrían llegar a consumir estos fármacos en México.
En el caso de la ineficiencia para garantizar el abasto, el sector salud aún cuenta con procesos diferenciados para la compra de distintos tipos de medicamentos por institución responsable de salud, existe utilización temporal de fondos de programas sociales, la integración de las bases de datos de enfermedades, pacientes y medicamentos no es homogénea y siguen predominando los criterios admnistrativos sobre los médicos
#NoAlHuachicoldeMedicinas se conforma por una red de pacientes, familiares de pacientes, médicos, académicos e investigadores y organizaciones para:
Pacientes, familiares de pacientes, médicos, funcionarios o cualquier persona interesada en reportar casos de desabasto, podrá hacerlo en la página de huachicoldemedicinas.org y en la comunidad de pacientes que se ha creado en facebook de Huachicol de Medicinas. La información se reportará inmediatamente a las autoridades y, conforme aumente el número de denuncias o reportes, podremos identificar los patrones de desabasto en el país.
Al día de hoy, las organizaciones han recibido reportes de desabasto de Losartan, usado para tratar la presión arterial alta; de Metoprolol, usado en el tratamiento de enfermedades severas del sistema cardiovascular, especialmente de la hipertensión y el infarto agudo de miocardio; o de Imatinib, usado para tratar tumores gastrointestinales.
#NoAlHuachicoldeMedicinas pretende construir una articulación de comunidades de exigencia del derecho a la salud. Hacemos un llamado a construir la red más grande de denuncia del desabasto de medicamentos e insumos médicos.
No hay medicinas, no hay salud, no hay vida.
Por un México que quiere curarse
¡Acabemos con el huachicoleo de medicinas!
A un año del sismo, 483 inmuebles se encuentran en riesgo latente y sin la atención necesaria.
A un año del sismo, 33% de los afectados viven en estos inmuebles, quienes podrían representar cerca de 8,000 personas cuyas vidas están en riesgo.
A un año del sismo, 44% de los inmuebles que deben ser demolidos, siguen de pie.
A un año del sismo, el censo de inmuebles afectados sigue incompleto. Nosotrxs identificó al menos 27 inmuebles no contabilizados en la base del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
A un año del sismo, seguimos a la espera de un Atlas de Riesgo más específico y actualizado.
A un año del sismo, cientos de damnificados siguen en la incertidumbre jurídica de no tener un diagnóstico de daños de sus inmuebles ni saber cómo ser atendidos por las autoridades.
A un año del sismo, los damnificados no saben cómo se han gastado los recursos asignados a la reconstrucción ni cuánto se asignará para la recuperación de su hogar ni bajo qué criterios.
A un año del sismo, Nosotrxs sigue exigiendo una Reconstrucción Transparente.
A un año del sismo, la herida sigue abierta.
A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 es esencial que todos los habitantes de la Ciudad de México conozcamos los riesgos latentes a los que estamos expuestos, damnificados o no, derivados de la inacción y errores en el proceso de reconstrucción. La Ciudad de México no está de pie y su herida sigue abierta, mientras el riesgo en los inmuebles afectados no sea mitigado, pues las personas que los habitan o están cerca de ellos corren peligro. En los casos de riesgo alto de colapsar, las demoliciones deben realizarse de manera urgente y prioritaria, con recursos públicos.
El colectivo #ReconstrucciónTransparente de Nosotrxs se dio a la tarea de investigar cuáles son esos inmuebles y en qué zonas se encuentran, con el fin de identificar polígonos de riesgo. Estos polígonos (ver mapa) concentran inmuebles con altos niveles de riesgo para quienes aún los habitan, o viven o transitan cerca de ellos. Exigimos a las autoridades tomar conciencia del riesgo que corren esas personas y, por tanto, atención inmediata con un plan efectivo de mitigación o eliminación del riesgo.
Este trabajo se enmarca en las peticiones de Nosotrxs de otorgar certeza jurídica a damnificados, establecer prioridades en los procesos de reconstrucción, así como transparencia en las acciones y aplicación de los recursos para la reconstrucción. La atención inmediata a damnificados debe permitirnos avanzar hacia una ciudad más segura, resiliente y mejor preparada para actuar ante las emergencias. Para conocer más del trabajo de Nosotrxs en torno a la reconstrucción, consultar esta liga.
En la primera sección de este documento explicamos qué son los polígonos de riesgo y por qué es importante conocer esta información y ponerla a disposición de la ciudadanía. En la segunda sección se explica la metodología del trabajo del colectivo #ReconstrucciónTransparente de Nosotrxs que incluyó verificación de inmuebles. En la tercera sección presentamos los principales hallazgos que incluyen las zonas más afectadas por su nivel de riesgo, el estado de esos inmuebles según nuestras verificaciones, los polígonos de riesgo donde el riesgo no ha sido mitigado y reflexionamos sobre la atención a damnificados. Finalmente, se presentan exigencias concretas a las autoridades.
El Programa Nacional de Protección Civil define el riesgo como los daños o pérdidas probables a un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Mitigación del riesgo es entonces toda acción orientada a disminuir dichos daños a un agente afectable, ante la presencia de un agente perturbador.
El gobierno de la Ciudad de México ha utilizado estas clasificaciones mundialmente utilizadas para identificar el riesgo de inmuebles afectados por un sismo: (1) riesgo bajo y (2) riesgo medio, que no representan un daño estructural; (3) riesgo alto, que tuvo un daño estructural y es inhabitable, pero puede rehabilitarse o demolerse, según la dimensión de los daños y tras un análisis costo-beneficio; (4) riesgo alto de colapso, que por sus daños es irreparable, no habitable y debe demolerse; y (5) colapso, que puede ser parcial o total y que por definición, ocurrió el 19 de septiembre de 2017. Estas categorías las dictamina el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), o las avala, si las inspecciones son hechas por otras instituciones o expertos habilitados para ello.
El riesgo en la Ciudad no es simplemente que colapsen los inmuebles más afectados en los que no se ha intervenido adecuadamente (ya sea porque no han sido demolidos o porque no se han tomado acciones adecuadas para su recuperación). Estos últimos son susceptibles de colapso si no se intervienen a tiempo, ya que su degradación por el paso del tiempo es inminente con posteriores sismos, lluvias que reblandecen el suelo y condiciones climatológicas que degradan los materiales. A esto se añade el riesgo de que miles de personas puedan sufrir daños a su integridad física y pérdidas de sus bienes, negocios y propiedades, ya que ellos o sus inmuebles se encuentran en un polígono de riesgo; es decir, en un radio geográfico susceptible de recibir el impacto por el derrumbe de un inmueble con alto nivel de riesgo.
No existe en realidad un diámetro estandarizado de la dimensión de un polígono de riesgo. Ésta se determina por la altitud de los edificios en riesgo de colapsar, su peso y volumen. Además, debe considerarse que el estrago será mayor si dicho perímetro se encuentra densamente poblado, o si el inmueble colinda con otros en malas condiciones estructurales que pudieran también colapsar en efecto dominó.
A un año del sismo, los polígonos de riesgo derivados de los daños del 19-S deberían ya estar claramente identificados por las autoridades y hacerse del conocimiento público. La advertencia a la población sobre la ubicación de los polígonos de riesgo es un factor clave para la seguridad de todos. El portal digital que debe utilizarse para ello es la Plataforma CDMX que, según la Ley de Reconstrucción, tiene por objeto registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la información de personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura pública, espacios públicos y patrimonio cultural e histórico afectados por el sismo, en un formato de datos abiertos y georreferenciados.
El propósito de la Plataforma CDMX es dar seguimiento y coordinar las acciones de reconstrucción. Sin embargo, esta herramienta no ha alcanzado dichos objetivos, pues ni los censos de afectaciones están concluidos, ni los datos son completamente abiertos. No todos los inmuebles que sufrieron daños se pueden localizar en el mapa propuesto, ni se puede acceder al conjunto de inmuebles en cierto nivel de riesgo. Tampoco se conoce la información actualizada sobre el estatus de los inmuebles (si estos ya se demolieron o no, si están habitados o no, si se decidió rehabilitarlos o reconstruirlos, etc.). La plataforma aloja para los inmuebles, aunque no para todos, un documento que presenta información sobre su nivel de riesgo llamado “dictamen”, pero no las acciones llevadas a cabo en cada uno de ellos para mitigar dicho riesgo. La información sigue siendo fraccionada, desactualizada y de difícil acceso.
Ante este panorama, Nosotrxs decidió impulsar una investigación participativa que coadyuve con las acciones necesarias para mitigar los riesgos de los inmuebles afectados y las zonas en los que se ubican. Esto incluyó un análisis descriptivo de la información sobre 1070 inmuebles afectados proporcionada por el ISC. Realizamos un proceso de verificación del estatus a una muestra de 272 inmuebles dictaminados por el ISC con los niveles más altos de riesgo (riesgo alto, riesgo alto de colapso y colapso), con el apoyo de una red de 49 voluntarios, entre ellos damnificados, quienes visitaron dichos inmuebles entre el 1º y 10 de septiembre. Elaboramos también un mapa digital en Google Maps con los inmuebles más riesgos, a fin de geolocalizar los polígonos de riesgo, según si el riesgo que representan está mitigado o no.
Entre el 16 de julio y el 27 de agosto de 2018 se formularon alrededor de 30 solicitudes para conocer el conjunto de inmuebles afectados, su nivel de riesgo y estatus de demolición, haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estas fueron dirigidas a delegaciones, la Agencia de Gestión Urbana, el Comité de Emergencias de la Ciudad de México, la Comisión para la Reconstrucción, el ISC, las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y Servicios de la Ciudad de México y Protección Civil. Sólo el 60% de las solicitudes fueron contestadas en el plazo correspondiente. La gran mayoría de las delegaciones fueron omisas en proporcionar la información solicitada, que están obligadas a gestionar y hacer pública, pues ellas elaboraron dictámenes de inmuebles y llevaron a cabo demoliciones. Como resultado de este proceso se evidenció la existencia de datos desactualizados, confusos y contradictorios entre las diversas dependencias. La coordinación entre instituciones sigue siendo uno de los factores que mas entorpecen el proceso de reconstrucción.
Con base en la información proporcionada por el ISC del 28 de agosto de 2018, se identificaron 1150 observaciones correspondientes a inmuebles en los siguientes niveles de afectación:
La información recibida no es homogénea y carece de la calidad esperada al duplicar inmuebles o incluir dobles categorías de riesgo. El conteo del ISC indica 1070 inmuebles afectados. Este listado incluye direcciones sin georreferencia, por lo que diversos inmuebles no pueden ser localizados en un mapa (41 en total, además de otras 42 direcciones identificadas con error por las autoridades). Asimismo, la base de datos incluye viviendas privadas (edificios multifamiliares y casas unifamiliares), algunas escuelas, mercados, estacionamientos públicos y otro tipo de inmuebles, sin distinción. Al momento de realizar las verificaciones identificamos otras fallas, como direcciones erróneas en la calle, número o cruce (10) y niveles de riesgo equivocados respecto a los colapsos, que las autoridades contabilizan 20 (en nuestras verificaciones fuimos informados de al menos otros 19 inmuebles colapsados al momento del sismo, y algunos de ellos, siguen representando riesgo a su entorno).
Una vez limpia la base de datos, se seleccionaron los 615 inmuebles en riesgo alto, riesgo alto de colapso y colapso (los demolidos o en proceso de demolición se contabilizaron como alto riesgo de colapso, al no saber si habían colapsado o no). Añadimos además 27 inmuebles afectados que no han sido identificados en la base de datos del ISC, sumando un total de 642 inmuebles que analizamos, y que fueron categorizados en los siguientes niveles de riesgo:
De este universo de inmuebles riesgosos, se seleccionó una muestra no aleatoria de 272 inmuebles (42%) donde se llevó a cabo una verificación de su estado de riesgo (si se logró acceder a un dictamen del ISC), demolición, habitabilidad y número de niveles, además de levantar notas en cuanto a la atención a damnificados, principalmente. Las verificaciones se enfocaron en los inmuebles en riesgo alto de colapso, el cual alcanzó una tasa de verificación de 65% como indica la Tabla 3, aunque en las delegaciones centrales como Benito Juárez se alcanzó incluso el 97% de verificación, en Coyoacán 75%, Cuauhtémoc 70% y Tlalpan 64%.
A partir del análisis descriptivo de todos los inmuebles riesgosos, identificamos la distribución del riesgo por delegación (Tabla 4), indicando que el 34% de los inmuebles (72) en riesgo alto de colapso se encuentran en la Delegación Cuauhtémoc, el 15% (32) en la Delegación Benito Juárez y el 11% (24) en Coyoacán. De los inmuebles en riesgo alto (que tienen daño estructural pero son posiblemente reparables), el 37% (139) se ubica también en Cuauhtémoc y el 16% (62) en Benito Juárez. Según la base de datos del ISC, seis inmuebles colapsaron en cada una de estas dos delegaciones.
Los 27 inmuebles que no han sido todavía identificados en la base de datos del ISC se encuentran en las delegaciones centrales como Benito Juárez (8), Coyoacán (5) y Cuauhtémoc (2), así como en las delegaciones más lejanas, como Iztacalco (5), Miguel Hidalgo (3), Magdalena Contreras (2), Iztapalapa (1) y Tlalpan (1). Se tuvo conocimiento de estos inmuebles a través del grupo de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc y por las verificaciones hechas por Nosotrxs para este trabajo. Esto da cuenta del importante problema que representa la falta de conclusión de los censos de inmuebles y personas afectadas, no sólo para atender a esta población y tener estimaciones acertadas de la dimensión de las afectaciones y su costo de reparación, sino también para tener un conocimiento sobre los polígonos de riesgo en la Ciudad. No se debe excusar a las autoridades en la falta de recursos humanos para concluir las dictaminaciones. Se necesita dotar de mayores capacidades al ISC para concluir esta tarea, cuya prioridad es de carácter urgente.
Las colonias con la mayor concentración de inmuebles riesgosos se encuentran en las mismas delegaciones antes mencionadas (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán), aunque también en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Las que concentran el mayor número de inmuebles colapsados o en riesgo alto de colapso (36% de todos los inmuebles en este nivel de riesgo) son las colonias Roma Norte (16 inmuebles), Centro (15), Juárez (10), San Gregorio Atlapulco (10), Hipódromo (9), Guerrero (7), La Era (6), Paseos de Taxqueña (6) y Portales Sur (6).
Asimismo, la mayor concentración de inmuebles en riesgo alto en encuentra en las colonias Centro (41), Roma Norte (23), Roma Sur (12), Narvarte Poniente (10), Hipódromo Condesa (9), Portales Norte (9), Cuauhtémoc (8), Doctores (8), Del Mar (6), Guerrero (6), Juárez (6) y Santa Martha Acatitla Norte (6). Estas colonias concentran el 38% de todos los inmuebles en riesgo alto.
Por supuesto, ni la dimensión ni densidad de población de estas colonias es comparable con otras ubicadas en zonas densamente pobladas como Iztapalapa, Xochimilco o Tláhuac, donde las propias casas unifamiliares representan riesgos para sus vecinos en amplias concentraciones de polígonos de riesgo latente en la Ciudad.
Se logró obtener la información sobre el estatus de demolición de los inmuebles, a través de nuestras verificaciones y la información de la Secretaría de Obras únicamente (las delegaciones y la Agencia de Gestión Urbana no contestaron a estas solicitudes). Se encontró que existe un rezago muy importante en el proceso de demolición de los inmuebles dictaminados en alto riesgo de colapso. Sólo se ha avanzado en un 51% (109 de 214), tomando en cuenta la información proporcionada por los verificadores y autoridades. Incluso, aunque sólo se considere la información verificada, es decir el número de inmuebles verificados como demolidos o en proceso de demolición (78) del total de inmuebles verificados (139), la tasa de demolición alcanza apenas el 56% a un año del sismo.
Lo anterior significa que 61 inmuebles en riesgo alto de colapso se encuentran actualmente pendientes de demolición (44% del total de los 139 verificados), pues 65 fueron ya demolidos y 13 estaban en proceso de demolición al momento de las verificaciones. Estos inmuebles pendientes de demoler se encuentran mayoritariamente en la Delegación Cuauhtémoc (29), Benito Juárez (8) y Coyoacán (8), pero también en Xochimilco (5), Gustavo A. Madero (3), Miguel Hidalgo (2), Azcapotzalco (2) y uno en Iztacalco y en Venustiano Carranza.
Si se suman los inmuebles demolidos y en proceso de demolición dictaminados en riesgo alto de colapso y riesgo alto que fueron verificados, así como los contabilizados por la Secretaría de Obras, estos suman un total de 105 inmuebles ya demolidos o en proceso. En su conjunto contaban con un total de 650 niveles de altura, que demolidos equivalen 12 veces a la altura de la Torre Mayor (de 55 niveles). No obstante, con base en la verificación de Nosotrxs, otras 12 torres mayores aún están pendientes por demoler.
Preocupa entonces la suficiencia presupuestal para tareas de demolición. Plataforma CDMX da cuenta de un total de 404.66 millones del presupuesto 2018 a la demolición de inmuebles en la Ciudad por parte de la Secretaría de Obras y 137.75 millones por parte de la Agencia de Gestión Urbana, sin que se conozca el costo unitario promedio de la demolición de un inmueble, que pudiera orientar sobre si estos montos asignados han sido suficientes. También, se desconoce el presupuesto 2018 para demoliciones a cargo de las delegaciones que podría sumar a esta labor pendiente. Sin embargo, el Comisionado para la Reconstrucción ha hecho saber a varios grupos de damnificados y a la opinión pública que la Secretaría de Obras ya no cuenta con presupuesto para realizar las demoliciones de inmuebles en riesgo alto de colapso.
Anular el riesgo debería ser de la más alta prioridad para la vida de la Ciudad y por eso Nosotrxs solicita a las autoridades hacer explícitos los criterios con los que se ejercen los recursos. No puede ser que se “acaben” los recursos para una de las más altas prioridades de la reconstrucción.
La verificación de Nosotrxs permitió cruzar la información de los niveles de riesgo y el avance de las demoliciones, para introducir la noción de mitigación del Programa Nacional de Protección de Civil, que nos llevó a identificar los polígonos donde aún prevalece el riesgo y es necesaria una actuación inmediata por parte de autoridades, así como su conocimiento por la ciudadanía en general.
Para ello, se integraron dos grandes categorías a partir de la clasificación de riesgo identificado, como se indica en la Tabla 5:
Para mejor identificación de estas zonas se produjo un mapa para mayor visibilidad de las zonas con una mayor concentración de inmuebles en donde el riesgo prevalece. Estos polígonos de riesgo latente están concentrados mayoritariamente en la Delegación Cuauhtémoc, destacando la colonia Centro (54 inmuebles en riesgo latente), así como las colonias Roma Norte (29) y Roma Sur (12), Guerrero (12), Hipódromo Condesa (11) e Hipódromo (10), Juárez (11) y Cuauhtémoc (8). También se encuentran, en la Delegación Benito Juárez, las colonias Narvarte Poniente (10), Doctores (9) y Portales Norte (9), así como en la colonia Era (8) en Iztapalapa, Del Mar (7) y La Planta (7).
En estas zonas es urgente la existencia de un protocolo específico para intervenir en los inmuebles cuyo riesgo no ha sido mitigado, y evitar exponer la vida de sus propietarios, la población aledaña y los transeúntes que conforma el polígono de riesgo latente. Esto comienza por asegurar que estos inmuebles no sean habitados por persona alguna. Se trata, sobre todo, de demolerlos o apoyar a su proceso de rehabilitación urgente, si es el caso. También implica una revisión de las categorías de riesgo a un año del sismo, dadas las degradaciones de los inmuebles no intervenidos. En esta investigación, según la base de datos del ISC, identificamos que 46 inmuebles reclasificaron su nivel de riesgo, en su mayoría, hacia uno más alto.
El reciente derrumbe del inmueble ubicado en Brasil 65, Delegación Cuauhtémoc, ejemplifica la necesidad de un conocimiento profundo de los riesgos y la actuación temprana para su mitigación. Este inmueble, una antigua escuela, fue inicialmente dictaminado en riesgo medio a través de una inspección realizada por fuera, porque no se permitió el acceso al interior por parte de los propietarios. El pasado 8 de septiembre colapsó, dañando una barda perimetral y la malla ciclónica del inmueble aledaño . No hubo afortunadamente pérdidas de vidas, pero la corresponsabilidad es compartida, no sólo de las autoridades, sino también de sus propietarios.
La identificación del riesgo latente no sólo tiene que ver con estructuras. También se trata de conocer la dimensión humana de estos riesgos. Al respecto, la verificación de Nosotrxs permitió observar que, en promedio, un 33% de los inmuebles (90) con riesgo latente siguen habitados. Esto es particularmente importante en los inmuebles en riesgo alto de colapso, donde un 25% se mantiene ocupado, cuyos habitantes corren el riesgo de perder sus vidas con un sismo menor o con el deterioro al paso del tiempo y condiciones climatológicas. Un 41% de los inmuebles dictaminados en alto riesgo también se mantienen habitados. Se estima que aproximadamente 7,967 personas podrían estar viviendo en inmuebles con riesgo latente, con base a un promedio de 3.7 personas por vivienda de acuerdo al censo de población del INEGI y la cifra del gobierno de la Ciudad de México que indica que 6,508 familias han recibido la segunda etapa del apoyo para la renta. Sin embargo, muchas familias siguen sin acceder a este apoyo, con lo que esta figura subestima la población más expuesta al riesgo.
Los verificadores explican que en muchos casos estas personas no tienen a dónde ir, no están canalizados en el programa de ayuda para la renta (que en muchos casos resulta insuficiente), o bien, habitan inmuebles intestados, con contratos de compra-venta o con alguna irregularidad en sus títulos de propiedad, por lo cual tienen miedo de ser desalojados, a pesar de que los inmuebles estén gravemente afectados. Los testimonios recogidos también señalan situaciones socioeconómicas de precariedad y psicosociales traumáticas que inciden en el proceso para mitigar su propio riesgo. Algunos de ellos no han tenido contacto alguno con autoridades para poder encontrar una solución para rehabilitar o reconstruir sus hogares. Otros, por edad o por padecer alguna enfermedad, no logran la imposible sucesión de ventanillas y trámites burocráticos en el que sigue inmerso el proceso de reconstrucción.
Fue desalentador confirmar que en ninguna zona el proceso de reconstrucción ha avanzado de manera adecuada, excepto en alrededor 10 inmuebles que ya están en etapa de reconstrucción con apoyo gubernamental en Xochimilco y Tlalpan, o de rehabilitación con recursos propios. Observamos que en algunos casos se están llevado a cabo reparaciones en inmuebles dictaminados en riesgo alto de colapso, en donde el protocolo indicaría que más bien debería procederse con una demolición y reconstrucción. En otros casos,
según información de vecinos, los propietarios están realizando reparaciones para “maquillar” los daños y poder rentar los inmuebles. En muchos edificios se encontró una fachada que aparenta estabilidad estructural, pero al interior se encuentran los daños estructurales, lo que refuerza la idea inicial de publicación de dictámenes a cualquier persona. En un solo caso se informó que un inmueble exhibía el permiso de la obra de rehabilitación. En todos estos casos, las autoridades competentes, como el ISC, deberían contar con las herramientas legales y los recursos humanos para exigir el apego a las normas y hacer pública la información sobre los permisos de obras que se están llevando a cabo.
Es imperativo comprender que el proceso de reconstrucción es una tarea técnica, política y social, la cual requiere la participación de todos los damnificados y ciudadanía en general para las lograr las exigencias adecuadas. La principal exigencia humana es mitigar inmediatamente el riesgo al que, de una u otra manera, todos estamos expuestos. En particular, se requiere que las autoridades:
Colectivo #ReconstrucciónTransparente de Nosotrxs
Vania Salgado
Redacción del documento a cargo de: Vania Salgado y María de Jesús Suárez Tejada
Investigación, análisis, diseño y comunicación a cargo de los integrantes del colectivo #ReconstrucciónTransparente: Abel Valdez / Balám Garcés Esparza / Cristopher Echenique / Daniel Salín / Erika García / Hugo Caballero / Jesús Caudillo / Julio Mena / Manuel Padrón / Oscar Arredondo / Yessica Corral
Los integrantes del colectivo apoyaron en la verificación física de inmuebles en la Ciudad de México al igual que los siguientes verificadores, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y compromiso:
Adriana Serrano / Alfredo Zea / Alma Romero / Antonio Abad Ramírez / Areli Gabino Godoy / Blanca Estela Hernández / Blanca Elizabeth Morales / César Rojas Martínez / Delfino Ramírez Rufino / Eloisa Saide Muñoz / Graciela Vieyra Olivares / Javier Lara Arvizu / Javier Martin Reyes / Jorge Vergara / José Gabriel Lara Arvizu / José Juan Arriaga / José Sánchez / Josué Presa Ozuna / Juan Salgado Bahena / Juana de los Santos Enríquez / Lucía Nieto Chávez / Luisa Velasco / Luz María López / Marioliva González / Mónica Angulo / Norma Uicab / Pablo Almaguer / Pedro Margarito Nájera Romero / Percy Domínguez / Raúl Tecalco Sandoval / Rigoberto Gutiérrez Barrera / Rubén Galicia Nieto / Silvia Behar / Víctor Hugo Díaz / Víctor Vega / Zobeida Ventura.
Comentarios aportados por Ricardo Becerra y Mónica Rebolledo.
Director Ejecutivo: Luis F. Fernández
Coordinador Nacional: Mauricio Merino Huerta
El 7 de mayo de 2017 convocamos a iniciar una revolución de conciencias y a actuar de manera colectiva; convocamos a utilizar todos los medios legales y pacíficos para hacer valer nuestros derechos y hacer de la exigencia y la vigilancia de los ciudadanos un contrapeso efectivo a los abusos de la representación política formal y de los grupos de interés.
Explicamos, con contundencia, que no buscamos puestos ni botines. Nuestros principios y valores no están en subasta, sino puestos al servicio de nuestra democracia. Somos el único movimiento político de México que se mantiene al margen de la contienda electoral, para luchar por una representación política digna. Convocamos a organizar colectivos de conciencia en todas las comunidades, todos los pueblos, todos los barrios, todas las colonias, todas las ciudades del país. Convocamos a cobrar conciencia de que el Estado no es patrimonio de quienes nos gobiernan sino de Nosotrxs; y que la democracia no es una forma de distribución del poder entre quienes ya son poderosos, sino un régimen que garantiza el ejercicio democrático de la autoridad y la igualdad del pueblo ante la ley. 1. Integramos una red de 25 representaciones estatales con 4,560 personas registradas de las 32 entidades federativas, cuya militancia crece cada día en calidad y cantidad. 2. Desarrollamos una poderosa plataforma digital en línea y una aplicación móvil para la articulación, acción y exigencia colectiva, que nos mantiene entrelazados y abiertos a la participación de quienes comparten nuestros ideales y se van sumando a nuestras causas. 3.
4.
Sobre esa base, diseñamos y divulgamos guías de exigencia ciudadana de nuestros derechos y las pusimos a disposición de todos; y seleccionamos casos concretos en los que el dolor de la corrupción y la desigualdad se vuelve tangible: la negación de los medicamentos recetados por los sistemas públicos de salud, la desigualdad laboral de las trabajadoras domésticas, la opacidad de los partidos políticos, el abuso y la desviación en los procesos de reconstrucción tras los sismos del mes de septiembre del 2017, la muerte por negligencia de niñas, niños y adolescentes, la captura de los sistemas anticorrupción y la ineficacia del primer acceso a la justicia penal, sintetizan esas causas iniciales del movimiento.
5.
Exigimos a los partidos políticos, con el respaldo de cientos de organizaciones, nuestro derecho a ser informados sobre sus actividades y sobre el uso de los recursos públicos que les damos, a través del cumplimiento cabal de sus obligaciones de transparencia, porquequeremos ejercer nuestros derechos políticos con razones.
6.
Nos solidarizamos con las víctimas del terremoto de septiembre de manera inmediata, organizando más de 400 brigadistas para la atención de la emergencia en la CDMX, Puebla y Morelos.
7.
Hemos exigido sin tregua que la reconstrucción sea concebida como una oportunidad para modificar la relación entre las personas y su espacio vital y para recuperar el espacio público como cosa de todos, a partir de un plan elaborado con la participación directa de los afectados. De aquí, nuestra insistencia en la creación de un Fondo Único Nacional que integre todos los recursos aportados por gobiernos, ciudadanos y organizaciones para ese propósito, a fin de que sean plenamente identificados, programados y supervisados por los ciudadanos.
8.
El Presidente de la República desoyó nuestros argumentos sobre la reconstrucción. Sin embargo, en su momento, el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa los plasmaron en una Ley, mientras que tres fundadores de Nosotrxs fuimos invitados a la Comisión de Reconstrucción de la CDMX. Durante esa labor, observamos y denunciamos la desviación en los procesos de autorización de esos recursos y exigimos la vuelta inequívoca a la legalidad y a la más absoluta transparencia en el uso y destino de los dineros que deben respaldar a los damnificados y no a las campañas políticas.
9.
Nosotrxs no renunciará a la exigencia del cumplimiento de las leyes que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción y nos opondremos invariablemente a su captura por intereses particulares u ocurrencias que vulneren la soberanía de nuestro país. Nosotrxs hemos participado activamente en la exigencia de dar vida propia a los sistemas estatales anticorrupción y seguiremos impulsando que esos sistemas cumplan su cometido.
10.
Uno de los signos más ominosos de nuestro sistema legal de protección social es el trato discriminatorio que le otorga a las y los trabajadores del hogar. El Estado mexicano tiene pendiente la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que comprometería a México con el acceso igualitario a la justicia de este grupo vulnerable de la sociedad, que suma a más de dos millones trescientos mil personas. Nosotrxs ha llevado a cabo una campaña constante a favor del reconocimiento pleno de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar: exigimos la ratificación del Convenio 189 y el diseño de una política pública que coloque a ese grupo en situación de igualdad laboral.
11.
Nosotrxs se ha propuesto hacer un ejercicio de pedagogía política que acerque a los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y fortalezca sus habilidades, para exigirlos a partir de la conciencia de que la lucha debe ser colectiva, que lo público nos pertenece y que la democracia es de todos. Hemos diseñado cursos gratuitos para formar liderazgos y, con ellos, promoveremos grupos de acción para la exigencia de nuestros derechos en todas las entidades donde estamos representados.
12.
Con estas causas, nuestra presencia en medios de comunicación ha sido significativa: 792 notas de prensa, 56 editoriales, 47 apariciones en TV y 39 participaciones en radio han aludido a lo largo de este año a la tarea y la convocatoria de Nosotrxs, como organización, sin contar la presencia individual de los fundadores del movimiento en muy diversos espacios de comunicación. Nosotrxs ha sido la organización más mencionada en medios masivos por su influencia en los temas más sensibles de la agenda pública mexicana.
13.
Hemos tenido una interacción promedio mensual de 608,000 intercambios en las tres redes sociales principales: 200,000 interacciones promedio en Facebook, 400,000 en twitter y 8,000 en Instagram.
14.
Durante el periodo que cubre este informe, hemos llevado a cabo 125 reuniones de los colectivos de Nosotrxs alrededor del país, para darle vida a estos resultados. 